Segovia y Remedios: De la minería y la manipulación

El ejercicio de la pequeña minería en Segovia y Remedios en Antioquia, abarca generaciones y generaciones de familias que han visto en éste medio su forma de subsistencia, por lo que se ha convertido así mismo en parte esencial de la estabilidad económica de la región.

El paro minero en Antioquia, que fue convocado por la Mesa Minera, al cual se sumaron mineros ancestrales y tradicionales de los municipios de Segovia y Remedios, así como la comunidad indígena y los comerciantes de ambos municipios, ha sido tergiversado y manipulado por los medios corporativos, que haciendo uso de titulares que contradicen el cuerpo de la noticia, buscan deslegitimar el paro y las exigencias que le motivan.

Al paro actual que tiene como fin conseguir la legalización de la minería ancestral, reconocimiento al que se opone la multinacional Gran Colombian Golden, le antecede el que se llevó a cabo en el segundo semestre de 2016 también en Segovia y Remedios, el cual tuvo como causa principal la inconformidad de los pequeños mineros frente al Decreto 1421 de 2016, el cual determinaba las medidas para la comercialización de minerales.

Como explicó a un medio de comunicación, Rubén Darío Gómez Cano secretario general de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol), el decreto pretende que un minero por ejemplo del Chocó, que debe viajar dos horas en una lancha para vender 2 gramos de oro, tenga actualizada la inscripción en el Registro Único de Comercializadores de Minerales; cumpla con la normativa legal ambiental, tributaria, aduanera, minera, de comercio nacional e internacional, y presente factura de la Dian.

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Básicamente los pequeños mineros para ejercer su actividad legalmente, competirían con las multinacionales que hasta ahora han tenido el poder, los contactos, la facilidad en cuanto a tramitación de licencias y de más, y los recursos especialmente.

El papel del gobernador de Antioquia desde el 21 de julio de éste año, día en que inició el paro, no ha sido otro más que el de emitir declaraciones y juicios infundados e irrespetuosos. Por un lado acusó a la comunidad indígena que participa en las manifestaciones, de recibir dinero a cambio de mantener el paro, y al gobernador indígena lo tildó de “borracho”. Como si fuera poco, responsabilizó públicamente a Bomberos Voluntarios de Segovia, de dotar con explosivos a los manifestantes, poniendo así en riesgo la integridad física de los voluntarios.

En cuanto al violento tratamiento que ha dado la Policía de Antioquia, el coronel Wilson Pardo aseguró que sus hombres actúan bajo la rigurosidad de la ley y amparado en los DDHH y el Derecho Internacional Humanitario, por lo que queda la duda respecto a qué tipo de rigurosidad se refiere, cuando ya han sido asesinados en lo que lleva del paro dos personas, una de ellas un menor de edad. Ya es común, que en situaciones como ésta en Colombia, el derecho a manifestarse esté condicionado por la muerte.

Desde el inicio del paro hace 35 días, los medios corporativos han presentado como siempre solo una cara de la noticia. Por un lado hablan de las millonarias pérdidas por cada día del paro minero para los comerciantes en Segovia, quienes conscientes de la situación, se han solidarizado y sumado al paro y lo han calificado como justo.

Y por otro lado, han hablado de la supuesta preocupación del gobernador de Antioquia por la educación de los niños y niñas en Segovia, según él afectados por el paro, quien junto con su secretario de educación, descubrió el agua tibia con una campaña que promueve poner tareas y actividades a los niños y niñas en sus casas.

Así que no sobra hacer especial énfasis en la hipocresía del gobierno cuando convenientemente aparenta preocupación por la escolarización de niños y niñas, y al mismo tiempo, cuando no le sirven como cortina de humo, permite que no tengan las garantías mínimas para ir al colegio como por ejemplo un refrigerio digno.

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Es necesario ver más allá de los titulares que solo buscan satanizar el paro y a su vez nublar no solo las causas de éste sino además el tratamiento violento que está dando a la situación el gobierno local y nacional.

Mientras redactaba éste artículo y escuchaba a Jonny Cash en youtube, fue inevitable notar los comerciales que preceden cada video. Una de ellas del Ministerio de Minas y energía. El comercial pone como ejemplo de “Minería bien hecha” a la empresa MASSEQ Proyectos e Ingeniería S.A.S. así que quise saber qué entenderá el Ministerio por “minería bien hecha”, y al tener como ejemplo a MASSEQ, los busqué por internet. No fue necesario más de un minuto de búsqueda para encontrar que fueron sancionados en 2014, por incumplir la licencia ambiental emitida por la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM), que autorizaba el aprovechamiento de 60.000 metros cúbicos de material para construcción por año (material que era vendido a Emgesa para la construcción de la represa El Quimbo).

El incumplimiento se presentó cuando fueron extraídos no solo 60.000 metros cúbicos de material, sino 600.000 y en solo ocho meses. A pesar de esto, de las graves consecuencias para el ambiente, para la fauna y flora, para el cauce del río Páez de donde era extraído el material, Anunciación Trujillo Andrade y su operadora MASSEQ, solicitaron la ampliación de la licencia por el término de 30 años. Esto significa entonces que “Minería Bien hecha” para el Ministerio de minas y energía, es el beneficio de unos particulares por encima del bien común.

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Nicole Pinzón. Integrante de la Revista Hekatombe.
Maestra en artes plásticas de la ASAB, fotógrafa, estudiante de la maestría en historia y teoría del arte, la arquitectura y la ciudad de la Universidad Nacional. Amante de la pedagogía y los derechos humanos.

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