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Gobierno pretende gastar más de $14.100 millones en el ESMAD | Denuncia

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6 de mayo de 2021. El senador Wilson Arias hizo pública una denuncia en horas de la tarde del 6 de mayo, en la que aseguró que conoció dos contratos de la Dirección Administrativa de la Policía, por más de $14.100 millones de pesos, en los que se busca gastar recursos del Estado en instrumentos de disolución de manifestaciones empleados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios.

Las compras serían las siguientes: municiones “menos letales”; lanzador de gas de 37MM; 98.686 cartuchos de gas lacrimógeno; 25.349 granadas, en las que se cuentan 9.935 granadas de gas, 5.650 granadas de aturdimiento, 5.843 granadas multi-impacto y 3.921 granadas de humo; 60.684 esferas explosivas; 107 rifles lanzadores de gas; 650 protectores corporales; 2.138 escudos y 1.948 cascos antimotín.  

El primer contrato fue publicado el 21 de marzo, y el segundo el 6 de abril. Cabe destacar que se elaboraron en medio de la crisis económica y social, y cuando el gobierno tenía en firme el proyecto de ley de reforma tributaria proyectado por el exministro Alberto Carrasquilla, que fue retirado por la presión ciudadana. 

La policía, según el senador, podría adjudicar los contratos el 20 de mayo, por lo que aún habría tiempo de detener la compra.

Cabe recordar que el Senador Arias también denunció en abril de 2020 el gasto de 7.900 millones de pesos en la compra de 10 tanquetas para el ESMAD.

El uso del dinero del Estado para este fin ha sido cuestionado tanto por el hecho de descartar la priorización del gasto social general y no hiper focalizado, en medio de la crisis social y económica por la que atraviesa el país, para dirigir los recursos al gasto de la Fuerza Pública; como por la financiación de un Escuadrón sobre el que reposan miles de denuncias sobre violación de derechos humanos, sistematizadas por organizaciones y redes como la Campaña Defender la Libertad.

 

 

La cuidadora a la que no le gusta cuidar

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No creo en el castigo, pero después de recibir el encargo de ver la alocución de Claudia López del 5 de mayo para hacer una nota, comienzo a tener dudas.

La alocución tiene lugar en un escenario que, inicialmente, me pareció simplemente definido para la puesta en escena de una obra que sería presentada por la histriónica alcaldesa.

Claudia López está frente a una tienda de campaña con cara de tristeza. Comienza a hablar con tono compungido: “un abrazo que nos reconforte a todos y a todas en estas horas tan aciagas”.

Sigue expresándose con una actitud de mamá decepcionada por el mal comportamiento de sus hijos, dice, “Bogotá tuvo anoche (4 de mayo) la noche más violenta y dolorosa que ha tenido desde hace ocho días que empezaron las jornadas de movilización y de paro, yo quiero invitar a Bogotá y a Colombia a la reflexión, a dónde queremos llegar”. Antecediendo lo que sería la culpabilización institucional de la ciudadanía por los actos de abuso de la policía.

Continúa con que la protesta se ha alargado en el tiempo sin un norte claro, sentenciando que se va a degradar, con menos movilización pacífica y más vandalismo, lo que conllevará a más intervención del ESMAD con choque y confrontación, más abusos, heridos y agresiones, no sin antes agregar, palabras más palabras menos, que por razones metafisicas no han habido muertos en la ciudad.

Luego ridiculizando agrega:  “quienes se movilizan diciendo ‘no nos maten’, los entiendo, pero en Bogotá no han matado a nadie, hasta ahora milagrosamente después de ocho días. ‘No nos disparen’, no ha habido balas ni uso indiscriminados de armas de fuego por parte de la fuerza pública¨, agrega. Caricaturizando así la preocupación de las y los jóvenes a pesar de las cifras de heridos, y desaparecidos que se registran hasta la fecha, además de la experiencia que se vivió en Bogotá cuando la policía asesinó a manifestantes en la masacre de septiembre de 2020, siendo ella la alcaldesa. 

Para la alcaldesa, la ciudadanía que se manifiesta no debería tener empatía por las víctimas de abuso policial de otras partes de Colombia, ni memoria por los eventos de violencia homicida de fechas de protesta precedentes.

Y sigue con el mismo tono recordando a los hijos lo que pasa cuando se portan mal: “Bogotá sabe lo que pasa cuando eso ocurre, hemos logrado durante ocho días contenerlo, pero cada día va a ser más difícil, hijos”. Supongo que recordando las veces en las que nos ha hecho creer que ella no tiene las riendas de la fuerza pública, cuando no le conviene establecer nexos entre el quehacer cuestionado de la policía y su propia figura como alcaldesa, para el futuro electoral.

Con tono de madre que aconseja, continúa: “Yo invito al gobierno nacional a que convoque a los que de verdad están marchando, no a los que hacen videos desde lujosas bibliotecas y Zoom y no tienen un pie en la calle y no controlan nada de la movilización y mandan a los jóvenes como carne de cañón literalmente a las calles de Colombia y de Bogotá”, poniendo en evidencia una visión de la ciudadanía propia del centro, y la derecha: si las personas toman las calles para mostrar descontento, lo hacen por manipulación, no porque existan razones de peso y de fondo, menospreciando la agencia política de la gente de a pie..

Y sigue la puesta en escena, con voz cansada y desgastada: “Los alcaldes y alcaldesas de Colombia no podemos estar dedicados a contener, cuidar. Protectores de derechos humanos, gestores de convivencia, tratar de que los unos no agredan a los otros, de que los jóvenes no traten de incendiar a los policías, de que los policías no agredan a los ciudadanos” Los jóvenes según la alcaldesa son más peligrosos que la policía a pesar del armamento que tiene la policía, un armamento que de “baja letalidad” tiene poco, y que no duda en usar, como lo revelan las cifras de organizaciones defensoras de derechos humanos como Campaña Defender la Libertad..

Y vuelve con el drama,  la molestia, y el cansancio, de la mamá agotada: “nos pasamos la mañana corrige (la noche) tratando de contener violencia y la mañana visitando hospitales ¡no esa no puede ser la vida!”. A la cuidadora le molesta y le agobia cuidar.

Y la puesta en escena continúa, abandonada al cansancio y al sufrimiento deja caer los brazos y sigue: “Vinimos a construir hospitales, a superar el COVID, a generar educación, empleo, a hacer obras públicas, no a ver como las destruyen”..

Y ahora con más enojo, frustración y a punto del llanto: “a generar educación gratuita para nuestros jóvenes, de calidad, del siglo 21; hacer el sistema de cuidado para las mujeres; a reverdecer a Bogotá; a construir el metro; en más empleo, no menos” . 

Parece que esta semana de protestas,  le han hecho más daño a la ciudad que los quince meses que lleva Claudia en la alcaldía y eso que a ella le debemos el proyecto de demolición de un hospital y la plata que se perdió en Corferias por cuenta del mal manejo que ella le ha dado al COVID-19; el que no haya pensado en construir universidades pero sí una cárcel; el que haya sembrado pocos árboles en  relación con todos los  que taló en las noches; la fiera protección de los intereses privados de los grandes propietarios de Transmilenio, que la llevaron a traicionar propuestas de campaña, en fin.

Las mentiras también van acompañadas de drama, acongojada continúa: “El 40% de un bien público, público como el agua, como la energía, el transporte público es un bien público del que dependen los ciudadanos más humildes, el 40% de nuestro sistema de transporte público está hoy destruido”. Esta madrugada había informado que era el 35%, y no, no es un bien público, es una alianza pública-privada que genera ingresos pírricos,  cinco pesos de cada cien que recibe el sistema a pesar de que la infraestructura es de la ciudad. 

Las mentiras no cesan, y el tono no cambia: “¡Bogotá amanece hoy con 104 policías heridos! Y con 110 ciudadanos heridos y de manera milagrosa no hay muertos, no hay balas indiscriminadas, no hay heridos por bala, lo cual demuestra que la policía está haciendo un ¡Enorme esfuerzo por ceñirse a los protocolos y claro que les agradezco! Bogotá sabe lo que es perder el control sobre la fuerza pública y lo costoso y doloroso y riesgoso que eso es”.  Mmm, veamos las cifras de Defender la libertad sobre violencia policial en Bogotá, del 28 de Abril al 7 de Mayo, con hora de corte a las 4 pm:

  • 133 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. 14 sufrieron lesiones oculares. 8 fueron heridas por arma de fuego. 33 personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
  • 6 personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución.
  • 560 personas han sido detenidas, gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos.
  • 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 4 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
  • 383 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
  • 1 persona falleció presuntamente por el accionar de la fuerza pública o por civiles sin identificar en el marco de la protesta social (por esclarecer su relación con las protestas).
  • 28 personas presuntamente desaparecidas en el marco de la protesta social.

Volvamos a nuestra querida actriz: “En ocho días ha habido todo el esfuerzo de mantener los protocolos de intervención , de derechos humanos, lo cual desafortunadamente no ha evitado que…ininteligible o fugados”. Parece que cuando habla de fugados, se está refiriendo a los trinos contradictorios del 4 de mayo, cuando dijo que había pedido ayuda a la fuerza pública para proteger a las personas privadas de la libertad que se encontraban en las URI: primero habla de protegerlos y luego habla de evitar posibles fugas.

Aquí los trinos en los que dice una cosa, pero a la vez otra.

 

 

La rueda de prensa

La periodista de RCN pregunta: “el colegio Claretiano está denunciando que el ejército aterrizó sin permiso en las instalaciones de ese plantel, finalmente, ¿usted si pidió ayuda del ejército nacional para custodiar Bogotá? ¿Y en caso de que si se hubiera pedido, cuáles serían las funciones del ejército?”.

Con disgusto Claudia responde: “Yo no he pedido ninguna militarización de Bogotá, nunca la he pedido y no la voy a solicitar”.

Insiste: ¨No es cierto, no es cierto que helicópteros ni ningún equipamiento militar fuera ni a Bosa ni a Kennedy, la policía como ustedes saben, tiene helicópteros propios, el Halcón, que como ustedes saben, nos ayuda a hacer vigilancia”.

Según ella, “cómo las vías están completamente bloqueadas, ni la Cali estaba funcionando, ni la auto sur funciona, las Américas estaba trancada, tuvimos que llevar dos helicópteros halcones de la policía milit (interrumpe y corrige), de la policía nacional y de la policía metropolitana a que fueran a Bosa donde desafortunadamente no hay un helipuerto, desafortunadamente no hay, tenían que encontrar un sitio plano más o menos seguro donde bajar para recoger heridos (…) Y para dejar apoyo logístico de la policía que ya no tenía, apoyo logístico ni en Bosa ni en Kennedy, igualmente otro Halcón de la policía aterrizó en las Américas, en el portal de las Américas en Patio para poder cumplir la misma función, en Américas por ejemplo tuvimos dos policías gravemente heridos”.

Y las excusas seguían: “no teníamos cómo, las ambulancias no estaban pudiendo llegar y por supuesto necesitaban también un reaprovisionamiento logístico, razón por la cual se hizo esos dos aterrizajes en ese momento, fue la policía”. Dos aterrizajes, pero es que dos en Bosa más uno en Kennedy suman tres, esa pifia en una suma tan sencilla y el lapsus con lo del milit,  generan un tris de desconfianza.

Pregunta de La Cariñosa: “balance y cómo han funcionado los 22 puntos que se establecieron”.

Orgullosa ella: “Tenemos 22 comisiones de derechos humanos que afortunadamente instalamos, 24-7 van a  estar trabajando todo el tiempo, dirigidas por altos funcionarios de la alcaldía mayor, con mediadores de diálogo, con inspectores que nos puedan ayudar a procesar rápidamente cualquier denuncia, según dice, “eso nos facilitó ubicar a tiempo quien resulta herido, asegurarnos que pueda ser tratado, quien fue retenido y que no haya desaparecidos, que sepamos en todo momento si alguien se reporta que alguien se retuvo por protección o por judicialización donde está, en eso mejoramos anoche vamos a seguir mejorando”. La cosa es que cuando se revisan las múltiples denuncias en las redes sociales, lo que dice la alcaldesa no cuadra…

Cansada finalmente se despide y ¡Fin del acto!

Momento, todavía no.

¡Alcaldesa! Dice rápidamente un funcionario que estuvo de pie al lado de Claudia todo el tiempo.

Y el regaño continua, el funcionario dice muy serio: “yo no quiero que se acabe esta alocución sin hacer un llamado fundamental al respeto a la misión médica. En el día de hoy tuvimos que suspender la toma de muestras SR para detectar el COVID-19, en el día de hoy tuvimos que suspender la atención domiciliaría a los pacientes que hace más de un año venimos atendiendo en todas sus casas, el día de hoy estamos suspendiendo la vacunación contra el COVID que es la puerta de esperanza que se nos abre después de un año tan duro”.

En ese momento queda claro el por qué del escenario, la tienda de campaña, que al parecer era un puesto de vacunación, porque además tocaba hacer sentir peor a los jóvenes que se portan mal, en Bogotá hoy no pudieron vacunar, ni hacer pruebas por culpa de ellos, de los mal portados, como si no fuera suficiente con que esta semana no se hubieran podido construir hospitales, universidades, ni generar empleos, ni invertir en la lucha contra el COVID-19, también afectaron el plan de vacunación de la ciudad.

Ella lo mira muy impaciente y muestra deseos de irse,  durante un tiempo con las manos en los bolsillos de la chaqueta, luego las saca y dice, así es muchas gracias y se van.

Ahora sí, fin del acto.

PDTA

No había visto nunca al funcionario, pero si no estoy mal es el mismo que en pleno segundo pico de la pandemia se fue de vacaciones y curiosamente habla de respeto a la misión médica cuando de hecho la misión médica ha apoyado las movilizaciones.

La guerra en las aulas: a propósito del helicóptero militar en el Colegio Claretiano

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En la noche del 4 de mayo, un helicóptero de la Fuerza Pública aterrizó, sin autorización, en el Colegio Claretiano, ubicado en la localidad de Bosa en Bogotá, también ingresaron agentes de policía para hacer uso del plantel educativo, en el marco de las protestas del paro nacional.

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El colegió difundió un comunicado el 5 de mayo en el que aseguraron que desconocían los hechos, y que rechazaban el operativo al ser violatorio de los protocolos de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional Humanitario. A su vez, expresaron que manifestaban su solidaridad a las víctimas “que ha dejado la situación social compleja que vive nuestro país”.

Sobre esta situación, nuestra columnista Sharon Barón compuso el poema que compartimos a continuación.

La guerra en las aulas

En los pasillos
donde un día hubo risas
hoy hay gritos y órdenes de muerte.

En los suelos
que sostuvieron las pisadas embarradas de juguetones
hoy hay zancadas pesadas y estridentes.

En los patios
donde la imaginación construía laberintos
hoy se construyen planeaciones desalmadas y frívolas.

En las aulas
donde se tejieron sumas, restas y letras
hoy se edifican cálculos malévolos.

En las canchas
donde corrían, saltaban y flotaban balones
hoy se posa un helicóptero con heridas futuras.

En la noche,
en la oscura noche
en la tétrica noche
de un barrio pobre
las plegarias a un dios compasivo
se convierten en declaraciones de muerte.

Los lápices se reemplazan por balas
los balones se reemplazan por granadas
la guerra ha llegado a las aulas
la guerra ha llegado a las aulas
¿cómo saber qué quiero ser cuando grande
si las posibilidades son anuladas en el presente
por la bota y el arma que mata a mi gente?

Paro Nacional, la dolorosa disputa por otro orden social

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El Paro Nacional que comenzó el 28 de abril de 2021 detonó fuerzas sociales cuyo despliegue ha significado para Colombia una de las mayores crisis políticas de los últimos tiempos. El marcado deterioro de la hegemonía uribista fue respondido con una violencia extrema que mostró la cara criminal de una Fuerza Pública uribizada, violencia política sistémica repartida a cuenta gotas, dia a día, contra líderes/as sociales y exguerrilleros. De la extrema violencia contra el Paro han quedado cruentos registros que circulan en las redes sociales como respuesta a las invisibilizaciones y encuadres tendenciosos de los grandes medios corporativos de radio y televisión. A día de hoy, no es claro el balance de muertos y desaparecidos —la Defensoría del Pueblo ha reportado de momento 19 asesinados y 89 desapariciones—, particularmente de jóvenes que lucharon en las calles por otro mundo mejor y cuyas demandas fueron respondidas con infames balazos para aleccionar a través del terror a quienes siguen protestando.

Una nueva reforma tributaria, liderada por el exministro Carrasquilla, fue el «florero de Llorente» que animó a un paro que contaba con pronósticos reservados dada la crisis por pandemia. Pero el dilema entre el contagio masivo por el virus y la lucha contra la desigualdad social, en pleno tercer pico, se decantó finalmente a favor de la última opción y las calles fueron testigas de una revitalización política apenas suspendida por las medidas excepcionales de contención de la pandemia, las cuales ya no pudieron hacer nada para controlar el descontento social generalizado.

La pandemia había llegado como una suerte de salvavidas para el gobierno colombiano, que había enfrentado represivamente el descontento del 21-N y simulado luego una «Conversación Nacional» que nunca se dio. En 2019 la serie de movilizaciones en distintas partes de América Latina como Ecuador, Chile, Bolivia o Colombia alertaban no ya sobre problemas coyunturales de gobierno, sino sobre una crisis sistémica, global y civilizatoria del orden social capitalista y su imposición y apalancamiento en países periféricos mediante modelos neoliberales de «desarrollo». Ya en pandemia, el asesinato de Javier Ordóñez a manos de la Policía el 9 de septiembre de 2020 derivó en una protesta masiva y violenta contra los CAI y terminó en la masacre de Bogotá propinada por las fuerzas de policía, atrocidad que sigue impune. Un recorderis de que el talante autoritario del statu quo no es de ahora.

Pero es justamente esta inserción desigual de Colombia a los supuestos beneficios de la economía mundial la que explica, en parte, la apuesta por una reforma tributaria regresiva de sesgo prorrico. Desde 2014, debido a la caída de los precios internacionales del petróleo, la economía dependiente colombiana ha dejado de percibir ingresos importantes de la «renta petrolera».

Tras la crisis por pandemia, el gobierno Duque siguió manteniendo el modelo de atracción de capital extranjero para «crecer económicamente», dando beneficios a grandes empresas y cumpliendo su cuota de pago de la deuda externa. En 2020, más de 53.6 billones de pesos se fueron al pago del servicio de deuda y para 2021 se programó un pago al servicio de deuda de 70.5 billones, como han explicado Jorge Espitia y Daniel Libreros. Para dar una idea, a mayo de 2021 para el cacareado «Ingreso solidario» se han destinado aproximadamente 600 000 millones de pesos. El chantaje de las calificadoras de riesgo es tal que éstas mantuvieron «en diciembre pasado una calificación con perspectiva negativa presionando el trámite de la reforma tributaria que les garantice el pago de la deuda pública».

Por si fuera poco, nos cuentan Espitia y Libreros, «el 80 % de las ayudas fue entregada a los grandes grupos económicos y sus empresas, como en el caso del Plan de Ayuda al Empleo Formal (PAEF), diseñado para entregar subsidios a las nóminas». Entre las grandes corporaciones que recibieron estos apoyos se cuenta, sí, el Grupo Ardila, el Grupo Santodomingo y, ¡cómo no, el Grupo Sarmiento Angulo! A pesar de que Duque reproduce un orden social que beneficia a las grandes burguesías del país y los más pobres entre los pobres —«tres millones de hogares»— tienen que contentarse con un «ingreso solidario» de $160 000 mensuales, el establecimiento dice que no hay conflicto de clases, que eso es un cuento del «marxismo cultural» para atizar odio y resentimiento social y que, más bien, sigamos esperando las migajas que caen por el enriquecimiento de los grandes grupos económicos por cuenta de la «teoría del goteo».

El gobierno Duque ha sido tan infame que incluso la reforma tributaria se justificó con el argumento de que, si no se tramitaba, entonces esas tres millones de familias dejarían de percibir el «ingreso solidario». Sin embargo, el mensaje de la sociedad movilizada es claro: la desigualdad social no se combate con políticas de focalización y recargando el peso de la tributación sobre las clases populares y medias, las más perjudicadas por el capitalismo financiarizado organizado por la dominación uribista.

Entretanto, el establecimiento uribista, en su cruzada anticomunista imaginada, reprime las movilizaciones con doctrinas fascistas que legitiman el tratamiento militar de la protesta, como la de la «Revolución Molecular Disipada», del neonazi chileno Alexis López, la cual convierte en enemigo público al barrista, al profesor, a las mujeres y, en sí, a cualquiera que siente su voz de protesta contra el orden social vigente. Ante la desaparición de la guerrilla como actor armado por la firma del Acuerdo Final de Paz, el aparato ideológico del uribismo innova y se complejiza —a veces de modo risible— mediante la incorporación de nuevos conceptos para restar potencia política y estigmatizar a sus contradictores, y mantenerse en el ejercicio del poder estatal. De repente, amplias capas de la sociedad tienen horizontes antisistémicos comunistas radicales y el uribismo no nota que asentir ello implica reconocer su propia derrota ideológica. Ni hablar del huero discurso del «vándalo»: es que si hay robos y saqueos también es por la alta desigualdad social.

De fondo, el actual Paro Nacional, así como el 21-N, no sólo ha cuestionado al bloque de poder uribista, sino a todas aquellas élites que han contribuido a la situación actual de crisis. Que el Paro continúe a pesar del retiro provisional de la reforma tributaria y la renuncia de Carrasquilla muestra que hay, en los reclamos de mujeres, estudiantes, camioneros, campesinos o indígenas, la demanda por un nuevo orden social cuyos contornos aún no han sido consensuados. Lo que sí es claro es que la hegemonía/dominación uribista y el orden social organizado por ella están muriendo y que el pueblo movilizado son sus sepultureros.

A las víctimas de la actual masacre, a sus familiares y amigos, las más sentidas condolencias.

Que su lucha no sea en vano y su fuego siempre arda en nuestros corazones.

Y ánimos y fuerza a quienes siguen luchando a pesar del miedo y la consternación.

Personas desaparecidas en Bogotá en el marco del Paro Nacional

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Bogotá, 5 de mayo de 2021. La Revista Hekatombe conoció el listado de personas desaparecidas de acuerdo a reportes de organizaciones y administración Distrital, del que se puede decir que,

  1. Hasta el 5 de mayo de 2021 a las 5:50 PM, hay 47 personas de las que se desconoce su paradero.
  2. Hay una persona desaparecida desde el 1 de mayo, vista por última vez cuando se dirigía a su casa en Suba.
  3. Reportan 5 personas desaparecidas desde el 2 de mayo, de las cuales una persona estaba herida y no se sabe a dónde se la llevaron, otra que fue detenida por un  grupo significativo de policías en las Américas con Boyacá a las 8PM.
  4. Hay 2 personas desaparecidas desde el 3 de mayo, vistas por última vez en Paloquemao y Suba.
  5. Del 4 de mayo reportan 13 personas desaparecidas, de las cuales, 3 se encontraban en el sector del Portal Américas; 2 en Usme; 2 en la localidad de Engativá; en Bosa, Héroes, La Presentación y Portal 20 de julio 1 persona; de 2 no se tiene más información.
  6. Hay 24 personas desaparecidas el 5 de mayo; de las cuales, solo de 4 aparece reporte de dónde fueron vistas por última vez.
  7. De 1 persona no reportan la fecha de desaparición.
  8. En total se trata de 7 mujeres desaparecidas; 48 personas mayores de edad; 3 menores de edad; 5 sin identificación.

Aquí pueden ver el listado.

También hay un registro de las personas “aparecidas”, del que se puede señalar que: 

  1. Una persona mientras era esposada por la fuerza pública, fue agredida.
  2. Una persona herida, estaba desaparecida y cuando fue encontrada, manifestó haber sido golpeada por la policía.
  3. Una persona estuvo desaparecida 2 días. Esta persona señala que fue detenida por la policía, golpeada y le hurtaron sus pertenencias.
  4. Cuatro personas fueron detenidas por la policía, sin embargo, esta negó su paradero, resultado de la presión por parte de diferentes entidades y las familias, la fuerza pública aceptó su detención, entre las personas detenidas se encontraba un menor de edad.
  5. Dos personas que llegaban de su trabajo fueron detenidas por la policía.

28 de abril o de la desilusión juvenil en una sociedad hiperfracturada

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«Los adultos jóvenes de todo el mundo están experimentando su segunda gran crisis global en una década: entraron a la juventud en medio de la crisis financiera, y ahora están saliendo de ella al comienzo de una pandemia que no se había visto en generaciones. Se enfrentarán a serios desafíos para su educación, perspectivas económicas y salud mental».

Informe de Riesgos Globales 2021.

El Informe de Riesgos Globales 2021 publicado por el Foro Económico Mundial sitúa a la sociedad contemporánea en el marco de un «futuro fracturado». Este escenario, en lo más inmediato, conjuga cinco grandes rupturas que se agudizan con la llegada del Covid-19: las barreras a la inclusión digital, el descontento de la juventud en medio de una era de pérdida de oportunidades, las tensiones internacionales de las potencias medias, las problemáticas económicas que generan los mercados y la deficiente acción contra el cambio climático. En síntesis, el Informe ve a la sociedad contemporánea como una hiperfractura, como un hueso roto en varios pedazos que requiere una intervención sinérgica.

Colombia no se escapa de esa contexto y prueba de ello han sido las movilizaciones iniciadas el pasado 28 de abril por los diferentes sectores sociales, con especial participación de los jóvenes, que respondieron a una reforma fiscal que buscaba sanear las finanzas del Estado golpeadas por la pandemia y presentar viabilidad económica para solicitar crédito externo a costas de la clase media y los más pobres. Aún no sabemos que tipo de reforma se elaborará en las próximas semanas después de haber sido retirada del congreso por la presión social. Lo que si es cierto es que los jóvenes han sido los protagonistas y no precisamente por una rebeldía injustificada, sino por una desilusión que refleja la erosión de la cohesión social.

Esta «generación cicatrizada» enfrentó la crisis del 2008 recibiendo estímulos insuficientes para recuperar lo perdido y ha visto los límites de la educación como canal de movilidad social debido a las medidas de austeridad desplazándolos a trabajos precarios. El Covid ha golpeado a más del 30% de la población estudiantil que carece de tecnologías para participar en el aprendizaje digital y ha sacado al 80% de los jóvenes en el mundo de sus centros de estudio, lo cual ha traído un incremento del estrés, la violencia de género y los embarazos en adolescentes.

El camino turbulento que le espera a los «pandemials» se agudiza para aquellos que se encuentran en la etapa de estudios secundarios o técnicos y corren el riesgo de convertirse en la primera generación doblemente perdida del siglo XXI. Estos jóvenes deben decidir entre terminar sus estudios o buscar el sustento exponiéndose a perder por completo la educación, y también enfrentan el rápido cambio de los mercados de trabajo que obligan a adquirir nuevas habilidades a través del endeudamiento educativo, lo cual complica consolidar un capital económico y ascender socialmente.

Por otro lado, el aumento del desempleo ha crecido globalmente desde 2008 y en Colombia hoy la cifra se ubica en el 23.9% para los jóvenes, lo que se explica en las débiles transformaciones estructurales que han fallado ampliamente en reducir el desempleo y los ejemplos pasan por los contratos de prestación de servicios, las malas condiciones de las pasantías, el déficit de oportunidades y el elevado número de jóvenes en el mercado informal que saltan entre trabajos a corto plazo y mal pagados. A lo anterior se agrega, la pérdida de empleos por la automatización y la cuarta revolución industrial.

Propio para el caso colombiano, es que la desilusión juvenil hunde sus raíces en una esperanza de paz que le ha sido arrebatada por la extrema derecha haciendo trizas los acuerdos, exponiéndolos a ser reclutados por grupos armados irregulares y fomentando un nuevo ciclo de violencia.

Inspirada en todos estos elementos, la juventud ha incrementado su participación política y expresado su rabia, decepción y pesimismo en las calles y en el ciberespacio. En este sentido las protestas multitudinarias de los jóvenes, como la del 21 de noviembre de 2019 o la del pasado 28 de abril, encarnan un sentimiento de creciente traición por la generación en el poder, que no ha hecho lo suficiente frente a la justicia social y climática, el cambio político y la corrupción. En Colombia se desaparecen por esto último, 50 BILLONES DE PESOS AL AÑO, un monto que significa dos veces los recursos que pretendía recaudar la mencionada reforma.

La recuperación de los «pandemials» debe tener en su centro la adaptación del sistema político y económico global para satisfacer las necesidades de la juventud y minimizar el riesgo de perder una generación, lo que en el corto plazo corresponde a invertir en educación, asegurar esquemas de protección social, cerrar la brecha de género y sanear los problemas de salud mental. En el largo plazo corresponde establecer una sociedad igualitaria, equitativa y sostenible, y hacer que existan canales donde las voces de la juventud puedan ser escuchadas en todos los niveles de gobierno, en la dirección de las empresas y en las organizaciones multilaterales.

Una renta básica para los menos favorecidos no es querer convertir a Colombia en Venezuela, manifestarse y oponerse a las reformas perjudiciales para la mayoría de los trabajadores no es terrorismo y no justifica barrer a la juventud inconforme a tiros y muchos menos cuando las fuerzas alternativas ejercen oposición no son culpables del mal gobierno ni fomentan la lucha de clases. Lo que pasa es que la sociedad esta fracturada y la juventud ni ve futuro, ni aguanta más.

ABC | ¿Qué pasa en Colombia? El estallido social de 2021

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Colombia, 4 de mayo de 2021. En Colombia desde el 28 de abril tuvo lugar un estallido social cuyo motivante fue la solicitud del retiro de una reforma tributaria que buscaba sanear el déficit fiscal de la nación con el aumento de los impuestos de las y los trabajadores colombianos, mientras sostenía los alivios fiscales de banqueros y de grandes propietarios. 

El 2 de mayo el presidente Iván Duque dijo que iba a retirar del Congreso el proyecto de ley de esa reforma, mientras elaboraba una nueva propuesta de “consenso”, con los grandes propietarios y los partidos políticos —siendo mayoritarios los que están alineados al gobierno—. El estallido social continúa hasta el día de hoy, debido a la desconfianza en el gobierno nacional de extrema derecha, al tratamiento de guerra que ha dado a la protesta social, y al telón de fondo: una aguda desigualdad social, corrupción estructural y un largo conflicto armado interno.

A. Algunos datos al respecto

– Según cifras institucionales, casi la mitad de los colombianos (42.5%) viven en condiciones de pobreza; y 7,47 millones están en pobreza extrema ganan menos de  $145.004 pesos al mes, aproximadamente 38,14 dólares—, la tasa de desempleo es de 14,2%, el empleo existente está precarizado, y otro tanto es informal —autoempleo con ventas ambulantes, por ejemplo—; micro y pequeñas empresas han quebrado en medio de la pandemia. En cuanto a la concentración de la tierra, datos de Oxfam indican que el 1% de las fincas de mayor tamaño (haciendas) tienen en su poder el 81% de la tierra colombiana, en condiciones de improductividad, mientras que las familias campesinas productivas tienen poca o no tienen tierra.

– El acuerdo de paz entre el Estado y la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) se ha cumplido parcialmente, dejando de lado los puntos que se traducen en reformas de democratización, justicia social y productividad en el campo. A su vez, tanto el partido de gobierno como el gobierno nacional han rechazado el acuerdo y han puesto en marcha medidas que van en contravía de su contenido, como la fumigación con glifosato, para no implementar la sustitución de cultivos de uso ilícito, por cultivos como alimentos, tal como lo demanda el campesinado colombiano. 

– Hace algunos meses, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) instancia de justicia transicional nacida del Acuerdo de Paz, y que ha sido atacada por el partido de gobierno reveló que durante el mandato del expresidente Álvaro Úribe, el Ejército Nacional cometió 6.402 asesinatos extrajudiciales: jóvenes pobres que fueron asesinados por militares para presentarlos como “positivos”, es decir, como guerrilleros muertos en combate. 

– Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (INDEPAZ), desde la firma del Acuerdo de Paz, han asesinado a más de 900 líderes sociales, quedando la mayor parte de los casos en la impunidad. 

– En Colombia se pierden anualmente cincuenta billones de pesos en corrupción institucional, en un engranaje que va desde la clase política nacional y local, hasta funcionarios de base deshonestos.

– La participación política electoral es excluyente dado que se requiere de grandes sumas de dinero para financiar campañas costosas, teniendo además como límite un aparato de clientela política incrustado en las instituciones, impidiendo así el acceso a cargos de elección popular de líderazgos anclados a la dinámica local.

– Por otro lado, primero, existen estrategias institucionales para negar la personería jurídica a propuestas alternativas a las de los grupos de poder tradicionales, como sucedió con el movimiento político Colombia Humana que al día de hoy no cuenta con existencia legal. Y segundo, los altos umbrales electorales que se requieren para la constitución de nuevos partidos, impiden la creación de organizaciones políticas que representen intereses regionales, viéndose sometidas las comunidades, cuando quieren participar en elecciones, a integrarse en aparatos políticos tradicionales cargados también de dinámicas clientelares y corruptas.

-Hay múltiples casos de persecución legal y paraestatal hacia figuras académicas, políticas y sociales que se oponen a ese entramado de corrupción y desigualdad.

– En Colombia hay un conflicto interno que lleva más de 60 años. En la actualidad los actores del conflicto [Fuerza pública, bandas de narcotráfico, grupos paramilitares, insurgencias, disidencias guerrilleras provenientes de las FARC tras la firma del acuerdo], infringen constantemente el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

-Hay un déficit histórico de recursos del Estado hacia la educación pública superior que para el 2019 rondaba los $3.2 billones de pesos en funcionamiento. La desfinanciación de la educación se traduce en una semi privatización de la misma y en un acceso limitado para millones de jóvenes.

-Los altos costos de la educación superior privada llevan al endeudamiento de la comunidad estudiantil de estas instituciones. La deuda posterior no alcanza a ser del todo cubierta por las y los egresados que acceden a la misma oferta de trabajo colombiana, marcada por la precarización, la inestabilidad y la flexibilidad. 

– Además, el constante incumplimiento de la Constitución Política de Colombia, que es de carácter garantista, resultado de la movilización ciudadana y un acuerdo de paz entre diferentes insurgencias y el gobierno en 1991, ha llevado a una falta de credibilidad ciudadana en el orden institucional.

– Un sistema de salud privatizado, en el que solo quienes tienen mayores recursos acceden a mejores servicios; el Estado tiene una participación mínima como regulador y financiador, un rol que se pretende casi suprimir por medio de una reforma al sistema en favor de las grandes empresas. Esa es la reforma que está avanzando en el Congreso.

Estos son solo algunos de los aspectos que subyacen el descontento generalizado que no ha cesado en Colombia, que se ha agudizado por las políticas económicas puestas en marcha por el gobierno de extrema derecha de Iván Duque, y que siguen en la misma línea económica de los últimos gobiernos desde 1991, en tanto han acogido las políticas de liberalización económica y extracción de recursos naturales en beneficio de los grandes propietarios, enmarcadas dentro de lo que economistas y otras ciencias sociales denominan “neoliberalismo”.

B. El Paro Nacional

Las protestas que empezaron a nivel nacional el 28 de abril fueron convocadas por las cúpulas de las centrales sindicales, para esa fecha y para el 19 de mayo. La convocatoria tuvo gran acogida por la ciudadanía, sin embargo, se desbordó en términos de movilización, pues ya las centrales sindicales no eran las convocantes de los lugares, fechas y horas de protesta. También, en términos de reivindicaciones, las personas movilizadas no exigían solo el retiro de la reforma tributaria y de otras medidas privatizadoras y nocivas para el país como las reformas a la salud, pensional y laboral, sino que sus consignas adquirieron un carácter destituyente que apunta a la renuncia del presidente Iván Duque y su gabinete.

Ante esta situación, el Comité de Paro conformado principalmente por las cúpulas de las centrales sindicales, en su comunicado del 3 de mayo, dio cuenta de una desconexión con la dinámica de la protesta, tal como sucedió en la jornada de paro de septiembre de 2019 a enero de 2020, al desatender el llamado fundamentalmente destituyente de la ciudadanía.

La ciudadanía precarizada y desempleada se ha seguido auto convocando a nivel territorial, cuestionando al presidente Duque, y al jefe de su partido, el expresidente Álvaro Uribe, entonando de forma generalizada la misma consigna-canción, basada en la célebre canción italiana “Bella ciao”:

Una mañana, he despertado
Y Duque chao, Duque chao, Duque chao chao chao
Una mañana, he despertado
y hemos sacado al impostor
Colombiano, vamo a la lucha
Y Duque chao, Duque chao, Duque chao chao chao
Oh Colombiano, vamo a la lucha
Vamo a salvar nuestro país

Si su gobierno
sigue matando
a Duque chao, Duque chao, Duque chao chao chao
si su gobierno
sigue matando
no dejaremos de marchar.

Y otras consignas como “A parar para avanzar, viva el paro nacional”, “Uribe paraco, el pueblo está berraco”, “Vamos pueblo ¡carajo!, el pueblo no se rinde ¡carajo!”, o entonando el himno nacional para enfrentar las disoluciones de las protestas emprendidas por la Fuerza Pública.

Cabe destacar que había un precedente de movilización masiva en noviembre de 2019.

También hay reivindicaciones locales referidas a la cantidad de peajes [puestos de cobro por el paso de un municipio a otro] que hay regionalmente, que llevan a incrementar el costo de los productos que se trasladan a nivel nacional; contra los pilotos de fracking; o contra el mandato de alcaldías municipales.

C. La represión de la protesta

El gobierno nacional ha dado un tratamiento de guerra a la protesta social. Algunas de las cifras de brutalidad policial, que aún siguen ajustándose y que podrían presentar subregistros, son según la campaña de Derechos Humanos (DDHH) «Defender la libertad», desde el 28 de abril hasta el 7 de mayo, con hora de corte 4:50 pm [datos que vamos a estar actualizando]:

  • 451 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD32 sufrieron lesiones oculares32 fueron heridas por arma de fuego67 personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
  • 15 personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución.
  • 1.291 personas han sido detenidas, gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos.
  • 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 4 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
  • 629 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
  • 32 personas fallecieron presuntamente por el accionar de la fuerza pública y/o civiles sin identificar en el marco de la protesta social (por verificar) y 1 policía.
  • 216 personas presuntamente desaparecidas en el marco de la protesta social. Hemos recibido 258 registros de personas desaparecidas, de las cuales ya se tiene información de 42. Sin embargo, las cifras pueden ser superiores según lo denuncia la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada en Colombia quienes afirman que estas pueden llegar a 471.

El 1 de mayo, el presidente Duque aseguró que habría «asistencia militar» a la Fuerza Pública «donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población (…) hasta que cesen los hechos de grave alteración del orden público”. El 30 de abril, el expresidente Álvaro Uribe, jefe del partido de gobierno “Centro democrático», escribió en un trino que fue eliminado por twitter: «Apoyemos el derecho de policías y soldados de utilizar sus armas» para defenderse a sí mismos, a las personas y a la propiedad. 

A esta publicación se han venido sumando otros mensajes que buscan la macartización de la protesta social; algo preocupante teniendo en cuenta la legitimidad que tiene su figura política dentro de las fuerzas militares y policiales, cuya doctrina militar, en términos ideológicos, se ha construido con base en premisas políticas propias de las ideas de extrema derecha ancladas al contexto de guerra fría del siglo XX. 

La prensa comercial o los grandes medios corporativos de comunicación también han venido cumplido un papel fundamental en la satanización de la protesta social, al ocupar la casi totalidad de su parrilla informativa en los hechos de violencia desde la ciudadanía que han sido mínimos en comparación con la violencia estatal, y los casos de «desabastecimiento» provocados por los bloqueos, haciendo parecer el encarecimiento del costo de vida es coyuntural, y es consecuencia de la protesta social, cuando en realidad, como se ha puesto de manifiesto hasta el momento, ha sido justamente al contrario.

Mientras tanto, la ciudadanía no ha cesado de autoconvocarse a nivel nacional para seguir ocupando las calles, pese a la pandemia y la represión estatal.

Invitamos a revisar nuestras redes de facebook y twitter que tienen el registro del #ReporteCiudadano de las protestas.

Editorial | Colombia se manda sola, #28A

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«El mundo es redondo, da vueltas, cambia. Pero en el mundo impuesto por los de arriba, no importa cuántas vueltas dé, nosotros siempre quedamos abajo. El mundo que queremos nosotros también es redondo, también da vueltas, también cambia, pero ninguno está arriba a costa de los de abajo».

Sub Marcos.

La reforma tributaria fue la gota que rebosó la copa, pero las razones de la gente movilizada desbordan con creces la solicitud de su retiro, lograda el 2 de mayo.

En la calle protestan ante el desempleo y porque el poco empleo que hay es informal o está precarizado y es inestable; por la quiebra económica de micro y pequeñas empresas que eran el sostén de familias enteras; contra el sistema de salud que privilegia el negocio antes que la dignidad humana.

En las regiones protestan contra la guerra y el poder mafioso que maneja el poder político, así como por el cumplimiento del acuerdo de paz y las alternativas sociales y económicas que éste supone para miles de familias victimizadas y empobrecidas, azotadas por el conflicto armado.

Las juventudes protestan también por la falta de futuro, contra la brutalidad policial, la deuda educativa o la desfinanciación de la educación superior pública. Otras personas se manifiestan por el dolor que produce la escalofriante cifra de 6.402 asesinatos extrajudiciales perpetrados por la Fuerza Pública, y contra el asesinato de firmantes del acuerdo de paz y de líderes y lideresas sociales

Las razones son muchas, y dan cuenta de una crisis estructural que está asfixiando a sectores populares y «medios» de la sociedad. Una crisis con la que se han beneficiado los banqueros nacionales e internacionales por vía cobro de intereses y alivios fiscales.

Las protestas tienen alcance nacional. Gobierno nacional y gobiernos locales han contestado las demandas con el envío de la fuerza pública, cuyo único recurso es el de la violencia física, sexual y homicida, tal y como lo ponen en evidencia los informes de la Campaña Defender la Libertad, Temblores ONG o Human Right Wacht.

Sobre la violencia estatal, la filósofa y profesora argentina Luciana Cadahia dijo: «En cualquier otro país el número de asesinatos por parte de la policía en la protesta ya hubiera obligado al presidente a renunciar a su cargo. Pero acá en Colombia, un psicópata sin cargos políticos da órdenes a la policía y otros siguen creyendo en su democracia de tecnócratas».

Por su parte, cómo es costumbre, la prensa comercial ha puesto la lente sobre lo que denomina «vandalismo», para deslegitimar el descontento y la rabia social acumulada que deja marcas en las calles y oficinas de bancos y de instituciones.

El Paro Nacional fue convocado por la centrales obreras para el 28 de abril, pero el descontento de gente trabajadora y desempleada amplió el tiempo de movilización y siguió autoconvocándose territorialmente, yendo en contravía de:

i) la iniciativa limitada de la cúpula sindical;

ii) la orden judicial emitida por la magistrada del Tribunal de Cundinamarca Nely Villamizar, que apuntaba a impedir la protesta, hasta que existiese un «protocolo de bioseguridad» o «inmunidad de rebaño»;

iii) cuarentenas y toques de queda y

iv) la pandemia misma, al poner la indignación por encima del riesgo de contagio del Covid-19.

El 30 de abril el Consejo Regional Indígena del Cauca anunció que la «Minga hacia adentro» —convocada por el asesinato de la gobernadora indígena Sandra Peña Chocué, a manos de sicarios pagados por bandas del narcotráfico—, cambiaba su carácter para ser «Minga hacia afuera», para sumarse al Paro Nacional y «gritarle al gobierno» que rechazan de plano su «política neoliberal» y «sus políticas de exterminio físico y cultural». El 1 de mayo la fuerza de la Minga Indígena del suroccidente llegó a Cali, y el 2 de mayo, ante la solicitud de retiro de la reforma hecha por Duque, manifestaron que la demanda real tendría que ser la renuncia del presidente.

El mismo día, en horas de la noche, el presidente Duque aseguró que habría «asistencia militar» a la Fuerza Pública «donde se requiere emplear toda la capacidad del estado para proteger a la población (…) hasta que cesen los hechos de grave alteración del orden público». El 30 de abril, el expresidente Álvaro Uribe, jefe del partido de gobierno, aseveró en un trino que fue eliminado por twitter: «Apoyemos el derecho de policías y soldados de utilizar sus armas» para defenderse a sí mismos, a las personas y a la propiedad.

En redes sociales la ciudadanía mostró preocupación. Por ejemplo, el abogado Ramiro Bejarano afirmó: «Anuncio de última hora de Iván Duque de militarizar ciudades desafía la democracia. Fue lo pedido por Uribe y sus órdenes se cumplen. En vez de militarizar es más fácil retirar reforma tributaria. Agravar situación orden público busca declarar estado de Conmoción interior».

La sobreviviente de la UP y senadora Aida Avella sostuvo lo siguiente: «El presidente Duque al hambre y la pobreza responde con balas y militarización. ¿Cuántos muertos más en Cali, Neiva Bogotá?». Mientras que el profesor Jairo Estrada escribió: «El ‘miedo al pueblo’ llevó a Duque a una respuesta cobarde: la militarización de los centros urbanos, con la eufemística denominación de ‘asistencia militar’. Ni con represión violenta del Estado, se apaciguará el hartazgo y la indignación de la población.»

Pese a este peligroso aviso de militarización, cientos, miles, o millones de personas llamaron a resistir y a no cesar la convocatoria de plantones, acciones simbólicas y marchas.

También han circulado por redes voces de apoyo del sector salud a la movilización social, distanciándose de la suerte de alianza que esperaba construir la prensa comercial en la configuración de una opinión pública que cuestionara la protesta en medio del tercer pico de contagios.

Gran parte de la geografía nacional, rural y urbana, ha visto sus calles y carreteras llenas de pisadas conjuntas de movilización y de gritos de consignas como «Duque Chao» y «Uribe y Duque la misma mierda son, el uno es un paraco y el otro es un huevón», mientras dotan de un contenido popular y contestatario símbolos patrios como el himno nacional, la bandera de Colombia y la camiseta de la selección, como también sucedió en el paro del 2019.

El estallido social del 21 de noviembre de 2019 quedó grabado en la memoria social, y en las páginas de la historia de la protesta social colombiana, junto al famoso paro cívico nacional de 1977, y a estas dos expresiones de la fuerza ciudadana, desde ya se juntó el capítulo del Paro Nacional del #28A.

Ante estos hechos, como prensa alternativa, elegimos y seguiremos eligiendo estar del lado de la democracia callejera para informar con el corazón y la razón las consignas y repertorios de la protesta social.

«no se espante, suele suceder que los jodidos resistan»
Sub Marcos.

La carta abierta: nos preocupa la reforma tributaria, tuvo 12.888 firmas

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Colombia, 28 de abril de 2021. El pasado 16 de abril desde la Revista Hekatombe proyectamos una carta abierta para ser enviada a las y los congresistas en el marco del Paro Nacional del 28A, en la que se reflejaran, además del malestar que genera la reforma tributaria, alternativas de financiación y también las necesidades generales del grueso de la población.

El formulario para la recolección de firmas fue cerrado el 28 de abril a las 9AM, alcanzando un total de 12.888 firmas en más de 300 hojas.

Haciendo click aquí pueden ver la Carta abierta al Congreso: nos preocupa la reforma tributaria.

La carta fue enviada a todas y todos los congresistas, a las 12:39 PM con el siguiente texto:

Estimadas y estimados congresistas,

Por medio de la presente, 12.888 personas de todas las carreras y oficios, de todas partes del país, nos dirigimos a ustedes porque vemos con preocupación la reforma tributaria radicada por el gobierno nacional.

Dado que en teoría ustedes fueron elegidos y elegidas para expresar la voz del pueblo y ser un contrapeso institucional, 12.888 ciudadanas y ciudadanos preocupados, decidimos firmar esta misiva, para manifestar no solo nuestro descontento; también algunas alternativas honestas y justas de recaudo; las necesidades del grueso de la ciudadanía; así como para recordarles que un número importante de compatriotas va a estar al tanto de su quehacer legislativo.

Solicitamos acuso de recibido a esta carta, no con un mensaje genérico, sino con una respuesta que dé cuenta de hasta dónde llega su interés por escuchar a la ciudadanía.

Las respuestas recibidas serán publicadas en las redes sociales y la página web de la Revista Hekatombe

Cordialmente,

12.888 ciudadanos y ciudadanas preocupadas.

Y después de radicar la carta ¿Qué?

1. Creamos este drive donde están la carta y el pantallazo del correo.

2. A medida que vayamos recibiendo respuestas, las vamos subiendo al drive para que sea más fácil hacer el seguimiento entre todas y todos.

3. En nuestras redes sociales les iremos contando cómo va la reforma y les pedimos que también estén pendientes de cómo se desarrolla la discusión en el Congreso. En este ABC les contamos cómo es la vuelta para que lo tengan claro.

4. Recuerden compartir en sus redes sociales que firmaron la carta y si no la firmaron, no son penas, pueden decir que la respaldan. En el drive les dejamos una imagen para que la usen, si quieren.

El manifiesto feminista de Christina Aguilera

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En el 2002 Aguilera presentó al mundo su álbum Stripped, uno de los trabajos más poderosos de su carrera. Entre otras canciones se encuentran Dirrty, una oda al disfrute de la sexualidad y a las mujeres parranderas; o también Beautiful, una canción que devino en himno, con una letra que crítica los estereotipos sociales y alude a la importancia de la diversidad y la autoestima.

Aquí les compartimos Can’t Hold Us Down, el segundo sencillo de este álbum. Esperamos que además sea una oportunidad para escuchar a Aguilera casi 20 años después, mientras leen la canción en español, por aquello del bajo bilingüismo.

Can’t Hold Us Down

O sea, ¿se supone que no puedo tener opiniones?
¿Debo estar siempre callada porque soy una mujer?
Me llamas perra porque expreso lo que pienso.
Supongo que tu prefieres que me limite a sentarme y sonreír.

Cuando una mujer se harta y contraataca
de repente, el macho no sabe cómo actuar,
así que hace lo que cualquier niñito inmaduro haría:
insultar y difamar a la mujer para desviar la atención.

En mi opinión, eso no es ser un hombre digno.
Manchando la reputación de las chicas para ganar respeto.
Es triste labrarse una fama basada en controversias.

Ya es hora de que llegue yo y empiece a dar de qué hablar.
Este es un mensaje para todas las chicas del mundo,
a las que, alguna vez, un chico no valoró como debería,
pensando que las mujeres están para ser vistas y no escuchadas.

¿Qué haremos ante esto, chicas?
¡Gritar con más fuerza!
Hagámosles saber que seguiremos defendiendo lo nuestro.
Alcen las manos y celebren que son mujeres orgullosas.
Respiren profundamente, y digan esto bien claro:
¡Nunca pudieron, nunca podrán quitarnos la libertad!
¡Nadie puede controlarnos, nunca pudieron y nunca podrán!

O sea, ¿se supone que no debo decir esto que digo?
¿Estás ofendido por el mensaje que comunico?

Puedes decirme lo que quieras, tus palabras no valen nada.
Me insultas porque no eres valiente para aceptar mi reivindicación.

Si analizamos la historia, veremos un doble estándar común en la sociedad:
el hombre siempre ha sido glorificado al conquistar muchas mujeres,
si la mujer hacía eso, la trataban como una zorra.
No consigo entender eso cómo puede ser aceptado.
El hombre tenía libertad y la mujer era humillada.

Mujeres, unámonos y luchemos por un gran cambio.
Demos comienzo a un nuevo inicio, cantemos todas juntas.

Este es un mensaje para todas las chicas del mundo,
a las que, alguna vez, un chico no valoró como debería,
pensando que las mujeres están para ser vistas y no escuchadas.
¿Qué haremos ante esto, chicas?
¡Gritar con más fuerza!
Hagámosles saber que seguiremos defendiendo lo nuestro.
Alcen las manos y celebren que son mujeres orgullosas.
Respiren profundamente, y digan esto bien claro:
¡Nunca pudieron, nunca podrán quitarnos la libertad!

Esto es algo que no consigo asimilar
Si un hombre tiene tres mujeres, él es un campeón.
Puede tener sexo cuando quiera y hablar de ello abiertamente.
Si una mujer hace eso mismo, la llamas zorra.
Pero esto va a cambiar a partir de ahora, apuesto mi fama en ello.

Por mucho que tomes mis ideas y trates de quitarles valor,
no pasa nada, porque nunca podrás hundirme,
seguiré luchando por este movimiento.

Mujer, si alguna vez un hombre te trata mal,
hazle lo mismo, trátale mal y que vea lo que se siente.
Debes hacerle saber que faltar al respeto siempre está mal.
Tienes todo el apoyo de Lil’Kim y Christina Aguilera.

Eres un niño inmaduro, crees que eres duro y valiente.
Insultas a lo grande, para compensar otras cosas pequeñas.
Eres un niño inmaduro, todo lo que haces es molestar.
Insultas a lo grande, para compensar otras cosas pequeñas.

¡Esto es para mis chicas!
Este es un mensaje para todas las chicas del mundo,
a las que, alguna vez, un chico no valoró como debería,
pensando que las mujeres están para ser vistas y no escuchadas.

¿Qué haremos ante esto, chicas?
¡Gritar con más fuerza!
Hagámosles saber que seguiremos defendiendo lo nuestro.
Alcen las manos y celebren que son mujeres orgullosas.
Respiren profundamente, y digan esto bien claro:
¡Nunca pudieron, nunca podrán quitarnos la libertad!