¿Qué está pasando en Perú? Pedro Castillo buscó disolver el Congreso, mayoritariamente de derecha, que quería destituirlo en la tarde del 7 de diciembre mediante la figura de vacancia por incapacidad moral. Finalmente, sin que Castillo recibiera ningún apoyo de los sectores y actores institucionales, fue destituido por el Congreso y capturado por la policía. Ya la vicepresidenta Dina Boluarte asumió como presidenta.
Su elección fue un mensaje de inconformidad ante la corrupción y las políticas neoliberales implantadas por Alberto Fujimori en el marco de su gobierno autoritario (1990-2000).
Pero hay una trama más compleja atrás. Pedro Castillo es un profesor rural que vino a expresar una tendencia de la izquierda afincada en lo popular, con ideas anti neoliberales en lo económico y lo social, y conservadoras en áreas como las políticas de género. Llegó a la presidencia con el respaldo de sectores empobrecidos del campo y de la ciudad que no creían en la derecha ni el centro, pero tampoco en la izquierda más citadina, de clases medias, que contaba con una tradición en la vida institucional.
Ganó las elecciones en julio del 2021, algunos meses después de las protestas fundamentalmente juveniles que sacudieron al país en el 2020, y en medio de una fuerte crisis institucional. Su elección fue un mensaje de inconformidad ante la corrupción y las políticas neoliberales —de privatización de lo público y libre comercio en favor de los grandes propietarios— implantadas por Alberto Fujimori en el marco de su gobierno autoritario (1990-2000).
lo llevaron a ir moderando las medidas y el discurso. Pero no solo eso, se destaparon escándalos de corrupción como el del grupo de los “Los chiclayanos”
Ya como mandatario de la nación, las múltiples presiones ejercidas desde los poderes establecidos, de los que, entre otros, daba cuenta el Congreso —mayoritariamente de derecha y extrema derecha, y con muy poca legitimidad social, ya que para octubre de 2022, según la encuesta IPSOS, tenía un 74% de desaprobación—, lo llevaron a ir moderando las medidas y el discurso. Pero no solo eso, se destaparon escándalos de corrupción como el del grupo de los “Los chiclayanos”, un grupo de empresarios que financiaron su campaña, y a los que les iba a confiar proyectos de infraestructura del Estado.
Con los reiterados cambios de gabinete, fue integrando a figuras que en realidad no iban en contravía del proyecto neoliberal, designando, por ejemplo, al economista Graham Yamahuchi como Ministro de Economía y Finanzas —antes de que asumiera Kurt Burneo—, o a Miguel Rodríguez Mackay, cercano al fujimorismo, como Ministro de relaciones exteriores, así como a otras cuotas y fichas políticas ligadas a escándalos de corrupción. Cabe decir que los nombramientos cuestionables y los escándalos de corrupción han sido la regla en los últimos gobiernos del Perú.
Cabe decir que los nombramientos cuestionables y los escándalos de corrupción han sido la regla en los últimos gobiernos del Perú.
La escasa habilidad política sumada a un poder económico y legislativo que impedía que prosperara todo proyecto de ley redistributivo que se promovía desde el gobierno, llevaron al casi incumplimiento del programa de campaña.
Los consejos ministeriales descentralizados, que se realizaron como medida para amortiguar el impacto de las protestas del mes de abril de este año, sirvieron por poco tiempo ya que las demandas locales solo se cumplieron parcialmente, mientras que la solicitud constante —que venía desde las protestas del 2020— de convocar una Asamblea Nacional Constituyente antineoliberal con capacidad para enfrentar la corrupción, cuando el ejecutivo la presentó ante el Congreso, fue descartada de tajo.
Y así, con otro escándalo a cuestas, el que sacó a la luz los dineros del Estado que terminaron en manos de familiares de Castillo; sin el respaldo del partido de izquierda institucional que le dio el aval y le solicitó la renuncia en meses pasados: Perú Libre, ni el apoyo de otras fuerzas políticas; y sin haber conseguido una articulación social que sirviera como base de resistencia ante el poder económico y la derecha; fue que Castillo hizo la jugada política —que resultó más bien en harakiri político— de buscar la disolución del Congreso para gobernar vía decretos mientras se convocaba a nuevas elecciones legislativas.
Hasta el momento, desde el 2018, han sido destituidos ya siete presidentes.
Lo curioso es que cuando hizo esta maniobra aún no había una mayoría en el Congreso para la destitución, y fue con el anuncio que se consolidó la mayoría. Al respecto, un dato que no resulta menor: hasta el momento, desde el 2018, han sido destituidos ya siete presidentes.
La segmentada clase política y el poder económico criollos —de la costa pacífica— no suman mayorías entre la población excluida y racializada de la sierra peruana, y no han logrado dar con una presidencia que les articule en el gobierno. La ficha más cercana para ese fin había sido la extrema derechista Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori. Por su parte, los sectores de cambio, institucionales y no institucionalizados, tampoco han conseguido esa articulación que, por un momento, pareció alcanzarse en torno a la figura de Castillo en 2021. Mientras tanto, siguen sin prosperar políticas que le pongan cara a la inflación, la sequía y a la crisis misma del neoliberalismo.
