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Cartografía del mesiversario del Paro Nacional

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Con el ánimo de dejar un registro histórico y geográfico, el 28 de mayo preguntamos por Facebook, Instagram y Twitter desde donde había salido la ciudadanía para conmemorar el mesiversario del Paro Nacional. Pocas horas después volvimos a revisar las publicaciones y nos encontramos con una lista enorme de puntos de la geografía nacional que se convirtieron en escenarios de apropiación y democracia callejera.

Desde Puerto Nariño-Amazonas hasta Riohacha-Guajira, la mayor parte de zonas pobladas del mapa de Colombia se llenaron de corazones que estaban en el Paro Nacional. Las cabeceras municipales, las vías principales, y en las ciudades, las zonas centrales y las periferias populares fueron las que se pintaron en algunos casos de carnaval y en otros de resistencia frente al tratamiento represivo de la protesta social.

La cara policiva de la estatalidad y su faceta paraestatal no fueron suficientes para impedir la masividad de la jornada.

También se contradijo lo que algunos analistas desconectados de la realidad nacional alertaban: que el paro nacional estaba llegando a su fin desde antes de cumplirse el mes de movilizaciones, plantones y cortes temporales de vía. Por el contrario, el 28 de mayo desmostró que así como la horrible noche no ha cesado, tampoco la indignación de las y los de abajo.

Seguimos estando ante una protesta de grandes dimensiones, que según diversas voces de la academia, ya superó protestas históricas como el bogotazo o el paro de 1977, en términos de duración, participación social y organización.

Rasgos espaciales del Paro Nacional

– Algunos municipios se desplazaron a ciudades capitales para hacer mayor eco.

– Múltiples municipios y barrios de hegemonía uribista, ahora son territorios antiuribistas.

– Las movilizaciones se presentan principalmente en las tres cordilleras porque es donde existe mayor densidad demográfica.

– En las ciudades principales, la fuerza de la protesta reside en las barriadas populares. Una organización subterránea de varios años adelantada por la articulación entre estudiantes y líderes comunales; la conformación de un barrismo social, de colectivos culturales, junto a la insatisfacción por el no futuro de millones de jóvenes; la persecución y maltrato de la Fuerza Pública contra rapers, punks, skaters y en general, juventudes populares que ocupaban los parques y el espacio público; y el  hambre en el contexto de pandemia que incentivó el apoyo mutuo entre familias y vecinos; fueron el caldo de cultivo de un empoderamiento comunal que se ha traducido en expresiones de resistencia y solidaridad.

– Los conjuntos residenciales de clases bajas-medias y medias, diseñados como parte de una planeación urbana neoliberal que apuntaba a la individualización de las comunidades, organizadas en torno a centros comerciales que potenciaban sus facetas de consumidores por encima de la faceta ciudadana, se está viendo quebrada por la apropiación del espacio público como espacio de tejido comunitario y de protesta social. 

La proyección del individuo-consumidor se desvanece, por lo menos temporalmente, en el encuentro con el habitante del barrio que viene de la convivencia de la cuadra, y la solidaridad se superpone al individualismo, cuando las y los habitantes de conjuntos ven la represión de la que está siendo objeto la ciudadanía movilizada al pie de sus edificios.

-En los municipios y en las zonas de conexión viva entre los urbano y lo rural, las comunidades encuentran en el corte de vía temporal con corredores humanitarios, un espacio de encuentro entre quienes sostienen la acción de presión social ante el Estado, con quienes se solidarizan y llevan chocolate, pan y otros alimentos que permitan establecer ollas comunitarias en las que comen personas que antes del paro, solo podían comer una vez al día.

– La caída de monumentos desde el año 2020, y con mayor fuerza en el Paro del 2021, en Cali, Bogotá, Pasto, Ibagué, Manizales, Neiva o Popayán, da cuenta de una disputa por los lugares de memoria, y por una reapropiación indígena y popular del espacio social y de la historia escrita desde una perspectiva elitista, fuese colonial o republicana.

Todo esto da cuenta de cambios en la relación de la ciudadanía con su geografía, su historia, su memoria y su cultura política. El Paro Nacional desde ya está provocando giros y cambios profundos en la cultura Colombia.

Como dice la canción:

Los tiempos están cambiando,
Están cambiando, qué bueno,
Siempre el mundo será ancho
Pero ya no será ajeno.

Se pone joven el tiempo
Y acepta del tiempo el reto,
Qué suerte que el tiempo joven
Le falte al tiempo el respeto.

La renovación del Congreso es tan necesaria como alcanzar la presidencia

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Votan la moción de censura al Ministro de Defensa en el Senado de la República. Sesenta y nueve (69) votos legitiman a Diego Molano manteniéndolo en su cargo, a pesar de todas las responsabilidades que le caben por el actuar de fuerza pública, no sólo en este Paro Nacional sino por toda la violencia que ejerce y representa hoy una institución que debería garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Recordemos los nombres de quienes votaron a favor de Molano, a favor de la violencia de Estado. Recordemos que los partidos Centro Democrático, Cambio Radical, Conservador y Liberal se alinearon para defender que Diego Molano siga siendo el ministro de la Guerra en un gobierno que ha declarado soterradamente una guerra: la guerra contra la ciudadanía movilizada.

A esto sólo podemos responder con organización, con educación política, con apuestas progresistas y, sobre todo, no votando en 2022 por esos partidos que hoy, como todos los días, votan por los intereses de su clase y no por el Estado Social de Derecho.

Nota del editor: en contexto |

Temblores ONG registra 3.155 casos de violencia policial, sin incluir casos existentes de desaparición forzada, entre el 28 de abril, fecha de inicio del Paro Nacional, y el 24 de mayo del 2021.

– 955 víctimas de violencia física

– 43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública

– 1388 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes

– 595 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas

– 46 víctimas de agresiones oculares

– 165 casos de disparos de arma de fuego

– 22 víctimas de violencia sexual

– 5 víctimas de violencia basada en género

La burbuja del presidente

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Hace ya unos días se viralizó un fragmento de una entrevista que le hizo un medio internacional a Iván Duque, donde le preguntan al presidente “¿Qué opinión le merece que hasta el propio Uribe se refiera a usted como un títere?”. Su respuesta no podía ser una copia más fiel de aquella que daría su titiritero si fuese el entrevistado en ese momento. Sin embargo, al revisar la entrevista completa y más allá de la burla, queda claro que este gobierno tiene muy clara la estrategia de negar todo y asegurar que no entiende las razones por las cuales hace más de 25 días las calles están llenas de personas que exigen cambios.

Los siguientes párrafos son un recuento de algunas de las mentiras o verdades a medias que Duque mencionó como grandes logros de su gobierno ante la opinión internacional. Algunas de sus afirmaciones, cabe decir, son constantemente refutadas gracias a la divulgación de información precisa de medios de medios alternativos e independientes y por los reportes ciudadanos en las redes sociales.

La primera pregunta de la entrevista gira entorno a los encuentros con el Comité Nacional de Paro y desde el primer momento Duque se pone a la defensiva e insiste en que “El espíritu – suyo- es dialogante, pero además es un espíritu motivado a concertar acuerdos que le beneficien al país”. Los recuerdos que me atraviesan con esta afirmación son los de aquellas mesas fallidas del año 2019 donde invitó a sectores a un “Dialogo Nacional” que derivó en la construcción de decenas de documentos con propuestas, pero sin ningún acuerdo concreto.

Este gran montaje anunciado con bombos y platillos, contrario a generar la posibilidad de transformaciones en las condiciones materiales de las personas, representó simplemente el inicio de un desescalamiento del paro nacional de aquel entonces. Ahora, esto me genera unas dudas ¿Vamos a caer en lo mismo? ¿Vamos a caer en la misma estrategia de “dialogo” sin ejecución? O ¿será que esta vez las calles y las plazas se mantendrán como las interlocutoras con el gobierno hasta que se vean soluciones?

La segunda pregunta se centra en la agenda que se propone desde el Comité Nacional de Paro y aquellos puntos en los que el gobierno está dispuesto a ceder. En este momento de la entrevista se hace claro que Iván Duque no asume responsabilidades, sino que por el contrario asegura con un discurso grandilocuente que el gobierno ha hecho las cosas bien entorno a los siguientes puntos:

Educación: Duque asegura que “que van ampliar la universidad pública gratuita a cerca de 800.000 estudiantes que representan al 97 por ciento de todos los estudiantes de la educación superior pública” sin embargo esto es una verdad a medias, vamos por partes.

Lo primero que se debe decir es que la anunciada matricula cero solo será por un semestre y que contrario a lo que Duque anuncia, la cobertura de 800.000 estudiantes no representa el 97% de los estudiantes de educación superior pública sino apenas el 65.7%. Sin embargo, lo más descarado de la propuesta es el cambio de actitud que asume el gobierno. En el 2020 era una exigencia sin pies ni cabeza, pero justo ahora en el 2021, en medio de un nuevo paro nacional, es una muy buena idea.

Ahora que Duque se ve acorralado saca a relucir esta propuesta como un salvavidas a su gestión. Sin embargo, durante todo un año desconoció las exigencias que se venían realizando por parte de las y los estudiantes a nivel nacional. Ahora, además de esto, es claro que las apuestas educativas de este gobierno y las tan sonadas “ayudas” a los estudiantes el año pasado se centraron en la apertura de créditos educativos y no en una apuesta real de gratuidad en la educación superior. ¿Sera que el anuncio de convertir esto en política de Estado se traducirá en la posibilidad real de acceso a la educación o simplemente será impulsada otra política que privilegie el modelo actual como lo ha hecho Generación E?

Te interesa leer: Desconfianza ante anuncio de matrícula 0 por un semestre hecho por Duque.

Renta básica: Los más recientes datos estadísticos del DANE muestran que en Colombia el 42.5% de la población, esto es, más de 21 millones de personas, viven en condición de pobreza monetaria y el 15.1% en pobreza monetaria extrema. En este contexto, Duque considera que el ingreso solidario es una renta básica y sustenta que beneficia a 3.5 millones de colombianos y que por tanto la exigencia del Comité Nacional de paro ya está en gran medida resuelta.

Pero lo primero, y más evidente, es la gran brecha que existe entre la cantidad de dinero y beneficiarios que exige el Comité (243 dólares aprox y 6 millones de beneficiarios) y el ingreso que actualmente el gobierno asume como renta básica (43 dólares aprox y 3.5 millones de beneficiarios). Esta brecha muestra la distancia que existe entre las apuestas del gobierno y su entendimiento de una vida digna y la apuesta de muchos sectores de la sociedad que exigen este tipo de subsidios como un mecanismo que ayudaría a paliar los efectos de la pandemia y dinamizaría la economía.

Y por último, como dato anecdótico, no se nos puede pasar por alto que tras la salida de este programa de “ingreso solidario” y el anuncio del primer giro, se evidenció que en las personas que aparecerían como beneficiarias existían personas fallecidas o inexistentes, lo cual pone en tela de juicio la transparencia de aquella iniciativa. Algo que aún a día de hoy no ha cambiado ya que los criterios para escoger a las personas beneficiarias no son claros ni públicos, por lo cual no es posible hacer un seguimiento a los dineros girados.

Te puede interesar: ¿Qué es la renta básica y cómo se podría implementar en Colombia?

Denuncias contra la fuerza pública: La primera pregunta frente a este tema gira alrededor de una denuncia que se hace desde Buga donde se menciona que helicópteros militares con logotipos de la cruz roja aterrizan en instituciones educativas y descienden militares, violando claramente el Derecho Internacional Humanitario —y aquí llegamos al punto central que desenmascara completamente a Duque—. Tras la pregunta, Duque no lo admite y asegura de forma cínica que “aquí siempre se ha obrado basado en la constitución y la ley”, esto deja varias preguntas, si decidimos creerle a Duque, ¿acaso no sabe el presidente lo que está pasando a nivel nacional con las Fuerzas Armadas? En ese sentido, ¿quiere eso decir que no tiene completo control sobre ellas? O entonces, ¿Aun sin admitir estas acciones las está legitimando ya que no solo se han presentado en Buga sino también en ciudades como Bogotá?

Sea cual sea la razón que ha llevado a Duque a negar las acusaciones realizadas en la denuncia, es claro que es un libreto aprendido frente a cualquier caso enmarcado en el contexto del estallido social. Pero él es capaz de ir más allá y realizar afirmaciones como: “nosotros hemos visto siempre el interés en el actuar de la Fuerza Pública buscando los más altos estándares en DDHH y en protección a la ciudadanía” afirmación que se contrasta con miles de videos y denuncias que circulan en las redes donde se evidencia la clara violación a los DDHH por parte de miembros de la fuerza pública, hechos que han dejado personas heridas, agredidas sexualmente, desaparecidas y asesinadas. Me pregunto ¿Hasta dónde ve Duque?

Así mismo, en su respuesta hace una afirmación que me llama profundamente la atención y es “la otra cara —de la protesta— son agresiones, violencia, vandalismo y lo que hay detrás de esto no solo es generar caos sino también provocar enfrentamientos con la Fuerza Pública que terminen generando circunstancias letales o fatales”. Esta afirmación es sumamente peligrosa ya que justifica de forma tácita las agresiones por parte de la Fuerza Pública en contra de la población civil ya que enmarca a los manifestantes como los principales causantes de las agresiones y los resultados fatales de las mismas dejando de lado el accionar sistemático de la policía,  que reprime cualquier tipo de manifestación, según las denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Ahora y, como dato importante, en la respuesta de Duque está una verdad que debemos tener en cuenta. El principio de la descentralización también implica que en el accionar de la Fuerza Pública están inmiscuidas las decisiones de alcaldes y gobernadores lo cual los hace también responsables de las agresiones a la ciudadanía que se manifiesta.

Por último, escuchar a Duque dando una entrevista no es nada fácil, implica llenarse de paciencia para no estallar ante cada frase que pronuncia donde oculta, legítima lo ilegítimo, mienta y señala. Verlo en la silla del entrevistado y no en la de presentador que es aquella en la que le gusta sentarse, implica ver a un personaje lleno de orgullo con un ego gigantesco que cuando se ve acorralado estalla contra el entrevistador, transmitiendo su sensación a la audiencia. Por eso no me sorprende que ahora haya preferido la estrategia de convertirse en un entrevistado sin entrevistador como se evidenció en los videos que se filtraron en días pasados, es él preguntándose a sí mismo y dándose las respuestas más cómodas y convenientes posibles para que su alto ego no se vea afectado, este nuevo formato es la de un diálogo sin interlocutor que más que reflejar un mal movimiento mediático muestra el talante poco democrático y de cero crítica que tiene este gobierno.

La desastrosa decadencia de Revista Semana

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La incendiaria editorial/portada de la Revista Semana contra Gustavo Petro es expresión de un complejo proceso de derechización, polarización y búsqueda de tasas de ganancia que empezó tras la compra del Grupo Gillinski, a principios de 2019, de un 50% de acciones de la Revista Semana. Con esto, Semana se sumó a la lista de medios de comunicación colombianos controlados o influidos directamente por intereses políticos de banqueros, como deja entrever Juanita León de La Silla Vacía —reportaje sobre el cual apoyaremos este escrito—. Aquí haremos un barrido general sobre ese proceso de acumulación.

Una breve historia de decadencia periodística

La idea de Gabriel Gillinski era, en principio, mantener la «independencia periodística» que había caracterizado a la Revista Semana, fundada y constituida por el periodista-capitalista Felipe López, hijo del expresidente López Michelsen, durante más de tres décadas. Semana había acumulado un capital simbólico importante merced a cierta independencia periodística frente a los gobiernos de turno y a espacios de análisis, opinión e investigación. Para conservar tal capital, se estableció que Alejandro Santos y Felipe López continuasen a cargo de los contenidos periodísticos. Pero esta conjunción entre la lógica financiarizada y derechizada/uribizada del capitalismo de los Gillinski —que requería convertir a Semana en un medio digital— y el periodismo investigativo y crítico de la línea de Felipe López ejercido dentro de los límites del liberalismo de derecha y centroderecha… pronto iba a caer.

La primera gran señal de esta contradicción consistió en el segundo despido de Daniel Coronell de Semana el primero de abril de 2020 luego de haber criticado la demora de la revista en la publicación de una de sus investigaciones, la cual cuestionaba lineamientos impartidos por el comandante del Ejército, Nicacio Martínez, que evocaban la desastrosa política de estímulo de bajas sobre la que se produjeron los mal llamados «falsos positivos ». En su última columna, titulada «La explicación pendiente», Coronell preguntaba: «¿por qué SEMANA no publicó las directrices del comandante del Ejército de Colombia que ordena a sus subalternos duplicar las bajas y capturas, si esas evidencias eran conocidas por la revista desde febrero?». La denuncia de Coronell contra las nuevas directrices militares sólo se supo en Colombia después de que el medio gringo The New York Times publicase un reportaje de Nicholas Casey llamado «Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales».

Coronell entonces sugirió que una explicación posible de la demora fue la priorización editorial de las relaciones favorables de la Revista Semana con el gobierno Duque. A la postre, Coronell tendría razón en sus insinuaciones, pues Semana se ha constituido en uno de los principales medios del oficialismo uribista, fenómeno que ya había sido expresado en la condescendiente portada de Semana titulada «Un año de aprendizaje», que matizó de forma esperanzadora la multitud de problemas de gobernabilidad y agenda del gobierno Duque que Semana misma había reconocido.

Daniel Samper Ospina respondió a tal coyuntura con su renuncia y junto con Coronell fundaron en abril de 2020 el medio de comunicación «Los Danieles».

Otro hito de la contradicción capital uribizado/periodismo liberal, profundizada por el mayor control accionario de los Gillinski, consistió en la renuncia de Ricardo Calderón en noviembre de 2020 de la dirección editorial de Semana. Éste fue reemplazado por Vicky Dávila, quien profundizó el modelo digital de polarización política y búsqueda de rentabilidad y clics, desde agendas prouribistas y oficialistas, que hoy caracteriza a la revista. Alejandro Santos, director de Semana, también renunció. Previamente, en octubre, ya habían despedido al analista Ariel Ávila.

Luego de estos cambios una bandada de periodistas y columnistas renunciaron en noviembre de 2020 al medio, que perdía internamente valiosos contrapesos al uribismo. Entre las personas que desistieron de seguir perteneciendo a Semana vale destacar el caricaturista Vladdo, Maria Jimena Duzán y Antonio Caballero. Por contera, Semana incorporó a periodistas como Luis Carlos Vélez, que acompaña a Salud Hernández en sus cruzadas antiPetro y antiizquierda. Es en ese contexto que Juanita León determinó que el medio fundado por Felipe López había llegado a su fin.

La portada contra Petro y la estrategia de demonización

El 16 de mayo de 2021 el canal digital de Semana publicó un programa dirigido por Vicky Dávila donde analizaba los resultados de la encuesta presidencial que la propia revista había contratado al Centro Nacional de Consultoría. En esa encuesta, que recogió una parte de los eventuales efectos electorales del Paro Nacional del 28-A, Petro lideró la intención de voto con un 25 %. Su principal contendor, Sergio Fajardo, logró un 6 % y por parte de la derecha uribista/conservadora no se registró ningún contendor viable o visible.

Estos resultados produjeron preocupación en Semana. Vicky Dávila, apoyada en la misma encuesta, hizo una observación analítica que a mis ojos cimenta la estrategia mediática de la revista contra Petro: éste puede verse beneficiado del Paro, pero su asociación imaginada con los efectos negativos del mismo —la «violencia», el «vandalismo»— puede hacer que el Paro se le vuelque electoralmente en contra. Este análisis, convertido en estrategia política, es el fondo sobre el cual la Revista Semana saca la penosa y peligrosa editorial «Petro, ¡basta ya!» del 22 de mayo de 2021.

De ese modo, si la encuesta destaca la tendencia de asociar un papel negativo a Petro respecto al 28-A, de lo que se trata es de profundizar el énfasis en los efectos negativos del paro, asociarlos a Petro y así convertir esta relación conspirativa en un hecho político que impida su elección —o excuse o camufle internacionalmente la incompetencia y extrema violencia de un régimen político, como lo hace Duque en su autoentrevista en inglés—. Toda la editorial de Semana se enmarca en esta narrativa: ubicar un enemigo visible en el centro del debate como responsable tanto de lo que hace el Comité Nacional de Paro como, por acción u omisión, de cada suceso de violencia y extrema violencia política que ha ocurrido tras el 28-A.

Por supuesto, uno no espera que Semana hable de la violencia estructural y las resistencias sistémicas que hay detrás del actual estallido social, fenómenos que en una democracia liberal compleja habrían abierto un escenario real de negociación. La política de simulación del actual gobierno es tal que designó al nefasto excomisionado de paz Miguel Ceballos, cuya eventual renuncia ya conocía Duque, como negociador ante el Comité de Paro.

No obstante, a Semana no se le ocurre por un momento pensar que existe una plétora de juventudes y movimientos y organizaciones sociales movilizadas con una agencia política autónoma y multitudes de reivindicaciones propias contra el orden social vigente. A Semana no se le ocurre considerar, al menos analíticamente, la separación entre el complejo proceso político de Paro Nacional y la tensa participación e influencia de las fuerzas petristas en él. Toda la editorial es una mescolanza distorsionadora y simplificadora de realidades sociales complejas y críticas. Todo se reduce a una estrategia de desestabilización y anarquía para perjudicar al actual gobierno y catapultar a Petro. A Semana no se le ocurre, en fin, que tal vez el mantenimiento de ese statu quo uribista, que tanto se empeña en defender, sea uno de los grandes causantes estructurales de lo que actualmente ocurre en Colombia. Que el retraso, por ejemplo, en el cumplimiento de las reformas estructurales contenidas en el Acuerdo Final de La Habana para superar el conflicto armado ha posibilitado la reproducción de nuevos ciclos de violencia política.

Quizá resignados a que el uribismo no ganará las próximas elecciones, la esperanza de Semana —¿Vicky Dávila?— es que emerja el candidato de derecha o centroderecha que se aleje de los «extremos» y consuma el «gatopardismo centrista» y todo cambie para que todo siga igual. Dice Semana: «Aunque el senador y sus electores pueden sentirse ganadores, las cifras no dan para tanto, y en cualquier momento puede surgir una figura que lo arrase, especialmente con un discurso sensato, sin extremismos que asusten, y que se conecte con la mayoría de los colombianos y sus demandas». Es de recordar que en el llamado «centro» cabe cualquier cosa, pues hasta el propio Duque se vendió como «centro» —el del «Centro» Democrático, claro— y Daniel Samper Ospina decía de Duque que era «moderado».

Ante un eventual desplome del ambivalente y ambiguo Fajardo, ¿Alejandro Char, Fico Gutiérrez o Alejandro Gaviria serán los fungidos para un probable «posuribismo»? Está por verse.

Reflexiones finales

En todo caso, el balance para Semana en términos económicos es negativo. La «rentable» estrategia mercantil del grupo Gillinski de polarización política favorable al oficialismo, posibilitada por el funcionamiento del actual capitalismo de la vigilancia, no está haciendo que Semana sea un medio productor de tasas de ganancia positivas en el marco de la pandemia, aun con apoyo de subsidios del gobierno Duque. Esta realidad es registrada por el medio Primera Página, que expone que, a pesar del «mucho clic», «Publicaciones Semana en 2020 perdió $21.707 millones […] y las ventas se desplomaron 44,3%»; algo confirmado por Semana, que reportó que el desplome financiero afectó a los medios de comunicación en general y se vanaglorió de no haber recibido la última tanda de subsidios del gobierno.

Dado todo lo anterior sólo cabe exclamar: Semala, ¡basta ya!

Desapariciones, casas de pique y «ajusticiamientos»

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Colombia, 24 de mayo de 2021. El río Cauca una vez más está bañado en sangre. Las personas son arrojadas a él para ahogar la crueldad a la que fueron sometidas, pero la naturaleza en su sabiduría, recupera las personas arrojadas, las rodea, las aleja de esa crueldad y a las orillas del río devuelve los cuerpos para que sus familias y amistades, tengan certezas y hagan justicia.

En los casi 30 días del paro nacional, Colombia ha sido testigo de una práctica que, aunque nunca se fue, se ha recrudecido. Jóvenes de barrios periféricos y empobrecidos son detenidos por la fuerza pública, pasan los días y sus familias y amistades no saben nada de ellos, mientras tanto, aparecen personas asesinadas en los ríos, son denunciadas fosas comunes, y todo esto sin que la institucionalidad anuncie investigaciones efectivas, sin que los gobiernos locales exijan respuestas y que se detengan estos hechos. 

Una vez más, son las organizaciones de Derechos Humanos quienes se atreven a denunciar cómo la fuerza pública está envuelta en hechos terroríficos. A continuación, compartimos el informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz Colombia, que expone la situación de Cali.

#Cali Informe desde los sitios de detención a posible fosas comunes y casas de pique

Desde el pasado 13 de mayo de 2021 nuestras organizaciones han recibido relatos absolutamente escabrosos y delicados que hieren la conciencia de la humanidad por el comportamiento y las prácticas policiales, que reflejan la gravedad de las consecuencias que la mentalidad y las órdenes emanadas por el más alto nivel del Estado genera al definir como “vándalos terroristas” a los jóvenes manifestantes víctimas y blancos directos de planes criminales.

Desde el 14 de mayo se conocieron las primeras versiones de la existencia de fosas comunes en el área rural de los municipios de Buga y Yumbo en donde estarían llevando los cuerpos de muchos jóvenes caleños.

Días atrás una nueva fuente compartió información más precisa de esta delicada información, indicando que el domingo 2 de mayo, el CAM fue usado como un centro de operaciones encubiertas. Algunos jóvenes fueron llevados a unos sótanos, horas más tarde eran sacados en camionetas polarizadas i.

Dos fuentes posteriores informaron de la movilidad de camiones que, al parecer, hacen parte de los medios que usa la policía para su movilidad. En algunos de estos se habrían llevado jóvenes en horas de la noche al sector conocido como Mulaló, corregimiento de Yumbo, ubicado a 30 minutos de Cali. Allí, en un paraje previamente preparado estarían descargando cuerpos de jóvenes de los barrios populares que participan en las movilizaciones y que se dan por desaparecidos.

También de las personas que ha compartido su testimonio indicó que los jóvenes son detenidos, algunos de ellos habrían sido reportados como desaparecidos por sus amigos o familias, y en Guacarí, en Buga, 45 minutos de Cali, habrían sido “ajusticiados”.
Algunos de los sobrevivientes de los ajusticiamientos fueron encontrados con heridas por arma de fuego en centros asistenciales y hoy se encuentran aterrorizados y escondidos. Hoy 23 de mayo, se conoció una versión más delicada de las operaciones de los grupos de civiles armados protegidos por policiales. Se habrían instalado una Casa de Pique en el exclusivo lugar de Ciudad Jardín.

Algunos familiares nos han compartido con nuestra organización algunos nombres de los jóvenes que son detenidos, luego llevados a una instalación policial en Meléndez y días después se desconoce de su paradero.

Las dinámicas de represión se han ido sofisticando en estos casi 25 días con la pretensión cada vez mayor de evitar que sea identificable la responsabilidad policial en operaciones de tipo paramilitar y evidentemente criminal Dada la ausencia de garantías solicitamos a los entes de investigación y de protección del Estado y en especial a la Unidad de Búsquedas de Personas dada por Desaparecidas, desarrollar su actividad con base en la información inicial pública.

Dada la ausencia de imparcialidad manifiesta en desarrollo del Paro Nacional por parte de la Fiscalía General de la Nación, urge un especial para verificar las actuaciones investigativas.

Ante el temor fundado que asiste a eventuales testigos de ser victimizados en su vida, integridad y libertad, se requiere la adopción de medidas técnicas propias de la investigación judicial.

Temen los testigos que la policía pueda desarrollar estrategias de presión, de intimidación, de estrategias de encubrimiento con el asesinato de más jóvenes y sus familias.

Con base en la síntesis de estos relatos que brindan elementos razonables de planes criminales sofisticados en los que participaría la Policía Nacional y dada la forma como han operado desde el 28 de Abril hasta hoy, los efectivos regulares fuerzas y las expresiones militares del General Zapateiro, dejamos Constancia Histórica Pública de la información recibida.

Dado el deber de garantía y los derechos a la verdad, el Estado colombiano actúen con eficacia, más allá del lugar retórico de las “exhaustivas investigaciones” y del testimonio como única base para el inicio de las investigaciones, que permitan confirmar las hipótesis a partir de estos fundamentos fácticos.

Reiteramos que con base en esta Constancia Histórica pública el Estado colombiano debería iniciar una exploración técnica con expertos forenses del instituto de Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas con la participación de observadores de organizaciones Humanitarias nacionales e internacionales, y, adoptar medidas inmediatas de investigación judicial que aseguren una proceso de investigación independiente y eficaz que desvirtúe o confirme los relatos de testigos de esta situación.

Este es el listado de personas dadas por desparecidas de acuerdo con los cotejos realizados por la Universidad del valle desde abril 28 a hoy:

  1. Alejandro Castro
  2. Alejandro Duque González
  3. Alejandro Hoyos Salgado
  4. Alexander Martínez
  5. Andrés Arango
  6. Andrés Felipe Gómez Rivadeneira
  7. Angie Amaya
  8. Antony Jaramillo
  9. Antony López Brando Molina
  10. Brando Stiven Blandón Pérez
  11. Brayan Cavadias
  12. Brayan Steven Rayo
  13. Bryan Steven Mesa
  14. Bryan Varela
  15. Camila Jaramillo
  16. Carlos Alberto Vásquez Usma
  17. Carlos Andrés Benavides
  18. Carlos Castillo
  19. Carlos Mayorc
  20. Claudia Ospina
  21. Cristian Andrés Ocampo
  22. Cristian Camilo Duque
  23. Cristian Estiven Rentería Valencia
  24. Cristian Zúñiga
  25. Cristopher Rodriguez
  26. Daniel Becerra
  27. Daniel Steven Bonilla
  28. Daniel Zuluaga García
  29. Devi Alezander Ovalle Cabrera
  30. Deivy Alexis Gómez
  31. Devin Alegría Camacho
  32. Deyvi Farley Orozco
  33. Diana Cruz
  34. Diana Marcela Betancour Rodriguez
  35. Diana Ruiz Diego Botero
  36. Eduardo Galeano
  37. Edwin Santiago Martínez Garcés
  38. Elberth Orozco
  39. Esteban Rodríguez
  40. Estiven Jaramillo
  41. Estiven Marulanda
  42. Fabier Londoño Medina
  43. Felipe Arias Felipe Ruiz
  44. Francisco Durán
  45. Francisco Javier García
  46. Héctor Valencia
  47. Heilen Bravo
  48. Isabella Martinez
  49. Jesús David Lozano
  50. Jhon Alexander Aguirre
  51. Jhonatan Lenis
  52. Joan Francisco Herrera
  53. Joan Stiven Vélez
  54. Job Alejandro Moreno
  55. Johan Esteban Torres Urbano
  56. Jorge Alexander Lozano Perez
  57. Jose David Hurtado Moreno
  58. Jose Esteban C Angulo
  59. Juan Camilo Maiman
  60. Juan Camilo Pérez
  61. Juan Camilo Sánchez
  62. Juan Carlos Gironza Hoyos
  63. Juan Carlos Peña Meneses
  64. Juan Diego Ulloa
  65. Juan Esteban Alvarez
  66. Juan Pablo Gutiérrez
  67. Juan Pablo Guzman Rodríguez
  68. Karol López
  69. Kelvin Josué Plaza Castillo
  70. Kevin Aguilar
  71. Kevin Alexis Bedoya
  72. Kevin Jiménez
  73. Kevin Perea
  74. Kevin Stiven Rodiguez Motavita
  75. Leonardo Andrés Villegas Arana
  76. Lizeth Arévalo
  77. Lizeth Valencia
  78. Luis Dayan Montes Betancourt
  79. Luis Fernando Chávez
  80. Luis Mario Maicol
  81. Andrés Medina Ortiz
  82. Manuela Ruiz Taborda
  83. Marcela Valencia
  84. Marco Andrés Arango
  85. María Angélica Cano
  86. María del Carmen Carabai Barrera
  87. Mario Alberto Arcila Martínez
  88. Marvin Santiago Trejos
  89. Mauricio Cáceres
  90. Michele Arteaga
  91. Michell Torres
  92. Miguel Angel Escobar
  93. Miguel Ángel Henao
  94. Miguel Bolaños
  95. Mónica Mosquera
  96. Nicolás Flórez
  97. Nicolas Suarez
  98. Oscar Eduardo Arroyo
  99. Ramiro Parmenio
  100. Robert Steven Londoño Ospina
  101. Santiago Muñoz Quiroga
  102. Santiago Cruz
  103. Santiago Posada
  104. Santiago Arce
  105. Sebastián Arce
  106. Sebastián Cortés
  107. Sebastián Escobar
  108. Sebastián Ospina
  109. Sofia del Mar Gaviria
  110. Steven Riveros
  111. Valentina Campos
  112. Valentina Marin Quintero
  113. Valentina Ramirez Sánchez
  114. Valeria Serna Vanessa Navia
  115. Verónica Valencia
  116. Víctor Manuel Agudelo
  117. Wilson Loaiza
  118. Mujer Afrodescendiente NN, Adolescente, 13 años
  119. Persona detenida arbitrariamente en Meléndez, 08.05.21
  120. Persona detenida arbitrariamente en Meléndez 08.05.21

23 de mayo de 2021

Equipo Jurídico y Humanitario 21 N

Corporación Justicia y Dignidad

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Claves sobre el Paro Nacional Colombia: estallido social contra el No Futuro

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Compartimos a continuación algunas claves agrupadas y sintetizadas que hemos identificado en Revista Hekatombe a lo largo del cubrimiento del Paro Nacional.

Cabe insistir en el carácter dinámico de la protesta y en la falta de certeza sobre los escenarios finales.

A

Ya no es solo un Paro Nacional canalizado por uno o algunos sectores, es un estallido social contra el no futuro.

B

Protagonistas: clases medias empobrecidas, sectores populares, indígenas, afro y campesinos, que ocupan la mayor parte de la población en Colombia. La fuerza de la protesta reside en jóvenes informales, del barrio, que se rebuscan, jóvenes que llevan meses o años tratando de conseguir trabajo, personas con trabajos precarizados, estudiantes bachilleres y universitarios, y la minga indígena.

Un protagonista fundamental en términos relacionales y territoriales ha sido el tejido comunitario empoderado de los barrios populares, constituyéndose como el escenario fundamental de la resistencia adelantada por la ciudadanía movilizada.

C

La gota que rebosó la copa: una reforma tributaria que buscaba poner sobre los hombros de la clase media empobrecida y de sectores populares, el peso del déficit fiscal y de una crisis económica desencadenada por la política económica, tanto del actual gobierno, como de los gobiernos desde 1974, y de forma aguda desde 1991, que han venido implementando lo que se conoce como “modelo económico neoliberal” que apunta a la privatización de derechos y al gasto militar antes que a la inversión social. Cabe decir que por la presión ciudadana, la reforma fue retirada. 

D

También fueron acumulando indignación ciudadana: el incumplimiento de propuestas de campaña del actual gobierno, las políticas de ajuste económico, los beneficios tributarios a bancos y grandes propietarios, o la continuidad del excesivo gasto militar; un conjunto de medidas que desconocían, a veces de forma cínica, el costo de vida de la ciudadanía de a pie;  o las disposiciones para el confinamiento por la pandemia que tuvieron como único alivio algunos subsidios bajos e hiperfocalizados, que no representaban un respaldo estatal real, mientras se impedía o afectaba la economía informal que es el sostén de gran parte de la población.

E

El contexto inmediato: según cifras del Dane, al finalizar el 2020 Colombia tenía más de 21 millones de habitantes en condiciones de pobreza (42,5%) y 7,5 millones en pobreza absoluta (15,1%), 49% de informalidad, 15,9% de desempleo; la disminución de la clase media en 2,17 millones de personas. Además, la quiebra de micro y pequeñas empresas que son fuente de empleo para habitantes de barrios populares. Mientras tanto, el sector financiero recibe 12,1 billones en utilidades, siendo un caso paradigmático el del Grupo Aval, que ganó 2.34 billones en 2020. 

F

El contexto general: asesinato de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz; 6402 jóvenes pobres y campesinos asesinados por el ejército, a los que hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate, durante el gobierno de Álvaro Uribe; cumplimiento excesivamente parcial de un acuerdo de paz cuya implementación total implicaba medidas de democratización política, social, cultural y económica; aguda desigualdad social; configuración histórica de un Estado marcado por una maquinaria de clientela política administrada por la élite nacional y élites regionales, corrupción institucional y racismo estructural; un conflicto armado que reproduce el patriarcado, con altas cifras de victimización, en el que se ha facilitado el despojo de tierra a la población campesina —el 1% de las fincas de mayor tamaño [haciendas] tienen en su poder el 81% de la tierra colombiana— (cifras de Oxfam); un sistema político excluyente que beneficia a grupos de poder tradicionales; el enfoque conservador de “guerra contra las drogas” que se ha mostrado ineficaz, mientras se descartan salidas democráticas y progresistas; la política minero-energética que beneficia a grandes empresas y afecta los territorios rurales y a sus comunidades campesinas, indígenas y afro; el déficit en la educación pública superior, cuya falta de financiación impacta sobre el límite de acceso para millones de personas. Entre otros elementos. 

G

La movilización adquirió un carácter impugnatorio frente a la configuración del orden estatal y al gobierno uribista del Centro Democrático. Hay un desborde de demandas sociales no canalizadas por el Comité de Paro —que representa fundamentalmente a las tres centrales sindicales tradicionales. Cabe decir que según la Escuela Nacional Sindical –ENS–, la tasa de sindicalización en el país es de 4,6 %, lo que significa que la mayor parte de la ciudadanía movilizada no está sindicalizada—. Frente a la baja representatividad, otros sectores movilizados han llamado a la ampliación del Comité por medio de asambleas ciudadanas que democraticen tanto ese escenario, con propuestas y vocerías, como la dinámica política misma del país. 

H

Hay un punto de encuentro en la ciudadanía: la condena a la brutalidad policial y las consignas “Duque Chao” y “Uribe, paraco, el pueblo está berraco”.

I

Los escenarios posibles aún no son claros. Analistas y organizaciones sociales advierten cinco, sin que exista certeza sobre ninguno: 

  1. Que el gobierno desmilitarice y acepte el pliego de exigencias del comité de paro que incluye medidas como la renta básica o el subsidio a micro y pequeñas empresas, PERO: primero, el gobierno no ha mostrado intenciones de negociar sino de insistir con la vía policial; y segundo, para la ciudadanía movilizada, las propuestas e intervenciones del gobierno tienen poca o nula credibilidad. Un descrédito al que se suma la indignación por las agresiones a la ciudadanía movilizada entre las que se cuentan muertes, violencia sexual y desapariciones.
  2. La izquierda electoral y los sectores alternativos apegados a la dinámica institucional, esperan que la ciudadanía reserve su indignación y ánimo de cambio inmediato hasta las elecciones del 2022 para evitar la represión.
  3. Teniendo en cuenta lo sucedido en situaciones similares vividas por otros países, la protesta tendría que conducir a una adaptación del bloque institucional que permita la revocatoria del presidente y su gabinete para la convocatoria de elecciones anticipadas, por medio de la demanda social de un acto legislativo o de un referendo popular. En este escenario, sería el nuevo gobierno electo el que tendría que poner en marcha las reformas que atiendan a la configuración de una institucionalidad más democrática en los planos, económico, político, social y cultural. Otros consideran que el gobierno tendría que pasar temporalmente a la oposición si este no acepta de forma abierta las demandas ciudadanas, mientras se convocan elecciones.
  4. Sectores proponen la generalización de asambleas ciudadanas que fuercen la ampliación de las restricciones y limitaciones presentes tanto en el actual bloque institucional, como en la baja representación del comité de paro.
  5. Debido a la falta de una articulación encausada por una consigna común con efectos políticos concretos, en medio de las consignas y exigencias territoriales y sectoriales y la baja representatividad del Comité de Paro, puede que con el aumento de la represión estatal se conduzca a un desgaste de la movilización social, aunque con un fortalecimiento de la cultura democrática en la sociedad.

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La polémica renuncia del profesor Eduardo Restrepo presentada a la Universidad Javeriana

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Colombia. 20 de mayo de 2021. El reconocido antropólogo y profesor Eduardo Restrepo, después de más de una década como profesor en la Universidad Javeriana, el pasado 21 de abril presentó su renuncia en una carta que pone sobre la mesa la grave situación de la universidad privada y lo problemático de entender la educación como negocio.

La compartimos a continuación,

Renunciar a la Javeriana: Procesos de precarización y entrampamientos burocráticos en la universidad

Después de quince años de trabajar en la Javeriana, el pasado 21 de abril decidí renunciar de manera irrevocable e inmediata. Siendo ya profesor titular y con unas condiciones laborales envidiables, continuar en la Javeriana implicaba legitimar una serie de prácticas en torno a los procesos de precarización y los entrampamientos burocráticos que se han venido posicionando no sólo en esta universidad. Es importante examinar estos procesos y entrampamientos porque son evidencia de la agonía de la universidad en Colombia y su creciente cerramiento como escenario relevante para la pasión por los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la producción de conocimiento pertinente para las urgencias de nuestro presente.

Para poner en contexto al lector, en el momento de mi renuncia estaba dirigiendo la Maestría en Estudios Afrocolombianos (con una cohorte en Cartagena y otra en Bogotá) y la Maestría Virtual en Estudios Culturales Latinoamericanos. En ambas maestrías estuve al frente de la concepción y de la escritura de los documentos maestros que fueron enviados al Ministerio de Educación para su aprobación y desde entonces me hice cargo de ambas maestrías tanto en su dimensión administrativa, como en su orientación académica.

Desde su comienzo, gran parte de las labores docentes, direcciones de tesis y lectores-jurados fueron asumidas en ambas maestrías por profesores contratados por cátedra. Muchos colegas amigos aceptaban estas labores por su identificación con el proyecto académico de las maestrías y no por lo que les terminaría pagando la universidad que, en últimas, no era mucho. Para la maestría virtual, igualmente movilicé estas redes de amigos y estudiantes para producir algunos de los materiales. Esto llevó a que yo fuera el único profesor de planta, dictara al menos dos cursos en cada maestría y tuviera que asumir toda la carga administrativa como su director.

Tuve que recurrir a contratar como cátedra a casi todos los docentes debido a que, con excepción de unos colegas en otros departamentos de la facultad que han dictado unos cuantos cursos más como un acto de solidaridad, los otros tres profesores de planta de mi departamento (el de Estudios Culturales) ni sabían ni manejaban las temáticas de la maestrías (sobre todo en el de la maestría en estudios afrocolombianos), o no estaban dispuestos a asumir más de las dos clases al semestre que han dictado desde hace muchos años en nuestra otra maestría presencial en estudios culturales. Para mis colegas de planta del departamento asumir una carga que fuera más allá de sus dos clases (a veces solo una o ninguna) y de dirigir unas cuantas tesis (cuando lo hacen) es inconcebible.[1]

Ante esta limitación, y como estaba planteado desde los documentos maestros enviados al Ministerio, tenía la certeza de que la universidad contrataría al menos un par de nuevos profesores de planta para asumir las labores de docencia, orientación de tesis e investigación; labores que no se pueden cumplir a cabalidad con profesores contratados por cuatro meses durante el semestre y cuyos salarios son calculados estrictamente desde horas dictadas de clase.[2] Aunque sé que es muy extensa la lista de universidades en las cuales se les paga mucho menos a los docentes de cátedra, era desestimulante ver los montos recibidos por algunos de los profesores con los que trabajaba, pues su esfuerzo y pasión que de ninguna manera se circunscribían a la a veces solo una hora pagada por semana (como en el caso de los directores de tesis).

Aquí encontramos una de las estrategias de precarización laboral de las universidades, privadas y públicas del país. Los profesores de cátedra, en muchos casos mal pagos y con cargas laborales que desbordan con creces las horas por las que se contratan, asumen muchos de los cursos que no pueden (o no quieren) ser cubiertos por los cuerpos docentes de planta. Por lo menos para una universidad como la Javeriana, quiero insistir en que no es la simple dicotomía entre cátedra o la planta como tal el mecanismo de precarización, sino que debe entenderse como el resultado del juego de unos cuantos profesores hiper-acomodados que son contratados como planta y que poco o nada hacen, y otros que son contratados a destajo como profesores de cátedra que están ahí para garantizar con su hiper-explotación que todo funcione.

No son pocos los profesores de planta que he conocido en distintas universidades privadas y públicas que se han dedicado a vegetar durante años. No hacen mucho y rara vez se conectan con procesos distintos a los que pueden incluir en sus planes de trabajo o con los que no puedan registrarse en sus cvlacs para que se los paguen o les suban el sueldo. Conozco casos en los que no se escribe nada relevante (no estoy pensando aquí en publicaciones indexadas ni nada de eso), no se enganchan en procesos de investigación sustantivos, no logran interpelar a sus estudiantes, ni son voces visibles en debates de sus campos. Por sus reiteradas quejas y comportamiento, pareciera que el ser docentes fuera para ellos una maldición. De ahí que no sea ninguna sorpresa encontrarse ante una marcada desidia y mediocridad con las que se desempeñan por décadas.

No se puede sobrevivir como profesor de cátedra, a menos que se dicten varios cursos a la vez y, a menudo, en diferentes universidades al tiempo. Como si esto fuera poco, sus contratos de servicio los ponen en una permanente situación de incertidumbre sobre si van a ser contratados o no para el siguiente semestre. Más todavía, si se tiene en cuenta la existencia de un nutrido y ansioso “ejército de docentes de reserva”, en el cual la burocracia académica puede fácilmente encontrar quien dicte cualquier clase cualesquiera sean las condiciones. Así, los profesores de cátedra son piezas que pueden ser fácilmente reemplazables. Esto los tiende a hacer sujetos dóciles de los cuales se puede prescindir. Son fuerza de trabajo dispensable. Tanto, que la primera reacción que las angustiadas universidades privadas han desplegado ante la caída de las matriculas ha sido bajar la contratación de cátedra.

Sabía que contar con profesores de planta en aras de armar equipos de trabajo para los dos nuevos programas de maestría no era fácil, aunque fuesen indispensables. Esta contratación se ha venido haciendo todavía más difícil en un momento en el cual las matriculas en las universidades privadas han ido cayendo, en algunos de sus programas de manera sustancial. Para muchos que no estaban acostumbrados a ello, estos son tiempos de incertidumbre. Aunque el covid-19 ha sido un factor relevante, la tendencia a la caída de número de matriculados en las universidades privadas se venía presentando desde un par de años atrás. Las universidades privadas, que dependen casi en su totalidad de los pagos de altas matriculas por parte de sus estudiantes, han sido particularmente sensibles ante los cambios en la competencia por el mercado de ofrecimiento de títulos de pregrado y postgrado.

Ante la tendencia a la caída de matrículas (que, insisto, es algo que se estaba dando antes del covid-19), universidades como la Javeriana podrían recurrir a dos estrategias. La primera es abaratar el costo para la universidad de ofrecer un programa, lo cual se logra cargando más a los docentes con los que cuenta, fusionando cursos para que tengan más estudiantes, reduciendo las exigencias y los tiempos de graduación y, por supuesto, recurriendo a un número sustancial de profesores de cátedra que son menos costosos que los de planta.

Me temo que en este afán de abaratar costos —presentados por las burocracias de turno con nombres como reestructuración, repensarse o adecuación—, se viene un nuevo embate en el socavamiento de la calidad de los pregrados. En este marco, no debe sorprendernos que aparezcan ofertas, sobre todo de las ansiosas universidades privadas, de hacer no una, sino dos carreras en tres años (los famosos dobles programas) y que, en caso de que no se supriman, los trabajos de grado se reduzcan a una especie de trabajo final de un curso con unas cuantas páginas y sin sustentación alguna. Desde la perspectiva de las burocracias universitarias es esencialmente un asunto de marketing.

Así, los estudiantes son fuertemente infantilizados y abordados como clientes. Hay reuniones con los padres de familia y acudientes desde el primer día, y no es extraño que estos se pongan en contacto con los profesores y directores de programas para monitorearlos como su fueran chicos de colegio. A cada estudiante se les asignan consejeros que, cual poder pastoral, los orientan en “sus” decisiones académicas y para estar pendientes de cualquier anomalía en sus desempeños y comportamiento. Cualquier desviación se identifica y tramita con celeridad, informando a sus padres o acudientes.

La segunda estrategia frente a la caída de las entradas de las universidades privadas es conseguir más matriculas manteniendo básicamente la misma inversión, lo cual pasa por ofrecer nuevos programas o conseguir más estudiantes para los que ya se ofrecen. Esto de crear nuevos programas o hacer más atractivos los existentes, sobre todo como unos que se adecuen a las nuevas demandas e intereses (del mercado laboral), ha sido impulsado desde un cuestionamiento a muchas de las actuales carreras que se consideran “obsoletas” o “poco relevantes”.  Hacer que más estudiantes se matriculen en programas ya ofertados ha tomado cuerpo en campañas, en redes sociales o en eventos concretos, impulsadas desde oficinas o divisiones de mercadeo creadas para ello.

Para alguien que encaje en el perfil establecido y que, por interés o infortuna, haya hecho clic en algunos de los enlaces con ciertas cookies instaladas, sus experiencias de navegación por la red estarán atiborradas de anuncios que los invitan a inscribirse en innumerables programas de pregrado y postgrado, no solo de universidades en el país sino de otras del extranjero en modalidades virtuales o mixtas. La Javeriana, por ejemplo, destina parte de su presupuesto a pagarle a Google y Facebook para sus campañas de mercadeo.  Esto se decide desde arriba, sin importar que los directores de los programas estén de acuerdo o no. Estas oficinas de mercadeo implican la contratación de costosos profesionales y el abultamiento de la burocracia universitaria con sus reiteradas solicitudes de información en sus formatos y encuestas, así como la asistencia a múltiples reuniones.

Estas nuevas oficinas o divisiones de mercadeo son una de las tantas que han ido apareciendo en las dos últimas décadas en las universidades, junto con nuevas vicerrectorías y centros con deslumbrantes nombres como innovación y excelencia. Decenas de nuevos cargos han sido creados en las diferentes instancias de las universidades que son ocupados, en las universidades privadas, por solemnes señores de costosos trajes o señoras con peinados de salón. El mundo de la burocracia universitaria, por supuesto, no deja de tener sus encantos. Hay claras jerarquías y, al igual que con los docentes de planta y de cátedra, no todos son descaradamente remunerados. Como en otros escenarios de la vida, a menudo los que menos trabajan son los que sacan las tajadas más jugosas. Existe toda una jerarquía en la burocracia, con largos séquitos que van descendiendo desde las grandes alturas. No en pocas universidades, los peldaños más bajos son ocupados por personas contratadas a destajo o por periodos muy puntuales, con pagas poco sustanciales y con responsabilidades descomunales.

Con el incremento de la burocracia universitaria, se han ido transformado las prácticas docentes, investigativas y de extensión que habían definido a las universidades hasta los años noventa. Un fuerte entramado de regulaciones y demandas burocráticas han irrumpido en la vida de los docentes, sobre todo si están al frente la dirección de un departamento o programa. No son pocas las horas de la jornada laboral dedicadas a reuniones y a responder correos electrónicos con diversas solicitudes y tareas asignadas desde las distintas instancias de una demandante burocracia universitaria. Todas estas oficinas, divisiones y centros se muestran urgidos de introducir nuevos procedimientos, se inventan otros formatos que llenar. Con frecuencia, convocan a reuniones o talleres obligatorios en los que ofrecen capacitaciones para que los directores de programa o profesores puedan responder adecuadamente y a tiempo a sus nuevas demandas.

Estos procedimientos, que estandarizan y regulan tiempos y prácticas, son diseñados en nombre de grandes palabras como la calidad, la eficacia y la transparencia. Suponen, en la práctica, el posicionamiento de un modelo gerencial que transforma a la universidad en una empresa en la cual un ejército de burócratas ha adquirido el papel central. Aunque muchos de ellos no han sido profesores o nunca en su vida han hecho una investigación, hablan con gran suficiencia y arrogancia de cómo se debe enseñar e investigar. A propósito, recuerdo cómo uno de estos burócratas adscrito a la vicerrectoría académica, en una larga reunión, me explicaba entusiasmado el alambicado modelo de educación virtual de la universidad recurriendo a coloridos diagramas y deslumbrantes términos que había recientemente creado. Ante mi pregunta si había sido profesor alguna vez, sorprendido, reconoció que nunca lo había sido y que no era algo para alguien como él.

Igual sucede con la investigación. Al menos en los campos que conozco (los estudios culturales y la antropología), ninguno de los investigadores medianamente brillantes o al menos algo destacados son burócratas de carrera (y esto no solo para las universidades, sino también los que terminan engrosando la burocracia de las entidades gubernamentales relacionadas con la investigación). Los que se inclinan por serlo, no han hecho ninguna contribución medianamente relevante a estos campos. Son gente mediocre, que encuentra en la burocracia el nicho para la reproducción de su existencia. Probablemente esta observación pueda ser generalizada, aunque tal vez sean pocas las excepciones.

El antropólogo David Graeber, en su libro Trabajos de mierda: una teoría, ha evidenciado cómo este creciente enjambre de burócratas que pulula en todos los ámbitos de la vida social a menudo hacen parte de los trabajos inútiles de los que se podría prescindir. Con el posicionamiento del modelo gerencial, nuestras universidades se han venido llenando de esos “trabajos de mierda” de los que habla Graeber. Lo paradójico es que muchos de estos trabajos son los que más dinero cuestan a las universidades. En la Javeriana, por ejemplo, el costo de la nómina de los “administrativos del edificio central” consume parte importante del presupuesto de la universidad, pues reciben salarios mucho más jugosos y por encima de los colegas de planta mejor remunerados. Así las cosas, las ansiedades en las universidades privadas por la caída en el ingreso por matrículas se explica en parte por el peso en las nóminas de estos burócratas y de sus nutridos séquitos.

Podemos llamar entrampamientos burocráticos a la urdimbre de arandeludos procedimientos que orientan cada vez más el tiempo y la energía de los docentes a producir los indicadores legibles y cuantificables por un modelo gerencial de universidad. Teniendo como punta de lanza a los (a veces desdichados) encargados de dirigir los departamentos y programas, el cuerpo de docentes contratado para enseñar es evaluado por un entramado de indicadores en los cuales el peso de otros productos (como la publicación en revistas indexadas) es tanto o mayor que el de su desempeño docente.

Así, los profesores no solo gastan parte importante de su tiempo en llenar formatos sobre su labor docente, formatos estandarizados e inteligibles para satisfacer las demandas de burocracias de turno (y que, no sobra anotarlo, adoran inventarse unos nuevos y más engorrosos), sino que deben sacarse del sombrero investigaciones y, ojalá, consultorías que les permitan registrar los productos por los que terminaran evaluándolos para sus ascensos en los escalafones docentes. No sobra señalar aquí que actividades como la investigación o las consultorías también se encuentran milimétricamente colonizadas por un ejército de burócratas y sus implacables lógicas.

Estos entrampamientos burocráticos han hecho de la universidad algo muy distinto de un lugar donde primen asuntos como la producción de conocimiento, la pasión por los procesos de enseñanza-aprendizaje y la articulación de escenarios reflexivos y deliberativos de cara a las urgencias y sensibilidades de nuestras sociedades. Los entrampamientos burocráticos han esterilizado el alma de la vida universitaria. Han multiplicado las ceremonias y los deslumbrantes títulos, pero sobre todo han confundido los procesos formales de las acreditaciones de calidad y las visibilidades en los rankings nacionales e internacionales con lo que implica la pasión por ser profesor, con la convicción de que en los procesos pedagógicos y de generación de conocimiento se juega de verdad nuestro futuro.

Los entrampamientos burocráticos se instauran como inercias que marchitan las más interesantes iniciativas afincadas en las pasiones y compromisos de algunos docentes y estudiantes. Por ejemplo, como en otras universidades, en la Javeriana tienen amarrados los procesos de contratación de servicios. Si vas a comprar un tiquete para adelantar trabajo de campo en una investigación o si vas a producir un contenido audiovisual para un programa, las inercias de los entrampamientos burocráticos impiden que se haga por fuera de sus términos (los cuales son siempre más costosos y arandeludos) y con las empresas internas o externas a las que les han concedido estos favores. Sospeché que eso era parte de turbios negocios, pero parece que las inercias derivadas de estos entrampamientos burocráticos son más prosaicas y rayan con inamovibles caprichos. No contar con condiciones para generar contenidos de manera autónoma y sin ninguna posibilidad de ser censurados desde estos entrampamientos burocráticos, fue otra de las razones de mi renuncia.

Estos entrampamientos burocráticos no son simplemente el capricho de las universidades, no son exclusivas de las universidades privadas. Universidades públicas como la de Antioquia han profundizado y sofisticado estos entrampamientos a tal escala, que muchas de las privadas aparecen a su lado como unas neófitas timoratas. Las causas del languidecimiento de las universidades en Colombia se encuentran en las políticas agenciadas por el Ministerio de Educación (con su punta de lanza en el Consejo Nacional de Acreditación) y en lo que hasta hace poco fue Colciencias (hoy MinCiencias). La concepción del estado colombiano de su lugar en la educación en general, y en particular en la educación superior, asociado a sus diletantes políticas de ciencia y tecnología han propiciado el abultamiento de las burocracias universitarias orientadas a satisfacer formalismos huecos y descontextuados. Universidades que estimulan la publicación de sus docentes de papers por parte de sus docentes en revistas indexadas (que nadie lee y con poca o ninguna relevancia local), grupos de investigación con sus gruplacs ordenados (aunque muchos de ellos sean grupos que no existen realmente), o con sus registros calificados y programas debidamente certificados entronizan un ejército de burócratas que cambian los términos y contenidos de la vida universitaria.

En la Javeriana, que nunca ha dejado de ser realmente un colegio grande como otras universidades privadas del país, esto se impone a raja tabla. Entre las cosas que no dejaron de sorprenderme durante los quince años que trabajé allí es lo que podríamos denominar el ethos javeriano. Por mi formación de pregrado y postgrado fue en universidades públicas, suponía que la universidad era un escenario para la deliberación abierta de distintas posiciones y para los disensos. No obstante, para el ethos javeriano no hay nada más molesto que alguien que no se pliegue borregalmente a las autoridades universitarias. No hacerlo te marca como una persona “problemática”, a la que se debe “corregir” o de la que hay que deshacerse.  Es como en un colegio. Lo que dice el rector o el director de disciplina no es discutible. Esto se refleja en estudiantes que no suelen articularse como voces deliberativas y menos disidentes con respecto a las autoridades universitarias. Mi noción de los estudiantes siempre fue una muy distinta, tal vez porque en otros tiempos la gente con otras historias y en otros estratos sociales no se suele portar tan bien.

[1] También es cierto que, en muchas universidades privadas más pequeñas, sobre todo en las regiones, las condiciones de los profesores de planta se encuentran muy lejos de las condiciones descritas de este puñado de hiper-acomodados. El número de cursos que les asignan y el volumen de estudiantes que están a su cargo significan extenuantes jornadas laborales que se extienden hasta altas horas de la noche. Como si esto fuera poco, sus salarios no representan ni un cuarto del que reciben aquellos profesores hiper-acomodados y, en algunos casos, sus contratos cubren solo ocho meses en el año.

[2] La figura de la “hora cátedra” supone un reduccionismo brutal de lo que es la práctica pedagógica o práctica docente que, habitualmente, exige a los docentes desde la creación de los programas hasta el diseño e implementación de estrategias didácticas que están ancladas a la preparación de la clase; sumado a la evaluación y el diligenciamiento de mil formatos que evidencian que se dictó la clase y “merece” el pago de su hora cátedra.

Oda a la Primera Línea

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Cuando la muerte se viste de policía, la primera línea se convierte en la mejor compañía.
Sabemos que la sevicia es requisito indispensable para vestir de verde oliva,
Así que llevo un escudo al que me aferro porque de él depende mi vida.

Mi casco conoce de la brutalidad policiaca,
Y mi estómago del hambre que en Colombia no para.
Pero mi alma joven, sabe que con miedos en el barrio no se anda,
Así que cubro mi rostro y al frente voy sin dar la espalda.

Caminamos durante largas jornadas, con la mirada firme entre la capucha,
Y resistimos con valentía a la violencia del gobierno que argumentos no escucha.
Protegemos la vida del manifestante porque cada quien tiene su papel en esta lucha.

En medio de la olla comunitaria nuestras madres nos esperan con comida,
Ellas nos enseñaron desde pequeños a vivir con dignidad y valentía,
Sabemos que toda madre espera que sus hijos lleguen a casa con vida,
Por eso entregamos la nuestra, por los hijos e hijas de madres desconocidas.

Vándalos, nos llaman ciudadanos doble moralistas y noticieros,
Los mismos que a fin de mes celebran nuestras victorias entrevistando a un politiquero.
Sigan celebrando politiqueros, pero recuerden que lo que se gana en el Paro es gracias a la organización de los que ustedes llaman ñeros.

En medio de la protesta, la gente es atacada por escuadrones genocidas,
Así que hombres y mujeres nos organizamos con valentía.
Cuando nos cansamos del hambre y la injusticia nació la primera línea.

Que la gente de bien sepa que estamos orgullosos de nacer en un barrio popular,
De esos que las empresas buscan exprimir,
Que, a pesar del hambre, el Gobierno no quiso oír.
Pero, ahora que tapamos nuestros rostros, para ellos, empezamos a existir.

El paro es por la vida

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Tener que explicar que la política no es de exclusivo dominio de un sector social, sector que hay que decir, se ha hecho al control hegemónico del poder a punta de la economía ilegal, la guerra, los asesinatos-torturas ejemplificantes y la acumulación de riqueza producto del pago incompleto a trabajadores/as asalariadas/os y del no pago al trabajo del cuidado. Raya con lo ridículo y resulta agotador, pero este ejercicio no va dirigido a esas mafias que nos deslegitiman, va dirigido a quienes hoy se levantan, a quienes están en las calles disputándose su vida, su futuro y el derecho a envejecer y morir dignamente en esta tierra.

Estos quince días las preocupaciones por las diversas y múltiples subjetividades políticas que están cuestionando el establecimiento me llevan a pensar en los argumentos, si se les puede dar este calificativo, que les increpan desde la falta de experiencia o que les juzgan las dificultades ante la conceptualización de la compleja terminología politológica, o que ilegitiman su estética y su narrativa al no contener en sus discursos y formas los elementos de lo que el statu quo requiere para sobrevivir. Retórica altamente antidemocrática, autoritaria, profundamente misógina, etapista, capacitista y adulto-centrista, y que basa sus aleccionadores comentarios y juicios en la creencia que niñas, niños, jóvenes y jóvenas no tienen criterio, opinión o al menos ideas, porque facultades mentales tan elaboradas como estas, se adquieren de forma espontánea y con la foto de la cédula.

La disputa que vemos hoy no solo es por la vida digna para todos y todas en un amplio sentido, sino que es el levantamiento insurreccional más hermoso que quizá hayamos presenciado en la historia reciente de este país, es la voz de las silenciadas, los silenciados, la de niñas y niños que crecieron entre violencias de toda índole, la de jóvenes que crecieron escuchando que sus sentires no tenían cabida en las disputas por un mundo mejor. Quizá sin saberlo heredaron luchas y conquistas, son la memoria viva confrontando el olvido y la muerte, son la historia absolviendo a miles de colombianas y colombianos que entregaron la vida por estos futuros. Son nuestras ancestras y ancestros iluminando los senderos de las luchas contra las colonias que se impusieron sobre sus cuerpos y que aún hoy nos corroe.

A los/as que están en las trincheras, a quienes en casa han tenido la valentía de levantar la voz, a quienes han confrontado los imposibles y los lugares que les invalidan, a quienes nos dan lecciones de dignidad. Gratitud, admiración y apoyo a sus formas, causas, voces y lecturas de mundo. Nos urge permitirnos dialogar sobre experiencias, perspectivas, reivindicaciones y proyectos de país.

Colombia: un estallido social contra el no futuro

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Colombia, 15 de mayo de 2021. En Colombia desde el 28 de abril tuvo lugar un estallido social cuyo motivante fue la solicitud del retiro de una reforma tributaria que buscaba sanear el déficit fiscal de la nación con el aumento de los impuestos de las y los trabajadores colombianos, mientras sostenía los alivios fiscales de banqueros y de grandes propietarios.

El 2 de mayo el presidente Iván Duque dijo que iba a retirar del Congreso el proyecto de ley de esa reforma, mientras elaboraba una nueva propuesta de “consenso”, con los grandes propietarios y los partidos políticos —siendo mayoritarios los que están alineados al gobierno—. Lo que en la Revista Hekatombe hemos denominado como Estallido social contra el no futuro, continúa hasta el día de hoy, debido a la desconfianza en el gobierno nacional de extrema derecha, al tratamiento de guerra que ha dado a la protesta social, y al telón de fondo: una aguda desigualdad social, corrupción estructural y un largo conflicto armado interno.

Cabe señalar, que Iván Duque anunció la creación de unos escenarios de diálogo, que han profundizado la desconfianza en el gobierno nacional y no han sido bien vistos por la ciudadanía. En esta nota colaborativa, les contamos en términos generales quiénes han participado de estos.

A. Algunos datos al respecto

– Según cifras institucionales, casi la mitad de los colombianos (42.5%) viven en condiciones de pobreza; y 7,47 millones están en pobreza extrema —ganan menos de  $145.004 pesos al mes, aproximadamente 38,14 dólares—, la tasa de desempleo es de 14,2%, el empleo existente está precarizado, y otro tanto es informal —autoempleo con ventas ambulantes, por ejemplo—; micro y pequeñas empresas han quebrado en medio de la pandemia. En cuanto a la concentración de la tierra, datos de Oxfam indican que el 1% de las fincas de mayor tamaño (haciendas) tienen en su poder el 81% de la tierra colombiana, en condiciones de improductividad, mientras que las familias campesinas productivas tienen poca o no tienen tierra.

– El acuerdo de paz entre el Estado y la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) se ha cumplido parcialmente, dejando de lado los puntos que se traducen en reformas de democratización, justicia social y productividad en el campo. A su vez, tanto el partido de gobierno como el gobierno nacional han rechazado el acuerdo y han puesto en marcha medidas que van en contravía de su contenido, como la fumigación con glifosato, para no implementar la sustitución de cultivos de uso ilícito, por cultivos como alimentos, tal como lo demanda el campesinado colombiano.

– Hace algunos meses, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) —instancia de justicia transicional nacida del Acuerdo de Paz, y que ha sido atacada por el partido de gobierno— reveló que durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe, el Ejército Nacional cometió 6.402 asesinatos extrajudiciales: jóvenes pobres que fueron asesinados por militares para presentarlos como “positivos”, es decir, como guerrilleros muertos en combate.

– Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (INDEPAZ), desde la firma del Acuerdo de Paz, han asesinado a más de 900 líderes sociales, quedando la mayor parte de los casos en la impunidad.

– En Colombia se pierden anualmente cincuenta billones de pesos en corrupción institucional, en un engranaje que va desde la clase política nacional y local, hasta funcionarios de base deshonestos.

– La participación política electoral es excluyente dado que se requiere de grandes sumas de dinero para financiar campañas costosas, teniendo además como límite un aparato de clientela política incrustado en las instituciones, impidiendo así el acceso a cargos de elección popular de liderazgos anclados a la dinámica local.

– Por otro lado, primero, existen estrategias institucionales para negar la personería jurídica a propuestas alternativas a las de los grupos de poder tradicionales, como sucedió con el movimiento político Colombia Humana que al día de hoy no cuenta con existencia legal. Y segundo, los altos umbrales electorales que se requieren para la constitución de nuevos partidos, impiden la creación de organizaciones políticas que representen intereses regionales, viéndose sometidas las comunidades, cuando quieren participar en elecciones, a integrarse en aparatos políticos tradicionales cargados también de dinámicas clientelares y corruptas.

-Hay múltiples casos de persecución legal y paraestatal hacia figuras académicas, políticas y sociales que se oponen a ese entramado de corrupción y desigualdad.

– En Colombia hay un conflicto interno que lleva más de 60 años. En la actualidad los actores del conflicto [Fuerza pública, bandas de narcotráfico, grupos paramilitares, insurgencias, disidencias guerrilleras provenientes de las FARC tras la firma del acuerdo], infringen constantemente el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

-Hay un déficit histórico de recursos del Estado hacia la educación pública superior que para el 2019 rondaba los $3.2 billones de pesos en funcionamiento. La desfinanciación de la educación se traduce en una semi privatización de la misma y en un acceso limitado para millones de jóvenes.

-Los altos costos de la educación superior privada llevan al endeudamiento de la comunidad estudiantil de estas instituciones. La deuda posterior no alcanza a ser del todo cubierta por las y los egresados que acceden a la misma oferta de trabajo colombiana, marcada por la precarización, la inestabilidad y la flexibilidad.

– Además, el constante incumplimiento de la Constitución Política de Colombia, que es de carácter garantista, resultado de la movilización ciudadana y un acuerdo de paz entre diferentes insurgencias y el gobierno en 1991, ha llevado a una falta de credibilidad ciudadana en el orden institucional.

– Un sistema de salud privatizado, en el que solo quienes tienen mayores recursos acceden a mejores servicios; el Estado tiene una participación mínima como regulador y financiador, un rol que se pretende casi suprimir por medio de una reforma al sistema en favor de las grandes empresas. Esa es la reforma que está avanzando en el Congreso.

Estos son solo algunos de los aspectos que subyacen el descontento generalizado que no ha cesado en Colombia, que se ha agudizado por las políticas económicas puestas en marcha por el gobierno de extrema derecha de Iván Duque, y que siguen en la misma línea económica de los últimos gobiernos desde 1991, en tanto han acogido las políticas de liberalización económica y extracción de recursos naturales en beneficio de los grandes propietarios, enmarcadas dentro de lo que economistas y otras ciencias sociales denominan “neoliberalismo”.

B. El Paro Nacional

Las protestas que empezaron a nivel nacional el 28 de abril fueron convocadas por las cúpulas de las centrales sindicales, para esa fecha y para el 19 de mayo. La convocatoria tuvo gran acogida por la ciudadanía, sin embargo, se desbordó en términos de movilización, pues ya las centrales sindicales no eran las convocantes de los lugares, fechas y horas de protesta. También, en términos de reivindicaciones, las personas movilizadas no exigían solo el retiro de la reforma tributaria y de otras medidas privatizadoras y nocivas para el país como las reformas a la salud, pensional y laboral, sino que sus consignas adquirieron un carácter destituyente que apunta a la renuncia del presidente Iván Duque y su gabinete.

Ante esta situación, el Comité de Paro conformado principalmente por las cúpulas de las centrales sindicales, en su comunicado del 3 de mayo, dio cuenta de una desconexión con la dinámica de la protesta, tal como sucedió en la jornada de paro de septiembre de 2019 a enero de 2020, al desatender el llamado fundamentalmente destituyente de la ciudadanía.

La ciudadanía precarizada y desempleada se ha seguido auto convocando a nivel territorial, cuestionando al presidente Duque, y al jefe de su partido, el expresidente Álvaro Uribe, entonando de forma generalizada la misma consigna-canción, basada en la célebre canción italiana “Bella ciao”:

Una mañana, he despertado
Y Duque chao, Duque chao, Duque chao chao chao
Una mañana, he despertado
y hemos sacado al impostor
Colombiano, vamo a la lucha
Y Duque chao, Duque chao, Duque chao chao chao
Oh Colombiano, vamo a la lucha
Vamo a salvar nuestro país

Si su gobierno
sigue matando
a Duque chao, Duque chao, Duque chao chao chao
si su gobierno
sigue matando
no dejaremos de marchar.

Y otras consignas como “A parar para avanzar, viva el paro nacional”, “Uribe paraco, el pueblo está berraco”, “Vamos pueblo ¡carajo!, el pueblo no se rinde ¡carajo!”, o entonando el himno nacional para enfrentar las disoluciones de las protestas emprendidas por la Fuerza Pública.

Cabe destacar que había un precedente de movilización masiva en noviembre de 2019.

También hay reivindicaciones locales referidas a la cantidad de peajes [puestos de cobro por el paso de un municipio a otro] que hay regionalmente, que llevan a incrementar el costo de los productos que se trasladan a nivel nacional; contra los pilotos de fracking; o contra el mandato de alcaldías municipales.

C. La represión de la protesta

El gobierno nacional ha dado un tratamiento de guerra a la protesta social. Algunas de las cifras de brutalidad policial, que aún siguen ajustándose y que podrían presentar subregistros, son según la campaña de Derechos Humanos (DDHH) «Defender la libertad», desde el 28 de abril hasta el 13 de mayo, con hora de corte 6:00 pm en el territorio nacional [datos que vamos a estar actualizando]:

  • 50 personas registradas como fallecidas presuntamente por el accionar de la fuerza pública y/o “civiles” sin identificar en el marco de la protesta social pacífica (por verificar) y 1 policía. 10 de esas personas fallecidas están sin identificar y se está verificando su relación con las protestas. El aumento refleja el fallecimiento de varias personas a causa de las graves heridas ocasionadas durante las movilizaciones.
  • 524 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD35 sufrieron lesiones oculares51 fueron heridas por arma de fuego74 personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
  • 21 personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la misma institución.
  • 1.430 personas han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa el traslado por protección , siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos.
  • 12 allanamientos, de los cuales 8 fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas. Los 4 restantes se encuentran en proceso de esclarecimiento.
  • 753 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.
  • Según la Defensoría del Pueblo, hay un registro de 89 personas desaparecidas en medio del paro, pero para el 10 de mayo la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada manifestó que en su registro habían 379 personas desaparecidas. Esta cifra se encuentra en proceso de verificación y actualización.

A esto se suma la persecución judicial contra manifestantes y líderes juveniles en el país.

El 1 de mayo, el presidente Duque aseguró que habría «asistencia militar» a la Fuerza Pública «donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población (…) hasta que cesen los hechos de grave alteración del orden público”. El 30 de abril, el expresidente Álvaro Uribe, jefe del partido de gobierno “Centro democrático», escribió en un trino que fue eliminado por Twitter: «Apoyemos el derecho de policías y soldados de utilizar sus armas» para defenderse a sí mismos, a las personas y a la propiedad.

A esta publicación se han venido sumando otros mensajes que buscan la macartización de la protesta social; algo preocupante teniendo en cuenta la legitimidad que tiene su figura política dentro de las fuerzas militares y policiales, cuya doctrina militar, en términos ideológicos, se ha construido con base en premisas políticas propias de las ideas de extrema derecha ancladas al contexto de guerra fría del siglo XX.

La prensa comercial o los grandes medios corporativos de comunicación también han venido cumplido un papel fundamental en la satanización de la protesta social, al ocupar la casi totalidad de su parrilla informativa en los hechos de violencia desde la ciudadanía —que han sido mínimos en comparación con la violencia estatal—, y los casos de «desabastecimiento» provocados por los bloqueos, haciendo parecer el encarecimiento del costo de vida es coyuntural, y es consecuencia de la protesta social, cuando en realidad, como se ha puesto de manifiesto hasta el momento, ha sido justamente al contrario.

Además, el presidente Duque ha hecho de anuncios como la matrícula cero por un semestre, para estratos 1, 2 y 3 que según expertos, es una medida provisional que no representa un alivio significativo para estudiantes y la manera en que propone sea implementada, no toca la desfinanciación de la educación superior y ni siquiera, alcanza a ser un paño de agua tibia para la crisis de las IES en el país.

Mientras tanto, la ciudadanía no ha cesado de autoconvocarse a nivel nacional para seguir ocupando las calles, pese a la pandemia y la represión estatal.

Invitamos a revisar nuestras redes de facebook y twitter que tienen el registro del #ReporteCiudadano de las protestas.