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Pandemia y movilización social: Los de Abajo se levantan

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La pandemia del Covid-19 ha dejado al mundo en suspenso. Llevamos más de un año y esta situación crítica ha cambiado las rutinas cotidianas de la humanidad en todo el planeta. En Colombia las medidas del gobierno nacional y los gobiernos locales para intervenir la crisis han sido insuficientes. Diversas problemáticas sociales se han agudizado y se reflejan cada vez más en la vida cotidiana y en la imposibilidad de la satisfacción de las necesidades humanas básicas en la corporalidad de Los de Abajo.

La respuesta del gobierno nacional ha sido generar unas políticas violentas, para favorecer a los sectores económicos y financieros más privilegiados de la sociedad y los intereses corporativos transnacionales, es decir Los de Arriba. Así como presentar un paquete de reformas en el Congreso de la República, entre las que se encuentran: una reforma tributaria regresiva; una al sistema de salud que busca privatizar y mercantilizar por completo el derecho a la misma; una reforma laboral; una reglamentación anticonstitucional a la consulta previa de los pueblos en sus territorios y, un nuevo cambio al régimen pensional en el país.

A su vez, la ciudadanía se ha movilizado en la coyuntura del actual Paro Nacional en contra de la implementación de fumigaciones con glifosato en los territorios del campo colombiano; el incumplimiento sistemático de los puntos del Acuerdo de Paz; el asesinato sistemático de líderes sociales y excombatientes; la falta de empleo que se agudiza cada vez más en el territorio; la brutalidad policial y la militarización de la protesta social; la falta de gestión eficiente de las vacunas para atender la pandemia; la corrupción estructural que corroe las instituciones y empresas del Estado, entre otras problemáticas.

La falta de apremio por parte del gobierno nacional y su miopía para ver lo visible, desató una situación extraordinaria e impensable en el país hasta hace unos pocos días: provocar una transición desde la pandemia al cambio social, que si bien puede verse con esperanza, no deja de ser contradictoria, ya que la misma presenta grandes peligros, pero a su vez, también algunas oportunidades para las transformaciones de la sociedad colombiana. Las mismas que desde hace mucho tiempo, son anheladas por el pueblo, por Los de Abajo.

La crisis de la pandemia y el manejo de las redes sociales de la comunicación y sus plataformas y aplicaciones, han hecho que emerja lo que antes era de cierta manera invisible para la gran mayoría de la ciudadanía en Colombia: el poder ver en vivo y en directo la violencia simbólica, estructural y física histórica; generada por el gobierno del Estado colombiano; así como su ineptitud en lo que se refiere a la imposibilidad del diseño y ejecución de políticas acertadas, para la intervención en crisis de las problemáticas desatadas por la pandemia y su incompetencia institucional en general.

Históricamente en la sociedad colombiana se ha vivido en la narrativa del miedo, y por estos días se quiere seguir imponiendo ésta desde el gobierno del Estado, pero para poder salir airosos de la crisis desatada por la pandemia, se hace necesario que se imponga la narrativa de la esperanza. La forma en que se decida esta situación determinará el futuro de nuestro país. Reconociendo, sin embargo, que vivimos en un contexto de capitalismo de Estado autoritario y agresivísimo en donde el que ejerce el poder es un populismo de derecha que reafirma el modelo neoliberal y guerrerista.

La movilización social actual, si bien se da por una reforma económica que el gobierno plantea, la cual atenta las posibilidades de garantizar alguna condición de vida digna en Los de Abajo, tiene sus antecedentes a finales del año 2019 y en las movilizaciones, especialmente estudiantiles universitarias de los últimos años. Las mismas que se mantuvieron en el año 2020 quietas por la crisis sanitaria desatada por la pandemia. Parece irónico que el gobierno en plena crisis haya decidido hacer una reforma tributaria que se plantea asistir socialmente a Los de Abajo, con el dinero que no tienen los mismos, mientras un poco más de un año antes, con otra reforma se le habían dado grandes exenciones tributarias a los más poderosos, es decir a Los de Arriba. Pero es cierto.

Los tiempos de la pandemia para nada son propicios e idóneos para el activismo callejero de Los de Abajo contra el gobierno neofascista de Los de Arriba, pero no les quedó otra opción. Ya que, los movimientos sociales siempre suelen surgir en momentos de grandes emergencias y de fuerte represión sobre las libertades individuales y colectivas de la ciudadanía. Los de Abajo luchan en pandemia por sobrevivir al mal gobierno.

Si bien, desde los gobiernos locales del país, como el de la alcaldesa Claudia López en la ciudad de Bogotá, se intentó persuadir para que las protestas fueran solo de tipo cacerolazos y plantón en las salas de las casas, las resistencias sociales desbordaron estas expectativas en tiempos de pandemia en el país. Eso es ya un hecho histórico que, hoy después de varios días de movilización está más que comprobado, para el caso del pueblo colombiano, que se viene movilizando en masa y de manera contundente.

A pesar de que el gobierno anunció que retiraría temporalmente la reforma tributaria en el Congreso de la República. Varios sectores sociales como el movimiento indígena, los transportadores, los taxistas, los campesinos, entre otros, han manifestado la intención de unirse a la movilización social y a esta, la demanda de sus luchas. No le va quedar fácil al gobierno de Duque desmontar el paro. Más aún cuando desde muchos sectores inconformes con el tratamiento policivo y militar hoy hasta piden su salida del gobierno por ineptitud.

La presión de los medios de comunicación internacional y el multilateralismo internacional puede empezar a jugar en su contra, ya que el efecto esperado por la reforma tributaria, empieza a generar efecto contrario para la economía del país, ante las calificadoras económicas internacionales, debido a la violación de los derechos humanos por parte de la fuerza pública a su mando, ya que se está rompiendo el orden constitucional colombiano y los acuerdos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ratificada por el Estado colombiano. Cosa que no se ve con buenos ojos en el espectro internacional.

Los de Abajo se levantan y se movilizan como un poderoso movimiento social en tiempos de pandemia en Colombia a pesar del distanciamiento social y de la crisis, SE levantan con una fuerza inusitada en las últimas décadas en Colombia. El hambre y la ira han configurado un potente movimiento social compuesto por diversos actores sociales,  estructurados desde las regiones y la espontaneidad del alter-activismo de los y las jóvenes en las ciudades.

La legitimidad gubernamental tambaleará más si persiste en creer que a través de la violencia se puede dar control a la crisis estructural del mal gobierno del Estado colombiano. La disputa ahora es entre el autoritarismo y la posibilidad de conservar la democracia y el Estado social de derecho. El futuro es incierto, pero asistimos a una revuelta contra el neoliberalismo, que quizás pase de una crisis sanitaria a la refundación de la política en Colombia.

El mensaje del pueblo originario Kichwa de Sarayaku al PARO NACIONAL

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Desde que inició el Paro Nacional el 28 de abril, en el escenario internacional se han desplegado múltiples manifestaciones de solidaridad que van desde plantones frente a las embajadas de Colombia en el mundo, hasta mensajes de apoyo de parlamentarios, organizaciones, sindicatos y movimientos extranjeros. 

A la Revista Hekatombe en días pasados, desde la amazonía ecuatoriana, el pueblo originario Kichwa de Sarayaku hizo llegar la siguiente carta, que reproducimos en su totalidad, no sin antes agradecer profundamente todos esos gestos de fuerza, indignación y esperanza compartida, que conmueven y llenan de animo para poder continuar.

PUEBLO ORIGINARIO KICHWA DE SARAYAKU ACUERDO EJECUTIVO
CODENPE N0. 024 del 10 de junio 2004. 
Sede Ejecutiva: Plaza Central Sarayaku-Amazonia-Ecuador 
Oficina de Coordinación Puyo: Calle Francisco de Orellana y General Villamil 

Carta de apoyo y solidaridad con el hermano pueblo latinoamericano de Colombia

El pueblo originario Kichwa de Sarayaku desde la selva ecuatoriana, emitimos esta carta de apoyo y solidaridad con nuestro hermano país latinoamericano de Colombia: hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, niños y niñas de pueblos originarios, comunidades, campesinos, trabajadores, estudiantes, transportadores, medios alternativos, medios comunitarios, organizaciones del movimiento social en general que sigue en esta larga lucha, levantando su voz nuevamente ante la violencia, pobreza y hambre a la que los malos gobiernos con herencia colonial han llevado a este territorio.

El mundo entero sabemos de su ardua e interminable lucha frente a la élite política y económica que durante centenas de años vienen gobernando el país y que ha empobrecido material y moralmente a este territorio y a su gente. Esta lucha, es la que hace más de quinientos años emprendieron nuestros ancestros y ancestras guerreros milenarios a lo largo y ancho de nuestra Abya Yala – Tierra Viva, ahora herida. Es por esto, que se hace necesario cada vez más juntarnos, dialogar, entendernos y fortalecer cada lucha emprendida en todos los territorios en nombre de la Vida y de la Dignidad. 

El Proyecto de reforma tributaria que en teoría recabaría el 2,2 % del PIB, que serían destinados a palear la crisis económica causada por la Pandemia del Covid-19, no puede ser cargado a espaldas del pueblo colombiano empobrecido, mientras que los pequeños estratos privilegiados económicamente no son afectados por esta reforma y aportan en cada vez menos para salir de esta crisis. Sin embargo, entendemos que esta reforma es apenas el último factor que llevó a nuestros hermanos y hermanas a manifestarse, a esto se suma gobiernos antipopulares y corruptos que vienen deplorando cada vez más la vida de las clases populares y hermanos (as) de pueblos originarios, además, de asesinar sistemáticamente a líderes y lideresas sociales.

Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo colombiano que con justa razón iniciaron las movilizaciones pacíficas el 28 de abril 2021, nuestro fraterno abrazo a las familias de los fallecidos, heridos y detenidos a manos del gobierno de Colombia  

Rechazamos profunda y decididamente la violencia contra el pueblo colombiano, los 1443 casos de abuso policial, las 814 detenciones arbitrarias por parte de la policía, los 77 casos de uso de armas de fuego, los 10 abusos de tipo sexual y los 311 homicidios a manos de la fuerza pública, además de las numerosas desapariciones y nos oponemos al “estado de sitio” que busca justificar la violencia estatal.

Exigimos como pueblo hermano la presencia y pronunciamiento de organismos internacionales de derechos humanos de forma inmediata a obligación de sus funciones: Amnistía Internacional, Transparencia Internacional, Defensoria del Pueblo, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Human Rights Watch, OEA Y COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

Nos oponemos a la censura de medios y redes sociales y hacemos un llamado urgente a que se rompa el cerco mediático ante la violación de derechos humanos por parte del gobierno Duque. 

Hacemos un llamado al gobierno de Colombia a que se busque una reforma tributaria justa y coherente a la crisis que atravesamos en el mundo y consensuada con el pueblo, que permita un acuerdo social para enfrentar la crisis económica. 

En resistencia, 

por el Consejo de Gobierno de Tayjasaruta

Violencia sexual como arma de represión; “Me manosearon hasta el alma”

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Otra vez ha pasado. Otra vez se debe escribir para desahogar el alma; esa que como mujer también sentí manoseada al enterarme del abuso realizado por quienes constitucionalmente tienen el deber de protegernos. Otra vez hay que escribir en memoria de otra víctima. Quisiera no tener que hacerlo, quisiera que estos casos no se tengan que documentar, quisiera que, a esta niña de 17 años en Popayán, no la hubieran lanzado al suicidio después de ser capturada, golpeada y violentada sexualmente por al menos cuatro policías del ESMAD.

No basta con enfrentarse con escudos y armaduras, chalecos antibalas, cascos… no basta con que ataquen con sus armas que usan desproporcionadamente, no basta con que arrollen con sus tanquetas a manifestantes en las calles o que arrojen gases y hostiguen desde el aire en barrios populares en donde habitan niños, niñas, personas mayores, personas enfermas, personas en condiciones de discapacidad. Para ellos no basta con todo esto, siguen usando la violencia sexual para reprimir, siguen usando la violencia sexual para acallar las voces que se levantan contra un gobierno que no garantiza los derechos, siguen usando la violencia sexual como arma de represión y el cuerpo de las mujeres como botín de guerra.

En septiembre del año pasado escribí unas líneas en relación con este mismo tipo de delitos: violencia sexual desde agentes del Estado. Pareciera que recordar a las mujeres que han sido abusadas por parte de miembros de la fuerza pública no sirve de nada para tomar riendas en el asunto. En lo que va corrido del Paro Nacional que arrancó el 28 de abril se reportan al 13 de mayo, además de 39 asesinatos, 16 casos de violencia sexual por parte de agentes del Estado, cifra que seguramente no recoge el caso de ella ni el de muchas otras que cuando van a denunciar son revictimizadas por las instituciones que deberían garantizar sus derechos.

Durante estos días de Paro Nacional, hemos pasado noches de verdadero terror mientras en las calles de Cali, Pereira, Bogotá, Popayán, Tunja, Barranquilla, etc., la represión estatal estalla y bajo la oscuridad de la noche y el silencio cómplice de los medios de comunicación oficiales, se violan y vulneran de todas las formas posibles, no solo el legítimo derecho a la protesta, sino los derechos humanos e incluso el Derecho Internacional Humanitario.

Con todo esto, y sumando los atropellos que se evidencian contra el movimiento social desde noviembre del 2019 en donde se registró el asesinato de Dilan Cruz, el ataque a la Minga indígena, a las misiones médicas humanitarias, la falta de esclarecimiento en los ataques sistemáticos como el perpetrado contra Lucas Villa, etc., es claro que el primer punto de negociación del Paro Nacional debe ser el desmonte inmediato del ESMAD y la Reforma a todas las fuerzas de control estatal, además de la renuncia del Ministro de Defensa y otros mandos militares, todos los responsables directos e indirectos de esta masacre en la cual no ha intervenido ni la Defensoría del Pueblo, ni la Procuraduría, ni la Fiscalía, pero que en cambio, si ha tenido una fuerte respuesta internacional.

A los miembros de la fuerza pública, policías y soldados, a quienes llegue este mensaje solo recuerden que así “sigan órdenes”, las responsabilidades penales siempre serán individuales; más allá de un uniforme, somos un mismo pueblo, somos hijos de campesinos, descendientes de indígenas y afros. Muchos tuvieron que entregar sus sueños e ideales a una institución porque no tuvieron oportunidades de estudiar. Muchas de sus familias han recibido malos tratos en las entidades que les ofrecen el servicio a la salud como si fuera un regalo y no como el derecho adquirido por el trabajo que realizan. Muchos que son víctimas de este conflicto no reciben aún reparación ni siquiera los mutilados que han quedado en condición de discapacidad por esos “daños colaterales”. Muchos han perdido familiares, amigos, lanzas en un conflicto que quienes lo promueven no estarían dispuestos a ofrecer sus hijos para pelearlo. Piensen ustedes que, al igual que el policía de Popayán, su hija puede ser la próxima víctima de esta barbarie.

Definitivamente, no quisiera escribir estas palabras, pero es la única forma de desahogar el alma…

Preocupación por posible caso de persecución jurídica a líder juvenil

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Colombia 13 de mayo de 2021. Desde el pasado 4 de mayo, la libertad del líder juvenil Cristian Camilo Escobar Cañaveral fue restringida. La razón: respaldar activamente el Paro Nacional, y supuestamente, ser incitador de actos vandálicos.

En alocución presidencial, Iván Duque señaló que “se han realizado un total de 553 capturas” sobre presuntos responsables de actos vandálicos, entre los que resaltó el de “alias el barbado”, calificándolo como el “presunto determinador de los hechos vandálicos en Manizales”. 

También el Director de la Policía Nacional, el Mayor General Jorge Luis Vargas Valencia, se refirió a la captura en su cuenta de Twitter: “Le informamos al país que el Grupo Especial Contra Vandalismo y Delitos Conexos en coordinación con @FiscaliaCol, capturan en la ciudad de #Manizales a alias ‘El Barbado’, uno de los principales líderes de las acciones vandálicas en esta ciudad. #YoProtejoMiPaís”.

Según el Gobierno Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía “alias el barbado”, sería supuestamente el joven líder social y estudiantil Cristian Camilo Escobar Cañaveral, quien en este momento se encuentra en medida de aseguramiento de detención domiciliaria.

Sobre la captura, dijo Matías Suárez, abogado de Cristian Camilo, a Revista Hekatombe: “se dio a mediados de la semana pasada en circunstancias que yo considero absurdas, se realizó un entramado de engaño por parte de la Sijin para capturar a Camilo, quien salía de la casa de un amigo, lo cual era absolutamente innecesario, pues siempre estuvimos dispuestos a hacerle frente a la justicia y así se lo manifesté a representantes del Ministerio Público de la ciudad de Manizales”.

Para Matías Suárez, “la Fiscalía solo está usando un chivo expiatorio para que el Estado pueda mostrar resultados (…) estamos convencidos de la inocencia de Camilo, rechazamos la persecución del Estado a los manifestantes y la vulneración al derecho de protesta ”.

Del perfil de Cristian Camilo, nos dijo el abogado: “él es un líder político conciliador (de estos hay múltiples referencias), que sin miedo ha cruzado palabras con encapuchados para evitar confrontaciones”.

Se trata de un estudiante del Departamento de Antropología de la Universidad de Caldas, un activista social y un defensor de derechos humanos. En redes sociales, algunos de sus conocidos dijeron sobre él:

–  “siempre ha sido un líder; inteligente, organizado y sobre todo pacífico, estudiante y defensor de derechos humanos”;

– “es un compañero líder estudiantil de antropología, de la U. Caldas, un ser humano más que académico, un estudiante que entiende las coyunturas por las cuales se debe protestar en el país. NO ES UN TERRORISTA, NO ES UN VÁNDALO, ES UN CIUDADANO QUE  LE DUELE EL PAÍS. NO TIENE POR QUÉ ESTAR PRIVADO DE SU LIBERTAD, LO TIENEN CAPTURADO SIN JUSTA CAUSA”;

– “es un compañero de la Universidad de Caldas y de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente es un joven que busca un mejor futuro, busca las mismas causas que yo. No más injusticias”;

– “Que impotencia me da reconfirmar la tesis que en Colombia, a lo largo de su historia, siempre se está silenciando a la parte del pueblo que se atreve a alzar su voz y protestar. (…) A Colombia entera le quiero contar: Cristian Camilo Escobar Cañaveral no es ningún delincuente, ni vándalo, mucho menos terrorista o por lo que sea que el Estado Colombiano lo quiera hacer parecer. Por el contrario, es un joven alegre, entregado, activista, defensor de los derechos y causas sociales, entregado y otra gran cantidad de fortalezas. También tiene debilidades, pero lo que hoy se le quiere endilgar, ninguna de esas es. No crean eso”.

En un comunicado del estamento estudiantil de antropología de la Universidad de Caldas, firmado el 5 de mayo, sus compañeras y compañeros aseguraron: “no es ningún terrorista, ni criminal, como injustamente lo declaró la Policía Nacional y medios de comunicación como la noticia publicada en Caracol Radio. Nos pronunciamos en apoyo a nuestro compañero quien en este momento está siendo víctima de una mezquina persecución política, tratado de forma injusta por expresar su inconformidad”.

Por otro lado, el Programa de Antropología de la misma universidad, así como la Asociación Colombiana de Antropología, emitieron un comunicado en el que expresaban solidaridad con el joven universitario, e indignación tanto con la Fuerza Pública como con el medio de comunicación Caracol Radio, por haber reproducido la noticia sin ningún tipo de contraste: 

“Recibimos con gran sorpresa y no menos indignación que un estudiante reconocido en nuestro medio por su solidaridad, liderazgo y esfuerzo personal para avanzar en sus estudios en Antropología, caracterizado siempre por un comportamiento respetuoso y reflexivo, sea hoy objeto de endilgaciones de presuntos delitos y conductas alejadas a lo que de él conocemos. Apoyamos a nuestro estudiante y compañero Cristian Camilo Escobar Cañaveral, y exigimos que se garantice su vida, integridad y el debido proceso.

Rechazamos con vehemencia la información tendenciosa dada por el director de la Policía Nacional y replicada de forma sesgada por el medio de comunicación Caracol Radio Manizales. El señalamiento de uno de nuestros estudiantes y la clara intención de resaltar su vínculo con el Programa son noticias tendenciosas. Ser estudiante de antropología no es un hecho relevante para el proceso de investigación que se adelanta”.

Cabe destacar que la academia y el movimiento estudiantil, han venido denunciando desde hace años la estigmatización de la que ha sido objeto desde distintos gobiernos nacionales y locales así como desde la prensa comercial; debido a la defensa del pensamiento crítico y el vínculo entre la academia con los procesos de democratización social.

Así mismo, organizaciones de Derechos Humanos como la Campaña Defender la Libertad, Temblores ONG o INDEPAZ, han sostenido que el Estado no ha actuado con eficiencia en los casos de violencia policial ampliamente documentados.  

Por el momento, la familia, amigos, profesores, estudiantes y compañeras y compañeros de activismo social esperan que la situación se aclare mientras rechazan la persecución contra las y los jóvenes que ejercen y defienden el derecho constitucional a la protesta. 

*Esta noticia tuvo el apoyo periodístico de Paola Lancheros.

Paro Nacional | Campesinado, indígenas, afros y firmantes de la paz se articulan en el Sur del Meta

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Colombia, 13 de mayo de 2021. En el sur oriente colombiano se construyó una alianza entre población campesina, indígena, afrodescendiente y firmante del acuerdo de paz, para establecer la coordinación del Paro del sur del Meta.

Estos sectores ciudadanos se articularon en el sur del Meta y el Ariari, acamparon en la Universidad de los Llanos para dirigirse hacia Granada, y desde este municipio, el 13 de mayo, empezaron a emprender la marcha hasta el municipio de Villavicencio. Se trata de un aproximado de 1.000 manifestantes arraigados al campo, que formularon una serie de peticiones que tienen como eje transversal el agro, lo ambiental, la participación social y el fin de la violencia institucional en el territorio: 

  1. Implementación y cumplimiento del Acuerdo
  2. Reconciliación y reparación ambiental
  3. Por una economía digna para las y los campesinos, para los pequeños productores.
  4. Justicia por el asesinato de firmantes, líderes y lideresas sociales y ambientales.
  5. Acompañamiento integral y con enfoque territorial a la sustitución de cultivos
  6. Renta básica universal y estabilidad económica
  7. Inversión social y apoyo a la pequeña empresa
  8. Retirar la reforma a la salud
  9. Desmonte del paramilitarismo
  10. Cese a la violencia contra el derecho a la protesta
  11. Jóvenes como fuerza activa

Nos cuentan que conforme avanza la movilización, se van uniendo otros sectores sociales de la zona, que van aportando tanto en la construcción de una agenda conjunta del paro como con acciones culturales y artísticas. A su vez, han expresado solidaridad hacia la minga indígena, contra la que un grupo de civiles armados desde camionetas de alto cilindraje abrió fuego en días pasados, y con la ciudadanía popular caleña que ha sostenido la protesta social en medio de una cruenta represión estatal, según denuncias de derechos humanos.

Los puntos del pliego tienen un alcance local, regional y nacional, y explican, han sido la base para fortalecer el tejido social y la unidad entre los sectores presentes en las zonas del Sur del Meta y el Ariari.

Desconfianza ante anuncio de matrícula 0 por un semestre hecho por Duque

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Colombia, 11 de mayo de 2021. Iván Duque dijo desde la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez “tendremos educación pública universitaria, técnica y tecnológica gratuita para los estratos 1, 2 y 3” y afirmó que el propósito es poder hacer de esa medida una política de Estado. Cabe destacar que la matrícula 0 fue la reivindicación de una serie de protestas y tomas universitarias a nivel nacional, que tuvieron lugar en el 2020, cuando empezaba la pandemia. 

Le pedimos al experto en financiación de las Instituciones de Educación Superior, el profesor Helberth Choachí, que nos contará en términos prácticos, qué tan realizable es el anuncio y esto fue lo que nos dijo.

Además, el senador Feliciano Valencia señaló en su cuenta de Twitter: “Duque hace anuncios sin tocar nada de fondo. La ley 30 desfinanció la educación superior y no amplió su infraestructura. Está bien la matrícula cero para quienes tienen cupo, ¿pero cuál es la solución para los 500 mil jóvenes que no logran acceder a la universidad cada año?”. Por su parte, el analista y periodista Víctor de Currea Lugo expresó “Perdonen la desconfianza pero: Eso de ‘matrícula cero’ es del decreto 662/2020 (…)”, mientras que el profesor Jairo Estrada sostuvo: “Parar y persistir paga. Importante logro de nuestra juventud. Pero ojo, la matrícula 0 debe ser indefinida, y que no salgan con la jugadita de ponerla a financiar con los precarios recursos propios de las universidades públicas”.

De otro lado, también desde Twitter, la economista e historiadora María del Pilar López Uribe manifestó en un hilo que “La decisión de matrícula cero para estratos 1,2 y 3 en 2021-2 es buena pero desconoce varios problemas: 1. Es una solución de corto plazo para calmar ánimos de protesta sin solucionar un tema estructural de acceso (Anuc en 60s) 2. Problema serio es de oferta no de demanda (…) Hoy quedé impresionada con esta decisión, era como devolverme en el tiempo a los 60s cuando los campesinos amenazaron el status quo! Las mismas soluciones de corto plazo. En un año seguirán las protestas -justificadas- de jóvenes reclamando mejor educación”.

Es una medida fruto de la protesta social, que no tendría en cuenta la composición social de quienes protestan, en tanto no se trata de un paro universitario sino, en gran medida, de la movilización de una juventud sin acceso a la educación, o que se ha visto obligada a estudiar en la educación privada mientras va acumulando deuda. Una juventud que ha ocupado las calles para impugnar el no futuro. 

En Facebook, al respecto, en nuestras redes sociales, algunos de los comentarios de la ciudadanía fueron: “De qué sirve si no hay oportunidades laborales”, “Ese señor solo quiere que nos quedemos callados y se aplace el paro un semestre más”, “A darle migajas a otro perro a mi me da el plato entero o no dejo de ladrar!”, “Para qué la educación en un país desempleado? Sumado a que la mayoría de los trabajos aquí ni siquiera son para profesionales”.

En redes sociales, algunas cuentas sostienen que si bien es un éxito, la forma de presentar la medida desde el gobierno podría tener a su vez la intención de desmovilizar al estudiantado de la universidad pública de las protestas.

El paramilitarismo que jamás se fue

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Cuando iniciaron el proceso de paz con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el 2002, se consideraban a sí mismos un tercer actor político dentro del conflicto social, político y armado, en el que representaban las clases medias y las comunidades olvidadas por el Estado, sin embargo, a medida que avanzaban investigaciones, recolección de testimonios y la prensa alternativa documentaba las masacres de las Autodefensas Unidas de Colombia, se les reconoció como un grupo que respondía a dinámicas regionales y nacionales para la proyección nacional de un discurso y una política hegemónica de extrema derecha, que se fundamentaba en la violencia, el despojo, el asesinato de comunidades indígenas, líderes sociales y políticos de la oposición.

Los medios de comunicación anunciaron con bombos y platillos la creación de la ley de Justicia y Paz; imágenes de Salvatore Mancuso, Ramón Isaza y Ernesto Báez, tres jefes paramilitares en el Congreso de la República, dieron la vuelta al país. Los aplausos de pie al discurso justificante de la legítima defensa de Mancuso, anunciaron que el objetivo del paramilitarismo se había cumplido: aunque ya no existirían con el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia — AUC—, si habían impregnado a parte de la sociedad colombiana, en su mayoría sectores de las elites locales, fuerzas armadas y gobernantes regionales, con su ideario paramilitar.

El discurso anti subversivo, de la justicia por mano propia y la supuesta defensa de los derechos individuales que fundamentó los orígenes del paramilitarismo, pronto se transformó en una articulación de instituciones estatales, bloques paramilitares, empresarios y ganaderos que buscaban el “equilibrio social” entre el orden y la propiedad privada, todo esto a través del adoctrinamiento de fuerza militares, el apoyo ilegal de paramilitares en operativos militares y la conocida parapolítica.

Diversas investigaciones sociales y periodísticas han venido denunciando que en el 2002, las AUC habían apoyado la candidatura de Álvaro Uribe Vélez y que, para sorpresa de pocos, la seguridad democrática de Uribe era tanto su reconocimiento político como la aplicación legal de estrategias paramilitares en la lucha contra las guerrillas. En palabras de los mismos paramilitares, el gobierno Uribe fue un relevo en su lucha.

Hoy lo que se ve en las calles de Colombia no es sino el producto de años de legitimación para la creación de un nuevo sentido común y una memoria que apela a la legítima defensa, el racismo, la xenofobia, el clasismo y la necesidad de seguridad para ciertos sectores de la sociedad que creen han ganado por eso un estatus y unos privilegios.

Bajo el amparo de fuerzas militares y la indiferencia o financiación de gobernantes, estos sectores privilegiados creen que pueden hacer uso de la violencia física, económica y social para mantener el orden establecido narco paramilitar, amenazado por el creciente e incontenible descontento social de esas mayorías que han sido silenciadas, explotadas, asesinadas, desaparecidas y desplazadas por quienes hoy se reconocen como ‘ciudadanos de bien’.

Saben que el gobierno de turno estará del lado de ese gamonalismo armado que legitimará una vez más esa premisa de defender esos privilegios a través de un movimiento de resistencia civil en armas que se percibe amenazado por el contexto del paro nacional y encuentra soporte discursivo en los medios de comunicación que construyen la imagen de ese enemigo, en este caso de los manifestantes como ´terroristas´ ‘vándalos’ o ‘disidentes’ quienes deben ser combatidos y eliminados.

Algeciras-Huila: comunidad organiza mercado popular campesino en Paro Nacional

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Algeciras, Huila. 5 de mayo de 2021. El sábado 8 y el domingo 9 de mayo, en el municipio de Algeciras-Huila, la comunidad organizó un mercado campesino enmarcado en las protestas del Paro Nacional que vive Colombia desde el 28 de abril. 

Hablamos con el ingeniero agrícola Ronald Salazar, uno de los jóvenes que hizo parte de la organización del mercado popular campesino, y nos contó que se trató de una articulación entre organizaciones de base sociales, organizaciones campesinas, el consejo de paz, juntas de acción comunales, ciudadanas y ciudadanos, con la disposición de la alcaldía municipal, que buscó dinamizar la economía del municipio desde la economía familiar campesina.

Los transportadores que tienen algunos bloqueos en las vías, trasladaron a las y los campesinos con sus productos hacia el mercado popular campesino, promoviendo así la conexión directa entre los productores y los consumidores. Teniendo como lema “Algeciras le compra a algecireño”, la población municipal “acudió a ese llamado”, haciendo que la iniciativa se convirtiera en un “rotundo éxito”.

Ronald señaló que “esa articulación se dio en una visión de construcción de territorio y de tejido social”, para hacerle frente al posible desabastecimiento, sin desatender al Paro Nacional, en el que se ha sumado la población por el “el descontento general”, tanto por las reformas presentadas por el gobierno Duque, como por el cumplimiento parcial del Acuerdo de Paz —siendo Algeciras el único municipio PDET del Huila—, que ha dejado de lado medidas como “la reforma agraria integral”, medidas que contribuirían al desarrollo algecireño.

El mercado popular campesino estuvo acompañado de una jornada cultural, con bailes típicos de la región, música, y un compartir con la delegación de la Minga Indígena, que dejó un mural como regalo a Algeciras. 

Minga rechaza ataques y estigmatización | alerta por situación de DDHH en Valle del Cauca

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Colombia, 10 de mayo de 2021. Luego de que circularan vídeos en los que civiles vestidos de blanco abrían fuego desde camionetas de alto cilindraje contra integrantes de la Minga Indígena en el Valle del Cauca, posterior a los pronunciamientos del alcalde de Cali en los que rechazaba las medidas de protección que los comuneros habían tomado para proteger sus vidas, las de la misión médica y las de las y los manifestantes, en respuesta a otros atentados cometidos también desde camionetas de alto cilindraje, Duque afirmó en un pronunciamiento: 

Colombia entera y particularmente la ciudadanía de Cali, rechaza los bloqueos que afectan el abastecimiento y la distribución de medicamentos. A los integrantes del @CRIC_Cauca les hago un llamado: retornen a sus resguardos y eviten confrontaciones violentas con la ciudadanía”,  y ordenó «el mayor despliegue que se tenga de capacidades de nuestra fuerza pública».

Cabe destacar que la ciudadanía caleña de los barrios populares y de las capas medias ha sido de las que más se ha movilizado en los días de Paro Nacional, y que quienes se han manifestado en contra han sido habitantes de los barrios de la élite caleña que hacen parte del caudal electoral de la extrema derecha. 

En una noticia publicada en la página del CRIC, se explicaba:

9 mingueras y mingueros heridos a bala, deja una marcha convocada por simpatizantes del uribismo, respaldada por la fuerza pública e incitada por el alcalde Jorge Iván Ospina en la ciudad de Cali. Hoy 9 de mayo, algunos ciudadanos del sur de Cali que se manifestaban en contra del paro Nacional y la minga indígena, que pretendían quitar uno de los puntos que resisten, retienen un vehículo donde se movilizaban autoridades y mingueros; los agreden y ante la llegada de más comunidad a protegerlos, estos disparan con armas de fuego”. 

Y en un comunicado señalan:

En los videos que circulan ampliamente por las redes sociales se ve claramente quiénes son los que disparan y quiénes organizan y recogen a los que disparan. El comunicado de la Policía Nacional no es más que una huida hacia adelante, un acto del más profundo cinismo formulado por quienes están masacrando al pueblo colombiano, poniendo incluso en riesgo la vida de aquellos que de forma legítima se oponen al paro, y que están siendo utilizados como carne de cañón para contener la protesta”.

Posteriormente, en un comunicado, el partido de gobierno Centro Democrático, manifestó:

Como partido de gobierno que siempre lo ha acompañado desde su elección y en los momentos más difíciles, hoy nos sentimos en el deber de solicitarle acción militar contundente y sostenida en la ciudad de Cali para restablecer el orden público en el marco de la Constitución y de los Derechos Humanos.

Es urgente, señor presidente, superar las condiciones de inferioridad en que se encuentran los policías y el ESMAD para dar protección a la ciudadanía”.

Horas después, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, por solicitud de un consejo extraordinario con delegados del gobierno Duque y de la Fuerza Pública, decretó el cierre de fronteras del departamento, desde el lunes 10 de mayo, hasta el sábado 15 de mayo. 

No hay que perder de vista que según el informe de violación de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública presentado el 9 de mayo por INDEPAZ y Temblores ONG, estas serían las cifras actualizadas y trianguladas registradas:

“47 personas asesinadas desde el 28 de abril de 2021, día en que comenzó el Paro Nacional. De estos casos de violencia homicida, ha sido posible determinar que 39 de ellos se dieron por violencia policial.1 De las 47 víctimas de violencia homicida, 2 de eran mujeres y 45 eran hombres. 36 de los casos se presentaron en el Valle del Cauca (35 en Cali y 1 en Yumbo), 3 en Cundinamarca (1 en Soacha y 2 en Madrid), 3 en Risaralda (2 en Pereira y 1 en La Virginia), 2 en Bogotá, 1 en Antioquia (Medellín), 1 en Tolima (Ibagué) y 1 en Santander (Floridablanca). Asimismo, ha sido posible determinar las siguientes modalidades de agresión con respecto al total de casos de violencia homicida: 34 se dieron por arma de fuego, 2 arrollados con tanqueta del ESMAD, 2 por gases lacrimógenos y 3 con arma blanca (6 casos sin información).

A lo anterior se le suman numerosos casos de violencia a nivel nacional por parte de la Fuerza Pública. A la fecha, se han registrado, al menos, 1.876 casos, dentro de los cuales se pudieron identificar los siguientes: ● 278 víctimas de violencia física ● 963 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes ● 356 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas ● 28 víctimas de agresiones oculares ● 111 casos de disparos de arma de fuego ● 12 víctimas de violencia sexual”.

Organizaciones de Derechos Humanos y ciudadanía movilizada temen una situación generalizada de violación de derechos humanos por el despliegue de Fuerza Pública y el cierre de fronteras en el Valle del Cauca.