Que la firma por la paz no sea una sentencia de muerte

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“Asesinan al primer miembro de las FARC”, es el titular con que revista Semana informó el pasado 19 de abril acerca del asesinato de Luis Alberto Cabezas, joven guerrillero de las FARC quien hacía apenas 15 días había sido indultado y dejado en libertad de la cárcel Vista Hermosa en Cali.

El titular de semana es casi premonitorio, anuncia el “primer” asesinato a miembros de las FARC tras la supuesta implementación de los acuerdos en La Habana. Prácticamente anuncia la llegada de una oleada de asesinatos a guerrilleros que serán víctimas de la completa falta de garantías de seguridad acordadas con el gobierno.

Según comunicado emitido por las FARC, el asesinato de Luis Alberto fue perpetrado por Alias “Renol”, perteneciente a uno de los grupos paramilitares asentados en la zona, los mismos grupos paramilitares de los que hasta ahora el gobierno se ha encargado de negar su existencia. Al hacerles invisibles o inexistentes, el gobierno les dota de una especie de inmunidad, si no hay presencia paramilitar en Tumaco por ejemplo, entonces no hay un enemigo al cuál atacar y por lo tanto no hay problema por resolver.

«No solo en Tumaco, en Colombia no hay paramilitarismo. Decir que lo hay significaría otorgarle reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común y organizada» expresó tras las denuncias de los habitantes del Tumaco a principios de este año respecto a presencia paramilitar, el Ministro de defensa Luis Carlos Villegas. Mientras él asegura su inexistencia, los residentes les sienten más que presentes tras la salida de las FARC, las denuncias hechas al gobierno expresan la presencia de aproximadamente 150 paramilitares entre ellos del grupo Los Urabeños.

Se hace por lo tanto necesario evidenciar dos problemáticas que los noticieros y grandes medios en Colombia se han dedicado a ocultar tras el telón llamado “Venezuela”.
Por un lado la constante necesidad del gobierno por esconder bajo la alfombra las grandes problemáticas nacionales, como si el no hablar de ellas, asegurar su inexistencia o simplemente cambiar de nombre les eliminara de la lista de problemas a tratar. Ya lo hizo el ex presidente Uribe al asegurar que en Colombia no había conflicto interno o desplazamiento, sino “migración interna”, ahora es el ministro de defensa quien asegura que no existe paramilitarismo en Colombia, que son solo bandas delincuenciales casi inofensivas.

Por otro lado, la negación de la presencia paramilitar solo se hace más absurda con cada líder y lideresa social o defensor de DDHH asesinado. Según el Informe Especial de Riesgo: “Violencia y amenazas contra los líderes sociales y los defensores de derechos Humanos” presentado por la Defensoría del pueblo de Colombia, desde 1 de enero de 2016 hasta el 01 de marzo de éste año, se han presentado 156 homicidios, 5 desapariciones forzadas y 33 casos de atentados.

Cabe entonces preguntarse qué tan interesado está el gobierno colombiano en velar por el cumplimiento de los acuerdos pactados en La Habana, con una comisión de Garantías que no se reúne hace ya un mes, con el desconocimiento de un actor del conflicto que sigue cobrando fuerza en las regiones como lo es el paramilitarismo, con la ausencia de garantías para los guerrilleros que decidieron comprometerse con la paz, y con la completa y total falta de atención a los asesinatos de líderes sociales. No nos quedemos entonces de brazos cruzados como simples espectadores o incluso como victimas mientras se repiten los casos de genocidio contra la UP o el M19, que ya no se asesinen a más de los que pidieron la palabra, que la última palabra no sea la pronunciada por quienes prefieren y son cómplices del silencio.

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Nicole Pinzón. Integrante de la Revista Hekatombe.
Maestra en artes plásticas de la ASAB, fotógrafa, estudiante de la maestría en historia y teoría del arte, la arquitectura y la ciudad de la Universidad Nacional. Amante de la pedagogía y los derechos humanos.

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