Colombia, 28 de junio de 2017. El líder indígena Feliciano Valencia será liberado por orden de la Corte Suprema, tras ser sentenciado a 18 años de prisión por la falsa acusación de secuestro hecha por un militar que se había infiltrado a las protestas que emprendían las comunidades indígenas contra el Estado en el 2008. Estas protestas dejarían como saldo la muerte de tres indígenas presuntamente en manos de la fuerza pública.
Mientras estos asesinatos no tuvieron repercusiones judiciales, la acusación tuvo un ágil proceso que derivaría en dicha condena.
La acusación de secuestro hecha por el militar infiltrado en la minga indígena del Cauca, Jairo Chaparral, quien fue juzgado y retenido por las autoridades comunitarias propias, pasaba por encima del artículo 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos que establece: “Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado”, de la Constitución de 1991 que avala la jurisdicción y autonomía indígena en su artículo 246, entre otros.
El falló de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia señaló que «El carácter pluralista de la Constitución Política implica reconocer también un pluralismo jurídico para dar cabida al derecho consuetudinario de los pueblos indígenas» aceptando así, después de la privación de la libertad de Feliciano Valencia, la autonomía normativa de la jurisdicción indígena.
La liberación expresa más que una medida de justicia, la injusticia, el racismo y el clasismo –o elitismo- contenido en la lógica normativa ordinaria colombiana, tanto a nivel de aplicación institucional como a nivel educativo, en la medida en que los planes curriculares de los programas de derecho siguen conteniendo una concepción positivista y eurocéntrica de las manifestaciones del orden legal.
