Gobierno nacional: satanización de la protesta y del trabajo barrial

Colombia, 15 de septiembre de 2020. Tras el asesinato de un hombre en la madrugada del 9 septiembre, en Bogotá inició una serie de movilizaciones contra la brutalidad policial que se extendieron en diferentes ciudades del país y que además reflejaron la inconformidad de la ciudadanía ante la crisis y el fortalecimiento de una democracia restringida que busca que la separación de poderes sea cada vez más difusa.

La decisión que tomaron el gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá el mismo 9 de septiembre, en el Puesto de Mando Unificado, fue fortalecer el pie de fuerza con 1600 efectivos y desplegar soldados de la brigada XIII en las calles de la capital.

El 10 de septiembre se presentaron nuevas movilizaciones espontáneas y descentralizadas en Bogotá, Barranquilla, Popayán, Manizales, Mosquera, Facatativá, Medellín, una vez más, protagonizadas por jóvenes. Las y los manifestantes fueron atacados por la policía con “armas no letales”, tortura, el abuso de la detención preventiva y llevados a centros de detención clandestina como sucedió en Mosquera.

El 11 de septiembre en la ciudad de Bogotá, la alcaldesa adelantó una jornada de “reconciliación y perdón”, que terminó en el ataque de la policía a una movilización que quería entrar a la Plaza de Bolívar, la detención de jóvenes, la apertura de procesos de judicialización a otros y agresión de Esmad a menores de edad.

Ante estos hechos, el gobierno nacional presentó un “Informe de inteligencia” que indica cómo operan y se organizan los que han catalogado como «grupos radicales» en Bogotá, que según ellos, son quienes han protagonizado las manifestaciones de los últimos días. El informe señala a líderes comunitarios y barriales. Los medios corporativos de comunicación, desde el 14 de septiembre están reproduciendo este ejercicio de satanización de la organización social y de la movilización en sí misma.

El 15 de septiembre en horas de la mañana se dieron a conocer panfletos de las Águilas Negras, que amenazan a líderes comunitarios y barriales de Usme, San Cristóbal y Bosa. Frente a esta situación, organizaciones sociales, han manifestado su rechazo ante las amenazas a las personas que trabajan en la construcción de tejido social en sus territorios.

Por su parte, los medios corporativos de comunicación reproducen esta matriz de enemigo interno, que, como sucedió en el Paro Nacional que inició el 21N, califica a toda persona que se manifieste contra el gobierno, como integrante de las disidencias de las FARC o del ELN.

Cabe recordar que el relato que asocia las expresiones de indignación social con el delito de rebelión, con la criminalidad y con el terrorismo ha sido ampliamente usado por sectores de extrema derecha, y previo a las jornadas de protesta contra la brutalidad policial, integrantes del Centro Democrático como el mismo Alvaro Uribe Vélez, calificaron a todas las posiciones juveniles que celebraron su proceso penal, y que se han venido manifestando contra las masacres y el asesinato de líderes sociales como “jóvenes Farc”, lo que parece situar una matriz de opinión y de noticia que pretende satanizar y criminalizar a la cidadanía movilizada e incluso, a la ciudadanía que emprende escenarios culturales y de educación comunitaria, calificados como “trabajo social y comunitaria” estigmatizando a su vez, debido al uso impreciso de los términos, a la profesión y disciplina del Trabajo Social.

 

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