La tecnocracia neoliberal que habla a nombre de las necesidades del mercado, estimó desde los años ochenta que el Estado no debía interferir en las decisiones de inversión de diferentes sectores económicos y territoriales. El mercado, dejado a su propio parecer, se consideró sabio para invertir en actividades económicas rentables y socialmente útiles.
El orden territorial por el mercado**
Por: Dario I Restrepo
El retorno del desarrollo económico territorial
El Plan Nacional de Desarrollo de Duque promete una gran ruptura. Después de 33 años de iniciado el proceso de descentralización se le otorga como objetivo fundamental ser una estrategia de desarrollo territorial que: “adopta el paradigma de desarrollo regional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE”. Salto cualitativo, porque hasta ahora solo se había descentralizado parte de la política social (salud, educación, saneamiento básico y agua potable, principalmente) y parte del sistema político territorial (elección de alcaldes y gobernadores).
La tecnocracia neoliberal que habla a nombre de las necesidades del mercado, estimó desde los años ochenta que el Estado no debía interferir en las decisiones de inversión de diferentes sectores económicos y territoriales. El mercado, dejado a su propio parecer, se consideró sabio para invertir en actividades económicas rentables y socialmente útiles. Así las cosas, toda injerencia del Estado a nombre del bien común o de la equidad, no podían sino contradecir la sana lógica del mercado y desviar los recursos hacia actividades inútiles o territorios infértiles a la rentabilidad del capital. Estados costosos y burocracias engorrosas resultaban de la extracción de recursos a las actividades económicas prósperas, con el fin de sostener la producción y territorios carentes de una rentabilidad optima.
¿Por qué no acabar con cerca de seiscientos municipios inviables se preguntaba el Uniandino súper ministro de Hacienda Rudolf Hommes a principios de los 90? ¿Por qué proteger sectores industriales y agropecuarios desde el Estado? Los doctrinarios neoliberales secaron los fondos de inversión regional, desmontaron la planeación territorial y nacional, así como acabaron con las instituciones especializadas en el desarrollo rural. A la vez, abandonaron la política industrial y el apoyo a la integración y ampliación del mercado interno. El resultado ha conducido a una desindustrialización, una desagrarización, una dependencia de los recursos extractivos (minería, hidrocarburos y grandes plantaciones de monocultivos), así como a consolidar grandes diferencias en capacidades productivas entre los territorios de la nación.
¿Por qué ahora esta misma tecnocracia habla de la necesidad de políticas económicas a favor de mercados territoriales? Es lamentable que la razón deba atribuírsele a las sugerencias – demandas de la OCDE para que Colombia entre en dicho selecto club de países. ¿Cómo promover el desarrollo económico territorial sin abandonar el “fundamentalismo del mercado”. Otra vez la OCDE sopla las respuestas. El “objetivo es promover la competividad regional entendida como el aprovechamiento de las potencialidades territoriales, en busca de la equidad de oportunidades y el desarrollo sostenible”.
La descentralización hacia el mercado
Es decir, la tecnocracia de los países centrales pide profundizar la estrategia a favor de los negocios privados mediante una descentralización hacia los mercados. Cuatro categorías de “nodos productivos” jalonan las articulaciones económicas de las empresas, los cuales configuran los mapas territoriales del desarrollo, desde los más consolidados hasta los tenues y dispersos. En esta concepción, lo rural como categoría específica no existe y los campesinos como categoría social, productiva, poblacional y política, tampoco. Lo rural es una subcategoría anexa a los nodos productivos, como los campesinos. El vaciamiento del campo es constatado como tendencia natural hacia lo cual hemos avanzado mucho, pero aún falta por lograr un campo sin campesinos.
La función del Estado es apoyar la competividad de dichas “áreas funcionales” a través de más de una decena de programas nacionales concebidos por la tecnocracia central y llevados a los territorios. Expresamente el PND niega el ordenamiento administrativo y político como área prioritaria de intervención. Es decir que los municipios y departamentos con sus autoridades, no son los sujetos institucionales y políticos que articulan estratégicamente los mapas territoriales. Por el contrario, las entidades territoriales, así como el conjunto de las instituciones descentralizadas del Estado, sus políticas y presupuestos deben ponerse al servicio de alianzas público/privadas, que potencien las capacidades de una organización territorial articulada, guiada y tejida por la lógica de la competividad y la competencia de los mercados. En palabras del Plan, se quiere: “… utilizar las transferencias para atraer fondos conjuntos de municipios que sirvan como garantía para la financiación privada de proyectos”.
En particular, los recursos del Sistema General de Participaciones, del Sistema General de Regalías y del Presupuesto General de la Nación, deben fomentar dichas alianzas con el fin de ampliar las capacidades de las redes empresariales de organizar los territorios. Es decir que los principales recursos transferidos por la nación, la mayoría de lo cuales están destinado a la política social, deben subordinarse a una estrategia cuyos escenarios, actores y dinámicas, se sitúan por fuera de Estado, de las comunidades y sus organizaciones.
Es propio del mercado la ausencia de representación, es decir que las empresas y sus redes funcionales, no están sometidas a ningún mecanismo de representación social, política, electoral, de participación o de control ciudadano. La nueva descentralización hacia el mercado señala un objetivo superior del anhelo neoliberal. En los noventa los recursos públicos descentralizados debían fomentar los negocios privados mediante la subcontratación de la política pública y la privatización de empresas estatales locales. Desde principios del nuevo siglo realizan un giro directo de recursos públicos hacia las empresas privadas, sin pasar por las entidades territoriales y el control institucional, político y social territorial. Ahora, se quiere avanzar hacia una utilización directa de los principales fondos estatales por los privados y hacia la subordinación de toda autoridad, institución y presupuesto público, a la competividad de agentes aglutinadores del mercados y territorios.
La tecnocracia neoliberal manifestó desde la década del ochenta, antes incluso de iniciado el proceso de descentralización en 1986, el temor con un sistema de transferencias para financiar políticas sociales. La garantía de recursos directos y automáticos a los gobiernos locales fue denunciada como “rigidez presupuestal”. Las transferencias no podían sino incentivar ineficiencia del gasto, servir para encubar burocracias locales y envalentonar poderes políticos demasiado influenciables por la proximidad de las demandas sociales. La descentralización automática podía alimentar una cultura de los derechos adquiridos, no sometidos a la competencia de mercado. La alternativa neoliberal, desde entonces formulada, eran bolsas de recursos para financiar políticas territoriales que fueran sometidas a concursos de méritos. Alcaldes y concejos, gobernadores y asambleas, organizaciones empresariales y sociales, así como grupos de ciudadanos, todos sin distinción, podían presentarse a la competencia de mercado, cuyos ganadores fueran sancionados por mecanismos tecnocráticos centrales.
El PND vuelve sobre este viejo anhelo. En sus palabras: “MinHacienda, junto con el DNP, diseñará esquemas de “pagos por desempeños” a programas que registren resultados demostrables financiados con SGP, donde el pago por la entrega del bien o servicio esté atado a los resultados obtenidos”. Una vez más, se pretende que un representante de la lógica del mercado, es decir la tecnocracia, reemplace la cultura de los derechos sociales adquiridos, a cambio de la competencia de mercado por los recursos públicos descentralizados.
Recentralización, tecnocracia y vulneración de los derechos adquiridos
Al final, la descentralización hacia el mercado aumentaría la competitividad y el crecimiento a partir de nodos productivos en expansión, los cuales derramarían social y territorialmente sus beneficios. Así las cosas, no se requiere de ninguna intervención expresa del Estado para cerrar brechas económicas, sociales y en el bienestar entre regiones. La equidad entre los territorios no se persigue como política estatal deliberada, ella es un resultado derivado de las alzas en competividad y crecimiento. Para que no haya dudas el PND advierte que la estrategia del desarrollo regional: “… no responde a un enfoque de brechas que deben ser compensadas, ni a un canal indirecto de política social focalizada espacialmente, sino que busca promover el canal directo de crecimiento para fomentar mercados e impulsar nodos de desarrollo tanto urbanos como de zonas intermedias y rurales”.
La convergencia natural en la expansión del desarrollo entre los territorios y el derrame de beneficios entre todas las clases sociales, nunca ha ocurrido en la historia de Colombia o en otra parte del mundo. El mercado concentra, jerarquiza, centraliza el poder y solo movimientos sociales, políticas públicas y fuerzas políticas, han logrado interferir los desequilibrios en el desarrollo y construir derechos mas allá de la riqueza de cada cual.
En conclusión, la descentralización hacia el mercado busca debilitar la incidencia de los gobiernos y de las fuerzas sociales locales distintas a los empresarios. Plantea expropiar el manejo y destino de los recursos transferidos, además de subordinarlos a lógicas fuera de los derechos sociales adquiridos. Centraliza a nivel nacional las decisiones y los programas de apoyo a la competividad regional. Incrementa el poder de la tecnocracia del Ministerio de Hacienda sobre un debilitado Departamento Nacional de Planeación y sobre los otros ministerios y entidades centrales. La estrategia busca poner al Estado, sus presupuestos y al conjunto de instituciones al servicio de los negocios privados y de las dinámicas de aglomeración social y territorial que estos crean.
Claro está, como siempre, una cosa es la intención expresa del PND que construye un ideario objetivo, otra cosa bien distinta será lo que logren avanzar. En ese camino encontrarán múltiples fuerzas que disputarán los sentidos del ordenamiento territorial del poder.
Bibliografía
Restrepo, Darío I., (2016). “Ajuste estructural y función de los gobiernos locales. Evolución histórica de la doctrina ortodoxa”, En Décsi Arévalo, editora. Soberanía política y regímenes monetarios. Experiencias históricas, (2016), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Restrepo, Darío I. y Peña, Camilo A., (2018). “Economía política de la descentralización y de la recentralización. (1986 – 2016)”. En Estupiñán Achury, L., Moreno González, G. y Montiel Márquez, A. (Coords.). La cuestión territorial a debate: España y Colombia, Universidad Libre, Bogotá.
Publicado el 6 de junio de 2019
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Dario I Restrepo, indamail@gmail.com
** Artículo extraido de la cartilla PND: Pacto contra el Estado Social de Derecho
