Colombia, 26 de agosto de 2017. El pasado 15 de agosto las Farc entregó el inventario de sus bienes para reparar a las víctimas del conflicto, de acuerdo lo planteado durante los diálogos de paz y la firma de los acuerdos de La Habana. No fue noticia, sino hasta el pasado 25 de agosto cuando el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez remitió una carta al ministro del Interior, Guillermo Rivera, en el que rechaza dicho inventario.
Como respuesta a estos señalamientos en rueda de prensa Pastor Alape indicó “Miente el Fiscal, dice en la carta que envía que aquí no ha matrícula inmobiliaria, no hay carta de colono, no hay carta de venta y pongo nada más un caso: la finca que se identifica como la Olla Varela, en el rio Duda en el municipio de La Uribe aparece con carta de colono. Entonces si aparecen formas de identificación teniendo en cuenta cómo funciona la Colombia Profunda”.
Sumado a ello aseguró que las víctimas y la opinión pública están siendo manipuladas, al darles a entender que el deber de reparación de estas es obligación de las Farc y que el Estado no juega ningún papel, sin embargo, de acuerdo a la Ley de Víctimas es al Estado a quien le corresponde, ningún Estado puede renunciar a sus obligaciones.
Frente a las acusaciones sobre el poco interés de las Farc en cumplir lo acordado, Pastor Alape señaló que en ningún proceso del mundo se ha realizado un ejercicio como este, pues las reparaciones realizadas en el marco de Justicia y Paz han sido por decisiones judiciales, no de forma voluntaria, ni siquiera los actos de reconocimiento del mismo Estado.
“Nosotros lo que estamos expresando aquí es nuestra voluntad de aportar estos recursos para la implementación del proceso de paz que implica el reconocimiento a las víctimas. Pero no se engañe al país al decir que son las Farc las que van a entrar a entrar resolver el problema de las víctimas y el Estado entonces se va a quedar por fuera”.
La noticia sobre los bienes de las Farc se constituye para Alape, en una cortina de humo teniendo en cuenta las investigaciones sobre Odebrecht y el hecho de que un importante sector de la élite colombiana esté implicada, así como el escándalo de corrupción en las altas cortes.
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“Me parece extraño que quien se caracterizó por la defensa de los baldíos para los grandes propietarios, este tan interesado en estos recursos base de esa extinción de dominio para las víctimas” añadió Alape, haciendo referencia a que Néstor Humberto Martínez es conocido como el abogado de los baldíos, cuando asesoró a Sarmiento Angulo en la compra de tierras en el Meta para el cultivo de palma y caucho. Gran parte de estas tierras son baldíos.
Hasta la fecha pese a los incumplimientos del gobierno nacional, la guerrilla de las Farc ha cumplido con lo pactado en las fechas estipuladas dando cuenta de su compromiso con la paz.
A continuación reproducimos el comunicado presentado el 25 de agosto.
Comunicado a la opinión pública
Acerca del debate público que ha generado la carta del Señor Fiscal General de la Nación en la que se emiten valoraciones sobre el inventario de bienes y activos que hemos entregado el 15 de agosto del presente año a la Misión de las Naciones Unidas y el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, nos permitimos manifestar lo siguiente:
1. Reconocemos la celeridad del Fiscal para emitir un concepto técnico sobre un inventario que, según el Decreto 1364 del pasado 15 de agosto, “el Ministro del Interior deberá mantener en custodia, con la debida diligencia y cuidado y vigilancia hasta el momento en el que se constituye el patrimonio autónomo”. Esperamos que esa misma diligencia se exprese en las precarias investigaciones de la Fiscalía acerca del asesinato de hombres y mujeres, líderes sociales.
2. Los conceptos, cuando más rigurosos y ajustados a la realidad, mejores. Lamentablemente no es el caso de concepto del Fiscal. Falla en la consideración del carácter excepcional y único del inventario presentado por una organización guerrillera; falla en el entendimiento de lo que es un inventario; falla al realizar una presentación amañada de la información.
3. Todo ello conduce a que se induzca a la opinión pública a una valoración distorsionada de un hecho que es cierto: Una vez más, con la entrega del inventario de bienes y activos, las FARC-EP hemos continuado cumpliendo de manera estricta con lo acordado. Ello nos lleva a pensar, que tras la misiva del Fiscal existe en realidad una intención política de continuar entorpeciendo la implementación de los acuerdos, de ambientar sus previsibles interferencias en el trámite que se viene en el Congreso de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, y de ser primera plana en los medios de comunicación. Es evidente que el Fiscal siente que su poder se ha visto menguado con los diseños de la JEP. Le cuesta trabajo aceptarlo.
4. El inventario entregado se hizo con el máximo rigor posible, pero considerando condiciones excepcionales y únicas. No hemos sido una persona jurídica; nuestro accionar se ha desarrollado por fuera del orden existente; la información de la organización ha sido compartimentada; la dinámica de la guerra condujo a la pérdida de información, mucha de ella a manos del adversario. Esa es la razón por la que tomamos además la decisión de aceptar como nuestros los bienes que haya identificado el Estado, principalmente por cuenta de la Fiscalía, y que no se encuentren en nuestro inventario, por carecer nosotros de información sobre ellos.
5. Hemos sido exhaustivos en la presentación de la información. La discriminamos por los bloques y los frentes que conformaron nuestra organización. Donde fue posible, la información, por ejemplo, de los bienes inmuebles rurales se presentó atendiendo normas técnicas; donde no lo fue, está se suministró ofreciendo los datos que permiten su plena identificación y localización geográfica, en los términos que se utilizan en el campo. Las condiciones de la sociedad rural, se caracterizan por el desinterés histórico del propio Estado de aclarar los derechos de propiedad, razón por la cual se han desarrollado múltiples modalidades informales de su regulación con ausencia de registros catastrales o de registros inmobiliarios, muchas veces expresadas en documentos privados que constituyen ley para las partes. El inventario da cuenta de esa realidad objetiva.
6. Somos conscientes que será preciso adelantar una tarea en terreno que cualifique la información entregada y para ello hemos manifestado nuestra disposición de colaborar. Entregado el inventario, le corresponde al Gobierno proceder a la identificación plena y al aseguramiento de lo reportado.
7. Los componentes del inventario que entregamos dan cuenta de ítems de general aceptación. No es extraño en absoluto a un inventario el registro de utensilios o existencias. Por ello no procede, si se es riguroso, ridiculizar la presencia de determinado tipo de bienes y más aún magnificarla de manera malintencionada. También parece sin sentido desconocer que las obras de construcción, particularmente de vías, hagan parte del inventario. Para comprender por qué fueron incluidas es necesario considerar que con nuestra presencia territorial ejercimos funciones de Estado y que ellas fueron componente esencial de nuestra economía de guerra. Gracias a ellas, además, miles de compatriotas de la Colombia olvidada pueden comunicarse entre sí e incluso sacar sus productos al mercado.
8. No se debe confundir el inventario con el fondo autónomo que habrá de constituirse en los términos establecidos por del Decreto-Ley 903 de 2017. Entregado el inventario, se inicia el complejo proceso de incorporación de los diferentes bienes y activos. Será necesario hacer un ejercicio técnico de depuración, que seguramente tendrá como consecuencia el descargue de diferentes bienes que conforman el inventario. Realizada tal depuración, tarea que le corresponde al Gobierno nacional, tendrán que definirse las rutas de incorporación de los diferentes bienes al inventario, incluido lo correspondiente al proceso de monetización.
9. Solo en ese momento se podrá hablar con certeza de la destinación del Fondo a ser administrado a través de la Fiducia que se conformará para tal efecto. La destinación del Fondo está definida en sus componentes esenciales por el señalado decreto 903 de 2017.
10. Para ilustrar mejor los alcances del inventario, presentamos el cuadro-resumen, que entregamos a Naciones Unidas:
11. Es bueno recordar que quienes menos interés tienen de incumplir los acuerdos somos nosotros mismos. Primero, por cuanto consideramos que si los firmamos es para garantizar que se cumplan; demanda que en forma reiterada le tenemos que hacer al Gobierno. Y segundo, por cuanto incumplirlos nos pondría por fuera del acuerdo, con todas las consecuencias que ellos traen, incluida la acción penal del Estado.
12. Hacemos un llamado a evitar toda demagogia con las víctimas del conflicto. Y ello empieza por reconocer con sinceridad, que el inventario que hemos entregado apenas representa una contribución modesta a la reparación material. Si se considera el universo de víctimas y en verdad se quiere responder a sus exigencias de reparación material, será preciso un esfuerzo fiscal inmenso, que consideramos debe en efecto realizar la sociedad colombiana.
SECRETARIADO NACIONAL DE LAS FARC-EP
Agosto 25 de 2.017
