Poder destituyente

El pasado 3 de junio Sara Tufano escribía una columna en El Tiempo titulada Andar Constituyente, en la cual explicaba las razones por la cuales considera que una constituyente no parece una idea descabellada para el contexto actual que vive el país, le he leído con atención y me parece un debate muy importante, sin embargo, me aparto de su argumentación, aunque tengamos algunas coincidencias. Aquí explicaré por qué.

Si bien el Frente Nacional llegó a su fin el 7 de agosto de 1974, en el momento en que termina el mandato del político conservador Misael Pastrana Borrero, el régimen instaurado por está figura ha perdurado en el tiempo. Este sistema de Frente Nacional aseguró el monopolio del poder para los dos partidos tradicionales mediante la alternación en la presidencia de la República, y un sistema compartido en las tres ramas del poder público, en la práctica se prolongó hasta 1986, cuando la administración Barco promovió el esquema Gobierno-Oposición.

Justamente la elección del último presidente del Frente Nacional se dio en medio de acusaciones de fraude electoral que se le hicieron desde la ANAPO (Alianza Nacional Popular) tras la derrota de Rojas Pinilla, de hecho, esas elecciones marcan el surgimiento de un grupo armado para intentar tomar el poder por las armas: el M-19-(Movimiento 19 de abril), haciendo referencia al día en que se robaron las elecciones, el EME se sumaría a otras guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el Ejército Popular de Liberación (Epl), quienes lucharon en aquel periodo en contra de una democracia cerrada y bipartidista, en contra de lo que llamaron democracia restringida.

Sin embargo, en términos del régimen político instaurado, la constitución política de 1991 sella el fin del Frente Nacional, así que coincidimos con Sara en que la constitución del 91 introdujo importantes avances y transformaciones democráticas sin que eso la haga una constitución perfecta, pero no coincido en reducir esos avances a una modificación menor. La constitución del 1991 garantizó derechos, al menos en el papel, a las mujeres, a las comunidades indígenas y afrocolombianas, introduce importantes figuras de participación ciudadana y herramientas para la exigencia de derechos como la tutela, y otras figuras que quedaron en letra muerta como, por ejemplo, el estatuto de oposición. Precisamente esta última es muestra del tratamiento que por décadas se le ha dado a la constitución, el estatuto de oposición consagrado en el Art. 112 tuvo que esperar 27 años hasta hacerse realidad.

Así que, desde mi punto de vista, no se trata de “lugares comunes”, se trata de la realidad política de nuestro país. Por una parte, una constitución sin desarrollar plenamente y por otra, una carta magna despedazada con más de 50 reformas constituciones, buena parte de ellas efectuadas durante los gobiernos Uribistas. No se trata entonces de defender la “perfección” de la constitución de 1991, se trata de defender el último gran pacto social alcanzado. Comparto con Sara también que la constituyente fue usada como “imán” para que grupos guerrilleros entregaran las armas, mientras empujaba a las que no lo hicieron a un escenario de guerra total, como ocurrió el 9 de noviembre de 1990, cuando, tal como lo recuerda Sara Tufano, César Gaviria ordenaba el bombardeo a Casa Verde. Fueron décadas de confrontación hasta llegar a un acuerdo con las Farc.

Así que hoy el escenario es otro, tenemos un acuerdo de Paz que se debe implementar, tenemos una constitución con muchos aspectos por desarrollar y otros tantos por recuperar, pero el debate fundamental no es sobre la letra del actual contrato social, nuestro debate es sobre la correlación de fuerzas para un nuevo pacto, allí es donde tengo diferencias fundamentales con la argumentación de Sara Tufano, al contrario de lo que plantea sobre una “vuelta al redil” cuando se habla de “volver” a la constitución de 1991, algunos consideramos que no es el momento de una Asamblea Constituyente, no porque pretendamos defender el régimen político que cómodamente le ha servido al establecimiento, sino por la responsabilidad que nos asiste de avanzar y no ceder en las conquistas sociales de la constitución vigente.

Así que aquí la cuestión no es de derrotas o victorias simbólicas, hablamos de avances o retrocesos en el marco democrático, por ello, si bien coincidimos en que el momento que vive el país puede ser leído como un proceso constituyente, me atrevería a decir que nos encontramos apenas en una fase inicial de ese proceso, en una fase DESTITUYENTE, en la caída del modelo político que por más de dos décadas ha encarnado el Uribismo, en la caída de las estatuas de los conquistadores, en la caída de una forma de hacer política usando la violencia, la guerra y sobre todo el miedo. Este Paro Nacional más allá de tumbar la Reforma Tributaria, un ministro, la canciller, el Comisionado de Paz y otras importantes ganancias, representa la derrota política y cultural al Uribismo.

El enorme reto que tenemos para el futuro inmediato es lograr consolidar un poder instituyente, ganar en las urnas y a través de un pacto sobre lo fundamental, de un pacto histórico, recuperar las instituciones y la democracia, transformar el régimen político mafioso que ha privado a la juventud y al pueblo colombiano de derechos, para luego sí desatar todo el poder constituyente.

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