Colombia, 15 de mayo de 2021. En Colombia desde el 28 de abril tuvo lugar un estallido social cuyo motivante fue la solicitud del retiro de una reforma tributaria que buscaba sanear el déficit fiscal de la nación con el aumento de los impuestos de las y los trabajadores colombianos, mientras sostenía los alivios fiscales de banqueros y de grandes propietarios.
El 2 de mayo el presidente Iván Duque dijo que iba a retirar del Congreso el proyecto de ley de esa reforma, mientras elaboraba una nueva propuesta de “consenso”, con los grandes propietarios y los partidos políticos —siendo mayoritarios los que están alineados al gobierno—. Lo que en la Revista Hekatombe hemos denominado como Estallido social contra el no futuro, continúa hasta el día de hoy, debido a la desconfianza en el gobierno nacional de extrema derecha, al tratamiento de guerra que ha dado a la protesta social, y al telón de fondo: una aguda desigualdad social, corrupción estructural y un largo conflicto armado interno.
Cabe señalar, que Iván Duque anunció la creación de unos escenarios de diálogo, que han profundizado la desconfianza en el gobierno nacional y no han sido bien vistos por la ciudadanía. En esta nota colaborativa, les contamos en términos generales quiénes han participado de estos.
A. Algunos datos al respecto
– Según cifras institucionales, casi la mitad de los colombianos (42.5%) viven en condiciones de pobreza; y 7,47 millones están en pobreza extrema —ganan menos de $145.004 pesos al mes, aproximadamente 38,14 dólares—, la tasa de desempleo es de 14,2%, el empleo existente está precarizado, y otro tanto es informal —autoempleo con ventas ambulantes, por ejemplo—; micro y pequeñas empresas han quebrado en medio de la pandemia. En cuanto a la concentración de la tierra, datos de Oxfam indican que el 1% de las fincas de mayor tamaño (haciendas) tienen en su poder el 81% de la tierra colombiana, en condiciones de improductividad, mientras que las familias campesinas productivas tienen poca o no tienen tierra.
– El acuerdo de paz entre el Estado y la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) se ha cumplido parcialmente, dejando de lado los puntos que se traducen en reformas de democratización, justicia social y productividad en el campo. A su vez, tanto el partido de gobierno como el gobierno nacional han rechazado el acuerdo y han puesto en marcha medidas que van en contravía de su contenido, como la fumigación con glifosato, para no implementar la sustitución de cultivos de uso ilícito, por cultivos como alimentos, tal como lo demanda el campesinado colombiano.
– Hace algunos meses, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) —instancia de justicia transicional nacida del Acuerdo de Paz, y que ha sido atacada por el partido de gobierno— reveló que durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe, el Ejército Nacional cometió 6.402 asesinatos extrajudiciales: jóvenes pobres que fueron asesinados por militares para presentarlos como “positivos”, es decir, como guerrilleros muertos en combate.
– Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (INDEPAZ), desde la firma del Acuerdo de Paz, han asesinado a más de 900 líderes sociales, quedando la mayor parte de los casos en la impunidad.
– En Colombia se pierden anualmente cincuenta billones de pesos en corrupción institucional, en un engranaje que va desde la clase política nacional y local, hasta funcionarios de base deshonestos.
– La participación política electoral es excluyente dado que se requiere de grandes sumas de dinero para financiar campañas costosas, teniendo además como límite un aparato de clientela política incrustado en las instituciones, impidiendo así el acceso a cargos de elección popular de liderazgos anclados a la dinámica local.
– Por otro lado, primero, existen estrategias institucionales para negar la personería jurídica a propuestas alternativas a las de los grupos de poder tradicionales, como sucedió con el movimiento político Colombia Humana que al día de hoy no cuenta con existencia legal. Y segundo, los altos umbrales electorales que se requieren para la constitución de nuevos partidos, impiden la creación de organizaciones políticas que representen intereses regionales, viéndose sometidas las comunidades, cuando quieren participar en elecciones, a integrarse en aparatos políticos tradicionales cargados también de dinámicas clientelares y corruptas.
-Hay múltiples casos de persecución legal y paraestatal hacia figuras académicas, políticas y sociales que se oponen a ese entramado de corrupción y desigualdad.
– En Colombia hay un conflicto interno que lleva más de 60 años. En la actualidad los actores del conflicto [Fuerza pública, bandas de narcotráfico, grupos paramilitares, insurgencias, disidencias guerrilleras provenientes de las FARC tras la firma del acuerdo], infringen constantemente el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
-Hay un déficit histórico de recursos del Estado hacia la educación pública superior que para el 2019 rondaba los $3.2 billones de pesos en funcionamiento. La desfinanciación de la educación se traduce en una semi privatización de la misma y en un acceso limitado para millones de jóvenes.
-Los altos costos de la educación superior privada llevan al endeudamiento de la comunidad estudiantil de estas instituciones. La deuda posterior no alcanza a ser del todo cubierta por las y los egresados que acceden a la misma oferta de trabajo colombiana, marcada por la precarización, la inestabilidad y la flexibilidad.
– Además, el constante incumplimiento de la Constitución Política de Colombia, que es de carácter garantista, resultado de la movilización ciudadana y un acuerdo de paz entre diferentes insurgencias y el gobierno en 1991, ha llevado a una falta de credibilidad ciudadana en el orden institucional.
– Un sistema de salud privatizado, en el que solo quienes tienen mayores recursos acceden a mejores servicios; el Estado tiene una participación mínima como regulador y financiador, un rol que se pretende casi suprimir por medio de una reforma al sistema en favor de las grandes empresas. Esa es la reforma que está avanzando en el Congreso.
Estos son solo algunos de los aspectos que subyacen el descontento generalizado que no ha cesado en Colombia, que se ha agudizado por las políticas económicas puestas en marcha por el gobierno de extrema derecha de Iván Duque, y que siguen en la misma línea económica de los últimos gobiernos desde 1991, en tanto han acogido las políticas de liberalización económica y extracción de recursos naturales en beneficio de los grandes propietarios, enmarcadas dentro de lo que economistas y otras ciencias sociales denominan “neoliberalismo”.
B. El Paro Nacional
Las protestas que empezaron a nivel nacional el 28 de abril fueron convocadas por las cúpulas de las centrales sindicales, para esa fecha y para el 19 de mayo. La convocatoria tuvo gran acogida por la ciudadanía, sin embargo, se desbordó en términos de movilización, pues ya las centrales sindicales no eran las convocantes de los lugares, fechas y horas de protesta. También, en términos de reivindicaciones, las personas movilizadas no exigían solo el retiro de la reforma tributaria y de otras medidas privatizadoras y nocivas para el país como las reformas a la salud, pensional y laboral, sino que sus consignas adquirieron un carácter destituyente que apunta a la renuncia del presidente Iván Duque y su gabinete.
Ante esta situación, el Comité de Paro conformado principalmente por las cúpulas de las centrales sindicales, en su comunicado del 3 de mayo, dio cuenta de una desconexión con la dinámica de la protesta, tal como sucedió en la jornada de paro de septiembre de 2019 a enero de 2020, al desatender el llamado fundamentalmente destituyente de la ciudadanía.
Comunicado oficial @ComiteDeParo
Manifestamos la decisión y orientación de seguir en el paro y la movilización nacional, solicitamos garantías y Libertades Democráticas, garantías constitucionales a la movilización y la protesta. pic.twitter.com/6yMBjloUdk
— CGT COLOMBIA (@CGTCol) May 3, 2021
La ciudadanía precarizada y desempleada se ha seguido auto convocando a nivel territorial, cuestionando al presidente Duque, y al jefe de su partido, el expresidente Álvaro Uribe, entonando de forma generalizada la misma consigna-canción, basada en la célebre canción italiana “Bella ciao”:
Una mañana, he despertado
Y Duque chao, Duque chao, Duque chao chao chao
Una mañana, he despertado
y hemos sacado al impostor
Colombiano, vamo a la lucha
Y Duque chao, Duque chao, Duque chao chao chao
Oh Colombiano, vamo a la lucha
Vamo a salvar nuestro país
Si su gobierno
sigue matando
a Duque chao, Duque chao, Duque chao chao chao
si su gobierno
sigue matando
no dejaremos de marchar.
Y otras consignas como “A parar para avanzar, viva el paro nacional”, “Uribe paraco, el pueblo está berraco”, “Vamos pueblo ¡carajo!, el pueblo no se rinde ¡carajo!”, o entonando el himno nacional para enfrentar las disoluciones de las protestas emprendidas por la Fuerza Pública.
Cabe destacar que había un precedente de movilización masiva en noviembre de 2019.
También hay reivindicaciones locales referidas a la cantidad de peajes [puestos de cobro por el paso de un municipio a otro] que hay regionalmente, que llevan a incrementar el costo de los productos que se trasladan a nivel nacional; contra los pilotos de fracking; o contra el mandato de alcaldías municipales.
C. La represión de la protesta
El gobierno nacional ha dado un tratamiento de guerra a la protesta social. Algunas de las cifras de brutalidad policial, que aún siguen ajustándose y que podrían presentar subregistros, son según la campaña de Derechos Humanos (DDHH) «Defender la libertad», desde el 28 de abril hasta el 13 de mayo, con hora de corte 6:00 pm en el territorio nacional [datos que vamos a estar actualizando]:
- 50 personas registradas como fallecidas presuntamente por el accionar de la fuerza pública y/o “civiles” sin identificar en el marco de la protesta social pacífica (por verificar) y 1 policía. 10 de esas personas fallecidas están sin identificar y se está verificando su relación con las protestas. El aumento refleja el fallecimiento de varias personas a causa de las graves heridas ocasionadas durante las movilizaciones.
- 524 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. 35 sufrieron lesiones oculares. 51 fueron heridas por arma de fuego. 74 personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
- 21 personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución.
- 1.430 personas han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa el traslado por protección , siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos.
- 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 4 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
- 753 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
- Según la Defensoría del Pueblo, hay un registro de 89 personas desaparecidas en medio del paro, pero para el 10 de mayo la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada manifestó que en su registro habían 379 personas desaparecidas. Esta cifra se encuentra en proceso de verificación y actualización.
A esto se suma la persecución judicial contra manifestantes y líderes juveniles en el país.
El 1 de mayo, el presidente Duque aseguró que habría «asistencia militar» a la Fuerza Pública «donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población (…) hasta que cesen los hechos de grave alteración del orden público”. El 30 de abril, el expresidente Álvaro Uribe, jefe del partido de gobierno “Centro democrático», escribió en un trino que fue eliminado por Twitter: «Apoyemos el derecho de policías y soldados de utilizar sus armas» para defenderse a sí mismos, a las personas y a la propiedad.
A esta publicación se han venido sumando otros mensajes que buscan la macartización de la protesta social; algo preocupante teniendo en cuenta la legitimidad que tiene su figura política dentro de las fuerzas militares y policiales, cuya doctrina militar, en términos ideológicos, se ha construido con base en premisas políticas propias de las ideas de extrema derecha ancladas al contexto de guerra fría del siglo XX.
La prensa comercial o los grandes medios corporativos de comunicación también han venido cumplido un papel fundamental en la satanización de la protesta social, al ocupar la casi totalidad de su parrilla informativa en los hechos de violencia desde la ciudadanía —que han sido mínimos en comparación con la violencia estatal—, y los casos de «desabastecimiento» provocados por los bloqueos, haciendo parecer el encarecimiento del costo de vida es coyuntural, y es consecuencia de la protesta social, cuando en realidad, como se ha puesto de manifiesto hasta el momento, ha sido justamente al contrario.
Además, el presidente Duque ha hecho de anuncios como la matrícula cero por un semestre, para estratos 1, 2 y 3 que según expertos, es una medida provisional que no representa un alivio significativo para estudiantes y la manera en que propone sea implementada, no toca la desfinanciación de la educación superior y ni siquiera, alcanza a ser un paño de agua tibia para la crisis de las IES en el país.
Mientras tanto, la ciudadanía no ha cesado de autoconvocarse a nivel nacional para seguir ocupando las calles, pese a la pandemia y la represión estatal.
Invitamos a revisar nuestras redes de facebook y twitter que tienen el registro del #ReporteCiudadano de las protestas.
