Marta Lucía Ramírez o la mafia que nos gobierna

Un golpe mediático contra la hegemonía uribista ha causado la revelación de los periodistas Julián Martínez y Gonzalo Guillén según la cual Marta Lucía Ramírez pagó junto con su esposo la suma de 150 mil dólares para liberar temporalmente de prisión a su hermano, Bernardo Ramírez Blanco, quien había sido condenado por una corte de Florida por narcotráfico. La vicepresidenta se ha defendido diciendo que ese pago no fue una fianza sino una garantía para que su hermano se presentara ante la «justicia estadounidense».

La denuncia pública, publicada en la Nueva Prensa, comenta que Bernardo Ramírez reclutó en 1997 a dos «mulas» colombianas, Alejandra Osorio Vargas y Miguel José Aguilera, que vivían en Miami. La idea era que ellos viajaran a Aruba y regresaran a Miami con decenas de cápsulas de heroína en sus estómagos para que fueran entregada al reclutador, Bernardo. El plan falló, pues la operación estaba siendo monitoreada por la DEA: así, cuando las «mulas» regresaron a Miami, las cápsulas fueron detectadas; luego confesaron e incriminaron a Bernardo. Finalmente, Osorio y Aguilera acordaron con la DEA un encuentro para entregar simuladamente la droga a Bernardo y éste fue capturado cuando la iba a recibir.

La hoy vicepresidenta no ha negado ninguno de estos hechos, sólo los ha edulcorado con la idea de que fueron una «tragedia familiar». Pero no los reveló en 1998 cuando fue ministra de Comercio Exterior de Pastrana, ni cuando fue ministra de Defensa de Uribe. Tampoco los reveló cuando fue senadora del Partido de la U, ni en sus variados intentos presidenciales. Su poder político impuso silencios ocultamientos, sostenidos durante más de dos décadas, y la idea de «tragedia familiar» ahora pretende minimizar la dimensión política de las revelaciones, como si se trataran de un mero asunto «privado-personal-no político» que trajo mucho sufrimiento familiar.

Las revelaciones son significativas en una coyuntura en la cual Marta Lucía Ramírez se había mostrado implacable contra el narcotráfico y el gobierno del que hace parte está ejecutando e intensificando políticas de sustitución forzada de cultivos ilícitos que criminalizan a los pequeños cultivadores de coca, lejos del espíritu del PNIS —Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos— y, por ende, de lo acordado en La Habana por el Estado colombiano con FARC-EP.

El/la campesino/a cultivador/a de coca tiene que sufrir los efectos de la militarización de los territorios y la erradicación forzada en tiempos de pandemia, los cuales se han traducido en: 1) aumento de la conflictividad social, principalmente en lo que respecta a violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza estatal y grupos armados según lo ha denunciado Marcha Patriótica; y 2) problemas de salud pública gracias a militares que esparcen el nuevo coronavirus a las comunidades.

Por contraste, el hermano de la vice, a pesar de haber usado a otras personas como «mulas» y haber tenido la posibilidad de escoger otras formas de ganarse la vida gracias a su mayor espectro de elecciones sistémicas, tuvo el privilegio de beneficiarse de un pago de miles de dólares y recibir prerrogativas jurídicas. Él mismo era consciente de su alto capital social y su posición privilegiada en el régimen de dominación de clase cuando, según la denuncia, «pidió que se le permitiera ir hasta Nueva York con el objeto de encontrarse con su hermana Marta Lucía Ramírez Blanco, quien, aseguró, era una persona muy importante que podría solucionar esta situación penal por tráfico de heroína»; petición que fue negada.

Las responsabilidades penales en este caso, desde luego, corresponden al hermano hasta donde se sabe. Pero el narcotráfico colombiano en cuanto entramado de estructuras conflictivas de poder político-económico que operan en el capitalismo global financiarizado, no es sólo el distribuidor, el productor, las «mulas» o las clases populares subordinadas a él. No son los traquetos. No son meras personas con responsabilidades individuales. No son sólo, tampoco, los carteles o las grandes organizaciones criminales. Son complejos y contradictorios aparatajes político-económicos nacional-trasnacionales capitalistas que oscilan y circulan una y otra vez entre lo ilegal y lo legal y viceversa, y cuyo choque de fuerzas ha producido en Colombia un orden social vigente, con el uribismo a la cabeza.

Este orden emanado del narcotráfico puede crear el derecho a nivel global o nacional y decidir que hay un narcotráfico «malo», ilegítimo, y uno permisible, legítimo. Un «narcotráfico» condenable y otro lleno de impunidad. En fin, la hegemonía. En ambos casos asistimos a la simulación y a una explicación estructural del fracaso de la «guerra contra las drogas» y las políticas intervencionistas del hegemón estadounidense.

En consecuencia, en las estructuras de poder del narcotráfico una persona puede participar independientemente de su conciencia de ello, eso, suponiendo de «buena fe» que Marta Lucía Ramírez no ha conocido realmente las relaciones entre la dominación uribista y el narcoparamilitarismo —otra cosa ha sostenido la serie Matarife al remarcar su participación en El Nogal— o, suponiendo también, que su esposo no esté involucrado con el narcoparamilitar «Memo Fantasma». Pero sin un poder judicial independiente y sin una nueva correlación social y popular de fuerzas, no podremos conocer los hechos.

El caso de Bernardo Ramírez, oculto por más de dos décadas, nos recuerda la impunidad y el silencio que aún se permite ese poder y, de una u otra forma, la dominación de la mafia de traje que actualmente gobierna. El que se haya destapado, no obstante, cultiva nuevas esperanzas.

Necesitamos entonces seguir disputando una memoria contrahegemónica que evidencie lo que realmente ha ocurrido en la historia reciente de Colombia respecto a las múltiples relaciones entre narcotráfico y política. Proceso que ha de pasar pasar por el declive de la hegemonía uribista y su producción estructural de impunidad.

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