Bogotá, 31 de agosto de 2017. En horas de la mañana representantes de las comunidades indígenas Wayúu, afro, campesinas de La Guajira, junto a figuras públicas y ciudadanía consciente, se movilizaron en la ciudad de Bogotá para exigir que se detenga el plan de expansión minera en El Cerrejón.
La movilización finalizó con la toma de agua del arroyo Bruno por parte de los manifestantes, demostrando que al contrario de lo que señalan representantes del Cerrejón, una de las minas a cielo abierto más grande del mundo, el Bruno todavía tiene vida y es fuente de la misma.
En diálogo con el abogado Luis Carlos Montenegro Almeida, señaló que: “El arroyo Bruno se ha empezado a desviar sin los permisos correspondientes, afectando el cuerpo hídrico del arroyo, las aguas subterráneas y al ecosistema que le rodea que es el bosque seco tropical, así como las especies que allí habitan que se encuentran en riesgo de extinción”.
En el año 2015 el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo interpuso una acción de tutela contra la Anla, Corpoguajira y el Cerrejón, exigiendo que se protegiera el arroyo Bruno contra el P40 que plantea la expansión del Cerrejón. La Corte Constitucional dos años después, el 14 de agosto, concedió la medida cautelar suspendiendo provisionalmente las obras del desvío del arroyo Bruno, “pero consideramos que es una medida no suficiente, porque las obras del arroyo ya empezaron. La verdadera decisión que vinimos a exigir hoy al Palacio de Justicia, es que el arroyo Bruno vuelva a su cauce natural, que se quite el tapón que le han colocado y que no se permita la implementación del proyecto P40 de expansión del Cerrejón” señaló Montenegro Almeida, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Hasta la fecha 3.6 km del arroyo Bruno ya fue desviado, pese a ser afluente del río Ranchería.
Cabe señalar que El Cerrejón actualmente pertenece a las multinacionales Glencore (reconocida por manipular sus informes de sostenibilidad ambiental, desconocer legislación laboral, los altos costos ambientales en las regiones en las que opera, desplazamientos y violación a derechos humanos ), BHP Billiton (en 2012 protagonizó un escándalo en Cerro Matoso en el departamento de Córdoba por contaminar fuentes de agua y afectar de forma directa la salud de los pobladores de la región, así como a sus trabajadores) y Angloamerican (en Chile fue multada con $2.690 millones de pesos chilenos, es decir 12.674.488.946 en pesos colombianos, por mal manejo de reforestaciones, fauna, aguas lluvias, botaderos de estériles, entre otros). Según los Wayuú estas cuatro compañías, “agotan y contaminan los valiosos recursos hídricos de la región, lo que da lugar a severas sequías”, según el informe Defender la tierra. Asesinatos globales de defensores/as de la tierra y el medio ambiente en 2016.
El proyecto de expansión P40 plantea aumentar la operación del Cerrejón de 32 a 40 millones de toneladas de carbón exportado al año, lo que significa que la mina pasará de consumir 142 a 307 litros de agua por segundo. Mientras tanto el consumo promedio de agua no tratada de una persona en La Guajira es de 0,7 litros diarios. El agua no tratada contiene mercurio, plomo, cadmio, arsénico, manganeso, berilio, cromo y otros tóxicos y cancerígenos que son liberados durante la explotación.
Sumado a ello, los indígenas Wayúu y las comunidades afroguajiras ya no pueden moverse libremente a lo largo de su territorio,debido a que la mina está restringiendo además del acceso al agua, sus prácticas ancestrales. Cabe señalar que El Cerrejón ha despojado de su territorio a 35 comunidades y solamente cinco han sido reasentadas parcialmente y sin alternativas económicas para su supervivencia.
Desde 1976 esta mina ha intervenido 12.000 mil hectáreas de bosque seco tropical, “de estas en 2015 solo había rehabilitado el 27% y le tomaría más de 60 años recuperar el 73% restante” señalan los participantes de la movilización.
Además de los problemas generados al ambiente y las comunidades ancestrales, las condiciones laborales de los trabajadores, de acuerdo a información de La Guajira Habla:”de los 12 mil empleados que tiene la mina, más de la mitad son tercerizados de manera ilegal ganando 900 mil pesos, mientras que los de planta ganan 1.800.000 mil pesos realizando la misma labor. La mina está sancionada por tercerización ilegal”.
Los habitantes de La Guajira siguen a la espera del veredicto de la Corte Constitucional y que le sean pagados a la región los daños ambientales y sociales generados en los últimos 30 años.
