El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, (PND) no solo continúa la senda del ajuste fiscal iniciada por los gobiernos anteriores en contravía a lo que la constitución proclama como Estado Social de Derecho, sino que además prioriza en la ejecución del gasto público el pago del endeudamiento con los acreedores cumpliendo con las normas que lo establecen (Marco Fiscal de Mediano Plazo, Superávit primario y Regla fiscal).
Finanzas públicas y macroeconomía**
a. Un Plan de Desarrollo para profundizar el ajuste fiscal:
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, (PND) no solo continúa la senda del ajuste fiscal iniciada por los gobiernos anteriores en contravía a lo que la constitución proclama como Estado Social de Derecho, sino que además prioriza en la ejecución del gasto público el pago del endeudamiento con los acreedores cumpliendo con las normas que lo establecen (Marco Fiscal de Mediano Plazo, Superávit primario y Regla fiscal). Para cumplir con esta exigencia el PND anuncia una “estrategia de racionalización del gasto corriente, el cual permitirá un ahorro de 0.6 % del PIB”, (aproximadamente $6 billones) acompañada de una “centralización adecuada” de los recursos del Sistema General de Regalías y de las transferencias regionales.
Esta estrategia incluye el otorgamiento de facultades extraordinarias al Presidente para que reforme a su antojo el conjunto de la administración pública y la derogatoria de leyes que puedan obstaculizar este propósito. En una palabra, la oficialización de una dictadura constitucional.
En lo atinente al ajuste programado para el lapso 2019-2022 en las instituciones estatales las metas que presenta el PND son las siguientes:
- Para el Sector Público Consolidado una reducción del gasto equivalente a 1.9% del PIB (aproximadamente $18 billones). La mayor responsabilidad en la consecución de este objetivo recaerá sobre el Sector Público No Financiero (SPNF) que deberá mermar su déficit en un monto similar (1.8% del PIB) al que se le exige al SPC.
- En lo que se refiere al Gobierno Nacional Central (GNC), el PND propone un decrecimiento del déficit actual en el mismo monto 1.8% del PIB. Llama la atención en este punto el anuncio regresivo a los trabajadores del Estado y a los subsidios de las poblaciones más desfavorecidas. “Así mismo, la senda de gastos de funcionamiento supone que los salarios públicos serán ajustados de acuerdo con la inflación; no se consideran ampliaciones de plantas de personal; no se prevé la creación de nuevas entidades o agencias que impliquen aumento de los gastos de funcionamiento y, finalmente, se contemplan medidas para promover una mejor focalización de los subsidios públicos…”
Este ajuste fiscal definido por el PND se encuentra lejano a resolver el problema del endeudamiento público. La caída de los precios internacionales del petróleo entre 2013-2017 ha dejado una brecha fiscal irrecuperable. En el proyecto inicial de presupuesto para el 2019 el monto de la deuda aumentaba en $18 billones aproximados (de $47.9 a $ 66.4 billones) lo que obligó al actual Ministro de Hacienda a reprogramar el pago de $14 billones. Adicionalmente, una parte importante de las emisiones de deuda vencerán en el corto plazo. El monto total de la deuda pública ya asciende al 45% del PIB.
Este problema se agrava a causa de las reformas tributarias regresivas que han sido implementadas en las últimas décadas oficializando exenciones fiscales al gran capital. Hacia finales del 2017 la propia DIAN reconoció que el monto de estas exenciones ascendía a $60 billones año. La ley de Financiamiento aprobada en diciembre pasado estableció exenciones adicionales (eliminación del IVA a los bienes de capital, reducción del impuesto a la renta y supresión de la. renta presuntiva) las cuales ascienden a $9 billones. El PND no es ajeno a esa tradición; en el aparte pertinente anuncia una nueva reforma tributaria justificada en los argumentos convencionales, “Para garantizar la sostenibilidad fiscal de mediano plazo e impulsar el crecimiento económico, el Gobierno promoverá una nueva reforma tributaria para reducir la carga impositiva de las empresas so pretexto de incentivar la inversión, el empleo y la competitividad empresarial, a través de una estructura tributaria más simple y amigable con la inversión…”
El PND propone igualmente completar recursos fiscales mediante “procesos de enajenación y democratización de la participación accionaria de la Nación», lo que significa una nueva fase de privatizaciones que ya comenzó a implementarse con el anuncio de la venta parcial de acciones de ECOPETROL.
b. Un diagnóstico falso para justificar el extractivismo:
Una de las expresiones de la crisis de capitalismo periférico es en el déficit recurrente en el sector externo. A causa de la caída de los precios internacionales en el renglón de los hidrocarburos durante los últimos años el déficit en cuenta corriente del país llegará a finales de este año a 4 puntos del PIB, un déficit que presenta dificultades de financiamiento en el largo plazo. El PND al reconocer esta realidad apuesta por un incremento de las entradas netas de inversión extranjera directa, las cuales, «oscilarían entre US$ 10.500 y US 13.000 millones…», para compensar este déficit. El sector de hidrocarburos y minería sería el de mayor participación, lo que explica el interés gubernamental por implementar la explotación no convencional de petróleo y por desconocer las consultas previas y las consultas populares en los territorios.
Pero esta apuesta parte de supuestos falsos. La Inversión directa y la neta cayeron 14,1% y 16,5% respectivamente durante el 2018. Los egresos por renta de factores (remisión de utilidades y ganancias de portafolio) son significativos (USD$2.756 millones en el 2018). Llama la atención el desplome que en el año pasado experimentaron las inversiones de portafolio las cuales cayeron en un 53.4%, confirmando la volatilidad que existe en la región y la tendencia hacia la fuga de capitales. Esto es lo que explica el por qué el directorio ejecutivo del FMI prolongó desde mediados del año pasado y por un monto de USD$ 11.400 millones la línea de crédito flexible que mantiene con el país y el por qué el Banco de la República ha abierto subastas para comprar divisas.
Tampoco estamos presenciando un escenario favorable a las exportaciones. La contracción del comercio internacional es indiscutible. El precio internacional del petróleo sigue consultando la reducción de las importaciones norteamericanas y el desinfle de una burbuja especulativa en los mercados de capitales. Es difícil que mantenga el promedio de USD$70 barril que plantea el PND. Dado que los pronósticos sobre IED y sobre exportaciones no van a cumplirse el resultado será el de aumento del endeudamiento general del país para compensar el déficit externo con nefastas consecuencias.
Para quienes redactaron el PND el escenario que imaginan posibilitará un aumento del ahorro interno incentivado por “el acceso a productos financieros mediante las tecnologías de la información” y un crecimiento de la inversión, la cual correrá mayoritariamente a cargo de la inversión privada. Ello por cuanto el PND incluye otra línea transversal de carácter ideológico, conforme a la cual, el Estado no debe obstaculizar el desarrollo virtuoso del mercado.
Publicado el 9 de junio de 2019.
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Daniel Libreros Caicedo | Docente de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y Director del Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional de Colombia | dlibrerosc@unal.edu.co
Diego Fernando Carrero Barón|Catedrático ESAP – Universidad Externado de Colombia. Investigador Centro de Pensamiento de Política Fiscal Universidad Nacional de Colombia | dfcarrerob@unal.edu.co
** Artículo extraido de la cartilla PND: Pacto contra el Estado Social de Derecho
