El tribunal de Justicia y Paz de Bogotá acaba de solicitar por cuarta vez la extradición de Salvatore Mancuso, el ex jefe paramilitar que está a la espera de que se defina su situación judicial en una cárcel de Estados Unidos.
Lo curioso es que deba hacerlo el tribunal en vista de que la Fiscalía ha ‘errado’ tres veces en la solicitud de extradición, sin embargo, en casos como el de Andrés Felipe Arias fue casi que un proceso exprés para que el ex ministro de agricultura y condenado por Agro Ingreso Seguro llegara al país y se le concediera la segunda instancia.
El pedido del tribunal de Justicia y Paz de nuevo es una luz al final del túnel para las víctimas que siguen esperando justicia, verdad y reparación, verdad que les será negada si el ex jefe paramilitar y uno de los actores intelectuales de las masacres más sangrientas y dolorosas de la historia reciente colombiana, es extraditado a Italia, donde tiene también un proceso abierto.
Dentro del nuevo pedido de extradición y la reapertura del caso Mancuso, el tribunal también solicito a la Fiscalía que se dieran a conocer las versiones libres que rindió Salvatore dentro del proceso de paz llevado a cabo en el gobierno de Álvaro Urbe Vélez; versiones que nos dan una idea del porque las instituciones encargadas de la justicia en el país evitan a toda costa la llegada de Mancuso a Colombia.
En los folios de las versiones libres Salvatore Mancuso, este acusa y señala a políticos de pagarles a los grupos paramilitares para inducir a las poblaciones a votar por ciertos candidatos, entre los nombres sobre salientes de estas versiones se encuentra el de los ex presidentes Andrés Pastrana, Ernesto Samper, Álvaro Uribe Vélez y el ex candidato presidencial Horacio Serpa.
También dentro del testimonio del ex jefe paramilitar, se relata toda la estrategia institucional y militar para instruir a personas de todas las regiones del país en manejo de armamento, estrategia militar y reclutamiento ilegal para después darle forma a lo que se conoció como las CONVIVIR y que finalmente se configuró en un ejército de mercenarios y asesinos que se declaraban anti comunistas y anti guerrilla, y que patrullaban junto a el ejército de Colombia. Este último, por acción u omisión teniendo complicidad en el asesinato y ejecución de masacres en varias regiones.
Mancuso asegura tener pruebas documentales de los nexos de funcionarios del gobierno Uribe que vinculan al ejército, policía, concejales, alcaldes, ganaderos, terratenientes y multinacionales con la financiación, ejecución y posterior ocultamiento de extorciones, reclutamiento de menores, desplazamiento de comunidades, asesinatos a líderes sociales y políticos, a miembros de la oposición, periodistas entre otros, además de las múltiples violaciones de derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Esperemos que el pedido del Tribunal de Paz llegue a lo que las víctimas y quienes han luchado contra el olvido y la injusticia esperan, que el ex jefe paramilitar sea extraditado a Colombia y pueda aportar en la verdad y reparación. Y que este bajo la lupa de organismos internacionales de control para garantizar la vida de Salvatore Mancuso, el debido proceso y la necesidad de judicializar a todos quienes hayan tenido vínculo con la estructura paramilitar que estuvo bajo el mando de este hombre. Que traigan a Mancuso y que hable, que señale y ponga en el ojo público a todos quienes negaron a Colombia la construcción de un país en Paz.
Finalmente es necesario que la justicia colombiana también ponga en marcha el pedido de extradición de alias ‘Jorge 40’ y alias ‘Mellizo’ que, por el contrario de Mancuso, jamás colaboraron con la justicia colombiana y ya cumplieron su condena en Estados Unidos, la verdad debe ser imperante para que estos hombres recobren su libertad o por el contrario será un nuevo caso de impunidad y silenciamiento pues los dos están solicitando ser extraditados a países diferentes al nuestro, saben que se enfrentan a penas carcelarias de la justicia ordinaria por terrorismo, extorción, homicidio y otros cargos que reposan en sus prontuarios criminales.
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