El informe de la ONU desnuda la mediocre estrategia de simulación del gobierno Duque

Los recientes resultados de la encuesta Gallup Poll revelaron que Iván Duque ha superado su propio indicador de desaprobación al pasar del 70% registrado en diciembre de 2019 al 71% registrado en febrero de 2020. Una señal más de que el uribismo no se recupera del descalabro sufrido en las elecciones regionales del 27 de octubre de 2019. El pasado viernes 28 de febrero, desconozco si como parte de la «nueva» estrategia de su consejero de comunicaciones Hassan Nassar o si como un señuelo arrojado por el propio DANE, Duque destacó sin tapujos, basado en cifras del DANE, que el desempleo en las «13 ciudades principales» había disminuido ligeramente, cuando la noticia general era que había aumentado a nivel nacional al pasar del 12.8% al 13%, la más alta desde enero de 2011, cuando era del 13.6%. Ahora hay en Colombia alrededor de 3.21 millones de desempleados, pero a Duque le pareció conveniente presentar engañosamente otra cifra, en una muestra más de su desconexión con la realidad socioeconómica del país.

Podríamos llamar a este gobierno, siguiendo la terminología usada por el analista Jairo Estrada, como el gobierno de la simulación: un intento estratégico aparente de equilibrar e incluir en el sistema político a actores de poder opositores pero que esconde una práctica real y soterrada de contención y saboteo de la implementación de los Acuerdos de La Habana y, principalmente, de la manifestación política de nuevas fuerzas sociales, visibles con más fuerza luego de los hechos del 21-N como uno de los tantos efectos sociopolíticos de los Acuerdos de Paz dentro de un trasfondo de luchas históricas como las del paro de 1977.

En el juego de simular una mayor complejización del sistema político colombiano está el que Duque haya abierto una fallida «Gran Conversación Nacional», aunque conversar no es dialogar; el que, de momento, haya contenido la presentación de las reformas pensional y laboral y hecho aumentos al salario mínimo, si bien el contenido neoliberal de estas reformas camufladas se siga manteniendo como horizonte programático; el que diga que la protesta social es un derecho legítimo, pero defienda al Esmad pese a atropellos como el homicidio —o posible asesinato, como aventura la ONU— del estudiante Dilan Cruz; el que diga que hay avances en la implementación, pero se objete la ley estatutaria de la JEP o se reduzca el contenido de los acuerdos de La Habana a la ampulosa idea de «paz con legalidad». Es el gatopardismo del uribismo 2.0: todo cambia para que todo siga igual.

Este ejercicio de simulación no ha gustado ni a los sectores que buscan reformas políticas «profundas» —el Comité Nacional del Paro ya ha convocado una nueva jornada de movilizaciones para el 25 de marzo para reclamar instancias de negociación— ni a los uribistas más radicales del Centro Democrático, quienes, como Fernando Londoño, han visto con desprecio cómo Duque intentaba dar un tratamiento político-democrático —y no meramente político-militar— a la protesta del 21-N. Duque debería dedicarse a «gobernar» para proteger los derechos de los ciudadanos que ganaron las elecciones y no a «conversar» con la oposición, dijo Londoño, quien compró irregularmente acciones de Invercolsa, que pertenecían a Ecopetrol.

En medio de una crisis de legitimidad del gobierno central que ha afectado la legitimidad del mismo Álvaro Uribe, el Centro Democrático pasó de la férrea disciplina opositora en torno a la figura del caudillo Uribe y su agenda contra el proceso de paz con las FARC, a la fragmentación interna como partido de gobierno, al punto que representantes de su ala más radical como Cabal, Zuluaga o el propio Londoño han anunciado la creación de un nuevo partido: «Vox Colombia», en clara alusión al partido aliado español de corte franquista: «Vox».

El momento en que surge la idea de «Vox Colombia» —el cierre de una primera fase de la coyuntura abierta del 21-N y el preparamiento de una segunda fase— como expresión de una de las tantas tendencias del proceso político no es coincidencia: el autoritarismo fascista, dictatorial o bonapartista en cuanto regímenes del capitalismo de excepción —Borón— ha surgido como reacción contra los procesos de cambio sistémicos alternativos o antisistémicos —como se ha expuesto en este medio, esta reacción ya la ha vivido Colombia, por ejemplo, con el paro nacional de 1977 y Julio César Turbay y su «Estatuto de Seguridad», o con el exterminio sistemático de los militantes de la Unión Patriótica—. Es probable, entonces, que el migrante venezolano, tan explotado políticamente por el Centro Democrático, sea ahora construido abiertamente como otro enemigo público interno —al lado del «vándalo» y el «terrorista»—, todo con tal de desviar la atención sobre los problemas estructurales del actual régimen de acumulación neoliberal globalizado y del sistema-mundo moderno en general, los cuales sólo merecen ser atendidos mediante variados matices de doctrinas de seguridad nacional y sin el cariz de la «peligrosa» simulación.

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Y es que esa misma «excepcionalidad», ante la cual la simulación y las maromas reformistas son funcionales e impotentes, es la que ha revelado el informe de derechos humanos de la ONU, una entidad multilateral del sistema internacional que no es en absoluto antisistémica: en 2019 documentó la realización de «36 masacres que implicaron la muerte de 133 personas, la cifra más alta registrada por esta oficina desde 2014». 108 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2019, lo que implicó un aumento del 50% de asesinatos con respecto al 2018. Los asesinatos a indígenas también aumentaron —52% respecto a 2018—, así como la violencia sexual y por razones de género.

El Informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también denunció atropellos del Esmad contra manifestantes y la violación de protocolos de uso de la «fuerza», los cuales produjeron lesiones a «por lo menos 36 manifestantes» y diversas detenciones arbitrarias; así, sostiene en su resumen que «durante las protestas, algunos oficiales de policía presuntamente perpetraron actos contra los manifestantes que podrían llegar a constituir malos tratos y  tortura, tales como desnudez forzada, amenazas de muerte con matices racistas y repetidas golpizas».

El informe además registró el clima de represión que se avecinaba contra el proceso político del 21-N cuando la fuerza «legítima» allanó las instalaciones de medios como la Revista Cartel Urbano: «Cuarenta y ocho horas antes de la primera protesta, se reportó que la policía judicial efectuó al menos 36 allanamientos contra medios de comunicación alternativos, asociaciones de artistas, organizaciones no gubernamentales y residencias de estudiantes en Bogotá, Cali y Medellín».

Las recomendaciones del informe sobre la reestructuración del Esmad, ante el tratamiento político-militar de la protesta social, así sea «pacífica», fueron rechazadas por el gobierno Duque como intromisiones a la «soberanía nacional». Duque tenía que sacar la carta de la simulación para legitimarse, desprestigiar y mitigar el impacto político de las denuncias: de ese modo, según él, el informe ignora su trabajo en materia de reincorporación guerrillera —aun cuando a la fecha 190 excombatientes han sido asesinados o existan disidencias de FARC— y los presuntos avances en materia de implementación de castrados Planes de Desarrollo Territorial —PDET—, los cuales no cuentan con dotaciones de tierra, una condición necesaria para la Reforma Rural Integral. Eso pese a que al inicio del informe la institución de la ONU destacara parcialmente el éxito de la simulación: «El ACNUDH reconoce los esfuerzos realizados por el Gobierno de Colombia y las FARC-EP para avanzar en el proceso de reintegración de los excombatientes de las FARC-EP. Según el último informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, el número de antiguos miembros de las FARC-EP inscritos en actividades de formación profesional pasó de 2461 en enero a 5059 en octubre».

Duque sacó la carta de la simulación, y sin embargo, no pudo simular más: las recomendaciones de tímidas reformas al Esmad —como que se revise que sus protocolos de uso de la fuerza se ajusten al derecho internacional— o a las fuerzas de policía —que sean supervisadas por el Ministerio del Interior— o la aceleración en la implementación de la Reforma Rural Integral, le parecieron al gobierno que vulneraban la soberanía o extralimitaban las funciones de la institución de la ONU. Pero esta discusión no es tan importante como el hecho de que Duque haya marcado un límite a su programa «reformista», con lo que parece confirmar que ni el actual funcionamiento del Esmad ni la actual política de simulación de la implementación están en discusión.

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¿Cómo enfrentar la simulación del uribismo 2.0, la cual derrotó la tendencia estatal-electoral de reformas sistémicas alternativas liderada por Gustavo Petro, político que ha sufrido en los últimos días una serie de intimidaciones violentas en su contra? No hay recetas. Este tipo de uribismo de «centroderecha», con oposición hasta dentro de su propio partido, es asimismo otro de los tantos efectos sociopolíticos de los Acuerdos, los cuales el uribismo no pudo volver trizas directamente, por el contrario, la simulación los mutiló, al tiempo que vendió democracia y reconocimiento político del variado espectro de «la oposición» para contener su fuerza viva. La violencia estatal, incluso por encima de sus propios protocolos, también fue protagonista de esa simulación reactiva, confirmando el habitual cierre de la complejización del restringido sistema político colombiano, subordinado estratégicamente a los Estados Unidos y, paulatinamente, a los capitales chinos.

A la par ocurre la violencia de grupos armados, especialmente en territorios otrora ocupados por las extintas FARC, tales como las Autodefensas Gaitanistas —Clan del Golfo—, el EPL, las disidencias de las FARC o el ELN, cuya permanente disputa por el control de rutas del narcotráfico y el ejercicio de la extrema violencia han contribuido funcionalmente a la legitimación del cierre político, una violencia que se ha volcado así contra las multitudes mismas del campo popular. En reconocimiento de esta situación de degradación y desgaste de la guerra facciones del ELN han pedido pista para un proceso de paz. Ya la misma comandancia central del ELN desde tiempos de Santos II había planteado la necesidad de la «solución política del conflicto» y, con ese fin, acordado la implantación de una mesa de negociación en Cuba en 2017. Pero la elección de Duque y la nueva correlación de fuerzas, hoy en declive, echaron el proceso al traste, al menos de modo provisional, pues hay que seguir simulando.

Sin embargo, la violencia de algunos sectores subalternizados, en cuanto expresiones antisistémicas dirigidas contra la violencia estructural del orden capitalista globalizado legitimada por el Estado, y diferente a la violencia «lumpenproletarizada» —expresada en robos o saqueos— de la que advertía marxistas como Rosa Luxemburgo en textos como La revolución rusa, esa violencia antisistémica, repito, no desaparece de las prácticas políticas, mucho menos cuando a través del Esmad y la hegemónica matriz mediática liberal le dan tratamiento político-militar.

En fin, desde el propio informe de la ONU se puede colegir, pues, que un gobierno de la simulación como el de Duque está aumentando las distintas manifestaciones de violencia política —especialmente reaccionaria— tanto en el mundo rural como en las ciudades. Las causas «estructurales» del conflicto social armado tales como la alta desigualdad en la tenencia de la tierra y la inflexibilidad de las instituciones político-estatales siguen ahí, sin tratarse de fondo, perdidas en el juego de la simulación.

Pero, como preguntase Fito Páez, ¿quién dijo que todo está perdido? En medio de tantas contradicciones, aun dentro de los propios sectores que hemos participado del movimiento del 21-N, hemos venido a ofrecer nuestros corazones en esta nueva fase de luchas políticas que se avecina contra el excluyente régimen de clases vigente. Simultáneamente, se espera afianzar de ese modo la tendencia de la decadencia de la hegemonía uribista y de toda la clase política tradicional —así vista de «alternativa»—. Democracia social y política ya. Basta de simulación.

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