La reforma tributaria propuesta por el gobierno Petro es tan moderada que tuvo el visto bueno de organizaciones internacionales tan problemáticas como el FMI (Fondo Monetario Internacional) y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), mientras la ANDI (La Asociación Nacional de Industriales) sigue estando en contra, pese a que, por ejemplo, el impuesto que se le iba a cobrar a un sector económico como el de las bebidas azucaradas (las gaseosas), viene disminuyendo cada vez más y más.
La progresividad es «la capacidad de un tributo para lograr como fruto de su aplicación una redistribución del ingreso que promueva la equidad», según una definición de la DIAN.
Recordemos que el principio de esta reforma, a diferencia de las anteriores promovidas por sectores de derecha y extrema derecha —y que tenían el visto bueno de la ANDI—, es la progresividad, que consiste en «la capacidad de un tributo para lograr como fruto de su aplicación una redistribución del ingreso que promueva la equidad», según una definición de la DIAN. Esto en la práctica se traduce en que quienes tienen más riqueza paguen más, y quienes tienen menos, paguen menos al Estado. Así, el impulso de la economía viene dado por la ampliación de la capacidad de consumo de la ciudadanía de a pie, junto a medidas que vienen a respaldar a la micro, pequeña y mediana empresa, y no por el apoyo estatal a la gran empresa, como era ya tradición en Colombia, por cuanto ésta no estaba incrementando los puestos de trabajo, como supuestamente sucedería.
«se trata de una propuesta a la manera del progresismo actual; una propuesta que respeta los marcos institucionales del capitalismo periférico y que al mismo tiempo intenta reformas parciales para responder a la presión social. Abre pequeñas fisuras en el andamiaje sistémico y debates públicos importantes en la actual coyuntura, pero se queda a mitad de camino porque no puede romper con los ‘acuerdos por arriba’ que le garantizan gobernabilidad»: Daniel Libreros.
De igual modo el alcance de la propuesta de reforma es parcial, como lo puso de manifiesto el profesor Daniel Libreros en un artículo reciente, ya que «En el caso de las personas naturales, el impuesto al patrimonio queda establecido en un porcentaje del 0.5 % a partir de los 3.000 millones y del 1 % a partir de los 5.000 millones. Debe decirse que, si bien es positivo recuperar este impuesto con carácter permanente, la cifra presentada es igualmente corta ante los altos niveles de concentración de la riqueza que existen en el país. En el caso de las personas jurídicas no se incluyó el impuesto al patrimonio lo que desdibuja una tributación que apunte a cuestionar la concentración del ingreso», excluyendo así, por ejemplo, a los bancos, uno de los sectores beneficiados por la pandemia.
En suma, cabe citar la conclusión del mismo autor sobre lo que supone esta reforma: «se trata de una propuesta a la manera del progresismo actual; una propuesta que respeta los marcos institucionales del capitalismo periférico y que al mismo tiempo intenta reformas parciales para responder a la presión social. Abre pequeñas fisuras en el andamiaje sistémico y debates públicos importantes en la actual coyuntura, pero se queda a mitad de camino porque no puede romper con los ‘acuerdos por arriba’ que le garantizan gobernabilidad».
Dicho eso, teniendo en cuenta la posición de la ANDI, queda abierta la pregunta hecha por Edson Velandia y Adriana Lizcano ¿Qué será que los ricos quieren todo regalao?
Revista Hekatombe, oveja negra de la prensa nacional.
