Claves sobre el Paro Nacional Colombia: estallido social contra el No Futuro

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Compartimos a continuación algunas claves agrupadas y sintetizadas que hemos identificado en Revista Hekatombe a lo largo del cubrimiento del Paro Nacional.

Cabe insistir en el carácter dinámico de la protesta y en la falta de certeza sobre los escenarios finales.

– Ya no es solo un Paro Nacional canalizado por uno o algunos sectores, es un estallido social contra el no futuro.

– Protagonistas: clases medias empobrecidas, sectores populares, indígenas, afro y campesinos, que ocupan la mayor parte de la población en Colombia. La fuerza de la protesta reside en jóvenes informales, del barrio, que se rebuscan, jóvenes que llevan meses o años tratando de conseguir trabajo, personas con trabajos precarizados, estudiantes bachilleres y universitarios, y la minga indígena.

Un protagonista fundamental en términos relacionales y territoriales ha sido el tejido comunitario empoderado de los barrios populares, constituyéndose como el escenario fundamental de la resistencia adelantada por la ciudadanía movilizada.

– La gota que rebosó la copa: una reforma tributaria que buscaba poner sobre los hombros de la clase media empobrecida y de sectores populares, el peso del déficit fiscal y de una crisis económica desencadenada por la política económica, tanto del actual gobierno, como de los gobiernos desde 1974, y de forma aguda desde 1991, que han venido implementando lo que se conoce como “modelo económico neoliberal” que apunta a la privatización de derechos y al gasto militar antes que a la inversión social. Cabe decir que por la presión ciudadana, la reforma fue retirada. 

-También fueron acumulando indignación ciudadana: el incumplimiento de propuestas de campaña del actual gobierno, las políticas de ajuste económico, los beneficios tributarios a bancos y grandes propietarios, o la continuidad del excesivo gasto militar; un conjunto de medidas que desconocían, a veces de forma cínica, el costo de vida de la ciudadanía de a pie;  o las disposiciones para el confinamiento por la pandemia que tuvieron como único alivio algunos subsidios bajos e hiperfocalizados, que no representaban un respaldo estatal real, mientras se impedía o afectaba la economía informal que es el sostén de gran parte de la población.

– El contexto inmediato: según cifras del Dane, al finalizar el 2020 Colombia tenía más de 21 millones de habitantes en condiciones de pobreza (42,5%) y 7,5 millones en pobreza absoluta (15,1%), 49% de informalidad, 15,9% de desempleo; la disminución de la clase media en 2,17 millones de personas. Además, la quiebra de micro y pequeñas empresas que son fuente de empleo para habitantes de barrios populares. Mientras tanto, el sector financiero recibe 12,1 billones en utilidades, siendo un caso paradigmático el del Grupo Aval, que ganó 2.34 billones en 2020. 

– El contexto general: asesinato de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz; 6402 jóvenes pobres y campesinos asesinados por el ejército, a los que hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate, durante el gobierno de Álvaro Uribe; cumplimiento excesivamente parcial de un acuerdo de paz cuya implementación total implicaba medidas de democratización política, social, cultural y económica; aguda desigualdad social; configuración histórica de un Estado marcado por una maquinaria de clientela política administrada por la élite nacional y élites regionales, corrupción institucional y racismo estructural; un conflicto armado que reproduce el patriarcado, con altas cifras de victimización, en el que se ha facilitado el despojo de tierra a la población campesina —el 1% de las fincas de mayor tamaño [haciendas] tienen en su poder el 81% de la tierra colombiana— (cifras de Oxfam); un sistema político excluyente que beneficia a grupos de poder tradicionales; el enfoque conservador de “guerra contra las drogas” que se ha mostrado ineficaz, mientras se descartan salidas democráticas y progresistas; la política minero-energética que beneficia a grandes empresas y afecta los territorios rurales y a sus comunidades campesinas, indígenas y afro; el déficit en la educación pública superior, cuya falta de financiación impacta sobre el límite de acceso para millones de personas. Entre otros elementos. 

– La movilización adquirió un carácter impugnatorio frente a la configuración del orden estatal y al gobierno uribista del Centro Democrático. Hay un desborde de demandas sociales no canalizadas por el Comité de Paro —que representa fundamentalmente a las tres centrales sindicales tradicionales. Cabe decir que según la Escuela Nacional Sindical –ENS–, la tasa de sindicalización en el país es de 4,6 %, lo que significa que la mayor parte de la ciudadanía movilizada no está sindicalizada—. Frente a la baja representatividad, otros sectores movilizados han llamado a la ampliación del Comité por medio de asambleas ciudadanas que democraticen tanto ese escenario, con propuestas y vocerías, como la dinámica política misma del país. 

Hay un punto de encuentro en la ciudadanía: la condena a la brutalidad policial y las consignas “Duque Chao” y “Uribe, paraco, el pueblo está berraco”.

– Los escenarios posibles aún no son claros. Analistas y organizaciones sociales advierten cinco, sin que exista certeza sobre ninguno: 

  1. Que el gobierno desmilitarice y acepte el pliego de exigencias del comité de paro que incluye medidas como la renta básica o el subsidio a micro y pequeñas empresas, PERO:

primero, el gobierno no ha mostrado intenciones de negociar sino de insistir con la vía policial; y segundo, para la ciudadanía movilizada, las propuestas e intervenciones del gobierno tienen poca o nula credibilidad. Un descrédito al que se suma la indignación por las agresiones a la ciudadanía movilizada entre las que se cuentan muertes, violencia sexual y desapariciones. 

  1. La izquierda electoral y los sectores alternativos apegados a la dinámica institucional, esperan que la ciudadanía reserve su indignación y ánimo de cambio inmediato hasta las elecciones del 2022 para evitar la represión.
  2. Teniendo en cuenta lo sucedido en situaciones similares vividas por otros países, la protesta tendría que conducir a una adaptación del bloque institucional que permita la revocatoria del presidente y su gabinete para la convocatoria de elecciones anticipadas, por medio de la demanda social de un acto legislativo o de un referendo popular. En este escenario, sería el nuevo gobierno electo el que tendría que poner en marcha las reformas que atiendan a la configuración de una institucionalidad más democrática en los planos, económico, político, social y cultural. Otros consideran que el gobierno tendría que pasar temporalmente a la oposición si este no acepta de forma abierta las demandas ciudadanas, mientras se convocan elecciones. 

    4. Sectores proponen la generalización de asambleas ciudadanas que fuercen la ampliación de las restricciones y limitaciones presentes tanto en el actual bloque institucional, como en la baja representación del comité de paro. 

    5. Debido a la falta de una articulación encausada por una consigna común con efectos políticos concretos, en medio de las consignas y exigencias territoriales y sectoriales y la baja representatividad del Comité de Paro, puede que con el aumento de la represión estatal se conduzca a un desgaste de la movilización social, aunque con un fortalecimiento de la cultura democrática en la sociedad.

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