La pandemia por Covid-19 a escala global representa un profundo reto civilizatorio; las proyecciones indican una posible reducción de la esperanza de vida a escala planetaria. La continuidad de la “normalidad” en nuestra agitada vida diaria ha dado paso a la incertidumbre mundial, nacional, comunitaria, familiar e individual.
Es difícil calcular las consecuencias y el tiempo en el que estas puedan permanecer en nuestras sociedades. Lo cierto, es que pagamos el precio de décadas de un modelo que ha privilegiado los negocios por encima de la vida. Así lo evidencia el Cambio Climático, pues sin importar sus impactos, nuestras economías dependen casi exclusivamente de los minerales fósiles, principalmente carbón y petróleo, tanto de su extracción como de su producción derivada.
Mientras tanto se han entregado los sectores estratégicos de la economía y de la sociedad al mercado, la salud se ha desmantelado, se ha impuesto un modelo que eliminó de sus propósitos el concepto de derechos, de pacientes hemos pasado a clientes y de clientes a estadísticas. Hoy nuestro país, entregado al neoliberalismo, padece las afugias de un sistema de salud privatizado.
Lo mismo viene ocurriendo con la educación; desde la Constitución del 91 y pese a conquistar en la letra este derecho (Art 67 de la Constitución), la liberalización de la economía ha intentado año tras año, convertir a los estudiantes en clientes, desmantelar la educación pública y entregarla al mercado.
Ha sido gracias al movimiento estudiantil y universitario, que se ha protegido a las universidades públicas de Colombia; generación tras generación ha tenido que enfrentarse a los planes de desarrollo del gobierno de turno, a las reformas que recortan presupuesto o a los programas que promueven el endeudamiento de la gente o la financiación de la demanda. Todos los honores a la juventud de todas las generaciones que ha defendido lo que nos queda de educación.
Las secuelas de esta batalla son notables, la situación de las IES públicas es crítica desde hace años; el país tiene una deuda histórica con las universidades públicas del país, ya que su presupuesto está prácticamente congelado desde 1993, a pesar de que estas siguen creciendo en número de estudiantes, pregrados, posgrados y grupos de investigación, manteniendo de manera decorosa los estándares más altos de calidad, las universidades crecen mucho más rápido que sus presupuestos.
El incremento del IPC, establecido en la Ley 30, no alcanza a compensar las exigencias del propio Estado para acreditarse o mantener sus registros calificados. La situación de las IES es precaria desde antes de la pandemia. Todos estos años de déficit ha impedido, por ejemplo, que las universidades se modernicen en sus plataformas, en sus equipos tecnológicos y que cuenten con una planta docente acorde a su crecimiento, en condiciones laborales dignas con garantías y condiciones mínimas para ejercer con calidad su importante misión. De hecho, entre muchas de las reflexiones que podemos hacer en el marco de la pandemia, vale la pena preguntarnos qué papel juega o debería jugar la educación para afrontar el momento que vivimos a escala global.
Indudablemente, el modelo educativo es determinante para el país que esperamos construir; el nuestro es un modelo excluyente, clasista y mayoritariamente profesionalizante, el que nos imaginamos es universal, incluyente, gratuito, científico y creativo. Mientras las principales universidades del mundo dedican sus esfuerzos a la búsqueda de soluciones para la humanidad en la Pandemia, aquí nuestros científicos y científicas deben, además, preocuparse por existir, porque las universidades y sus grupos de investigación no cierren. Necesitamos una educación creativa, capaz de responder a los retos del momento, pero nada de eso se puede hacer sin fortalecer las instituciones, el cuerpo docente, las instalaciones y hoy más que nunca, en medio de la virtualidad, de sus plataformas y sistemas de información. Una universidad para el conocimiento, para un nuevo país, para una Colombia que lucha por salir de la guerra.
Ya dirán, como siempre, que somos soñadoras, pretenciosas, mamertos, pues déjenme decir que sistemas de educación gratuitos existen en América Latina desde hace décadas, en Argentina, por ejemplo, hace más de 70 años. En el mundo, países como Alemania y Austria, se destacan por ello. La política de gratuidad en esos países ha permitido tasas de cobertura de 75 por ciento, cifra muy superior al 60 por ciento promedio de la OCDE. Entonces que no sigan con el cuento de que es imposible, si tan solo lográramos detener el desangre de la corrupción, con el cual se pierden cerca de 50 billones al año, o si lográramos una efectiva reducción en el gasto militar, el país podría transitar a un modelo de gratuidad en la educación superior.
De hecho, es un debate más vigente que nunca, ahora en medio de la emergencia sanitaria se ha puesto en evidencia, las difíciles circunstancias de las universidades, ante la posibilidad de un alto grado de deserción. El movimiento estudiantil, nuevamente creativo y valiente, le propuso al país y al gobierno la MATRICULA CERO, iniciativa cuyo objetivo es garantizar recursos con el fin de cubrir los costos de matrícula de los estudiantes para el semestre que está por comenzar, medida que puede aliviar la situación de miles de estudiantes y sus familias.
Si bien, el Gobierno nacional emitió el Decreto 662 del 14 de mayo de 2020 «Por el cual se crea el Fondo Solidario para la Educación …», con el fin de destinar recursos adicionales a las universidades públicas del país y así solventar el pago o auxilio de matrícula de los estudiantes mientras dura la crisis sanitaria, a la fecha en que escribo este artículo, estamos cerca de garantizar que dicha medida sea aplicada total o parcialmente por la mayoría de IES del Sistema Universitario Estatal – SUE. Sin embargo, de las 33 universidades, aproximadamente en 10 se ha tenido problema para su implementación, esto debido a que su presupuesto depende de la nación; razón por la cual, no se ha logrado la concurrencia de otras entidades, como sí se ha logrado en el caso de universidades de carácter regional.
A pesar de las dificultades y de la variedad de modalidades con que se viene implementando MATRICULA CERO, el resultado es histórico; demuestra que sí es posible modificar el modelo de financiación de la educación en Colombia, demuestra que se pudo ahora, se podía antes, pero lo más importante, demuestra que sí es posible hacia el futuro. Es claro, que aún estamos lejos de la gratuidad y universalidad en la educación, pero esta medida nos pone un paso más cerca.
Ahora nos corresponde, en las próximas semanas seguir presionando por las universidades que faltan, defender la permanencia de la MATRICULA CERO en el tiempo y profundizar la discusión sobre el modelo de educación en Colombia. En lo personal, me embarga la alegría por los cambios que se vienen alcanzando, mi escuela ha sido el movimiento estudiantil, por ello siento un orgullo particular, permítanme celebrarlo con ustedes, ¡que vivan los y las estudiantes!
