¿Perdón y reconciliación?

Para el domingo 13 de septiembre, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, convocó una jornada de Perdón y Reconciliación luego de las jornadas de protesta contra la brutalidad policial, motivadas por el asesinato del abogado Javier Ordóñez, perpetrado por un grupo de agentes en un barrio de la localidad de Engativá. La indignación de la ciudadanía estuvo dirigida hacia la destrucción de CAI’s [Comando de Acción Inmediata] envueltos en escándalos de microtráfico, tortura, violaciones y otros delitos.

La respuesta de la fuerza pública ante las protestas contra la brutalidad policial, fue la brutalidad policial: cientos de personas desarmadas heridas de gravedad, 13 personas asesinadas y tres mujeres abusadas sexualmente en el CAI de San Diego en el centro de la ciudad. Una respuesta autoritaria y delictiva amparada en la legitimidad otorgada por el último código de policía que dio mayor poder a la fuerza pública, ya de por sí peligrosa para la democracia por su carácter militarizado.

Sintiéndome plenamente recogido en el contenido del artículo Yo no rodeo a Claudia, yo rodeo la democracia, quiero agregar lo siguiente sobre la jornada de “Perdón y Reconciliación” convocada por la alcaldía. No sin antes cuestionar primero, el firme respaldo hecho por el gobierno nacional a la Fuerza Pública, resaltando su supuesta “gallardía” y mostrando reticencia, tanto a la expulsión de la cúpula policial, —era de esperarse—, como al inicio de una reforma que sustituya la doctrina militarizada de la institución, que signifique el inicio a un tránsito como real fuerza civil, que dependa del Ministerio del Interior o de Justicia, y que sea juzgada por la justicia ordinaria.

Y segundo, la matriz noticiosa de la prensa corporativa, sobre la base de un informe de inteligencia policial que contiene básicamente el relato de guerra fría y ha venido construyendo el partido de gobierno Centro Democrático, sobre una supuesta conspiración nacional e internacional, descartando de tajo las razones objetivas de la protesta, para una vez más exaltar un enemigo “de izquierda extremista” —que para unos casos está acabado y para otros es omnipresente y poderoso—, al que se le adjudica la organización de la indignación popular. Esta matriz mediática construye noticias que apuntan a validar socialmente las prácticas delincuenciales de la Fuerza Pública y la omisión del poder ejecutivo.

El llamado al perdón de los victimarios no es nuevo. Su potencial sanador del dolor psicosocial ha sido usado de forma oportunista por el poder en distintas oportunidades. En los gobiernos post dictadura del cono sur, fue utilizado como un mecanismo pacificador para conseguir la impunidad de quienes torturaron, asesinaron y desaparecieron desde el Estado. Igual pasó en conflictos como los de Guatemala y Salvador, en donde los partidos afines al establecimiento llamaban a perdonar para evadir la verdad y la justicia exigida por las víctimas de los crímenes perpetrados por fuerzas estatales y paraestatales.

Es así que la literatura psicosocial reciente sostiene que el potencial sanador del perdón, necesita a grandes rasgos dos requisitos: de un lado, la verdad toda sobre los delitos, las cadenas de mando, los autores intelectuales y los financiadores, sumado a la justicia ordinaria o restaurativa sobre los hechos cometidos en función de la dimensión del crimen, así como un contexto político de voluntad para el inicio e implantación de grandes reformas sociales que conllevan a superar en algún grado los generadores de la violencia estructural, en términos de democratización y justicia social. Y de otro lado, la disposición de las víctimas a perdonar, sin que el perdón sea una obligación ni una coacción. Solo estos dos requisitos pueden abrir un camino para la reconciliación.

Es en este sentido que el llamado a una jornada al perdón y reconciliación parece encubrir un llamado institucional a la pacificación en un contexto de impunidad, para descargar las responsabilidades políticas o las tomas de posición desde el gobierno local, que puedan implicar los delitos cometidos por la fuerza pública.

El llamado al perdón y la reconciliación lo hizo Claudia López amparada en unas líneas argumentativas hechas en un live, ya analizadas extensamente en el artículo que cité líneas arriba: Yo no rodeo a Claudia, yo rodeo la democracia. Del mensaje se puede extraer un elemento general: la presunción de los delitos de la policía registrados en vídeos y en fotografías, y la criminalización del ataque a la infraestructura, más específicamente a los CAI’s, llevada a cabo por la ciudadanía indignada.

Para el centro político, sector al que pertenece el gobierno de Bogotá —y para cierto pacifismo— toda la violencia es igual, es equivalente el ataque a una infraestructura por parte de la ciudadanía que sufre en carne propia el peso de la injusticia y el autoritarismo institucional, y el despojo de la vida por parte de una fuerza que integra el marco institucional y que es expresión de esa injusticia y ese autoritarismo institucional.

Es equivalente el daño de una piedra y el daño de una bala.

De esta forma, se puede hacer un llamado hacia la reconciliación de dos “grupos iguales”, 1. la ciudadanía indignada y desarmada, frente a 2. un actor institucional, investido de un mandato constitucional, a saber, la protección de la vida de la ciudadanía [en una perspectiva teórica sabemos que la emergencia de la Fuerza Pública tuvo como funciones el disciplinamiento y vigilancia de la sociedad, así como la protección de la propiedad privada de los sectores privilegiados, pero es tema de otro artículo].

Es un infantilismo izquierdista poner como expresión de una misma cosa al fascismo con el centro, como tienden a hacer sectores para impugnar políticamente a esta expresión de la topografía política. Pero creer ciegamente en el marketing postpolítico del centro, esto es, el desarrollo de puestas en escena públicas que tienen propósitos publicitarios de cara a la próxima campaña electoral, desde una concepción de la política que suprime forzosamente la conflictividad social —cosa distinta del conflicto armado— dada por la pluralidad de lo social, para estar más a tono con la lógica contemporánea del mercado de consumidores pasivos, antes que con las demandas democráticas, así como con su autoritarismo manifiesto en discursos y prácticas explícitas con la satanización de la protesta hecha en otras oportunidades pero encubierta por la dinámica pendular de sus posiciones en función de lo que esté mejor visto en la opinión pública, es completamente ingenuo.

El llamado a perdón y reconciliación es una afrenta para la ciudadanía indignada por el accionar cuestionable de la fuerza pública. Es una solicitud que no considera la falta de voluntad del gobierno nacional ni de la Fuerza Pública, que ni siquiera han tomado medidas frente a los 637 homicidios denunciados por la ONG Temblores, ejecutados por la fuerzas coercitivas estatales solo entre 2017 y 2019. Es un llamado que en las actuales circunstancias solo busca el disciplinamiento de la protesta social de cara a la supresión de la movilización, y es un mecanismo que pretende desactivar la fuerza ciudadana que exija en las calles, y porque no, en asambleas populares, la renuncia del ministro de defensa, la expulsión de la cúpula policial, y el avance hacia la demanda por una reforma seria de la Fuerza Pública en su totalidad.

Desde una vela en las casas, y con el sonido de una cacerola, la impunidad y la falta de verdad solo se reirá de la ciudadanía.