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Sectores políticos y sindicales se oponen al Decreto 811 que busca vender Ecopetrol

Por
Hekatombe
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Colombia, 10 de agosto de 2020. En la mañana del lunes 10 de agosto de 2020 se reunieron de manera virtual, ante la opinión pública y de cara al país, los dirigentes sindicales de la USO Fabio Díaz y Edwin Palma, los congresistas Wilson Arias, Luis Fernando Velasco, Juan Luis Castro, Jesús Alberto Castilla y la Senadora Victoria Sandino, para pronunciarse en contra del Decreto 811 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional, que auto habilita al ejecutivo para vender activos de la Nación con la justificación de enfrentar la crisis económica, ambiental y sanitaria generada por la pandemia del Covid-19. Desde varios sectores sindicales, sociales y políticos se han venido manifestando que la crisis actual no justifica la venta de Ecopetrol, ya que existen alternativas eficientes para enfrentarla diferentes a enajenar el patrimonio de la nación.

Los dirigentes sindicales y los congresistas que asistieron a esta rueda de prensa manifestaron su total rechazo a que el Gobierno de Iván Duque venda, gracias a las facultades que se auto atribuyó por medio de este Decreto, empresas nacionales como ISA y Ecopetrol, esta última representada en su filial de transporte de crudo CENIT, que cuenta con más de 400 trabajadores a nivel nacional y que le pertenece a las y los colombianos.

Edwin Palma, presidente nacional de la USO señaló que “desde la USO queremos visibilizar la lucha que tenemos en contra de la iniciativa del Gobierno Nacional de privatizar el patrimonio público, por medio del decreto 811 que busca realizar una privatización exprés. Además, agregó: “el gobierno no ha dejado claro en ninguna de sus intervenciones, ni siquiera ante la Corte Constitucional que no va a enajenar empresas públicas como Ecopetrol y CENIT”. Por lo cual, manifestó su preocupación por las acciones que se vienen adelantando al interior de CENIT y Ecopetrol para desvincular trabajadores que tienen contratos directamente con Ecopetrol y así facilitar su venta.

Por su parte, Fabio Díaz, dirigente Nacional de la USO y uno de los encadenados al Machín de la Resistencia, manifestó: “consideramos que esto es un desacierto del Gobierno, no tienen necesidad de vender empresas estratégicas y rentables como ISA en el sector energético y Ecopetrol en el sector petrolero”.

Ante la falta de garantías sobre la venta de activos de Ecopetrol Fabio Díaz indicó: “le propusimos a Ecopetrol suspender las conversaciones iniciadas. Le hemos dicho que retomemos las negociaciones una vez se conozca el resultado del debate nacional sobre el Decreto 811.  Le hemos propuesto a Ecopetrol que durante la suspensión los trabajadores nos comprometemos con la normalidad laboral, que empresa y sindicato contribuyamos al debate nacional realizando un foro sobre el presente y futuro de Ecopetrol y de CENIT, que hagamos un acuerdo para mantener el normal suministro de combustibles resolviendo la falta de personal que ya hay por efecto del contagio de los trabajadores con el Covid-19”.

Así mismo que: “los trabajadores sabemos que el gobierno tiene otros instrumentos económicos como la moratoria de la deuda externa, el uso de las reservas internacionales o la emisión de moneda, que utilizándolos permiten no recurrir a la venta de estas rentables empresas.  Sólo le solicitamos que haga uso de esos instrumentos”.

El dirigente obrero también manifestó que, hay un afán para que los trabajadores renuncien a los contratos con Ecopetrol para que se les contrate por medio de la filial CENIT y de esta forma debilitar el sindicato de trabajadores y trabajadoras, que viene adelantando acciones para denunciar la venta de la empresa CENIT, desde hace más de 45 días. Fabio Díaz permanece encadenado frente a las instalaciones de Ecopetrol en Bogotá como acto de resistencia ante la privatización de la empresa.

El primer congresista en hacer uso de la palabra fue el Senador Luis Fernando Velasco del Partido Liberal, quien manifestó que la esencia de la democracia es la división de poderes y que una de las principales tareas del legislativo es hacer leyes y que precisamente, mediante las leyes se autoriza al gobierno a hacer algunas cosas, como, por ejemplo, la enajenación de los bienes públicos. Por ello, el Senador declaró que para hacer una enajenación del patrimonio nacional se necesita de un gran debate público reflejado en el Congreso de la República.

Así mismo, el Senador Velasco compartió que fue extraño encontrar en el Decreto 811 que el gobierno se auto habilitaba para enajenar las empresas que compraban en Bolsa de Valores de Colombia, pues este decreto le quitaba al país la reglamentación hecha en 1995 que ordena que cuando haya un proceso de privatización se debe democratizar, y es la ciudadanía quien debe hacer la primera oferta.

Por otro lado, el Senador Velasco, manifestó que no duda en que hay unos “tiburones” detrás de estas grandes empresas como Ecopetrol y CENIT, pues aseguró que Colombia tiene unos ingresos “gigantescos” en utilidades que le representa Ecopetrol: “si vendemos CENIT para luego justificar la venta de Ecopetrol, diciendo que no es rentable, tendremos que salir a buscar tributos en el futuro”.

El Senador también aseguró que hay más de 100 senadores, independientes, de oposición, incluso senadores del partido de gobierno que votarán pidiendo que deroguen ese Decreto: “Si quieren vender Ecopetrol, vender CENIT, tiene que llevar la propuesta al Congreso para hacer un gran debate. Los senadores vamos a dar esa pelea para que los recursos de los colombianos no se los quede un tiburón con chequera grande, esos especuladores del dinero que esperan a que el país genere la riqueza para quedarse con ella”.

Por su parte, el Senador Juan Luis Castro del Partido Alianza Verde, manifestó su preocupación por el Decreto 811 pues considera que puede abrir la puerta para que el Gobierno venda activos nacionales. En ese sentido, explicó que Colombia cuenta con participaciones en 105 empresas de las cuales podría disponer de 39 y aseguró que: “vale la pena que nos expongan si vale la pena salir de algunas de ellas, pero no creo que la opción sea vender las empresas más rentables del país como ISA y Ecopetrol, es hora de que el Gobierno Nacional busque el bien común y no el particular, que nos presenten sus argumentos y puedan ser debatidos en el Congreso”.

Por último, el Senador Castro denunció que: “detrás de todo esto, hay unos intereses de hacer negocio, no de atender al país, sino de hacer negocio. Les queda más fácil ahora que se aprovechan de la emergencia, pero no es desde ahora que quieren vender Ecopetrol, es desde gobiernos atrás”.

Por medio de un video, el Senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático Alternativo manifestó que Ecopetrol es un gran negocio para los privados y que el Gobierno Nacional no apunta a privatizarla por ser “una empresa mala”, sino por ser “una empresa buena”. Además, aseguró que la venta de Ecopetrol es un negocio que traen desde la administración del expresidente Álvaro Uribe.

Por último, el Senador Robledo saludó la iniciativa de la USO y de todos los demócratas del país de “oponernos a la privatización de las empresas del país, siempre de manera pacífica”.

En seguida, la Senadora Victoria Sandino del Partido FARC, realizó su intervención, en donde hizo énfasis en que debe haber garantías para que los colombianos y colombianas tengan propiedad como Estado de una empresa tan importante como Ecopetrol.

La Senadora Sandino aseguró que: “esta es una situación que hoy le apuesta a la construcción de la paz, la paz con todos los actores de este país, la paz de las futuras generaciones… en medio de esta situación de pandemia, nos corresponde trabajar en defensa de lo público con toda la población colombiana”.

El Senador Jesús Alberto Castilla del Polo Democrático Alternativo afirmó que: “uno esperaría que, en tiempos de la pandemia, la declaración de emergencia no se aprovechara de la pandemia para destruir la separación de poderes”. En ese sentido, manifestó que el Gobierno se está atribuyendo poderes que le corresponden al legislativo. Aclaró que, el Gobierno Nacional ha tenido desde años atrás la intención de privatizar la empresa más importante del país, que es Ecopetrol, por medio de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, a precios del mercado, los cuales no representan necesariamente el precio de la empresa y se caería en un detrimento patrimonial.

Para terminar con su intervención el Senador Castilla realizó la siguiente reflexión: “somos conscientes que el país requiere de flujo de caja, pero hay otras alternativas, no es vendiendo los bienes de la nación. Cualquier intención de vender CENIT debe ser en un debate abierto, de cara al país, donde se expliqué para qué se va a vender y qué se van a hacer con los recursos… Este es un llamado a la unidad para defender el patrimonio de todos y de todas”.

El Senador Wilson Arias del Polo Democrático Alternativo resaltó la importancia de las propuestas realizadas por las y los trabajadores de la USO y completo apoyo a las mismas, a continuación, las presentamos:

  1. Convocatoria de un foro conjunto (Administración de Ecopetrol y Sindicato) sobre la realidad del presente y futuro de CENIT.
  2. Suspensión de las negociaciones hasta que se conozca el resultado del debata nacional.
  3. Que Ecopetrol siga operando el segmento de transportes de hidrocarburos por trabajadores de Ecopetrol, sin alterar sus contratos.
  4. Reestablecer las garantías de ingreso, transporte, negociación y demás garantías de organización sindical.
  5. Que haya garantías para la posterior negociación con entidades garantes de la misma, como la defensoría del pueblo.
  6. Garantías de no represalias contra trabajadores y trabajadoras.

El Senador Arias manifestó que, la venta de activos de la Nación como CENIT debe realizarse mediante un proceso ordinario en el Congreso de la República, que debe decidir si es conveniente o no su venta, en ese sentido el Senador manifestó que la crisis de ocasionada por la pandemia no puede ser excusa para que el ejecutivo se acredite facultades que no le corresponden. Luego, el Senador trajo a colación el gobierno de Juan Manuel Santos en el que, durante la emergencia económica, ocasionada por las fuertes lluvias, se buscó utilizar la crisis como un pretexto para vender Ecopetrol a Luis Carlos Sarmiento Angulo. También recordó que, en esa ocasión, la Corte Constitucional en Sentencia C-242 de 2011 derogó el Decreto por medio del cual el expresidente Santos pretendía vender Ecopetrol, pues la Corte manifestó entre otros argumentos que ese no era el procedimiento, ni la competencia del ejecutivo pues vender parte de Ecopetrol afecta estructuralmente al país y no es una decisión que se justifique con la crisis.

Por último, el Senador Arias manifestó que no es necesario vender Ecopetrol cuando hay otras fuentes de financiación, como las reservas internacionales, pero declaró que el problema radica en el modelo neoliberal que caracteriza al Gobierno, en el que las reservas se están usando para pagar la deuda con los Estados Unidos, mientras que en paralelo buscan aumentar la deuda pública, generando un sistema y un “circulo vicioso de deudas”.

Para terminar, los dirigentes de la USO y los Congresistas hicieron llamado a instaurar diferentes frentes de lucha social y política para derogar el Decreto 811 de 2020, por medio de una avanzada social, movilizadora que tenga presente las medidas sanitarias a raíz de la pandemia, las acciones en el marco de la democracia que vienen adelantando las y los trabajadores de Ecopetrol, representados en la USO, las acciones que se desarrollan en el Congreso, y las medidas jurídicas necesarias para accionar el poder judicial por medio de la Corte Constitucional para comprobar el daño que este decreto le puede ocasionar al patrimonio nacional de las y los colombianos.

Aquí pueden encontrar la rueda de prensa completa:

El principio del fin del Matarife: lo que se viene

Por
Camilo David Cárdenas Barreto
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La decisión de la Corte Suprema de dictar medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe ante el peligro de que afecte el acervo probatorio seguramente dará de qué hablar durante las próximas semanas. No sólo es la primera vez que un expresidente colombiano es privado de su libertad, sino que se ha abierto un panorama conflictivo en el que el uribismo buscará impulsar sus narrativas de persecución judicial de la izquierda, de la importancia de reformar a las cortes y de necesidad de una nueva constituyente.

Un día atrás el uribismo, como es costumbre cuando no están a su favor, estaba creando un ambiente de deslegitimación de las instituciones jurídicas liberales del país. En una carta firmada por 15 funcionarios y exfuncionarios uribistas, estos clamaron con vehemencia la «honorabilidad» del Matarife y sostuvieron que una eventual medida de aseguramiento obedecería a «presiones indebidas a la justicia». Iván Duque hizo lo propio y, como si no importara la separación de poderes estatales, salió en defensa de su jefe político.

El conflicto llegó a tal punto que los/as presidentes/as de las altas cortes —otrora enfrentadas entre sí— unánimemente suscribieron una carta en la que reivindicaron la autonomía e independencia del poder judicial y que, en ese sentido, los jueces «jamás podrán estar facultados para emitir providencias motivadas por corrientes de opinión o consideraciones políticas, religiosas o de cualquier otra naturaleza». Soterradamente las altas cortes le estaban diciendo al uribismo: nuestro actuar está basado en el derecho vigente y la recolección rigurosa de pruebas y no es una persecución política, si hay medida de aseguramiento no será por «presiones indebidas».

El 4 de agosto finalmente la Corte Suprema anunció la histórica noticia. Se empezó a consumar así el golpe que el mismo Uribe propició al defenderse de sus vínculos con el narcoparamilitarismo a través de la acusación a Iván Cepeda de crear falsos testigos. Pero la medida de aseguramiento no es sólo una acción jurídica sin más, de un sistema jurídico «independiente», sino que se da en un contexto de post21-N y de tendencia al ocaso de la hegemonía uribista.

Hoy más que nunca los sectores antisistémicos y sistémicos alternativos hemos de enfrentar la reacción uribista, pues, aparte de que agite banderas antidemocráticas y autoritarias, es posible que las tensiones sociales aumenten en el campo y las ciudades y se sumen a la escalada de asesinatos contra líderes/as sociales y excombatientes. Duque y su política de simulación y saboteo del Acuerdo Final de Paz todavía siguen en el ejecutivo. Es menester, pues, practicar una y otra vez la guerra de posiciones de Gramsci: una batalla indefinida en el terreno político-cultural que siga minando el consenso existente en la sociedad civil en torno a Álvaro Uribe. Y recordar que el problema no es Uribe como sujeto político, sino el orden social vigente que representa y aglutina alrededor de su figura: el orden financiarizado, extractivista, bélico-asistencialista, latifundista, ganadero y narco que se impuso a sangre y fuego merced al paramilitarismo y la ley y el acuerdo generalizado que de allí se derivó. Detrás del ascenso del orden uribista, como se sabe, estuvo el contexto de deslegitimación de la insurgencia guerrillera debido a su ejercicio de la extrema violencia.

La tendencia al ocaso de la hegemonía uribista ha llevado a que las manifestaciones a favor de Uribe no sean generalizadas, ni siquiera comparables a las que tuvo Gustavo Petro cuando fue destituido como alcalde de Bogotá por el exprocurador Ordóñez. Por esa razón, contra las expresiones populares uribistas, y como efecto político-cultural del 21-N, surgieron cacerolazos para respaldar la medida de la Corte Suprema.

Pero no se puede subestimar los sentidos comunes ni el campo popular que construyó el uribismo, fuerza política que en 2013 creó un nuevo partido político llamado «Centro Democrático», supo aprovechar su resultado victorioso en el plebiscito de 2016 y renovarse en 2018 con una figura presidencial aparentemente fresca, moderada y de «centroderecha». De nada sirvió que periodistas como Daniel Coronell mostraran en 2014 con pruebas que Uribe también buscó una salida negociada con FARC-EP. El ocaso hegemónico, en fin, no significa el fin mecánico del bloque de poder uribista, sino la apertura de una nueva fase del conflicto. La crisis lo que abre es un panorama complejo e indeterminado cuyo cauce depende en gran medida del actuar colectivo de los movimientos y organizaciones sociales alternativos.

El Centro Democrático tendrá que jugar precisamente la carta popular en esta fase de la crisis, pues ello le servirá para mover la narrativa, tanto en las redes sociales como en las calles, de que todo se trata de una persecución jurídica amañada para hacer lo que esas fuerzas oscuras antiuribistas no pudieron hacer en las urnas: derrotar al uribismo. Seguirá promoviendo la idea de que todo se trata de una venganza de Santos y FARC. Agitará las masas con la propuesta de la nueva constituyente y una gran corte a su medida y tratará de incitar una indignación generalizada que pruebe que al bloque de poder uribista no sólo lo respaldan grandes banqueros, industriales y ganaderos, o sus fuerzas militares y paramilitares, sino sectores de las clases bajas y medias beneficiadas, a distintas escalas, del proyecto uribista.

Si la decisión de la Corte Suprema abre posibilidades para que el resto de los procesos en contra de Uribe avancen y el cerco judicial lo deja en una posición crítica de jaque, sólo acogerse a la JEP de la que tanto despotricó podría ser su última jugada para salvarse de la cárcel.

Contra la reacción uribista se requiere articular una propuesta democrática de izquierdas con aspiración a la hegemonía que garantice la implementación real del Acuerdo Final de Paz y las posibilidades materiales y culturales de construir mundos igualitarios donde quepan muchos mundos, incluso más allá del sistema mundial capitalista. El cómo hacerlo no se dará a priori, sino en el devenir de las nuevas luchas signadas por la crisis global por pandemia.

El camino se hace al andar, como dijera Antonio Machado. Ya la Marcha por la Dignidad mostró la necesidad de volver a caminar juntos/as, de volver a caminar…

Las huertas y las huerteras

Por
Jairo Crispín
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Los nukac makuk en la selva amazónica de nuestro país, como sociedad de cazadores y recolectores, son un ejemplo democrático para el mundo contemporáneo en la construcción de huertas naturales o silvestres. Sin embargo, hoy están a punto de desaparecer. Mientras, nosotros aquí, como la canción de Los dinosaurios de Charly García.

Sino cambiamos la manera de habitar en el Planeta, también vamos a desaparecer

Es en el bosque tropical selvático donde los grupos familiares de esta comunidad nómada instalan sus hamacas y habitan el espacio por una semana, se alimentan de los frutos que la naturaleza les provee, dejan sus semillas en el suelo, siguen su trasegar al cumplir el ciclo en el camino de extender el habitar más allá de las casas, a donde tiempo después retornan a recoger la cosecha de los frutos sembrados, para que nazca la historia de las huertas en Suramérica.

En las casas de las haciendas coloniales había huertas de servicio que servían para garantizar los alimentos de la dieta básica para la subsistencia del cuerpo de trabajo doméstico y, huertas que eran reservadas para el sostenimiento de los propietarios de las casas y sus familias.

Además, de huertas en estas casas, había las despensas, que eran lugares que servían para almacenar cereales como el trigo, el maíz y la cebada, así como para guardar la leña y el carbón utilizado como motor para la combustión de las grandes estufas de ladrillo con horno, aquellas estufas inmensas que hasta hace pocas décadas nuestras abuelas usaron para preparar alimentos para las grandes familias, de las que venimos la gran mayoría de los colombianos.

Muchas de nuestras abuelas, bisabuelas y tatarabuelas lograron tener su huerta familiar en el solar de su casa o, en el frente, allí sembraban diferentes tipos de plantas ornamentales, hierbas aromáticas como la yerbabuena y la manzanilla, hortalizas como la lechuga, el repollo, la acelga, las habas, la zanahoria y las espinacas, árboles frutales como las ciruelas, los higos, las manzanas, las uvas, los papayos, los membrillos, los duraznos y las limas.

Después de la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Fría llegó el llamado “Progreso” y la “planificación” desarrollista que nos vendió la idea de cambiar nuestras costumbres tradicionales y de antaño, por unas prácticas aparentemente más “civilizadas”, que nos han traído el hambre y las enfermedades propias de la malnutrición, en los territorios en donde antes se vivía en armonía y se ejercía el derecho a sembrar y cosechar la vida digna como principio social.

La historia de las huertas urbanas como alternativa de sustento familiar, está relacionada en gran parte con la búsqueda de la supervivencia de nuestras gentes en las ciudades a causa del desplazamiento forzado generado a los pueblos campesinos, indígenas y negros, a través de la historia, en las diferentes épocas de violencia y conflictos armados vividos en el país.

En Bogotá, tradicionalmente las mujeres han trasmitido los saberes y las historias de las plantas que se cultivan en las huertas urbanas. A través de un ejercicio de memoria tradicional y de cultivo de la oralidad en las palabras, ellas nos han contado y cuentan, cómo en un acto de resistencia, han conservado estos bellos lugares, para garantizar la soberanía alimentaria familiar y poder generar un diálogo de saberes íntimo como huerteras con las plantas.

Las huertas comunitarias son un espacio de empoderamiento de las mujeres, por eso guardan siempre la singularidad de sus dueñas y son también una forma de memoria e historia viva del Buen Vivir.

Las huertas comunitarias como elección cultural: son sistemas sociales y ecológicos ubicados en los espacios públicos y barriales de las localidades de nuestra ciudad. Las huertas comunitarias son un territorio en donde se entretejen relaciones horizontales entre seres humanos y seres vivos que habitan en nuestra naturaleza, como: las plantas, los pájaros y los perros.

En un mundo, en un continente, en un país, en un departamento, en una ciudad, en una localidad, en unos barrios como en los que hoy vivimos, en los que muchas personas padecen una crisis alimentaria, que se evidencia en el problema social de la pobreza, que se refleja en la carencia e insatisfacción de necesidades humanas esenciales para garantizar la vida digna de las personas.

Las huertas comunitarias son una apuesta de intervención social ético-política y una esperanza para la transformación social y el reverdecimiento de nuestra sociedad.

Las huertas comunitarias juegan un papel relevante para fortalecer aportes a la economía familiar. Como aulas abiertas y vivas para generar un espacio de diálogo desde la ecología de los diversos saberes que existen en las historias de vida de las personas que habitan nuestra ciudad.

Conversando con las huerteras la vida se conserva al igual que se cosecha la soberanía y seguridad alimentaria. Pero se necesita apoyo desde las políticas públicas, porque mujeres huerteras, lideresas y empoderadas es lo que hay transformando nuestra sociedad desde los barrios, ya que en la política hay mucho cacique, pero poca huerta.

El tal duquismo no existe

Por
Andrea Lombana
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Cuando Álvaro Uribe enfrenta un proceso judicial con medida de aseguramiento decretada, no le demos fuerza a nuevos adversarios, porque lo que encarna el uribismo como fenómeno político e ideológico es el principal adversario de la democracia en Colombia.

No existe algo como el “duquismo”. Así como creer que existe el “centro político”, endilgarle realidad, postura y consistencia ideológica a personas o sectores que hacen parte de los bordes borrosos o porosidades de la derecha, es darles un poder que no tienen. Estas personas o sectores emergen de la misma tradición política que ha gobernado el país, no hay más en su composición que servir de distractores para que el statu quo se mantenga intacto, ese que lamentablemente incluye el asesinato de líderes sociales diariamente.

Más allá del maniqueísmo del que se puede acusar a quienes creemos que, en política, las personas son de izquierdas o de derechas, lo cierto es que creer que existe algo como el “duquismo”, haciendo referencia a Iván Duque, es optar por darle estatus a un sujeto del que hace tres años no sabíamos mucho, además de ser quien hablaba mientras Álvaro Uribe tomaba un paquete de ultraprocesados de su curul. Ahí, todavía de cabellos castaños, poca gente sabía que se llamaba Iván, mucho menos que su apellido era Duque, y parecía ser uno de los poquísimos congresistas de voz no energúmena del Centro Democrático.

Y ese es el fin de la biografía del que hoy llaman presidente de Colombia. Porque es igual de cierto que, de no haber sido por el padrinazgo de Uribe y la debacle del plebiscito por la paz, seguiríamos sin saber que el segundo apellido de Iván es Márquez, no tendríamos el material humorístico que ha producido su precaria gestión y, claro, podríamos tener en la Casa de Nariño a un don nadie igual a él, siempre y cuando hubiera sido “el que dijo Uribe”. Eso sí, no creo que pudiera ser peor el mandato, es probable que cualquier otro ungido estuviera actuando más o menos de la misma forma, es decir, estaríamos viviendo la misma tragedia humanitaria, social y económica en la que nos encontramos hoy.

Por eso, este escrito tiene un fin muy modesto: repetir que no existe algo como el “duquismo” y que mal hacen sectores de izquierdas otorgándole identidad y poder a un sustantivo que sólo es posible porque existe el uribismo. ¿Por qué el ahínco en negar la existencia de una tendencia política “nueva” de derechas? Precisamente porque otorgar esa existencia, darle fuerza con el sólo hecho de nombrarla, es concederle al uribismo más de lo que tiene; es decir que no sólo continúa siendo una fuerza política determinante en el país, sino que, los llamados a suceder a ese personaje, pueden tener autoridad propia y convertirse, con el tiempo, en corrientes políticas más consistentes y retardatarias a esa que hoy todavía existe en cabeza del presidente eterno –así bautizado en campaña por Iván Duque.

El argumento es sencillo: No hay duquismo porque lo que existe, lo que mueve esa corriente ideológica que hoy detenta la hegemonía, es el mismo proyecto político que Álvaro Uribe ha venido construyendo desde que era gobernador de Antioquia. El adversario por vencer es ese proyecto político y no hay que inventarse nuevos enemigos, hombres de paja creados por ese mismo sujeto, que distraen del objetivo principal que es detener su sangriento avance.

Por eso, para quienes afirman –más desde el deseo– que Álvaro Uribe está asustado, acorralado o demente, vale la pena recordarnos que el sujeto ha sido el barón electoral del país desde hace casi dos décadas: Se eligió y se reeligió como presidente en 2002 y 2006; puso como sucesor a su Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, el de las ejecuciones extrajudiciales, en 2010; perdió por poco con el primer Iván [Oscar Iván Zuluaga] en 2014, y volvió en cuerpo ajeno a Palacio en 2018 con el desconocido Duque Márquez.

Antes de eso y en menos de dos años fundó un partido con el que se convirtió en la primera fuerza política de oposición en el Congreso en 2014, poniendo 20 senadores y 19 representantes a la Cámara en sendas listas cerradas que, con su sola imagen, arrastraron su caudal electoral al legislativo. Estas cifras casi se mantuvieron intactas en 2018, cuando el partido uribista, ahora con listas abiertas, apenas perdió una curul en el Senado, pero casi duplicó su presencia en la Cámara, pasando a tener 32 representantes. Y aunque las elecciones regionales de 2019 mostraron una tendencia menos favorable al Centro Democrático, eso no significa que el proyecto uribista se caiga como castillo de naipes… No por nada tiene ocupada la Casa de Nariño.

Álvaro Uribe sí tiene una biografía extensa, apenas comparada con su prontuario, ese que hoy está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Y es el uribismo, como fuerza política, como relato simbólico y material de la seguridad democrática, el que continúa gobernando a Colombia. Eso lo dicen las cabezas de los ministerios principales: Interior, que comenzó con Nancy Patricia Gutiérrez, uribista declarada y con investigaciones por paramilitarismo, sucedida por Alicia Arango, quien encabezaba la cartera de Trabajo, sector que, junto al Ministerio de Salud, Uribe quiso mantener controlados a través de aliadas como Arango, secretaria presidencial indiscutible durante los ocho años de su primer mandato.

Carlos Holmes Trujillo, eterno candidato presidencial de la derecha conservadora, primero fungió como Canciller, luego como Ministro de Defensa, sucediendo a Guillermo Botero, la mano firme que venía de Fenalco, desde donde vociferaba contra la protesta social y lo que descaradamente llama exceso de derechos de comunidades étnicas. Alberto Carrasquilla, Ministro de Hacienda y Crédito Público durante los dos periodos de Uribe en la Presidencia, quien retomó su labor en este mandato en cuerpo ajeno. Y, bueno, ya conocemos las calidades de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien ocupó el cargo de Ministra de Defensa en el primer año de Gobierno de Uribe. Ahora hace las veces de alianza con el tradicional Partido Conservador y, últimamente, ha sido el centro de las crisis de gobernabilidad porque, claro, ante la ineptitud del titular, qué mejor sino tener alrededor más y más distractores.

En este panorama ¿Qué hace entonces la izquierda inventándose nuevos antagonistas? Muy poco, la verdad. Eso se ha visto en las últimas jornadas de movilización en Colombia –históricas, por demás–. Iván Duque no es el interlocutor legítimo de nadie, basta recordarlo en los escenarios de negociación con los estudiantes en 2018; o en la negativa de reunirse con la Minga Indígena y Campesina del Cauca en 2019. O enredándose en sus declaraciones sobre el Paro Nacional del 21N de 2019, siendo el bufón principal de la campaña de estigmatización que sufrió la convocatoria a esa gran jornada de movilización, en la que resultó evidente el miedo de este desgobierno ante quienes marchamos y caceroleamos festivas y alegres durante más de un mes. Fue allí cuando resultó más evidente que los mensajes del gobierno se mueven desde la Comisión Séptima del Senado, de la que hace parte Uribe, y desde esas mismas carteras ministeriales y la vicepresidencia, cuyos titulares han caído públicamente en más de una ocasión en el acierto de afirmar que el presidente de Colombia es Uribe.

Es tan fantasioso creer en la existencia del “duquismo”, como repetir que el principal problema de Colombia es la corrupción y que, por eso y quién sabe qué cosas más, sólo Fajardo puede derrotar a Uribe. Además, es tan peligrosa esa creencia para el avance de las fuerzas progresistas en Colombia que lo que las motiva hizo que en 2018 perdiéramos la oportunidad de tener en el gobierno a alguien que está fuera de esos bordes y porosidades de la derecha, así se encuentre en esas mismas porosidades del espectro político de las izquierdas, este mucho más complejo y heterogéneo…

Creer que existe algo como el “duquismo”, me hace recordar a Quine, un filósofo norteamericano nostálgico del positivismo lógico, pero con un gran sentido empirista. No se ruborizaba al igualar el estatus ontológico de los objetos físicos con el de los dioses del Olimpo, afirmando que diferían sólo en grado y no en esencia, para explicar por qué es más útil creer en la existencia de los primeros y no así de los segundos.

De nosotras está hacer lo mismo con eso que han querido instalar como un algo distinto al uribismo. Recordemos que éste último en verdad existe y sigue siendo cuánto más peligroso ahora como hace dos décadas.

Detención de Uribe: ¿estamos a la altura del momento histórico?

Por
Edwin García Maldonado
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Un buen análisis político debe moverse hábilmente entre lo inmediato y el largo plazo, entre los acontecimientos del día y sus repercusiones posteriores, entre el elemento táctico y lo estratégico. Quedarse en la inmediatez del hecho es simplismo, irse a la nebulosa de la especulación “largoplacista” puede implicar quedarse sin piso concreto.

Pero, aun mas, la trilogía se completa con el conocimiento de los antecedentes históricos, los cuales no pueden perderse de vista; entonces, la relación puede establecerse como pasado-presente-futuro. Es decir, hacer la lectura de los hechos en una estrecha conjugación con los antecedentes y una proyección futura de las posibles repercusiones, sin que haya o se puedan establecer líneas claras y gruesas que separen de manera diáfana a estos tres elementos, porque se entremezclan en un riquísimo “paisaje” de donde debe extraerse la síntesis creadora del análisis. Nada sencillo, es cierto.

Así debemos analizar los hechos recientes ocurridos en Colombia, a propósito de la medida de aseguramiento proferida contra Álvaro Uribe Vélez. Lo primero que debe convocarse en el análisis es la calma, la tranquilidad, más allá de las euforias del momento y las redes sociales, máxime en un país de pasiones desatadas, de odios y amores irreflexivos, donde siempre hace falta la mesura y la mirada serena sobre los hechos.

Pues bien, es cierto que el fin del uribismo puede estar cerca, pero también puede este resurgir con más fuerza y, lo que sería peor, remozado con una nueva figura que encarne su concepción reaccionaria, combinada con un aire fresco que oxigene a estas huestes y le imprima aspectos que, aunque ornamentales, le sirvan para atraer más incautos. Es decir, el futuro del mal llamado Centro Democrático va a depender de su propia capacidad de reorganizarse y reconfigurarse después del revés reciente, pero, también va a depender de la capacidad de los sectores alternativos y de oposición para mantener a ese partido a la defensiva, sin que pueda pasar al ataque para recomponer sus fuerzas.

No es la primera vez que esta ultradercha se encuentra en un estado de debilidad relativa, si bien es cierto, esta vez ha recibido el golpe más fuerte, pero, ya en otras ocasiones la incapacidad propia de los alternativos le ha dado un nuevo aliento, sobre todo ante la imposibilidad de estos sectores para construir su unidad y superar la lucha de egos en que se enfrascan sus figuras más relevantes, lo que termina abriendo espacios al contrataque uribista.

La decisión de la justicia responde más a la ruptura del bloque hegemónico de poder que se enunciara hace años por parte de intelectuales de izquierda que atinadamente caracterizaron la contradicciones entre Álvaro Uribe y Juan M. Santos o, lo que es más completo, las contradicciones entre los intereses que estas dos figuras representan, tanto en el plano nacional como en el de la geopolítica internacional.

No puede ser que hoy digamos que las altas cortes son pináculos de justicia, pulcritud e imparcialidad debido a que el condenado es nuestro adversario, porque históricamente la justicia en Colombia ha golpeado, perseguido y encarcelado injustamente a luchadores sociales y revolucionarios sin mediar más que la impostura, la fabricación y manipulación de pruebas.

Lo que se ha manifestado con la decisión de la Corte Suprema de Justicia es la valiente perseverancia del senador Iván Cepeda y su equipo de abogados, conjugado con la actitud recalcitrante del uribismo que resulta insoportable a los sectores que, siendo de la derecha neoliberal y fiel a las directrices de la Casa Blanca, adversan desde hace un par de lustros con Uribe y los poderes mafiosos y terratenientes más retrógrados que él representa.

Ahora bien, la ruptura en los sectores dominantes del país se ha expresado con inusitada fuerza, al punto de propinarse un golpe a la institucionalidad por parte de la misma institucionalidad; me explico: la figura presidencial en Colombia siempre fue defendida a capa y espada por parte del establecimiento, al punto que en casos de los más evidentes desafueros y delitos del Presidente o expresidentes, toda la institucionalidad, junto al aparato mediático, cerraba filas para garantizar su protección e impunidad. Ejemplo de esto es que se impidió, a como diera lugar, que los expresidentes comparecieran obligatoriamente a la JEP como actores del conflicto, lo que quedó finalmente al libre albedrío de los exmandatarios. Hoy día la Corte Suprema de Justicia supera esa línea infranqueable en otro momento, para dictar la medida contra el expresidente Uribe.

Este golpe a la institucionalidad, en este caso a la figura presidencial, da cuenta de la debilidad que en el establecimiento ha generado el Acuerdo de Paz, el cual, a pesar de haber sido incumplido por parte del Estado, ha impedido que la confrontación contra las FARC se lleve toda la atención, para que importantes sectores de la sociedad (sobre todo de las franjas de clase media y media alta, con acceso a la información y más o menos politizada), pongan sus reflectores sobre la corrupción estatal, los vínculos de la clase gobernante con la criminalidad y el narcotráfico, así como en las responsabilidades de esos personajes respecto a las atrocidades aupadas por el terrorismo de estado y ocurridas en el conflicto.

Esta ruptura en las alturas del llamado bloque hegemónico del poder, abre una importante posibilidad a los sectores alternativos, a los amigos de la paz y a aquellos que francamente se muestran enemigos de la corrupción y contrarios a la postración moral del Estado, para que avancen hacia posiciones estratégicas y más relevantes.

Esta coyuntura, bien conducida y capitalizada, da la oportunidad de dejar atrás al uribismo y con ello la derechización de la sociedad, pero, sobre todo da la posibilidad de superar una institucionalidad que no responde a las necesidades fundamentales de la sociedad colombiana, la cual reclama, en el fondo de sus exigencias, la democratización profunda de la vida nacional.

Esta coyuntura demanda, más que nunca, la unidad de los verdaderos demócratas que persigan, más allá de la cárcel para Álvaro Uribe y las sanciones para sus copartidarios, una nueva forma de organizarnos como sociedad, un nuevo marco institucional que haga de la pulcritud en el ejercicio de la función pública, la bandera que inaugure una nueva era de desarrollo para nuestro adolorida patria.

Es la sociedad colombiana la que debe conducir a la unidad a los dirigentes y sectores alternativos y democráticos, dentro de la sociedad deben ser los jóvenes y las jóvenes las que más exijan esa unidad, apartando del camino a todo aquel o aquella que con sus conductas afecten la posibilidad de la unidad.

Ojalá estemos a la altura del momento histórico.

Sobre el Decreto 811 que se aprovecha de la pandemia para vender Ecopetrol

Por
Andrés Felipe Torres
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Con la llegada del Coronavirus a Colombia, el país entero le solicitó al Gobierno que planteara una serie de medidas para enfrentar la crisis que cada vez se agudizaba más, es así como el aparato ejecutivo, en cabeza del cuestionado presidente Iván Duque, declaró el estado de emergencia por medio del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, que faculta al presidente a expedir decretos con fuerza de ley, mientras el estado de emergencia esté vigente. Como era de esperarse, en un gobierno tan poco transparente, los decretos que vinieron después de este tienen una serie de trampas, intenciones ocultas o “jugaditas” como al partido de gobierno le gusta llamarles. Pues, precisamente, con uno de estos decretos el Gobierno está buscando nada más y nada menos que vender las empresas públicas de la Nación, estamos hablando del Decreto 811 del 4 de junio de 2020.

Para empezar, las medidas expuestas en el Decreto 811 de 2020 advierten sobre la peligrosidad del mismo, pues con esta norma el Gobierno establece las “medidas relacionadas con la inversión y la enajenación de la participación accionaria del Estado, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” lo cual, a simple vista, se ve muy inofensivo, lo cierto es que no lo es, pues este decreto está facultando a la presidencia y a sus ministerios, para decidir, sin preguntarle a nadie, en dónde invertir el dinero, de dónde hay que retirarlo, qué hay que comprar o qué hay que vender. Y precisamente, en esta última acción es donde se encuentra el mayor problema, pues aprovechándose de esta norma, están buscando vender las empresas públicas que le pertenecen a las y los colombianos, principalmente vender Ecopetrol, aunque en su mira rapaz también podrían estar empresas como la Interconexión Eléctrica S.A —ISA— (empresa transportadora de energía a nivel de Latinoamérica en dónde Colombia es la principal accionista), electrificadoras regionales, las acciones que se tienen en la Central de Inversiones S.A — CISA—  y algunas entidades del holding bicentenario.

En otras palabras, bajo el argumento de enfrentar la crisis generada por la pandemia, la presidencia planteó las disposiciones del Decreto 811 de 2020 para poder vender acciones de empresas públicas, sin la aprobación del Congreso de la República, con el fin de poder inyectar dinero para salvar empresas privadas, como bancos y la consentida del presidente, Avianca. Sí, la misma que años atrás, realizó despidos masivos a pilotos y demás trabajadores que entraron en paro a raíz del retraso en los pagos y la falta de garantías laborales que existían en la empresa, pero ahora en medio de la pandemia, la misma empresa privada, le ruega al Estado colombiano que la auxilie en medio de la crisis, porque a pesar de ser una empresa privada que funciona en mayor medida con capitales extranjeros (de Panamá), considera que es el Estado colombiano quien debe salvarla de la quiebra. No olvidemos que la hermana del presidente es la gerente de Avianca.

Las medidas que quiere adelantar el Gobierno sobre Ecopetrol son vender a la empresa filial CENIT, que es la encargada del transporte dentro de Ecopetrol y le genera a la nación nada más y nada menos que, el 70% de las ganancias que Ecopetrol en conjunto, le presenta al Estado colombiano, es inaceptable que la venta de CENIT de Ecopetrol sea para salvar empresas privadas como Avianca.

Las disposiciones del Decreto además de antinacionalistas (pues no representan los intereses de la nación), son en contra de derecho, porque contrarían lo dispuesto en la Ley 226 de 1995 que establece la obligación del Estado colombiano en democratizar la propiedad estatal. Lo peor de todo, es que dispone que la venta de las acciones de Ecopetrol sería al precio de la bolsa de valores de Colombia, eso quiere decir que, el Gobierno puede venderla en el momento que menos dinero le represente al país, para entregarla a un buen precio a sus socios de multinacionales extranjeras.

El Decreto 811 de 2020, tiene sus cimientos privatizadores en una serie de falacias, como por ejemplo que, el precio del petróleo a nivel mundial viene a la baja (lo cual es una realidad) y es por ello que se justifica la venta de Ecopetrol —según el gobierno y el ministerio de hacienda—, pero lo anterior, en conjunto, no garantiza que con la venta de acciones de Ecopetrol se enfrente de manera eficiente la crisis generada por el Covid-19, pues como se ha dicho antes, este dinero tiene como objetivo, entre otros intereses privados, salvar de la quiebra principalmente a Avianca y no atender las necesidades vitales que tiene en este momento el grueso de la sociedad colombiana. Esta situación viene siendo denunciada por diferentes sectores sociales como la USO —Unión Sindical Obrera—, medios alternativos de comunicación, organizaciones sociales de las regiones petroleras y líderes políticos.

Por otro lado, según el Gobierno Nacional, a la fecha se han invertido 117 billones de pesos en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada por medio del decreto 637 de 2020 y el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia. Sin embargo, gracias a la veeduría de universidades como la Universidad Javeriana, sabemos que sólo se han invertido alrededor de 7 billones de pesos para enfrentar la pandemia, entonces, ¿en dónde está la suma restante de dinero? ¿cómo es posible que los datos financieros de las universidades y los del Gobierno Nacional sean tan diferentes? ¿corrupción?

Para terminar, recordemos que Juan Manuel Santos vendió en el 2016 la empresa pública ISAGEN a una multinacional canadiense, bajo el argumento y la promesa de dejar los dineros para la construcción de vías 4G. Hoy, cuatro años después, en medio de un panorama de escándalos de corrupción por puentes y carreteras sin construirse o desplomándose, nos preguntamos ¿para cuándo están las vías 4G y qué pasó con ese dinero?

Es así, como podemos asegurar que el Decreto 811 de 2020 no guarda relación con los problemas y la crisis expuesta en el Decreto 637 de 2020, sino que más bien busca de manera solapada, adelantar una agenda privatizadora que, sacando provecho de la crisis generada por la pandemia, busca abrirse el camino para vender el patrimonio público, estatal y colectivo, representado en las empresas sobre las cuales hace referencia el Decreto. Todo ello, en medio de un panorama en el que es muy complicado realizar control político, aún más en un país como Colombia, en donde la élite dirigente de derechas se ha encargado de que la participación en política de las bases sociales sea prácticamente nula.

Nada justifica la venta de nuestro patrimonio nacional.

Anatomía de un ocaso: el resquebrajamiento de la hegemonía uribista y los reacomodos en el bloque dominante.

Por
Felipe Marin Guzmán
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Quienes desde diferentes puestos hicimos oposición al gobierno de Uribe en su primer y segundo mandato, sabemos lo que fue la represión desbordada e impune, el amordazamiento a la crítica por mínima que fuese, el silencio homogéneo que se apoderó de amplios sectores de la sociedad frente a la barbarie; fue el cenit de la hegemonía uribista: empresarios, muchos periodistas, varios artistas, la mayoría de los vecinos en los sectores populares, la casi totalidad de las instituciones y hasta algunos sindicalistas traidores de los trabajadores se encuadraron sólidamente alrededor del proyecto autoritario y fascista de Uribe Vélez. Recuerdo nítidamente a varios ex profesores del colegio público en que estudié -otrora izquierdistas- citando frases de revolucionarios para justificar su apoyo al uribismo.

El unanimismo alrededor de los postulados del gobierno fue tan grande, que uno de los candidatos “alternativo” de la época, Antanas Mockus (del Partido Verde que también en esa época se decía de centro) se ofreció a cuidar y continuar las políticas centrales del uribismo: la llamada Seguridad Democrática, la confianza inversionista y la denominada cohesión social, banderas a las que Uribe llamo en su acostumbrado tono “los tres huevitos”.

Uribe Vélez llegó a la contienda por la presidencia en 2002 como un tipo más o menos desconocido en la política nacional, pese a lo cual registró un ascenso meteórico en la campaña, pasando de registrar márgenes muy bajos en las encuestas, a barrer en la primera vuelta a políticos de los partidos tradicionales que estaban haciendo fila para ocupar la presidencia hace rato; la victoria de Uribe además fue una de las poquísimas oportunidades en la historia hasta ese momento en la que alguien pudo volverse presidente sin estar patrocinado directamente por los partidos tradicionales (aunque claramente fue apoyado por liberales y conservadores por igual).

El uribismo posee si se quiere tres grandes méritos históricos desde el punto de vista de las derechas: primero, rescató el legado histórico filo-fascista del laureanismo y los leopardos; segundo, encarnó el proyecto anticomunista y de despojo de paramilitares, ganaderos, terratenientes y mafiosos y, por último, fue capaz de amalgamar el cansancio de la población con la guerra en una matriz común ultraconservadora en lo cultural, neoliberal en lo económico, pronorteamericana en el ámbito internacional y autoritaria en lo socio político, articulando con ello lo que podríamos llamar un fascismo a la criolla que se legitimó con la narrativa de identificar al movimiento guerrillero y su accionar con cualquier crítica o visión alternativa de la realidad por tímida que fuese y que propuso, para derrotar la amenaza terrorista, un régimen de excepción y guerra arrasada. Las “verdades” repetidas por el uribismo en los medios en tono desenfadado y con estética pedestre se convirtieron en consensos para un sector amplio de la sociedad.

Las revoluciones también pueden ser de derechas y aquella lo fue. En las izquierdas hemos sido propensos a explicar las victorias del uribismo exclusivamente como un resultado de las presiones del paramilitarismo y la mafia en las regiones y claro que ese es un factor influyente, pero se olvida que la retórica uribista fue capaz de embrujar a millones de colombianos y colombianas que veían en ese proyecto una cruzada para “rescatar” y “liberar” al país, siendo Uribe el caudillo de esa gesta.[1] También desde esas orillas hemos hecho del uribismo una lectura que lo entiende como un fenómeno exclusivamente militarista y autoritario, perdiendo de vista otras aristas claves para entender la esencia de ese proyecto, como el proimperialismo descarado, la entrega de los bienes comunes al capital financiero especulativo y el doloroso ajuste económico neoliberal que implicó un enorme retroceso en derechos, a costa del cual los grandes empresarios amasaron enormes fortunas.

Con la salida del poder de Uribe en 2010 y con la pugna que se abrió al interior del bloque hegemónico por el rumbo que empezó a tomar el gobierno de Santos —que se desligó del uribismo en algunos aspectos, como el proceso de paz, sin por ello alterar el carácter antipopular y oligárquico común a todos los gobiernos colombianos—, el destino del uribismo como fuerza y proyecto político ha sido el de un lento pero progresivo desgaste y retroceso. Es indiscutible que el uribismo sigue siendo hoy una fuerza electoral y social importantísima, al punto que entre quienes hoy se reclaman anti uribistas permanecen muchos de los argumentarios, valores y puntos de vista que este proyecto ha sembrado en la sociedad (esto es muy evidente en discusiones como el aborto, la política carcelaria, los derechos de las sexualidades disidentes, la mal llamada “limpieza social”, etc.) en lo que puede considerarse una pervivencia de cierto uribismo sociológico que también se manifiesta en las instituciones y el alto funcionariado estatal, pero ahora estos dispositivos tienen menos fuerza y son menos influyentes que antes…

Puede decirse, como en el célebre diálogo de Los Simpson que, “la vieja mula ya no es lo que era”. Esta pérdida de poder convocador y de centralidad política del uribismo es un efecto de las luchas de los sectores sociales y populares alternativos que han conseguido golpearlo desde diferentes escenarios y con diferentes actores, pero es también —y esto no conviene perderlo de vista— resultado de un reajuste intestino que se está produciendo entre los que mandan. El uribismo fue un proyecto que las élites auparon y toleraron a una sola voz en tiempos excepcionales, ese consenso no obstante se viene resquebrajando producto de muchos cambios económicos, políticos y sociales a nivel nacional e internacional, para los poderes fácticos y las élites es necesario, a fin de mantener el poder en las manos, hacer una serie de ajustes y cambios que el uribismo por su sustrato ideológico, político y de clase no puede llevar a cabo.

Resultado de esta situación es que vemos cada vez con más frecuencia al uribismo apelando a los núcleos discursivos más intransigentes entre sus seguidores, aumentando la animosidad incluso contra sus excolaboradores, empleando claves que en nuestro país se han asociado más a la izquierda política, como la movilización de masas callejera, la denuncia de los medios de comunicación tradicionales, la idea del complot desde arriba o desde el extranjero contra su posición política. Esto lejos de representar fuerza, evidencia su debilidad e incapacidad de ser otra vez el punto de convergencia de las posiciones dominantes.

Pero el uribismo está lejos de dejar de ser una amenaza, los fascismos aun cuando sean criollos y del siglo XXI no saben desaparecer de la escena pública pacíficamente, ya hemos visto muchos de los seguidores del llamado “presidente eterno” que tras la decisión de la Corte han llamado —veremos hasta dónde, por la bravuconada tan inherente a la retórica uribista— a armarse y movilizarse. Vivimos días interesantes y complejos en los que para evitar el remozamiento del fascismo golpeado y la continuidad del modelo capitalista al que este le sirve, necesitamos forjar a partir de nuestras luchas y experiencias una alternativa electoral, cultural, política y social que apunte a superar el estado de cosas vigente y se atreva a avanzar en la dirección de otra Colombia, hoy más necesaria que nunca.

Aunque los problemas de Colombia no se acaban con una medida de aseguramiento contra Uribe, es siempre un gusto ver a los privilegiados que se creen intocables y por encima de la institucionalidad, sujetos al imperio de la Ley —que ha sido solo para los de ruana—. Un país sin Uribe, ni Santos y sin quienes desde el centro aspiran a sustituirlos manteniendo todo lo demás igual, solo nace si seguimos con valor y optimismo caminando en su búsqueda sin rendirnos ni aflojar. Se acelera con estos hechos el ocaso de una fuerza política que ha pontificado siempre sobre legalidad y el respeto a las instituciones, y que hoy con furia se ve obligada a pasar a la defensiva justamente en ese terreno. Por hoy a su miedo y sus amenazas apocalípticas opongamos la esperanza de un pueblo que teme cada vez menos a los tiranos.

[1] Los errores del movimiento insurgente y sus limitaciones para enfrentar la guerra mediática deben también tenerse en cuenta para hacer un balance completo de esa situación.

“El sindicalismo petrolero en Colombia, propende por una transformación hacia energías limpias”: Efraín Viveros

Por
Hekatombe
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A raíz de las acciones que viene adelantando el Gobierno Nacional para vender la empresa CENIT, filial de Ecopetrol, Revista Hekatombe habló con Efraín Viveros Filigrana, miembro de la Mesa Minero-energética Nacional, profesor de la Corporación Aury Sará Marrugo y de la Corporación para la Educación y la Investigación Popular -CIEP-, compromisario del CSNCGM en la USO -Unión Sindical Obrera- y Dirigente nacional del Movimiento por la Constituyente Popular -MCP-, quien nos habló acerca la importancia de Ecopetrol para la economía colombiana y la importancia de la Unión Sindical Obrera -USO- en la historia de la lucha obrera nacional. Así mismo, se refirió a la relación que tiene el sindicato de Ecopetrol con la lucha por el ambientalismo y la defensa de lo público. A continuación, les invitamos a leer la entrevista completa:

Hekatombe: algunos sectores de la población son reacios a respaldar las demandas y luchas sindicales, porque consideran que son peleas para un beneficio particular. También hay quienes dicen que solo entorpecen la productividad de la empresa o la institución. Frente a la lucha que está adelantando la Subdirectiva Única del Oleoducto de la Unión Sindical Obrera, en su calidad de experto sobre la agenda Minero-energética, ¿Por qué considera que esa pelea no sólo beneficia a los trabajadores de Ecopetrol sino a la población? ¿Qué diría sobre esas opiniones críticas al papel del sindicalismo?

Efraín Viveros Filigrana: la lucha que están librando los trabajadores de Ecopetrol y en particular en el oleoducto, tiene un elemento nacionalista muy importante, ocurre que si se vende el oleoducto, de entrada perdemos cerca del 12% de lo que aporta CENIT, con el transporte, que es el gran negocio de la industria petrolera estatal, al presupuesto nacional, por tanto si desaparece ese aporte al presupuesto nacional, el gobierno se inventara nuevos impuestos para cubrir ese faltante, faltante que no solo se aumentará por el 12% menos, si pasa a los bolsillos particulares las ganancias de CENIT, sino que ese faltante se agravará también por que los gastos que genera el manejo de la pandemia, todavía son incuantificables y la lucha que libran los trabajadores de Ecopetrol en este momento, lo que le asegura al Estado son unos ingresos corrientes cuantiosísimos, esto sirve para mostrar que la lucha sindical sirve, para mostrar que la lucha sindical es una lucha necesaria, que esa actividad, es una actividad que sirve a la sociedad, pero igual pasa con todas las actividades, en toda actividad humana siguen habiendo personas que cometen errores, o desvían la acción de donde debe estar y por supuesto generan mala imagen a la actividad. Los sindicatos cumplen un papel, al proteger a los trabajadores de los abusos del capital y en una sociedad capitalista, el capital domina a su antojo si no encuentra organizaciones capaces de responderle, como ahora lo está haciendo la Unión Sindical Obrera.

Hekatombe: mucho se ha dicho sobre las afecciones ambientales de la industria petrolera y sobre la importancia de hacer una transición hacia energías limpias. Teniendo en cuenta lo anterior ¿La lucha contra la privatización de Ecopetrol tiene efectos en el plano ambiental? ¿Puede ser una lucha que también implique a la agenda ambientalista?

Efraín Viveros Filigrana: hay aspectos de la lucha que libra la Unión Sindical Obrera que son poco conocidos, esta organización sindical, que ya lleva cerca de un siglo de existencia, ha planteado una ley orgánica de hidrocarburos, ha realizado actividades importantísimas como la asamblea nacional por la paz, que creó la Mesa Social Minero-energética, como espacio de encuentro entre sindicalistas, ambientalistas, fuerzas sociales y políticas, ha trabajado en un diseño para que la empresa estatal se convierta en una abanderada de la transición energética y esto es muy poco conocido.

Los trabajadores de Ecopetrol no son defensores de la industria de la muerte, que liga el problema energético a la dependencia de los hidrocarburos. El sindicalismo petrolero en Colombia, propende por una transformación hacia energías limpias y piensa que Ecopetrol debe causarse ya con una reconversión industrial, que junto con la rama minero-energética, sector eléctrico, el carbón, terminen dándole una potencia a Colombia, capaz de generar una industria de aguante, dándole una potencia limpia, que nos libre de las supuestamente no dañinas represas hidráulicas y que le dé pie a la biomasa, que le de paso a la energía eólica, que amplié el uso de la energía solar, de manera que si Ecopetrol termina siendo estatal, eso es viable, pero si Ecopetrol es desmembrada y vendida como en el Plan de Desarrollo del Gobierno de Duque, cada propietario particular de empresas del sector petrolero, hará su negocio, su lucro, y será imposible direccionar el país hacia unas energías limpias.

Hekatombe: para un lector que no está conectado con la agenda sindical, con la pelea contra la privatización de Ecopetrol y contra la venta de CENIT ¿Podría contarnos que implicaría esa privatización en materia económica y social?

Efraín Viveros Filigrana: es muy importante reflexionar acerca del diseño económico que tiene Colombia. Las fuerzas del avance, del progreso, del campo popular, han propuesto que se acabe con el extractivismo, con la política de volver la minería, la fuente principal de ingresos en el país y ha propuesto que haya una diversificación industrial, que potencie una industria de maquinas y herramientas, una industria de bienes intermedios para satisfacer las necesidades del país, no con el centro en lo exportador, sino con el centro en el sentido de dar una soberanía de los bienes que necesita Colombia, en el sentido del desarrollo técnico-científico propio para juntar esfuerzos con el resto de países del mundo.

Entonces, es muy importante tener claro que la idea de división del trabajo mundial que ponen los imperios de Europa, de Asia, de Estados Unidos, es la que lleva a entregarnos esa tarea sucia, de vivir de la venta del carbón, de la venta de los hidrocarburos y de la venta de oro que se extrae con altas cuotas de mercurio que contaminan nuestros ríos, que horadan las entradas de nuestras tierras, de nuestras montañas, que horadan nuestros ríos, que los destruyen, esa es la minería, ese es el tipo de diseño que hace que Colombia sea un país dependiente del extractivismo, en ese sentido es muy importante que el Estado mantenga recursos para poder orientarlos hacia un diseño económico, una reinvención de la economía del país, si el estado carece de recursos es porque los ingresos se le entregan a dueños particulares, a inversionistas extranjeros, entonces ¿de donde va a salir ese dinero para hacer esa reconversión industrial?

El Estado necesita ingresos corrientes importantes para enderezar el problema energético y para reconvertir la economía del país, poniendo el centro en la solución a nuestras necesidades y poniendo nuestra garantía de nuestra soberanía como país, como nación.

Hekatombe: finalmente, una y otra vez los gobiernos han sostenido que la privatización trae bondades, que disminuye las posibilidades de corrupción latentes en las empresas públicas, que mejora la eficiencia, que le trae dinero al Estado, que genera empleo ¿Usted qué diría frente a esas afirmaciones que se han reiterado, que para algunos ya son verdades?

Efraín Viveros Filigrana: la corrupción está en el ADN del capitalismo, porque es un sistema que esta basado en el intercambio de mercancías, para buscar el máximo de beneficio al producirlas, máximo beneficio que se logra en virtud de la explotación del trabajo asalariado, que consiste en no pagar el trabajo, sino pagar la fuerza de trabajo, o sea, pagar lo que necesita el trabajador para tener energías para trabajar; pagar lo que necesita el trabajador para tener hijos que vuelvan a ser obreros igual que ellos, que vuelvan a ser empleados o trabajadores igual que ellos.

Entonces es el sistema así, donde el lucro es lo principal y el centro, el leitmotiv tiene como ingrediente inevitable, creciente, la corrupción. El funcionariado del Estado que recibe coimas, que recibe sobornos, es para beneficiar a algún ente privado, particular, ellos no son corruptos en beneficio de ellos mismos, son corruptos ante todo en beneficio de los grandes monopolios, que son los que se lucran con las concesiones, que a pesar de que hayan pliegos, de que hayan subastas, que hayan concursos, siempre tienen la férula de que alguien quiere quedarse con eso, no en franca lid, sino que alguien quiere quedarse con eso, valiéndose de la amistad o relación comercial, subrepticia, con algún funcionario que va a manejar la subasta, que va a manejar el concurso.

Entonces, la corrupción es una cuestión inevitable en el capitalismo, porque la competencia capitalista lleva a que el capitalista que llega a buscar la concesión trate de sacarle ventaja a los demás y para sacar ventaja todo vale, como en las peleas modernas, que tienen rines hexagonales, una valla, unas puertas cerradas, y entonces en el capitalismo todo vale porque la competencia es inmisericorde.

Es muy importante tener en cuenta que el uso del Estado para materias económicas, ha ido evolucionando al capitalismo monopolista de Estado, y entonces, los principales monopolios entran a utilizar los servicios de ministros, viceministros, gerentes, administradores de instituciones públicas, para que les aseguren a determinados grupos monopólicos que consiguieron ganar las elecciones los negocios que maneja el Estado. Por eso los grandes capitalistas les aportan a las campañas, a veces sin mirar cual es el color político, porque ellos son amigos del gobierno y no les preocupa que cambie el gobierno porque ellos son gobiernistas en la medida en que el gobierno les facilite sus negocios.

Yo quiero dejar la reflexión y el repaso de lo que ha pasado con la ruta del sol y el papel del pulpo llamado grupo Aval, liderado por Sarmiento Angulo, como todo ese escandalo de Odebrecht, como todo ese escandalo de la carretera al llano y los perjuicios del puente Chirajara, por ejemplo, son una clara demostración de como este grupo monopolista se enmascara tras de nombres de supuestas sociedades anónimas, para ocultar que es un chanchullero, que se beneficia de sus relaciones con ministerios de todo tipo, de todas las ramas.

Sintetizando, podemos decir entonces que, la corrupción es como pasa en los aplausos, una mano no aplaude sola, el funcionario es corrupto porque hay un particular que se beneficia y le paga por la corrupción. La corrupción, sólo es posible acabarla el día que desaparezcan los cimientos de esta sociedad capitalista, generadora del apetito del bordado, del máximo de ganancia.

Gracias a Hekatombe por la oportunidad de compartir con sus lectores y confío en que los editores van a hacer el mejor uso de mis palabras, muchas gracias y éxitos en sus tareas.

¡La universidad Surcolombiana logró la matrícula cero!

Por
Diana Alexandra Aguirre Pérez
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Estudiantes, egresados y docentes de la Universidad Surcolombiana llevaron a cabo diferentes manifestaciones acompañados por familias de la misma comunidad universitaria. Lo anterior en exigencia a los entes territoriales y al Ministerio de Educación Nacional para beneficiar a toda la población que está relacionada, directa e indirectamente, con la Educación Superior del sur colombiano. Esto debido a la emergencia económica, social y sanitaria generada por el Covid-19, la cual agudizó la desigualdad social existente en nuestro país y afectó de manera directa la financiación, el acceso y la permanencia de los y las estudiantes a la Educación Superior.

¿Cómo empezó esta ardua labor?

Los recursos económicos ofrecidos por parte de los entes territoriales y los diferentes actores relacionados, representaban una suma insuficiente para garantizar la gratuidad de la matrícula, además, no se había confirmado un mecanismo administrativo sobre el cual se hiciera la transferencia de dichos recursos. Por otra parte, la Gobernación del Huila no había depurado los dineros porque estos provenían del sistema general de regalías.

Cronología de la lucha

Julio 22: La Mesa de Articulación por la Constituyente proyectó la creación de la Mesa para la Matrícula Cero mediante la resolución rectoral 165 de 2020 y planteó el panorama de la Universidad en relación con el número de estudiantes por municipio. En un principio se confirmaron las siguientes fuentes de financiación: el Gobierno Nacional con 2.556 millones de pesos, la Alcaldía de Neiva con 2.700 millones, y el municipio de La Plata, Huila con 30 millones, lo cual daba un total 5.286 millones de pesos, que, si bien representaban una suma favorable, no dejaba de ser mínima ya que el presupuesto requerido era de 13.000 millones de pesos.

Desde la diversidad de manifestaciones pacíficas y entendiendo la importancia del acceso a la educación, ese 22 de julio la Universidad Surcolombiana entró en huelga de hambre indefinida representada por los y las estudiantes: Katherin Daniela Díaz, Juan Diego Castro, Juan Diego Areiza, Napoleón Gómez y Luis Humberto Perdomo. Los objetivos de esta huelga fueron:

  1. Trece mil millones de pesos para la matrícula cero de carácter universal para los semestres 2020-2 y 2021-1 sin distinción de estrato socioeconómico.
  2. La creación de un fondo que tuviera fuentes de financiación anuales claras y continuas para garantizar la gratuidad permanente de la matrícula para los y las estudiantes de la Universidad Surcolombiana.

Una vez fijada la huelga de hambre, los mensajes de apoyo, el acompañamiento constante y el accionar de la comunidad en general no tardaron en llegar, pues las peticiones eran claras y buscaban consolidar escenarios académicos de igualdad y respeto para con la Universidad.

Julio 23: Se recibieron manifestaciones de expresiones de voluntad de municipios del Huila, entre los cuales estaban: Tesalia, Villavieja, Isnos, Acevedo, Garzón y Palermo. El llamado a los entes territoriales era constante. La salud de los y las huelguistas se ponía en riesgo con el pasar de las horas. Este mismo día se organizó una Twitteraton que iniciaría hacia las 4:00 pm para acompañar a los y las huelguistas con el numeral #UscoEnHuelgaDeHambre.

Julio 24: Tuvo lugar la Caravana Cultural por la Matrícula Cero por diferentes zonas de la ciudad de Neiva en donde fueron bienvenidas todas las expresiones artísticas para hacer resistencia en las calles y exigir, de manera unánime, garantías para estudiar, mientras los mensajes de apoyo de egresados y egresadas llegaban de diferentes partes del país y del continente respaldando la labor de los y las huelguistas.

Julio 25: Desde Pitalito fueron enviadas unas palabras de apoyo al cuerpo de huelguistas y a la vez se hicieron exigencias para que el gobierno departamental se comprometiera públicamente con la Matrícula Cero.

Julio 26: El cuerpo de huelguistas, mediante un comunicado, insistió en las exigencias planteadas desde un principio e invitaron nuevamente al gobernador, Luis Enrique Dussán y a la Asamblea Departamental para conversar sobre la financiación de la Matrícula Cero.

Julio 27: Se completaron 130 horas en huelga de hambre.

Julio 28: Se completaron 144 horas en huelga de hambre. Se llevó a cabo un plantón pedagógico en el Parque Santander de Neiva en apoyo a los y las huelguistas por la Matrícula Cero y la política de gratuidad para el estudiantado Surcolombiano.

Julio 29: Se completaron 165 horas en huelga de hambre. La Gobernación presentó una propuesta presupuestal, por medio de voceros delegados, en donde se acordó que dicha entidad entregaría 4.000 millones de pesos para las matrículas de los semestres 2020-2 y 2021-1 y 5.000 millones para el financiamiento de los períodos académicos 2021-2, 2022-1, 2022-2, 2023-1 y 2023-2.  Además, la Mesa para la Matrícula Cero propuso la reglamentación de un Convenio Interadministrativo para facilitar el desembolso de los 2.700 millones, que entregaría la Alcaldía Municipal, los cuales permitirán subsanar la deuda de las matrículas para el período 2020-2 de los y las estudiantes de la Universidad Surcolombiana de una manera menos burocrática.

Julio 30: Se completaron 198 horas en huelga de hambre. El estudiantado había aceptado la propuesta económica hecha por la Gobernación del Huila, sin embargo, los acuerdos no habían sido firmados aún por parte de la administración departamental.

Julio 31: Cumplidas 216 horas en huelga de hambre. Se organizó un plantón y una encadenatón por la Matrícula Cero a las afueras de la Gobernación como acto de presión para agilizar la firma de los acuerdos aceptados, puesto que la huelga de hambre no se levantaría hasta no materializar los recursos. Dicha jornada de encadenatón fue la única forma de hacer que el gobernador, Luis Enrique Dussán escuchara las exigencias de las y los voceros estudiantiles.

Ese mismo día, al finalizar el diálogo entre la administración departamental y las y los voceros estudiantiles en representación de Paula Albarracín, Alejandro Sepúlveda y Javier Soto, los mismos voceros comunicaron lo siguiente ante los y las participantes del plantón: “Más allá del dinero que los compañeros y compañeras lograron conseguir para las matrículas 2020-2 y 2021-1, está el hecho de que nos disputamos algo que no se había disputado ninguna universidad en esta coyuntura nacional y fue pensarnos la construcción del fondo de gratuidad y tener como base mínima, mil millones de pesos para cada uno de los 5 semestres de aquí al 2023”.

Agosto 1: El gobernador, Luis Enrique Dussán se había comprometido con el cuerpo de huelguistas a hacer una rueda de prensa a las 10:00 am, en la que, por medio de un comunicado oficial, se materializarían los acuerdos. Esta rueda de prensa no fue posible debido a que ni él ni ningún representante llegó al lugar. Más tarde, luego a las 6:00 pm y por medio de sus redes sociales, la Gobernación del Huila mostró un comunicado unilateral, exponiendo la decisión de aportar dinero para los semestres del siguiente cuatrienio. Acto seguido, los y las huelguistas propusieron la rueda de prensa para el siguiente día.

Agosto 2: Habiéndose completado 264 horas en huelga de hambre, se levanta esta manifestación pacífica hacia las 10:30 am en Ágoras, recinto que forma parte de la Universidad Surcolombiana – Sede Central. Con esto, culminaba un proceso histórico para el Movimiento Estudiantil del sur colombiano logrando pactar y garantizar la gratuidad de la Educación Superior en la Universidad Surcolombiana. Cabe resaltar que en este evento no estuvo el gobernador del Huila, quien además nunca manifestó el deseo de hacer acto de presencia en la Universidad Surcolombiana porque, según él, la huelga de hambre no dependía de él.

Hasta el momento de redacción de este artículo, la comunidad universitaria continuaba solicitando al municipio que se realizara la transferencia del dinero directamente a la Universidad Surcolombiana para evitar que los recursos fueran operados por el Icetex, entidad que se quedaría con el 2% del dinero en caso de hacer parte de este proceso.

Juntos haremos historia

Es importante resaltar una vez más la labor del cuerpo de huelguistas quienes hicieron posible esta hazaña y agradecer también al equipo de personas que estuvieron detrás de esta labor, trabajando incansablemente junto a estos cinco jóvenes que se pensaron la Educación Superior como un bien común para la construcción de país mediante la lucha legítima, la cual se tradujo en beneficios para más de 12.000 estudiantes. Por otra parte, cabe aclarar que el objetivo principal de este escrito es reseñar la lucha que dieron los integrantes del movimiento estudiantil de la Universidad Surcolombiana, quienes también entregaron comentarios que hicieron posible la creación de este artículo informativo.

Para finalizar, expresamos nuestro apoyo solidario y alentamos a los demás movimientos estudiantiles que están luchando y resistiendo mediante actos legítimos, para lograr saldar la deuda histórica que existe por parte del Estado con la educación pública. Esperamos que obtengan respuestas positivas y favorables en cuanto a la financiación directa de la Matrícula Cero, para así recuperar el horizonte social y académico por el derecho universal a la educación de calidad que dignifique el bienestar y el futuro de los y las estudiantes de Educación Superior.

De matrícula cero a la gratuidad

Por
Andrés Camacho
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La pandemia por Covid-19 a escala global representa un profundo reto civilizatorio; las proyecciones indican una posible reducción de la esperanza de vida a escala planetaria. La continuidad de la “normalidad” en nuestra agitada vida diaria ha dado paso a la incertidumbre mundial, nacional, comunitaria, familiar e individual.

Es difícil calcular las consecuencias y el tiempo en el que estas puedan permanecer en nuestras sociedades. Lo cierto, es que pagamos el precio de décadas de un modelo que ha privilegiado los negocios por encima de la vida. Así lo evidencia el Cambio Climático, pues sin importar sus impactos, nuestras economías dependen casi exclusivamente de los minerales fósiles, principalmente carbón y petróleo, tanto de su extracción como de su producción derivada.

Mientras tanto se han entregado los sectores estratégicos de la economía y de la sociedad al mercado, la salud se ha desmantelado, se ha impuesto un modelo que eliminó de sus propósitos el concepto de derechos, de pacientes hemos pasado a clientes y de clientes a estadísticas. Hoy nuestro país, entregado al neoliberalismo, padece las afugias de un sistema de salud privatizado.

Lo mismo viene ocurriendo con la educación; desde la Constitución del 91 y pese a conquistar en la letra este derecho (Art 67 de la Constitución), la liberalización de la economía ha intentado año tras año, convertir a los estudiantes en clientes, desmantelar la educación pública y entregarla al mercado.

Ha sido gracias al movimiento estudiantil y universitario, que se ha protegido a las universidades públicas de Colombia; generación tras generación ha tenido que enfrentarse a los planes de desarrollo del gobierno de turno, a las reformas que recortan presupuesto o a los programas que promueven el endeudamiento de la gente o la financiación de la demanda. Todos los honores a la juventud de todas las generaciones que ha defendido lo que nos queda de educación.

Las secuelas de esta batalla son notables, la situación de las IES públicas es crítica desde hace años; el país tiene una deuda histórica con las universidades públicas del país, ya que su presupuesto está prácticamente congelado desde 1993, a pesar de que estas siguen creciendo en número de estudiantes, pregrados, posgrados y grupos de investigación, manteniendo de manera decorosa los estándares más altos de calidad, las universidades crecen mucho más rápido que sus presupuestos.

El incremento del IPC, establecido en la Ley 30, no alcanza a compensar las exigencias del propio Estado para acreditarse o mantener sus registros calificados. La situación de las IES es precaria desde antes de la pandemia. Todos estos años de déficit ha impedido, por ejemplo, que las universidades se modernicen en sus plataformas, en sus equipos tecnológicos y que cuenten con una planta docente acorde a su crecimiento, en condiciones laborales dignas con garantías y condiciones mínimas para ejercer con calidad su importante misión. De hecho, entre muchas de las reflexiones que podemos hacer en el marco de la pandemia, vale la pena preguntarnos qué papel juega o debería jugar la educación para afrontar el momento que vivimos a escala global.

Indudablemente, el modelo educativo es determinante para el país que esperamos construir; el nuestro es un modelo excluyente, clasista y mayoritariamente profesionalizante, el que nos imaginamos es universal, incluyente, gratuito, científico y creativo. Mientras las principales universidades del mundo dedican sus esfuerzos a la búsqueda de soluciones para la humanidad en la Pandemia, aquí nuestros científicos y científicas deben, además, preocuparse por existir, porque las universidades y sus grupos de investigación no cierren. Necesitamos una educación creativa, capaz de responder a los retos del momento, pero nada de eso se puede hacer sin fortalecer las instituciones, el cuerpo docente, las instalaciones y hoy más que nunca, en medio de la virtualidad, de sus plataformas y sistemas de información. Una universidad para el conocimiento, para un nuevo país, para una Colombia que lucha por salir de la guerra.

Ya dirán, como siempre, que somos soñadoras, pretenciosas, mamertos, pues déjenme decir que sistemas de educación gratuitos existen en América Latina desde hace décadas, en Argentina, por ejemplo, hace más de 70 años. En el mundo, países como Alemania y Austria, se destacan por ello. La política de gratuidad en esos países ha permitido tasas de cobertura de 75 por ciento, cifra muy superior al 60 por ciento promedio de la OCDE. Entonces que no sigan con el cuento de que es imposible, si tan solo lográramos detener el desangre de la corrupción, con el cual se pierden cerca de 50 billones al año, o si lográramos una efectiva reducción en el gasto militar, el país podría transitar a un modelo de gratuidad en la educación superior.

De hecho, es un debate más vigente que nunca, ahora en medio de la emergencia sanitaria se ha puesto en evidencia, las difíciles circunstancias de las universidades, ante la posibilidad de un alto grado de deserción. El movimiento estudiantil, nuevamente creativo y valiente, le propuso al país y al gobierno la MATRICULA CERO, iniciativa cuyo objetivo es garantizar recursos con el fin de cubrir los costos de matrícula de los estudiantes para el semestre que está por comenzar, medida que puede aliviar la situación de miles de estudiantes y sus familias.

Si bien, el Gobierno nacional emitió el Decreto 662 del 14 de mayo de 2020 «Por el cual se crea el Fondo Solidario para la Educación …», con el fin de destinar recursos adicionales a las universidades públicas del país y así solventar el pago o auxilio de matrícula de los estudiantes mientras dura la crisis sanitaria, a la fecha en que escribo este artículo, estamos cerca de garantizar que dicha medida sea aplicada total o parcialmente por la mayoría de IES del Sistema Universitario Estatal – SUE. Sin embargo, de las 33 universidades, aproximadamente en 10 se ha tenido problema para su implementación, esto debido a que su presupuesto depende de la nación; razón por la cual, no se ha logrado la concurrencia de otras entidades, como sí se ha logrado en el caso de universidades de carácter regional.

A pesar de las dificultades y de la variedad de modalidades con que se viene implementando MATRICULA CERO, el resultado es histórico; demuestra que sí es posible modificar el modelo de financiación de la educación en Colombia, demuestra que se pudo ahora, se podía antes, pero lo más importante, demuestra que sí es posible hacia el futuro. Es claro, que aún estamos lejos de la gratuidad y universalidad en la educación, pero esta medida nos pone un paso más cerca.

Ahora nos corresponde, en las próximas semanas seguir presionando por las universidades que faltan, defender la permanencia de la MATRICULA CERO en el tiempo y profundizar la discusión sobre el modelo de educación en Colombia. En lo personal, me embarga la alegría por los cambios que se vienen alcanzando, mi escuela ha sido el movimiento estudiantil, por ello siento un orgullo particular, permítanme celebrarlo con ustedes, ¡que vivan los y las estudiantes!

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