31 de mayo de 2021. Colombia. La noche del 28 de mayo, el presidente Duque anunció el máximo despliegue de asistencia militar a la policía en Cali y los demás municipios del Valle del Cauca.
Pocos minutos después fue conocido el decreto 575 de 2021, que imparte la misma medida para Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda; y los municipios, Pasto, Ipiales, Popayán, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva; lo que supondría una violación de la autonomía local y un desplazamiento por un poder hiper presidencialista que pone énfasis en el trato policivo-militar de la protesta social.
Para el abogado David Flórez, el decreto:
- Es un golpe de estado a la autonomía departamental y municipal, al supeditar el poder civil a las Fuerzas Militares, habilitando una suerte de normalización de la violación de derechos humanos;
- Un llamado a acciones arbitrarias por parte de la Fiscalía y la Procuraduría, que al no haber demostrado la independencia necesaria de la Presidencia, pueden encaminar su accionar en la persecución jurídica de la ciudadanía movilizada;
- Busca menguar el control civil del abuso de poder de la Fuerza Pública;
- Termina legitimando las prácticas sistemáticas de represión para tratar la protesta social, que han incluido asesinato, torturas y ejercicios paramilitarizados.
Los bloqueos como un crimen
Para justificar la medida, el gobierno criminalizó el repertorio de protesta de los cortes de vía temporales en los que hay corredores humanitarios para el paso de medicinas y bienes fundamentales. Cabe tener en cuenta:
Primero, que la interrupción temporal de vías no es un “delito” en sí mismo según la Sentencia C-742 del 2012 de la Corte Constitucional, sino sólo cuando afecta el orden público por “medios ilícitos”. Esta última expresión no es precisada por la corte pero algunos ejemplos podrían ser disparar para impedir el paso, o robando y quemando automóviles para hacer bloqueos permanentes, algo que no ha sucedido hasta el momento.
Segundo, que por muchos años, la movilización, la asociación y la reunión de personas, la sindicalización o la huelga no eran considerados derechos sino delitos, por lo que la historia pone en evidencia que los repertorios de la protesta social y las dinámicas sociales van a un paso distinto al del establecimiento de los marcos legales del Estado.
¿Qué implica un corte de vía?
Ha sido un recurso histórico para alterar la dinámica económica de una ciudad, una región o un país, semejante al uso de la huelga en el siglo XX: los cortes afectan la circulación de mercancías y la movilidad mientras que la huelga afecta la producción.
En términos políticos y sociológicos, la idea de este procedimiento —según los autores e intelectuales que lo han estudiado— es hacer de la presión económica un mecanismo de peso para conseguir negociaciones o cambios en condiciones de desigualdad, ante el poder del Estado que cuenta con los aparatos policial, militar y judicial, y la influencia en el poder mediático de las grandes empresas de la comunicación que mantienen puertas giratorias con el Poder político y económico.
Elementos de contexto
1.En Cali hay múltiples casos de motos y camionetas de alto cilindraje desde las que abren fuego contra la ciudadanía movilizada.
Según denuncia la ciudadanía, organizaciones de derechos humanos, la minga indígena y recientemente el senador Iván Cepeda, estos civiles armados estarían actuando con la omisión de la Fuerza Pública, e incluso, escoltados por la Fuerza Pública. José Vivanco de HRW alertó sobre esta práctica. En un medio corporativo de comunicación afirmó:
«Hay antecedentes creíbles que muestran la participación conjunta de policías con civiles con armas que participan en operaciones en la represión en las calles, eso no puedo ocurrir y constituye abusos por parte de esos civiles, no se sabe si son policías de civil, sicarios o gente que actúa con la protección policial».
2. En Pereira desde motos han abierto fuego contra la ciudadanía movilizada. Por esta práctica cayó asesinado el estudiante y manifestante Lucas Villa.
3. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denuncia que algunos manifestantes desaparecidos aparecen sin vida en el río Cauca.
4. Mayorías en el senado (de la coalición de gobierno) votaron en contra de la moción de censura del ministro de defensa Diego Molano. La moción de censura propuesta por senadores de la oposición, buscaba separar de su cargo al alto funcionario por considerarlo el responsable político de la violencia institucional sistemática contra la protesta social.
5. Cumplido un mes de las protestas, La Campaña Defender La Libertad denuncia: «59 homicidios, de los que 32 fueron cometidos presuntamente por el accionar de la fuerza pública, los demás fueron realizados por «civiles» sin identificar en el marco de la protesta social pacífica o no se tiene información clara sobre ello».
Y en el reporte actualizado del 2 de junio, la cifra aumentó: «76 homicidios, de los que 34 fueron cometidos presuntamente por el accionar de la fuerza pública, los demás fueron realizados por ‘civiles’ sin identificar en el marco de la protesta social pacífica o no se tiene información clara sobre ello».
Junio es resistencia
El domingo 30 de mayo, el pueblo misak estuvo en la Plaza Misak, antigua plazoleta del Rosario, en un acto cultural y de resistencia. Cabe recordar que el 7 de mayo, el pueblo Misak tumbó de allí la estatua del conquistador y despojador de tierra Gonzalo Jiménez de Quesada.
En el acto de resistencia hablamos con el Tata Pedro Velasco, gobernador del territorio ancestral de Guambía y vocero político del Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente, y esto nos dijo:
