En los últimos días ha sido noticia el nuevo incremento del pasaje de TransMilenio (TM) que golpea directamente el bolsillo de la ciudadanía humilde que se ve obligada a la indignidad de este transporte masivo desde hace ya más de 20 años en Bogotá.

Me parece importante aclarar ciertos datos sobre la empresa y su operación en la ciudad, así como los intereses privados relacionados con esta, para que las personas que me lean tengan un panorama correcto sobre lo que debemos criticar como ciudadanía, para trabajar colectivamente en cómo transformarlo.

Lo primero es entender la composición accionaria de TransMilenio S.A. que efectivamente es una empresa pública como observamos en el cuadro 1:

Lo segundo, es tener claro que hoy en día el Sistema Integrado de Transporte Público en Bogotá encierra no solo los buses rojos sino también los azules, el TransmiCable, los buses amarillos y en algunos años, si algo extraordinario no ocurre, la primera línea de metro de la ciudad, que, por decisión antidemocrática de continuidad entre el modelo de ciudad promovido por Enrique Peñalosa y Claudia López, será elevada.

El sistema es operado por empresas privadas que ganaron contratos de concesión que no han cambiado en los últimos 22 años y que les permiten quedarse con el 95% de las ganancias de los tiquetes sin asumir ninguna clase de riesgo. En otras palabras, es una operación tercerizada.

Bogotá y sus instituciones públicas se quedan solo con el 5% de las ganancias, aunque debe asumir los costos de infraestructura y mantenimiento además de subsidiar a los operadores en los costos de cada viaje que realizan a través de sus buses. Estos contratos fueron inicialmente de 10 a 15 años y se han extendido, a pesar de que los supuestos riesgos iniciales que asumieron los operadores privados, se han visto generosamente compensados por el alto costo del pasaje y los grandes beneficios que ninguna administración logró renegociar cuando tuvo la oportunidad.

Es interesante cómo en el año 2000 el Departamento Nacional de Planeación (DNP) aseguraba que TM generaría beneficios por encima de los mil millones de dólares de la época, justificación utilizada por la primera administración de Enrique Peñalosa (1998-2000) para redirigir los recursos que estaban destinados para la primera línea de metro hacia las primeras fases de TM, hace ya dos décadas.

Es cierto que Enrique Peñalosa no es dueño de ninguna de las concesionarias que operan los buses del SITP, pero también es cierto que desde su puesta en funcionamiento en Bogotá, le ha sacado provecho a su promoción por el mundo entero y con esto no solo ha beneficiado a las empresas que construyen los buses BRT que hacen posible la movilidad en las troncales de TM, sino también, a algunas familias concesionarias del sistema que tienen intereses en sistemas masivos similares en otras ciudades del país como el MIO o Transcaribe, y en la región como, el sistema de buses de Santiago de Chile.

Peñalosa fue presidente del Instituto para el Desarrollo de Políticas para el Transporte-ITDP un think tank relacionado con la Volvo que le permitió ganar en una década más de 400 mil dólares a través de la promoción del sistema de TransMilenio por el planeta, y que le ha permitido a Volvo ganancias multimillonarias por el encargo que han hecho de nuevos buses.

En su última alcaldía, Enrique Peñalosa (2016-2019) incrementó los gastos en movilidad de su plan de desarrollo en un 149% con el único fin de hacer real su IV Fase de TM que contemplaba, entre otras cosas, la troncal de la Séptima y de la Avenida 68, y a lo que Claudia López le dio total continuidad.

Se debe tener en cuenta que de nuestros impuestos no solo han salido los costos de las vías y estaciones, sino también las reparaciones. Por ejemplo, la fase I de TM – la famosa Avenida Caracas y Autopista Norte – costó más de 93 mil millones de pesos, pero si sumamos el costo de la reparación de las losas que se extendió por varios años, fueron 1,6 billones de pesos adicionales, que se pudieron invertir en el metro subterráneo que tanto nos hace falta, o en derechos fundamentales como la educación o la salud para las mayorías.

Hoy en día TM recoge por concepto de tiquetes un promedio de 7 mil millones de pesos al día lo que da un promedio de 2,5 billones de pesos al año. Ese nivel de recaudo que se queda en un 95% en los bolsillos de los operadores privados se explica porque los contratos de concesión tanto de los buses troncales como de los alimentadores asumen que los operadores pagaran el costo de estos a través del cobro de la tarifa y por la que cobran un 10% adicional en cada tiquete sobre el costo real del servicio. Adicional se cobra en el tiquete otro 15% de amortización de riesgo que después de 22 años se ha demostrado que no era necesario porque el negocio es inmensamente rentable. Aun así, la tasa de amortización de riesgo nos la siguen cobrando año a año en el pasaje de TM.

Hoy en día el costo real por kilómetro para los operadores es de poco más de $4000 pero el Distrito les paga más de $6000. Esto ocurre por las diferencias entre la tarifa técnica y el precio real del tiquete incluyendo los porcentajes adicionales, señalados anteriormente, que debe ser cubierta por el Fondo de Estabilización Tarifaria creado desde el año 2000, según lo establecido desde hace 22 años en los contratos de concesión a los operadores privados del sistema.

Según proyecciones del propio TransMilenio, el SITP necesitará en los próximos 10 años 20,8 billones de pesos vía Fondo de Estabilización Tarifaria, más aumentos anuales del costo del pasaje para el usuario, aún sí se construye la primera línea del metro y los otros proyectos de extensión de troncales y que involucran a los municipios aledaños de la sabana. Eso significa que en promedio la ciudad vía Concejo de Bogotá deberá aprobar en promedio una adición presupuestal al Fondo de por lo menos 2 billones de pesos anuales hasta el 2031, según cifras de la concejala de la Unión Patriótica, Heidy Sánchez.

En síntesis, es un excelente negocio en el que ganan los operadores de los buses del sistema y los fabricantes de estos a costa de la dignidad de los millones de ciudadanos y ciudadanas que diariamente se movilizan en él. Ahora ¿Quiénes son los operadores del sistema?:

Entre la información que pudimos recopilar en el Cuadro 2 encontramos entonces, que algunos dueños del sistema de transporte masivo de Bogotá están relacionados con los responsables del desfalco en la ciudad por el cartel de la contratación como los Nule.

Algunos otros no solo se enriquecen con los pasajes de TM sino también con el negocio de las basuras, lo que explica su reacción similar a la de un golpe de Estado, cuando Gustavo Petro buscó democratizar el negocio y entregárselo a los recicladores de la ciudad. Esta reacción a la administración de la Bogotá Humana significó el repliegue de esta propuesta y le permitió a la alcaldía de Enrique Peñalosa desmontar la iniciativa.

Otros no solo son dueños de las ganancias de los tiquetes sino también de flotas de taxis que circulan por la ciudad. Muchos otros no solo se enriquecen con los tiquetes de TM sino también de otros sistemas de transporte similares en otras ciudades del país como Pereira, Cartagena y Cali y la región como Santiago de Chile.

Algunos también tienen participación en las empresas que construyen las carrocerías de los buses. Algunos otros vienen de ser dueños de empresas que tradicionalmente han manejado de manera monopólica el transporte público en Bogotá en los últimos 50 años.

Otros han hecho política electoral para proteger sus propios intereses desde el Concejo de Bogotá y el Congreso de la República de la mano de organizaciones de parapolíticos con relación directa con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Otros han sido contratistas de otras entidades del distrito como secretarias y policía metropolitana. Algunos más han usado sus empresas para apoyar campañas políticas de personajes en el poder, como la alcaldesa Claudia López, su esposa, la Congresista Angélica Lozano y el actual presidente Iván Duque.

Un detalle importante es que varios de estos operadores han reportado deudas con el sistema financiero que en la mayoría de los casos supera el 50% de su patrimonio y en algunos el 100% del mismo lo que significa en términos prácticos que el pasaje que usted y yo pagamos termina no subsidiando directamente a estos empresarios-parásitos, sino que van derecho a los bolsillos de los grandes banqueros.

A esta concentración en pocas manos del dinero diario de millones de ciudadanos en Bogotá, debemos sumarles la explotación laboral a los trabajadores del sistema y la persecución a cualquier intento de organización sindical en pro de mejorar colectivamente sus derechos. Las empresas operadoras despiden en promedio una persona a la semana por ejercer su derecho a la actividad sindical.

Las jornadas de los trabajadores pueden ser de hasta 18 horas diarias, estos mismos trabajadores han denunciado reducciones salariales en los últimos años, que no corresponden a las ganancias de los operadores que les pagan sus salarios. Adicional a esto en promedio hay 12 accidentes de buses del sistema al día que tienen que ver según los expertos a la falta de mantenimiento para reducir costos.

La información sobre los verdaderos dueños del sistema de transporte masivo en Bogotá es opaca y la aquí presentada no es un mapa completo de los mismos sino de los más visibles.

Cualquier gobierno progresista articulado a mayorías en el Congreso de la República y una presidencia afín ideológica y políticamente, deberían usar toda la fuerza del Estado para renegociar estos contratos, para que la mayoría de los beneficios sean realmente para la ciudadanía y poderse pensar a partir de ahí un transporte masivo digno para una Bogotá del siglo XXI, que no gire alrededor de los negocios de unos pocos sino de la vida diversa y la naturaleza.

El pasado 21 de diciembre de 2021 se aprobó la denominada Ley de Seguridad Ciudadana, a través de la cual se busca realizar una serie de reformas al Código Penal (agregar nuevos delitos), Código de Procedimiento Penal, Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana (otorgar facultades omnipotentes a agentes de Policía) y al Código de Extinción de Dominio (para poder expropiar bienes a ciudadanos omitiendo etapas y garantías procesales).

Lo anterior suena como un asunto bastante delicado y de gran magnitud ¿verdad? Esto se debe a que realmente lo es. Hablémoslo en una jerga que todas y todos entendamos. Imagínense que existen cuatro leyes, cada una de ellas regula aspectos sumamente importantes para el funcionamiento del Estado:

• Primero tenemos al Código Penal, en donde se establece cuáles son los delitos en Colombia.
• En segundo lugar, tenemos al Código de Procedimiento Penal, por medio del cual se describen las etapas, garantías y procedimientos que realiza el aparato judicial para determinar si una persona es culpable o inocente de un delito que se le esté acusando.
• En tercer lugar, hablamos del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, ley que regula la conducta de los ciudadanos y establece las facultades de los policías para corregir esa conducta.
• Por último y cuarto lugar, hablamos del Código de Extinción de Dominio, en el cual se establecen las reglas para que el Estado pueda expropiar los bienes de una persona cuando estos han sido utilizados para cometer algún tipo de delito.

Ahora bien, imagínense que nuestro Congreso de la República, corporación encargada de realizar las leyes que rigen en nuestro país, se demora generalmente en aprobar una ley varios meses y en ocasiones años —en medio de debates, rechazos y nuevas presentaciones de proyectos de ley sobre un determinado tema—. Sin embargo, la Ley de Seguridad Ciudadana, la cual reforma las cuatro (4) leyes mencionadas anteriormente, fue aprobada por esta corporación en tan solo tres semanas, es decir, menos de veinte (20) días ¿Pueden creerlo? O mejor aún ¿Pueden aceptarlo?

El Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana fue propuesto precisamente por el Gobierno Nacional, en cabeza de Iván Duque Márquez, por medio del Ministerio de Justicia, quienes solicitaron al Congreso de la República abordar esta Ley en tiempo record y a ello se debe la celeridad en su aprobación.   

Por medio de reformas inconstitucionales buscan establecer que en Colombia valga más un vidrio roto que la vida y la libertad de una persona

Pero bueno, es importante preguntarse ¿Cuál es el afán que tiene el Gobierno para implementar una “Ley de Seguridad Ciudadana»? ¿Acaso después de dos décadas del Uribismo en el poder y más de 200 años de violencia, por fin se percataron de que la inseguridad en Colombia es un problema histórico y deben abordarlo?

No, esta Ley responde simple y llanamente al contexto del Estallido Nacional ocurrido entre los años 2018 a 2021 y el afán de la élite narco-económica y política colombiana de defender su posición en el poder a toda costa. Por medio de reformas inconstitucionales buscan establecer que en Colombia valga más un vidrio roto que la vida y la libertad de una persona, pues esta futura norma establece en su artículo tercero que una persona puede asesinar a otra por el hecho de ingresar a un establecimiento de comercio sin su autorización. Es decir, buscan justificar el asesinato de civiles bajo la figura de la legítima defensa, la cual solo procede cuándo quien se defiende, en términos proporcionales y para salvar su vida, actúa con letalidad frente a quien busca agredir. Sin embargo, esta Ley establece que la defensa de un objeto material, prima sobre el derecho a la vida y al debido proceso de otro ser humano.

Para entender la gravedad de este asunto: durante el Paro Estudiantil de 2019, un grupo de jóvenes que fue atacado indiscriminadamente por agentes de la Policía se refugió en un almacén de cadena, de cuyo nombre no quiero acordarme, para salvaguardar su integridad. Pues bien, bajo la lógica de esta Ley, el dueño de dicho almacén pudo haber tomado la vida de estos jóvenes solo por ingresar a su establecimiento sin su autorización. Es decir, que indirectamente la Ley de Seguridad Ciudadana estaría avalando la Pena de Muerte en Colombia y como si fuera poco en manos de civiles, que además están armados, sin la garantía de un proceso judicial para determinar la culpabilidad o inocencia de los sujetos.

¿Recuerdan los civiles armados que dispararon contra manifestantes desarmados en las movilizaciones? Bajo esta premisa se buscaría argumentar que actuaron en legítima defensa a pesar de que su vida o patrimonio nunca fue puesto en peligro.

Por otro lado, esta nefasta normatividad establece en su artículo cuarto que ahora existirá un delito denominado “Intimidación o amenaza con dispositivos menos letales”, el cuál busca que una persona pueda ser condenada y privada de su libertad, por el hecho de “intimidar o amenazar” por ejemplo, con objetos que oscilan entre un escudo, un casco, hasta una tabla de madera, pues estos elementos que para un manifestante representan la protección de su integridad ante situaciones de abuso de autoridad y mal manejo de armamento antidisturbios por parte de la Fuerza Pública, para la Policía o para la Fiscalía podrían representar una amenaza o intimidación, algo contradictorio pues como se ha visto existen agentes de la Policía que utilizan implementos como tonfas (bolillos), escopetas lanza gases, granadas aturdidoras, que supuestamente no son letales, para intimidar o amenazar a manifestantes. Es decir, que en su afán de aprobar una Ley que atenta contra la vida misma para salvaguardar el patrimonio mal habido de élites corruptas, estarían exponiendo a futuras denuncias por intimidación o amenaza con dispositivos menos letales a sus propios agentes de la Fuerza Pública.

Ahora bien, en nuestro país, las denuncias por abuso de autoridad son bastante frecuentes. Quienes realizan la labor de verificar la garantía de los Derechos Humanos en las manifestaciones, son testigos de los numerosos casos de detenciones arbitrarias, torturas a detenidos y ataques verbales, físicos o sexuales por parte de algunos integrantes de la Fuerza Pública hacia manifestantes o personas que se encuentran transitando en estos lugares por diferentes motivos. Estos agentes, generalmente justifican sus abusos bajo el argumento de estar realizando “su labor”, en ocasiones atacando a personas defensoras de derechos humanos.

Como si esto fuera poco, la Ley de Seguridad Ciudadana en su artículo 17 impone una pena de hasta cinco años a quien dificulte la realización de cualquier actividad de la función pública. Es decir, que si un agente de policía realiza una captura arbitraria o un acto de tortura hacia un detenido y se le increpa por ello, este puede detener a quien lo increpe y acusarlo de dificultar la realización de su labor; anteriormente esta era una herramienta utilizada para entorpecer la labor de las personas defensoras de derechos humanos, por medio de una orden de comparendo, con la novedad de que ahora quien perciba y se oponga en términos de derecho a este tipo de abusos en los procedimientos policiales podría verse involucrado en la acusación de este delito y perder su libertad.

Ley de Seguridad Ciudadana no busca disminuir los niveles de inseguridad en Colombia.

En materia de extinción de dominio, la Ley de Seguridad Ciudadana permite que la Sociedad de Activos Especiales -SAE-, pueda vender los bienes que se encuentran en investigación por su presunta relación con la comisión de delitos, aunque no se haya declarado aún la extinción de dominio. Aparentemente, se ejecutaría una violación al derecho al debido proceso de los propietarios. Sin embargo, y sin ánimo de desconocer la gravedad de la vulneración al debido proceso, es importante traer esta reforma al contexto del Paro Nacional, ¿Recuerdan los conductores del gremio de camioneros que se unieron al Paro y a manera de protesta bloquearon algunas vías? Pues bien, con esta Ley se perfeccionaría la amenaza del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, de expropiar los vehículos de todo aquel que se atreva a protestar en contra de las decisiones del Gobierno Nacional bloqueando una vía con estos, vulnerando así no solo el derecho al debido proceso, sino también, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la propiedad y el derecho a la protesta.

Para terminar, es posible concluir que la Ley de Seguridad Ciudadana no busca disminuir los niveles de inseguridad en Colombia, pues no ataca las causas de esa inseguridad, como lo son los mercados negros de elementos hurtados, la falta de función social en las cárceles, por medio del INPEC, la falta de oportunidades laborales para jóvenes, las indignas condiciones laborales del grueso social, ni al modelo cultural y económico que premia a quien hurta, mata o traquetea para obtener dinero. En ese sentido, es claro que a pesar de que esta Ley se aprobó en tiempo récord, ante la solicitud de un gobierno uribista que agoniza y busca ocultar sus fines económicos y políticos bajo las banderas de la seguridad ciudadana, diferentes sectores sociales, de Derechos Humanos y ciudadanías en pro de la vida y la libertad se opondrán a ella, mediante los mecanismos democráticos necesarios, como lo son las demandas por inconstitucionalidad y la inagotable movilización social.

Colombia siempre ha vivido una encrucijada ética, política, social, económica, ambiental y cultural; podríamos decir que esto ha sido la historia “patria”. La urgencia de construir hoy alternativas políticas frente a la crisis global del sistema capitalista en el marco de la pandemia del Covid-19, ha evidenciado la posibilidad real de que una alternativa política progresista pueda asumir el poder del Estado en el país con la ayuda del voto popular.

El régimen de poder colombiano hoy es la muestra de un sistema que reproduce el fascismo social. El fascismo social, en términos del sociólogo Boaventura de Sousa Santos, es un régimen estructural hegemónico y transnacional en donde se destruyen los derechos sociales y económicos de la ciudadanía, así como un escenario civilizatorio que socialmente es fascista, ya que se condena a la mayoría de la población a una vida sin derechos y se imposibilita la construcción de un proyecto colectivo e incluyente de democracia.

Pero la democracia vista simplemente como sistema político que se reduce a la democracia electoral hegemónica puede también conducir a los caminos del totalitarismo neoliberal, ya que las manifestaciones políticas subalternas en ella no tendrían cabida. En ese sentido, aquellos que somos subalternos(as) y anti-desarrollistas hoy planteamos con fuerza la necesidad de la re-comunalización de la vida social, la re-localización de las actividades sociales, productivas y culturales, así como el fortalecimiento de las autonomías, la despatriarcalización, las desracialización y la descolonialización de las relaciones políticas desde la democracia directa.

Si planteamos la premisa de que una democracia significativa no puede reducirse a la democracia electoral hegemónica, la cual en esencia ha demostrado ser un modelo capaz de convivir sin mayores reparos con problemáticas sociales estructurales de pobreza, desamor, ignorancia, autoritarismo y corrupción, entre otras problemáticas, podríamos encontrar un espejo real de la democracia en el que podemos mirarnos, es decir una democracia de muy baja intensidad por no decir de papel.

En la democracia de baja intensidad se naturaliza la distancia de los ciudadanos a la política con sentencias tipo: “todos los políticos son corruptos”, “los políticos son todos iguales”, “político que no robe no es político”, entre otras concepciones que son funcionales al sistema para mantener a los ciudadanos apartados de la política como ciencia y ante todo como actividad de los que gobiernan o aspiran a manejar los asuntos de la sociedad o el país.

Ahora bien, la democracia no es algo inflexible, sino una construcción social dinámica que adopta diferentes formas, maneras y expresiones. Por eso, si se en ella se propone la apuesta por contribuir a develar la diversidad democrática de las gentes del país, así como buscar y explorar en el potencial de experiencias alternativas democráticas al modelo de sistema político dominante hasta hoy en Colombia, debemos tener claro que estas no se agotan con el voto y el espejismo de alcanzar la representación política electoral con las “mayorías de votantes”.

En ese sentido, pienso que hoy se puede estar “pecando” de ingenuidad desde la orilla de los partidos políticos de izquierda “eurocéntrica”, “centro izquierda” y algunos frentes políticos progresistas que aún están desarticulados de las redes comunitarias, los movimientos sociales, los indígenas, los campesinos, los afrocolombianos, los colectivos culturales, los pensamientos sociales, académicos y saberes populares de retaguardia.

Con el estallido social acontecido en los últimos meses en el país se vislumbró que se hace necesario construir horizontes políticos que permitan proyectar una agenda social organizada cuyos principios sean la búsqueda de la justicia social a nivel económico, educativo y laboral, es decir, en esencia un programa de gobierno que gire la agenda actual del neoliberalismo hacia los derechos de la ciudadanía. Todo está por hacerse y tejerse en el ámbito político para transformar a la Colombia profunda, local, barrial, municipal.  

El reto de Colombia como sociedad es grande si el progresismo llega al gobierno, pero además, en este proceso de transición democrática para el país que hoy tanto lo pide en las calles, jugará un papel preponderante la injerencia del imperialismo norteamericano en las próximas elecciones, así como la posibilidad de que las fuerzas políticas se puedan cohesionar entorno a un proyecto democrático y colectivo de país.

En Colombia hasta hoy no hay democracia, lo que hay es fascismo electoral, un gobierno autoritario que se divide el país en los bolsillos de unos cuantos clanes que se apropiaron de la representatividad política comprando votos por dadivas o haciendo promesas “utópicas” a cambio del genocidio social de nuestras comunidades y gentes. Finalmente, para contrarrestar el fascismo electoral puede ser útil la idea de demodiversidad y de democracia de alta intensidad, propuesta también por Boaventura de Sousa Santos, la cual busca generar “nuevas articulaciones entre la democracia representativa y la democracia participativa y, en determinados contextos, entre ambas y la democracia comunitaria propia de nuestras comunidades” desde un dialogo de saberes amplio. Esta articulación entre distintas formas de democracia que podría lograrse con la llegada de un gobierno progresista, podría ser a su vez el paso inicial para iniciar ese proceso de construcción de una democracia en la que quepa la re-comunalización de la vida social en el marco de la individualización y delegación de la actividad política promovida por el capitalismo.

El Estallido social marcó un hito en la historia del país y se suma a una serie de grandes movilizaciones que iniciaron en el 2010 que han replanteado la forma de protestar, la descentralización de las convocatorias, la ampliación del repertorio de movilización y hasta ha significado la radicalización de las reivindicaciones.

Por supuesto, el Estallido Social contra el No Futuro sigue siendo protagonista, no en vano los partidos de derechas aprobaron en sesión extraordinaria del Congreso una ley que criminaliza la protesta. En las elecciones al Congreso también, basta ver los casos de José Alberto Tejada, mejor conocido como “el señor del Canal 2”, o Susana “Boreal” Gómez, que ganaron reconocimiento por su participación decidida en el paro y que hoy hacen parte de las listas del Pacto Histórico.

Claro que también están las figuras que buscan capitalizar el Estallido sin haber participado activamente en él, como es el caso de la Senadora Angélica Lozano quien fue, dejó de ser y volvió a ser de nuevo del partido Alianza Verde. La Alianza Verde es un paraguas electoral que aglutina candidaturas para elecciones, por lo que es común ver posturas tan diversas como las de quienes estuvieron en favor del Paro, como el concejal Diego Cancino, quien además señaló la brutalidad policial y la negligencia de la alcaldía de Bogotá; Inti Asprilla que, a pesar del miedo y no llevar leche consigo, salió a protestar; o la representante Katherin Miranda que denunció la brutalidad policial. O también quienes criminalizaron la protesta como la alcaldesa de Bogotá, que fue candidata por la Alianza Verde.

En ese partido podemos encontrar además a políticos que no tuvieron una postura clara sobre el Estallido o que trataban de disimular su desacuerdo, cosa que no sucedió con el Senador Iván Marulanda de 75 años que “se reía para sus adentros” leyendo las propuestas de las juventudes.

El caso es que el Estallido Social movió las bases del país, por eso no es raro ver cómo ciertas personas empiezan a capitalizarlo. Ahora, depende de cómo se hace esa capitalización y lo voy a poner de forma muy maniquea, la que por supuesto toca matizar y desmaniqueizar, pero lo hago así para no alargar tanto el asunto: si apoyaron con toda el paro y denunciaron sin miedo, es una capitalización que no está mal; mientras que si decían “viva el paro, pero no incomoden”, pues no se trató de apoyo real, sino de uno del tipo no quedas mal con nadie.

Precisamente la senadora Angélica Lozano es el ejemplo perfecto de la capitalización oportunista del estallido. Navegando tranquilamente por Facebook me encontré una imagen que invita a participar en las elecciones, lo que no está mal, pero que tiene por encabezado: “A votar para avanzar”.

Esa frase viniendo de una persona que equiparó todo el tiempo la violencia policial con la acción directa y rudimentaria de la ciudadanía movilizada con declaraciones como:

“Lo malo. La violencia que ha dejado decenas de jóvenes asesinados y miles de manifestantes e integrantes de la fuerza pública heridos”.

Una afirmación irresponsable que busca poner en el mismo nivel una ‘Venom’ con unas piedras y palos; a personas protestando pacíficamente en una velatón y cuya respuesta institucional es el clasismo y el racismo traducido en la violencia policial. Además, Lozano criminalizó los cortes temporales de vía con la misma narrativa de las derechas y de los medios corporativos de comunicación. Esto no es novedad, pues en 2019 propuso bloquear la entrada al Congreso para no bloquear TransMilenio.

Estas declaraciones irresponsables son propias de estos sectores ‘biempensantes’ de la Alianza Verde. Cathie Juvinao, activista para ser candidata, hablaba del inicio de una guerra civil cuando la “gente de bien” le disparaba a jóvenes e indígenas en Cali, una vez más equiparando a personas desarmadas con grupos organizados para destruir; o de Ariel Ávila, analista para ser candidato, cuyas predicciones declaraban el Estallido como un fracaso. En fin, declaraciones propias de esos activismos que fueron a posar con las primeras líneas.

“¡A votar para avanzar!” ese incoherente encabezado de una imaginen deja clara la visión que la Senadora tiene de la política. La reducción de la participación ciudadana a las elecciones, dejando de lado otras formas de participación como la movilización social con todos sus repertorios de acción y desconociendo la protesta como un ejercicio necesario para la profundización de la democracia.

Así que a la hora de votar piense si sus candidatos y candidatas apoyaron el Estallido y cómo lo hicieron: con afirmaciones sin sentido y buscando ser protagonistas cuando en realidad hablaban desde sus privilegios y desconocimiento; si lo hacían posando y sin hacer comentarios incómodos, para no molestar a lo que esperaban fuera su futuro electorado; si lo hacían descalificando por los laditos que usted estuviera en la calle protestando; o si lo hicieron poniéndole el pecho a lo que estaba pasando.

Nota aclaratoria: lo que digo aquí no representa la opinión editorial de la Revista Hekatombe, sino la mía. No le estoy haciendo campaña a ninguna de las personas que mencioné en el artículo, pues también les tengo pereques. Si dice que es de centro, ahí no es.