El país atraviesa una coyuntura que prolonga “el péndulo de la guerra y la paz”, que marchita el sueño de acceder a la universidad pública de miles de jóvenes, el déficit y la desfinanciación creciente, arrebata el derecho a la educación pública como posibilidad de transformar indignidades y de creer en heteropías realizables.
Para confrontar tal afirmación, solo basta revisar el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2019 que asciende a la suma de $258,9 billones de pesos, y a simple vista se orienta a favorecer “el capital y la guerra” y no al Derecho a la Educación Pública Estatal como condición necesaria para la materialización de dignidad y la Paz. Sencillamente sin educación no hay transformación de injusticias, ni realización plena de otros derechos.
Al examinar la distribución del PGN para 2019, se identifica la asignación de $33,6 billones de pesos para el sector Defensa; más $170 mil millones de pesos de recursos adicionales de inversión para cubrir el déficit en gastos del Ministerio de Defensa, Policía Nacional y otras entidades; y otros $500 mil millones de pesos más para robustecer la capacidad operativa de las fuerzas militares.
Adicionalmente, el Congreso de los Estados Unidos aprobó en el mes de junio “ayudar” a Colombia con la suma de $391 millones de dólares para el 2019. Dineros que de seguro no serán para modificar la doctrina militar “amigo-enemigo” de las fuerzas militares, ni mucho menos contribuir a sus condiciones laborales y educativas.
De acuerdo a lo anterior, y en el marco de la coyuntura de la geopolítica mundial, parte del PGN atenderá el funcionamiento del Estado y el recurso de defensa se orientará a:
El fortalecimiento de la fuerzas militares para enfrentar la posible-inminente guerra transfronteriza de los Estados Unidos y el gobierno colombiano contra Venezuela, con la finalidad de incidir en el mercado mundial del precio del petróleo y controlar la entrega del crudo a China y Cuba, como parte de la Geopolítica mundial del control de los bienes ambientales, y así, también tensionar las relaciones de Rusia, China e Irán en el Oriente Medio. No se debe olvidar que Venezuela al igual que Colombia hacen parte de los ocho países más megadiversos del mundo.
La estrategia de los norteamericanos en su lucha contra el narcotráfico. Siendo las fronteras con Venezuela una de sus mayores amenazas. Sin desconocer el debate actual en los territorios por las decisiones de los estadounidenses y la complacencia del gobierno de turno respecto a las fumigaciones con glifosato.
El entrecruzamiento del control territorial de ejércitos “de las drogas” financiados por carteles mexicanos (o por el mejor postor), y que funcionan bajo “modus operandi” del paramilitarismo en zonas de frontera.
La confrontación armada contra los hombres y mujeres declarados en disidencia política que se (re)organizan en las regiones del país ante el incumplimiento de los Acuerdos de paz por parte del Estado.
La nueva ofensiva militar que se avecina, por parte del gobierno contra el Ejército de Liberación Nacional –ELN-, con la intención de minar los avances de diálogos de paz con el anterior gobierno nacional, y cerrar la participación de la sociedad en el proceso.
Ante estos posibles escenarios se imbrican las variables de disputa y control territorial, el “genocidio” de líderes y lideresas sociales y la política de estigmatización y judicialización de los y las defensoras de los derechos humanos, así como centenares de indignados que hacen uso legítimo del derecho a la protesta social (como lo son hoy los universitarios) ¿Cómo es posible construir un país para la paz, con presupuesto para la guerra y no la educación?
¿La educación, entonces dónde queda?, ¿Qué tiene que ver con el presupuesto de la guerra?
Queda en los anuncios mediáticos de ser el sector con más recursos del PGN y ser la prioridad del gobierno nacional por encima del sector defensa-Fuerzas Militares, pero la realidad del país muestra un panorama distinto, la guerra es la condición necesaria para generar plusvalor al capital.
Si la educación pública estatal fuera prioridad, por ejemplo no se tendrían $2 billones de pesos de déficit del programa “Ser Pilo Paga”, con tan solo con 40 mil estudiantes y tan solo tres años de su funcionamiento, y a pesar de ello, no se estaría hablando por parte del gobierno de seguir fortaleciendo la demanda a través del ICETEX, que opera como un banco que desembolsa a la universidades privadas “acreditadas”, creando y favoreciendo lo que será el nuevo monopolio del negocio de la educación.
¿Será que las universidades privadas donde estudian los sectores populares por vía de créditos, no entrarán en crisis presupuestal y seguirán existiendo?, ¿Qué pasará cuando solo queden las grandes universidades privadas con mayores costos de matrícula?, ¿Qué pasará con la clase media baja y endeudada de jóvenes, si aumenta la crisis de la universidades públicas, y si no hay crecimiento de cupos?, ¿Qué pasará con estos jóvenes que compiten entre ellos por cupos en las universidades públicas, que además desconocen en sus pruebas de admisión las diversidades socio-espaciales y económicas, y las brechas en los procesos formativos escolares?, ¿Qué pasará si no nos ponemos pilas con la defensa de la educación?
¿Cuál es el panorama presupuestal de la educación?
La financiación del sector educación no mejora, la asignación de recursos para el 2019 va ser de $38,78 billones pesos, recursos insuficientes y que no contemplan el pago de la deuda que tiene el Estado con las universidades estatales por el déficit histórico acumulado anunciado por el Sistema Universitario Estatal (SUE) de “… $3.2 billones de pesos en funcionamiento y $15 billones de pesos de inversión…”.
A este presupuesto le adicionan $2 billones de pesos en inversión, que atenderá los mandatos de la OCDE-Banco Mundial en el fortalecimiento de la educación básica y media en componentes como los Planes de Alimentación Escolar (PAE), operados por privados y en el desarrollo de infraestructura educativa, que no ha cambiado en la asignación de recursos en los últimos años. Recuerden que la orientación de la OCDE, “es que los jóvenes deben salir bien preparados de la educación básica para que sean ellos a través de su trabajo quienes resuelvan su acceso a la educación superior”.
En este sentido, los $2 billones de pesos también serán destinados a cubrir el subsidio a la demanda en la educación superior a través de los créditos del ICETEX y el Sistema de Financiación Contingente al Ingreso (FICI), que es sencillamente en el marco del “capital” (favorecer a los privados del negocio de la educación) y crear la nueva clase social de los “jóvenes endeudados”. Dinero que están en enclave con la denominada calidad de educación superior-sistema de aseguramiento de la calidad que seguirá favoreciendo el monopolio de las universidades acreditadas privadas en detrimento de las universidades estatales.
Lo más gravoso del asunto y que ha pasado silenciosamente en las discusiones sobre el presupuesto para las universidades estatales es lo contemplado en el Decreto 2236 de 2017, “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2018, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, en su artículo 127 se estableció que el ICETEX se puede endeudar por $290 mil millones de pesos para poder garantizar el pago de “… matrículas de los estudiantes que accedan a crédito educativo a través del ICETEX (…) Estos recursos, incluidos los costos asociados, serán devueltos por la Nación al durante el año 2019…”, significando con ello que son $290 mil millones menos que recibirán las universidades públicas y $290 mil millones más que recibieron las universidades privadas en lo corrido del 2018.
Todo lo anterior atiende a un modelo de (des)financiación que atiende:
1. La discrecionalidad política en la asignación presupuestal de los recursos para funcionamiento e inversión de las universidades públicas. Está depende de partidos, bancadas y empresarios. Qué mejor ejemplo, que la introducción del programa Ser Pilo Paga, que entre 2016 al 2018 por vía de la desviación de los recursos CREE destinados a las universidades públicas, Ser Pilo Paga se llevó llevado más de $1.5 billones de pesos (1.577.277.312.939), eso sin contar con los recursos destinados desde el año 2015 a los nuevos créditos educativos del ICETEX, denominado “Tú eliges”.
2. A un esquema deficitario, que impone cargas presupuestales de funcionamiento a las 81 Instituciones de Educación Superior Públicas, como por ejemplo, el aumento de cobertura de estudiantes que de 2010 pasó de tener 927 mil estudiantes a 1.2 millones de estudiantes en el 2017, todo estos sin que el Estado asumiera los costos económicos por estudiante, pero exija el aumento de cobertura.
Lo insólito: resulta que las Instituciones de Educación Superior Privadas atienden un número similar de estudiantes matriculados con 207 instituciones y las públicas con 81, soportando la carga financiera, administrativa y académica con tan solo el 50% del presupuesto que aporta el Estado, y siendo obligado a buscar en el mercado por la venta de servicios el otro 50% de sus presupuestos.
¿Cómo es posible dignificar la condición de ser maestro, si tenemos la ocasionalidad y la hora cátedra como forma de tercerización laboral?, ¿Cómo formar jóvenes para la vida, si estamos formando jóvenes para el trabajo y las deudas?, ¿Cómo es posible construir un país para la paz, si se financia la guerra y no la educación?
En este marco, en los últimos meses está creciendo el escenario de movilización social en defensa de la vida y la educación, como está pasando con las asambleas pedagógicas en todo el país; las reuniones de rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE) y de representación de profesores de universidades públicas; la movilización académica de cuerpos colegiados como los de la UDEA y la UPN; el trabajo de ASPU; el encuentro de estudiantes en el ENNES con miles de jóvenes defendiendo el presente de la educación y construyendo el mañana; el trabajo del Frente Amplio por la Educación los Derechos y la Paz, buscando siempre sinergia con el Congreso y las organizaciones sociales.
Aunado a lo anterior, no debemos olvidar, que hace un año, en el mes de octubre, la toma de las calles con propuesta, como lo hizo de manera destacada la Universidad Pedagógica Nacional (mi casa) denunciando las políticas de desfinación y desvió de recursos públicos al sector privado y exigiendo financiación, se logró $100 mil millones de pesos para las 32 universidades públicas del país, dinero insuficiente pero simbólicamente significativo para la movilización, porque se ganó.
Entonces imagínense, si el 10 de octubre de 2018 fuéramos ríos resplandecientes de música, dignidad, color, alegría y solidaridad en las calles del país, hasta lograr que las decisiones políticas y presupuestales del Congreso de la República salven a las Universidades Públicas de la muerte por inanición. ¡Piénsenlo!
Pdt: ¿Cuáles son los grandes retos para los sectores sociales organizados?
Hago un llamado a FECODE, ADE y al movimiento social que trabaja en pro de la educación y en general a los y las defensoras de derechos humanos a:
Comprender el momento político e histórico.
Superar la fragmentación de las luchas.
Concitar una gran agenda nacional de movilización con opción de poder, y esto significa tener propuesta viables que pongan límite al capital.
Avanzar en un sistema integral de la educación pública estaba desde el preescolar hasta postgrado.
Lograr la financiación plena de la educación pública.
Publicado: 3 de octubre de 2018.
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Helberth Choachi | Docente, Universidad Pedagógica Nacional. Amigo de la casa Hekatombe.
