Inicio Blog Página 64

El pobre viejecito

0

Érase un viejecito
sin nadita que esconder
solo masacres, narcotráfico
y asesinatos por doquier

Nadie, nadie los cuidaba
solo Andrés, Juan y Gil
y otros 300 más, con pistola y fusil

Nunca, nunca fue culpable
todo se hacía a su espalda
mientras él delinquía
sus pobres funcionarios, todo lo cuadran

A la justicia eludía
con su fuero y su poder
pero su día llegaría
y al Ubérrimo se fue a esconder

De secuestro acusaba
a la corte que lo juzgó
Mientras desde los medios azuzaba
a una constituyente go, go, go

De partido en partido
su corrupción fue expandiendo
hasta llegar al Centro Democrático
otro que pronto ya, estará muriendo

Mientras los uribistas patalean
y su defensa va perdiendo
de las cortes quiere zafarse
mientras todo va prendiendo

En Semana le dan vitrina
para que al país de órdenes
todo esto hace mientras trina
y crea desórdenes

Y este pobre viejecito
en su retiro dejará
solo más crímenes y guerra
que Colombia no soportará

Descanse en paz en el Ubérrimo
con su cerdo y sus caballos
que ojalá nunca salga de ahí
a ponernos como vasallos

¡Que traigan a Mancuso!

0

El tribunal de Justicia y Paz de Bogotá acaba de solicitar por cuarta vez la extradición de Salvatore Mancuso, el ex jefe paramilitar que está a la espera de que se defina su situación judicial en una cárcel de Estados Unidos.

Lo curioso es que deba hacerlo el tribunal en vista de que la Fiscalía ha ‘errado’ tres veces en la solicitud de extradición, sin embargo, en casos como el de Andrés Felipe Arias fue casi que un proceso exprés para que el ex ministro de agricultura y condenado por Agro Ingreso Seguro llegara al país y se le concediera la segunda instancia.

El pedido del tribunal de Justicia y Paz de nuevo es una luz al final del túnel para las víctimas que siguen esperando justicia, verdad y reparación, verdad que les será negada si el ex jefe paramilitar y uno de los actores intelectuales de las masacres más sangrientas y dolorosas de la historia reciente colombiana, es extraditado a Italia, donde tiene también un proceso abierto.

Dentro del nuevo pedido de extradición y la reapertura del caso Mancuso, el tribunal también solicito a la Fiscalía que se dieran a conocer las versiones libres que rindió Salvatore dentro del proceso de paz llevado a cabo en el gobierno de Álvaro Urbe Vélez; versiones que nos dan una idea del porque las instituciones encargadas de la justicia en el país evitan a toda costa la llegada de Mancuso a Colombia.

En los folios de las versiones libres Salvatore Mancuso, este acusa y señala a políticos de pagarles a los grupos paramilitares para inducir a las poblaciones a votar por ciertos candidatos, entre los nombres sobre salientes de estas versiones se encuentra el de los ex presidentes Andrés Pastrana, Ernesto Samper, Álvaro Uribe Vélez y el ex candidato presidencial Horacio Serpa.

También dentro del testimonio del ex jefe paramilitar, se relata toda la estrategia institucional y militar para instruir a personas de todas las regiones del país en manejo de armamento, estrategia militar y reclutamiento ilegal para después darle forma a lo que se conoció como las CONVIVIR y que finalmente se configuró en un ejército de mercenarios y asesinos que se declaraban anti comunistas y anti guerrilla, y que patrullaban junto a el ejército de Colombia. Este último, por acción u omisión teniendo complicidad en el asesinato y ejecución de masacres en varias regiones.

Mancuso asegura tener pruebas documentales de los nexos de funcionarios del gobierno Uribe que vinculan al ejército, policía, concejales, alcaldes, ganaderos, terratenientes y multinacionales con la financiación, ejecución y posterior ocultamiento de extorciones, reclutamiento de menores, desplazamiento de comunidades, asesinatos a líderes sociales y políticos, a miembros de la oposición, periodistas entre otros, además de las múltiples violaciones de derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Esperemos que el pedido del Tribunal de Paz llegue a lo que las víctimas y quienes han luchado contra el olvido y la injusticia esperan, que el ex jefe paramilitar sea extraditado a Colombia y pueda aportar en la verdad y reparación. Y que este bajo la lupa de organismos internacionales de control para garantizar la vida de Salvatore Mancuso, el debido proceso y la necesidad de judicializar a todos quienes hayan tenido vínculo con la estructura paramilitar que estuvo bajo el mando de este hombre. Que traigan a Mancuso y que hable, que señale y ponga en el ojo público a todos quienes negaron a Colombia la construcción de un país en Paz.

Finalmente es necesario que la justicia colombiana también ponga en marcha el pedido de extradición de alias ‘Jorge 40’ y alias ‘Mellizo’ que, por el contrario de Mancuso, jamás colaboraron con la justicia colombiana y ya cumplieron su condena en Estados Unidos, la verdad debe ser imperante para que estos hombres recobren su libertad o por el contrario será un nuevo caso de impunidad y silenciamiento pues los dos están solicitando ser extraditados a países diferentes al nuestro, saben que se enfrentan a penas carcelarias de la justicia ordinaria por terrorismo, extorción, homicidio y otros cargos que reposan en sus prontuarios criminales.

Te interesa ver: La impunidad de Mancuso.

Inteligencia militar y amedrentamientos sobre protesta pacífica obrera

0

Bogotá, 22 de agosto de 2020. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Unión Sindical Obrero, así como la Subdirectiva Única del Oleoducto, del mismo sindicato, han denunciando una serie de acciones irregulares en torno a la protesta que han encabezado dos dirigentes obreros petroleros en contra de la venta de Ecopetrol y su filial CENIT, frente a la sede principal de dicha empresa.

Te interesa: Según denuncias, el proceso privatizador de Ecopetrol afecta la economía nacional y el trabajo digno de sus empleados

Desde el pasado 18 de agosto, sumado al  pie de fuerza presente en la acción pacífica de protesta, los manifestantes han identificado el reiterado paso y estacionamiento de ciertos automóviles que toman fotografías, hacen vídeos y vigilan la toma pacífica. 

El 20 de agosto, la Comisión de DDHH así como algunas de las personas que acompañan a los manifestantes, identificaron a un motorizado con placas GDW 57F, a quien interpelaron y llevaron hacia la policía para que lo identificaran. Luego de la presión que los integrantes de DDHH ejercieron para que la policía actuara, se logró establecer que se trataba de Omar David Sarmiento Salguero, con cédula 80.246.250, de inteligencia militar.

En el comunicado de denuncia, la Comisión de DDHH sostiene que los manifestantes temen por su seguridad jurídica: “Se siente el temor que se esté gestando un falso positivo contra los dirigentes de la USO y las organizaciones que hacen presencia en la protesta pacífica en el Machín”.

Compartimos a continuación el comunicado completo:

Acción Urgente

«INTELIGENCIA MILITAR ASEDIA A LA USO EN LA SEDE PRINCIPAL DE ECOPETROL» 

El pasado 18 de agosto emitimos un comunicado en que denunciábamos el asedio militar orquestado por Ecopetrol contra la protesta de los trabajadores de oleoductos; otro tanto ha ocurrido contra la movilización obrera en el Meta.

Señalábamos que alrededor de la protesta pacífica en la plazoleta del machín, hay una presencia permanente de al menos 30 policías antidisturbios y el día 17 agosto, además fue ubicado un retén militar del Batallón Guardia Presidencial, según se informó, pedido por Ecopetrol para “reforzar la seguridad de las instalaciones de la empresa”. ¿Se siente en peligro la empresa con la presencia de un grupo simbólico de trabajadores encadenados al monumento del machín?

HECHOS

En las últimas semanas se ha detectado la presencia de vehículos (placa OBI 833) y motos, algunos de los cuales han sido reiterativos, cuyos ocupantes se dedican a observar, tomar fotos y filmar a las personas que permanecen en el machín. 

Este 18 de agosto, un individuo que se movilizaba en un moto de placas GDW 57F, color negro y rojo, fue sorprendido haciendo labores de inteligencia frente a la protesta. Según los escoltas desde hace aproximadamente 15 días este sujeto viene realizando su accionar, pero solo hasta ahora se pudo confrontar. La policía dejó libre este individuo cubriendo su hostilidad.

Nuevamente, este 20 de agosto, el mismo individuo fue descubierto haciendo seguimiento frente a la plazoleta del machín, en medio del dispositivo policial y los miembros del Batallón militar; fueron los escoltas de los dirigentes sindicales y la Comisión de Derechos Humanos de la USO quienes debieron confrontar al individuo y presionar a la Policía para que procediera a detenerlo, comprobando que efectivamente se trataba del agente de inteligencia militar OMAR DAVID SARMIENTO SALGUERO, identificado con cédula 80.246.250. 

¿Quién ordena esto?, ¿con que objeto?, ¿a quién entrega el material de inteligencia? Lo curioso es que la policía introdujo a este individuo en las instalaciones del Edificio de Ecopetrol sin haberlo requisado y sin “saber de quien se trataba”. Posteriormente fue trasladado a un CAI e identificado plenamente.

Las directivas de Ecopetrol deben explicarle al país semejante proceder tan peligroso e ilegal, que pone en riesgo la integridad de los dirigentes y activistas de la USO. Hechos del pasado en que los campos petroleros en Barrancabermeja y Tibú fueron convertidos en campamentos paramilitares desde donde se planearon y cometieron infinidad de crímenes, que aún están en la impunidad, no puede volver a pasar.

Como ya dijimos, se regresa a las épocas en que la inteligencia militar recopila la información y la entrega para que paramilitares ejecuten crímenes contra sindicalistas y líderes sociales, hecho supremamente grave en momentos en que la acción militar – paramilitar está involucrada en una oleada sistemática de masacres y asesinatos como los que escandalizan al país en los últimos días.

Se siente el temor que se esté gestando un falso positivo contra los dirigentes de la USO y las organizaciones que hacen presencia en la protesta pacífica en el Machín.

SOLICITUD

Exigimos al Ministro de Defensa y al Comandante del Ejército expliquen cual es el propósito de estas operaciones de inteligencia contra la actividad sindical.

Hacemos un llamado urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DH., a la Procuraduría General de la Nación, al Congreso de la República, a las altas Cortes para que exijan al Estado Colombiano y Ecopetrol que atienda con carácter urgente la grave situación de los dirigentes de la USO y brinde todas las garantías políticas y de protección para el ejercicio sindical y el derecho legítimo a la protesta.

Colombia no puede seguir siendo testiga inerme de este baño de sangre que azota al país con la complicidad de las autoridades.

#LoÚltimo | Alcaldesa pide más recursos para TM que para salud, rechazan tutelas contra la detención de Uribe, y más.

0

  1. En Bogotá, en lugar de fortalecer la salud pública, se va a fortalecer Transmilenio. Sí, en el marco del cupo de endeudamiento, la alcaldía pidió al Concejo $3 billones para TM, y tan solo $1,9 para salud. Cabe recordar que dicho cupo es solicitado en el marco de una pandemia con escasez de camas de unidades de cuidados intensivos, para las y los contagiados.
  2. Luego de la conocida la renuncia de Álvaro Uribe Vélez como Senador de la República, para intentar ser juzgado por la Fiscalía y no por la Corte Suprema de Justicia, la Sala Civil de la Corte, el pasado miércoles 19 de agosto, negó 117 tutelas de particulares contra la detención del expresidente “Por no hacer parte del proceso (falta de legitimación) ni existir vulneración de derechos políticos”.

Te interesa ver: “La competencia por estos hechos sigue estando en la Corte Suprema de Justicia”: Iván Cepeda.

  1. El portal web Cuestión Pública y la Organización No Gubernamental DeJusticia, revelaron que el Ejército Nacional tenía conocimiento de la presencia de menores de edad en el campamento de disidencias de las Farc que fue bombardeado por la fuerza pública en el mes de agosto de 2019. En dicho bombardeo murieron ocho menores de edad, quienes estarían en el lugar por reclutamiento forzado.
  2. Un socio del ingenio azucarero Rio Paila-Castilla solicitó una patente por la panela ante la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que implicaría que el campesinado productor de panela le pagara al socio del ingenio Jorge Enrique González Ulloa, trayendo como consecuencia adicional el incremento del costo del producto y la privatización de una práctica tradicional.
  3. Las masacres no cesan. Sumado a las masacres de jóvenes en Samaniego, Nariño y en Llano Verde, Cali, el día 19 de agosto se conoció la masacre de un grupo jóvenes indígenas del pueblo awá, en Ricaurte Nariño. Sobre la masacre de Samaniego, se investiga sobre las responsabilidad de los hechos teniendo como principal victimario a los grupos paramilitares que operan en la zona, y frente a la masacre de Llano Verde, la comunidad está solicitando investigación sobre policías que estaban en la zona.
  4. El paramilitar Salvatore Mancuso está solicitando su deportación a Italia. En caso de ser deportado no tendría ningún tipo de incentivo o presión jurídica para contar la verdad sobre las víctimas y los actores políticos y empresariales que financiaron su accionar criminal.

Archivo HK: La impunidad de Mancuso.

  1. La Corte Interaméricana de Derechos Humanos le dio la razón al Senador Gustavo Petro. El ex procurador Alejandro Ordoñes no estaba habilitado para destituir a Petro cuando era alcalde de Bogotá por la consolidación de una empresa pública de basuras, que significaba quitarle el monopolio del negocio de las basuras a dos de los empresarios más importantes del país.
  2. La Comisión Nacional de DDHH de la Unión Sindical Obrera denunció la presencia de inteligencia militar que pretende amedrentar la protesta de dos dirigentes obreros que se encadenaron al “Machín”, frente a la sede principal de Ecopetrol en Bogotá, manifestándose contra la privatización de Ecopetrol y su filial CENIT, habilitada por el decreto presidencial 811.

    En contexto: Según denuncias, el proceso privatizador de Ecopetrol afecta la economía nacional y el trabajo digno de sus empleados.

 

El país en cero y sin matrícula cero: ideas para agenda(s) de movilización

0

Un país en cero… Garantías de derechos

La noticia colombiana más vista y controversial en este mes de agosto no son las exigencias de los y las estudiantes por #MatrículaCeroYa, presupuestos dignos para sus instituciones y por garantizar el derecho a la educación, o las masacres de nuestros jóvenes, sino la medida de aseguramiento de detención preventiva de Álvaro Uribe Vélez, decretada por la Corte Suprema de Justicia. Hecho político y judicial inédito en la historia del país para una persona de tan altas dignidades en la (para)política de Colombia.

Estos sucesos se deben exaltar porque nos dan halos de esperanza en medio de la disputa en la que se encuentra el país por el control del Estado, por parte de sectores de la ultraderecha y las mafias colombianas, que se han enriquecido a través de la sangre, fuego, tierra y cooptación de las ramas del poder público. Sin embargo, hay asuntos estructurales: la educación, la espiral de la violencia socio-política, el genocidio contra líderes y lideresas sociales, la entrega de recursos del presupuesto del Estado a grandes capitales financieros, el extractivismo de los bienes ambientales por parte de empresas trasnacionales, el incumplimiento a los acuerdos de paz firmados con las FARC, el cierre a cualquier posibilidad de diálogo con el ELN, el control  territorial de regiones del país por el paramilitarismo y los carteles mexicanos,  la latente invasión a Venezuela por parte de los EEUU con la colaboración efectiva del presidente Iván Duque, parece que sólo le importan y le duelen a las organizaciones sociales y estudiantiles, y a los defensores y defensoras de los Derechos Humanos ¿Estamos en ceros?

Ante estos escenarios de sistematicidad de violaciones a los Derechos Humanos a los que se enfrentan diferentes procesos sociales, también deberían hacerse las preguntas:

¿Qué sucede con la educación pública superior en Colombia?

La educación superior de carácter estatal se encuentra en una crisis estructural de desfinanciación, que se compone interrelacionadamente de:

Abandono y marchitamiento gradual. En más de 26 años, las Instituciones de Educación Superior Públicas (IESP) han acumulado un déficit aproximado de veinte billones de pesos entre su funcionamiento e inversión al año 2020, llevando a que estas instituciones recurran como parte de su labor misional a la venta de servicios a través de la extensión social, con el objeto de cubrir los recursos que ha dejado de girar el Estado. Esto representa entre el 45% y 50% de los presupuestos anuales que cada IESP ha logrado conseguir, cumpliendo bien con la tarea de administrar la crisis de desfinanciación y la miseria de los claustros.

Las políticas internacionales. Impuestas a las IESP los grandes negociantes de la educación, los organismos multilaterales: el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para desmontar las responsabilidades de los Estados en la garantía del derecho a la educación pública superior, y dejarla en manos de la oferta y la demanda del mercado. ¿Qué jóvenes y de qué sectores podrán pagar la matrícula en una IES ante la crisis de empleo y pobreza multidimensional? Sumado a ello, nos encontramos con cero avances en la financiación plena de la educación superior.

El desvío de recursos públicos del Presupuesto General de la Nación al sector privado, a través de programas de gobierno como Ser Pilo Paga, Generación E, y los dineros girados al ICETEX, que propician el endeudamiento de jóvenes para acceder a instituciones de educación superior privadas, en el marco de la oferta, la demanda, la capacidad de pago y el endeudamiento. Estos estudiantes deben tener claro que estos programas y la bonanza financiera en los gobiernos de Santos y Duque crearon una burbuja especulativa en los costos de matrícula, que en la actualidad son imposibles de sostener.

La instalación de dispositivos de vigilancia, control y de guerra, al interior de los campus universitarios, que han buscado mostrar a los colombianos que las IESP son inviables  financieramente y que académicamente están formando a guerrilleros-comunistas. Señalamiento que ha posibilitado el genocidio del movimiento estudiantil y profesoral, la infiltración de organismos de inteligencia del Estado, la persecución, los hostigamientos, las amenazas a los liderazgos estudiantiles y los montajes judiciales, que buscan cercenar la movilización social.

Ante escenarios tan graves, ¿por qué sólo se exige la #MatrículaCeroYa?

Los y las jóvenes y sus familias están en ceros. Se encuentran en condiciones de pobreza multidimensional y desempleo estructural que les hacen preguntarse ¿cómo hacer para comer, pagar servicios, arriendos y deudas? Además, si hacen parte del sector de jóvenes que accedieron a la educación superior, se suma la preocupación sobre ¿cómo y con qué pagar matrícula de las universidades para garantizar seguir estudiando?

La situación está difícil. El capitalismo está en crisis y la pandemia contribuye a develar las condiciones de indignidad e injusticia. Las cifras reportadas son alarmantes. La tasa de desempleo en Colombia se encuentra en el 19,8% o el 21.1%, según el DANE y la OCDE. Superamos más de millón y medio de personas desocupadas. Y las cifras van a aumentar.

La necesidad y las condiciones materiales objetivas han llevado a la disyuntiva: comida o educación. Ya se sabe la respuesta.

El efecto de la crisis no va a permitir que los y las estudiantes y sus familias puedan pagar las matrículas en las IES, tanto públicas como privadas, lo que puede generar una alta deserción. Estas condiciones han propiciado, en casi la totalidad de la IESP, expresiones que se suman a la coyuntura de la #MatrículaCeroYa, pero como ya se indicó esta reclamación no es suficiente y, de no profundizar los repertorios de las agendas, seguiremos en ceros.

¿Cuál debería ser una posible agenda de movilización, que reconozca los repertorios de insumisión de los y las estudiantes, y que permita retomar los contenidos de agendas democráticas de 2017, 2018 y 2019, por la defensa al derecho a la educación pública superior?

Precisemos los debates y sus alcances.

Para proponer elementos de contenido a una agenda se hace necesario posicionarse sobre los debates que ocasiona la crisis estructural de desfinanciación y la coyuntura de #matrículacero, que resumo en dos puntos:

Lo primero es definir si el horizonte y el contenido de movilización se centra en exigir al gobierno el pago de los valores de liquidación de matrícula para el 2020 y que las directivas de las IESP ayuden a cubrir esos pagos con recursos propios, aumentando los déficits y quitando la responsabilidad al Estado. Ejemplo claro de hacia dónde gira este tipo de comportamientos es lo que está pasando en la Universidad Nacional, donde el Consejo Superior Universitario (CSU) “aprobó trasladar hasta $2.200 millones de los recursos propios de inversión, para apoyos de matrícula a estudiantes de bajos recursos en pregrado y hasta $800 millones para derechos académicos de posgrado, durante el período académico 2020-2” de acuerdo con lo informado por la propia Universidad a diferentes medios de comunicación.

También se evidencia con lo que está solicitando la Universidad Pedagógica Nacional a la Ministra de Educación en una misiva que hizo pública el 29 de julio, Para aunar esfuerzos en favor del pago de matrícula de nuestros estudiantes, proponemos estudiar la opción de aumentar el número de beneficiarios de nuestra universidad que participan en el componente gratuidad del programa Generación E, de esta forma se podrían apalancar recursos adicionales. Para lograr este objetivo proponemos aplicar el beneficio de Generación E a toda la población estudiantil sin distinguir semestre académico ni pago de matrícula”, desconociendo la lucha incesante que está misma universidad lideró entre los años 2017 y 2019 en contra de los programas Ser Pilo Paga y su continuidad en la Generación E. Triste panorama, que difícilmente podrá sostenerse para el 2021.

El presidente Iván Duque señaló en su alocución del 11 de agosto que garantizará la matrícula cero y varios congresistas celebraron los anuncios sin leer las cifras, en tanto dijo que: “son cerca de 734.000 jóvenes que tenemos en las universidades públicas del país, cerca 569.000 en estratos 1 y 2, 400.000 tendrán descuento del 100% y en promedio esos 569.000 tendrán descuentos del 70% y 73%”. Gran engaño y seguimos en ceros.

Además, los mensajes de Duque y la Ministra de Educación son distractores para desmovilizar las exigencias del estudiantado con paños de agua tibia. El anuncio presidencial ya está siendo atendido como obligación del gobierno a través de Fondo Solidario de Educación, recursos de ser Ser Pilo Paga que cubren cerca de 40.000 beneficiarios, donde se apropió de más de 1.57 billones de pesos de los recursos del extinto CREE y dejó un déficit de más de 2 billones de pesos; Generación E, que asciende a los 110.800 jóvenes, casi triplicando Ser Pilo Paga, y aún no ha alcanzado la meta de los 336.000 beneficiarios. Hagan cuentas, seguimos en ceros.

La segunda alternativa al anterior panorama, que debe ser parte del horizonte del trabajo colectivo, es la movilización por la #MatrículaCeroYa en perspectiva de avanzar en la gratuidad universal de la educación pública superior en el nivel de pregrado e incorporarlo como un derecho fundamental, para lograr la financiación del 100% de los presupuestos de las IESP por parte del Estado de la siguiente manera:

Principios mínimos para agendas de exigibilidad de derechos

Para enfrentar las crisis, y como principios mínimos para avanzar en la construcción del vínculo comunitario en agendas de lucha, se hace necesario trabajar desde la horizontalidad y en el reconocimiento del otro y la otra, sin que importe si se es estudiante o directivo universitario, con perspectiva antipatriarcal, decolonial y anticapitalista, con alianzas entre los de abajo y los de arriba, con arraigo el territorio, y una postura firme en la defensa de los derechos.

Por eso, los principales actores de transformación para los destinos de la Educación Pública Superior son los y las estudiantes que con sus huelgas de hambre, encadenamientos, tomas y campamento, entre otros repertorios de resistencia y movilización, están poniendo al descubierto que la desfinanciación y la crisis en la IES no son causadas por la pandemia, sino que son el efecto acumulado del neoliberalismo, incrustado en un gran y rentable negocio en el que se convirtió la educación superior y los presupuestos del Estado para garantizar lo que debería ser la educación como un derecho universal.

Contenidos movilizadores de las agendas

EJE MOVILIZADOR TIEMPOS CONTENIDO MÍNIMO ACTOR(ES) PARA EXIGIR
 

 

 

 

#MatrículaCeroYa 2020

 

 

 

 

Inmediato

Financiación del total de los costos operacionales que representa cada estudiante de pregrado en las universidades públicas. Ejemplo: un estudiante de la UPN le cuesta a la Universidad un valor aproximado de $4´300.000, pero su liquidación de matrícula es de $300.000. Si el estado cubre solo $300.000 o una parte de esta cifra, o si las universidades asumen esos pagos, estos generan déficit en sus presupuestos. Del orden nacional: Ministerios de Educación y de Hacienda y Crédito Público.

Del orden departamental: las gobernaciones.

Del orden municipal-distrital: alcaldías.

Presupuesto General de la Nación (PGN) 2021 Inmediato Aumento del PGN en por lo menos cuatro billones de pesos y que la distribución de recursos para la IESP se establezca, como mínimo, de acuerdo con las proyecciones del IPC en más tres puntos adicionales.

Dineros que deben garantizar la gratuidad de los costos operacionales de la matrícula de pregrado.

Nota: El PGN para educación fue de $44.4 billones. Iván Duque anunció una reducción en más de un billón de pesos en el presupuesto de educación, dinero con que se va a fortalecer pago a la deuda y defensa.

Del orden nacional: Ministerios de Educación y de Hacienda y Crédito Público, Congreso de la República, sistema universitario estatal.

 

Reforma Artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 Mediano Proponer un nuevo proyecto de ley que establezca, por regla fiscal y normativamente, aportes fijos de la nación más un incremento de acuerdo con el salario mínimo. En esta perspectiva, se debe solicitar la modificación o el retiro del Proyecto de Ley 212 de 2018 de la Cámara de Representantes[1]. Del orden nacional: Congreso de la Republica, Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Sistema Universitario Estatal.
Reforma Constitucional Mediano y largo plazo Donde se incorpore el derecho a la educación superior en su justiciabilidad y fundamentabilidad como derecho fundamental, es decir de aplicación inmediata, renunciando a su carácter de derecho económico social y cultural de carácter progresivo. Gobierno Nacional, Congreso de la República.

 

  1. D.: La educación es la clave para las trasformaciones democráticas necesaria y urgentes de este país, de lo contrario seguiremos condenados a repetir y permitir la historia de los matarifes.

[1] Ver discusión y alcances de este proyecto en: https://www.revistahekatombe.com.co/por-que-las-universidades-deben-salir-a-las-calles/

La vida en el gobierno Duque sigue siendo masacrada en primavera

0

No sé cómo empezar a escribir esta columna. Cómo comprender un hecho violento en medio de la impotencia, la rabia y el dolor que éste produce. Cómo comprender que en Samaniego, Nariño, han masacrado a nueve jóvenes, que en Cali asesinaron a cinco niños y que su funeral fue amedrentado por una granada. Que en el mismo Nariño dos niños habían sido asesinados cuando iban a llevar su tarea al colegio debido a la falta de medios informáticos para su envío. Qué sentido cabe extraer de todo esto. Quiénes son los responsables. Qué es lo coyuntural, qué lo estructural. Por lo demás, este escrito apenas dará un brochazo general de lo que ha estado ocurriendo en Colombia en medio de uno de sus peores gobiernos de su historia reciente.

Siguen las masacres

Los hechos de violencia extrema están volviendo a ser usuales en el país, pero ahora en medio de la peor crisis económica de las últimas cinco décadas y tras dos años de un gobierno uribista que en vez de garantizar el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, simula y torpedea su implementación; a lo cual habría que sumar el mal manejo autoritario-asistencialista de la crisis por pandemia. El periodista Félix de Bedout compartió las frías cifras de este escenario de violencia apoyado en datos de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DD. HH en Colombia: sólo en 2019 se reportaron 36 masacres y, de momento, en este año han ocurrido 10. Aunque en realidad, de acuerdo con Semana, la Oficina de la ONU ha registrado 33 masacres en lo que va del año 2020

La crisis económica continúa explotando

Respecto a la estructura económica, el más reciente informe trimestral del DANE confirmó la alta caída del PIB colombiano que había sido anticipada por distintos análisis. En relación con el mismo segundo trimestre del año pasado, de acuerdo con el DANE, el PIB en Colombia cayó un 15.7 % en 2020. Pero, ¡oh, sorpresa! Mientras la gran mayoría de sectores de la economía se contrajeron, las «actividades financieras y de seguros» y las «actividades inmobiliarias» fueron los únicos que registraron ganancias. En otras palabras, los bancos siguen ganando a pesar de la pandemia y la continua destrucción de millones de empleos. Ya en un artículo pasado habíamos contado que, según Oxfam, 72 multimillonarios latinoamericanos se han enriquecido cada vez más en tiempos de pandemia, en tanto más de cincuenta millones de personas entrarían en la pobreza. Eso sí, el informe del DANE no cuenta cómo el narcotráfico trasnacional y local, combustible del actual conflicto social armado, también está circulando subterráneamente en la economía.

La larga cuarentena no ha contenido la pandemia

Pero si Colombia ocupa un lugar subordinado en la economía mundial capitalista y resiente los efectos de esta posición —pues sus márgenes de acción para mitigar la pandemia están reducidos sistémicamente—, parece que la gestión de la pandemia del gobierno Duque se ha esmerado por poner al país en lo más alto, pero en contra de su propia población. El confidencial de la Revista Semana reportó que Colombia actualmente ocupa el puesto 8 en número de infectados de Covid-19 y el puesto 12 en número de muertos; es decir, a nivel global Colombia es uno de los países más afectados por el nuevo coronavirus. La prolongación indefinida de la cuarentena ante la precarización de su sistema de salud no fue suficiente.

Reflexión final: Duque posibilita en el posacuerdo el caldo de cultivo de nuevas violencias sociales

El resultado de este coctel entre: a) una economía subordinada a los poderes capitalistas mundiales que resiente los efectos de la crisis por pandemia, b) un sistema político dominado por el bloque uribista de poder que simula y boicotea el Acuerdo de paz y se resiste a la participación política de nuevas fuerzas democráticas transformadoras y c) la disputa de actores armados por las altas tasas de ganancia del narcotráfico… es el aumento de la violencia política y social, que ya ha cobrado la vida de cientos de líderes/as sociales y excombatientes y ha condenado a la miseria o al estancamiento socioeconómico a millones de personas.

El Acuerdo Final de Paz —AFP— consistió en un paquete de reformas que, sin ser antisistémico, partió por reconocer el carácter político y estructural del conflicto social armado. Fue más allá de las políticas militaristas y de amnistía y desmovilización de actores violentos propias de la llamada Seguridad Democrática de Uribe y la «paz con legalidad» de Duque —remozada ahora con políticas distorsionadas del Acuerdo—. El AFP propuso la implementación de reformas para gestionar los problemas referentes a la desigualdad en la distribución de la tierra, la presencia del narcotráfico, las verdades del conflicto, la reparación a sus víctimas y el cierre del sistema político. Era un primer paso que había que dar como sociedad para que el conflicto social y político no siguiera tramitándose a través de la violencia extrema. Pero Duque, con su pose aparentemente moderada, aglutinó una nueva reacción contra estas fuerzas democráticas alternativas y una parte de la sociedad así decidió su elección. Aun así, el Acuerdo generó como efecto la expresión movilizadora de otras fuerzas sociales, como las del 21-N, que pedían masivamente cambios en el orden social vigente.

Decir algo más concreto sobre hechos violentos como los de Samaniego es prestarse a la especulación apresurada. Los asesinatos en masa son actos de poder para quienes todavía viven. Aleccionan, moralizan, pretenden constituir y preservar un orden social que está en continuo conflicto: el orden mafioso del capital del narcotráfico y otras formas de criminalidad. Muestra quiénes son los que ejercen el poder y aterrorizan. Y no es casualidad que los grandes mercados mundiales de drogas —como el de Estados Unidos y Europa— sean principalmente los de los centros del sistema mundial y periferias como la colombiana tengan que poner los muertos para que esa demanda trasnacional sea satisfecha. Tampoco es casualidad que grandes élites financieras y políticas colombianas participen, de una u otra forma, en la economía del narcotráfico. Las élites del uribismo, dados sus múltiples lazos con el narcoparamilitarismo, son una de ellas.

La vida en el gobierno Duque sigue siendo asesinada en primavera y la fuerza para detener las masacres en estas condiciones coyunturales no provendrá de la actual institucionalidad estatal. Es necesario romper el miedo y dar pie a la movilización social. La actual crisis sociopolítica y económica no da espera.

Convirtieron a la Universidad Pública en agencia de viajes

0

Mediante un informe entregado por el Ministerio de Educación en el año 2018, se dio a conocer que la educación superior en Colombia había aumentado su cobertura en la última década, pasando del 31 % de los bachilleres graduados en el 2007 al 51 % en el 2016, es decir, se pasó de 1.362.509 a 2.394.434 alumnos. Las cifras anteriores, si bien representan una mejoría en el acceso a la educación superior, también suponen una financiación de tipo nacional o estatal y una inversión autónoma por parte del aspirante.

Antes de pasar al planteamiento del problema hay que recordar el sentido que tiene la universidad pública, pues esta se entiende como un bien social que conviene a todos en la construcción de un proyecto de nación. Además, como bien público, se sabe que el Estado debe financiarla y se espera que el estudiante se forme como un individuo analítico que tenga una identidad como ciudadano y profesional colombiano, que posteriormente enfoque sus conocimientos en el país.

A la deserción causada por las diversas condiciones familiares o económicas de los estudiantes que no se pueden costear la carrera, hay que sumar que la mayoría de las universidades públicas están permitiendo que agencias con convenios en el exterior incentiven a estudiantes para ser ‘Au Pair’, término que traducido del francés significa ‘A la par’. Esta práctica apunta principalmente a mujeres entre los 18 y 27 años para que viajen a otros países a cuidar niños bajo el escudo de ser un intercambio estudiantil y con la excusa de aprender otro idioma. Los ofrecimientos para ser Au Pair suceden cada semestre en programas como el de licenciatura en lenguas extranjeras, turismo, hotelería, negocios internacionales o cualquiera que incluya como requisito de graduación el dominio de una segunda lengua.

Estos programas de intercambios que se encargan de captar jóvenes van a las universidades y es común ver cómo entregan volantes y cuelgan pendones en los corredores de los campus con el fin de promocionarse. La universidad permite que esto suceda sin realmente prestarle una atención adecuada, pues el hecho de que un estudiante abandone su carrera para ir a servir de ‘empleado doméstico’ en otro país no debería ser considerado como algo normal y aceptable. El proceso inicia cuando el estudiante después de haber cursado entre el 40 % y 50 % del plan de estudios, se inscribe en alguna de estas agencias que a su vez se ofrecen a tramitar de forma rápida la documentación necesaria y a contactar a la familia a donde enviarán al ‘estudiante’, si aún se puede llamar así.

Datos entregados por Migración Colombia a comienzos del año 2019 indicaban que alrededor de 5.600.000 colombianos vivían en el exterior. Si bien es incierta la cantidad de estudiantes que viajan anualmente con estos programas de intercambio, es posible pensar que la cifra dada por Migración Colombia continuará creciendo si los estudiantes siguen desertando para cuidar niños en el exterior. Expertos aseguran que la demanda de empleados domésticos en el primer mundo coincide con el incremento de las migraciones de países en vía de desarrollo auspiciado por el sueño de una vida mejor.

Si el problema inicialmente era que la gente decidía trabajar en otros países luego de estudiar una carrera en una universidad pública de Colombia, ahora es igual o aún más grave. El hecho de que haya estudiantes que se matriculen en universidades públicas para que luego de un par de años estén planeando irse del país con los aprendizajes que la institución les brindó no deja mucho que desear. La mayoría de las veces el nivel de dominio del idioma extranjero que exigen los programas de intercambio están entre intermedio y avanzado y los que aplican y logran viajar quedan en deuda con la universidad porque sin ella no hubieran podido alcanzar ese nivel durante ese periodo. Todo esto conlleva a un detrimento patrimonial en el presupuesto universitario porque los estudiantes que se van, muy pocas veces retornan y si lo hacen no retoman sus estudios. Es aquí donde se ve que utilizan a la universidad como agencia de viajes.

Es un desgaste de todo tipo y por donde se le quiera ver. La universidad pública no está graduando profesionales para lograr el objetivo que tiene por naturaleza, sino que por el contrario está enviando mano de obra para otros países mientras el nuestro se queda sin una comunidad académica. Todo esto se puede entender como una forma de esclavitud moderna. Los países destino tienen ciertos factores en común, tales como: hogares monoparentales, aumento de la demanda laboral femenina, envejecimiento de la población, entre otros. Tal parece que el cuidado de niños es un elemento que los países desarrollados están tomando de la mano de obra de los del tercer mundo con el fin de lucrarse.

Por otra parte, ser Au Pair genera ciertas incertidumbres ya que no se encasilla a la persona como estudiante, trabajador o emigrante. Por lo tanto, al no tener una base sólida sobre la cual plasmar condiciones tanto para la familia que contrata como para el estudiante que aplica a este programa, pueden llegar a presentarse situaciones de sobrecarga laboral. En este caso el término en sí sería un eufemismo para la explotación laboral femenina, además es fácil encontrar en YouTube videos de Au Pairs contando malas experiencias que pusieron en peligro su integridad.

Ahora bien, habrá personas que defiendan todo este accionar planteando que la situación por la que atraviesa Colombia y los países de la región latinoamericana da pocas esperanzas a los jóvenes en materia de estabilidad económica. Entonces se hace necesario ver detalladamente cuáles son los costos económicos que hay detrás de estos intercambios. Al principio, el costo del programa es de 4 millones aproximadamente (suponiendo que es Estados Unidos el país destino) en donde se incluyen tiquetes y una póliza de seguro. Adicional a esta cifra, el aspirante debe correr con los gastos de solicitud de visa, licencia internacional, pasaporte, chequeo médico, entre otros. Alcanzando un total que fácilmente puede ir de los seis a los diez millones de pesos.

Ante esto surgen muchos interrogantes como ¿Por qué no aprenden inglés, o el idioma que necesitan, en institutos privados? ¿Acaso usan el dinero público para prepararse e ir a ser empleados domésticos en el extranjero? ¿Ingresan a la universidad para que el papeleo les sea más fácil y luego poder hacer una vida en otro país? ¿Prefieren quitarle la oportunidad a alguien que sí quiere ser un ciudadano profesional? Si se tiene en cuenta que los aportes de la sociedad colombiana sostienen las universidades públicas ¿Cómo piensan retribuir a la sociedad ese hueco que dejan al desertar de una carrera universitaria?

Situaciones de estudiantes que desertan por ir tras estos trabajos o de los que se gradúan y posteriormente se radican en otro país dan cuenta de la falta de identidad nacional que existe en los jóvenes colombianos. En esta parte la universidad debería empezar a enmendar estos errores iniciando por cuestionar la idea de la globalización y la mercantilización del saber para proyectar una reestructuración del currículo. Por ejemplo, Jaime Garzón decía que el pensum de las carreras de humanidades debería ser el mismo que el de derecho y el de filosofía durante los primeros cuatro semestres para que al momento de llegar al quinto semestre, el estudiante pudiera tener elementos para decidir la profesión para su vida. Pues según él, en ocasiones el estudiante universitario llegaba a la mitad de la carrera sin conocer la realidad que atravesaba el país y ni siquiera era consciente de que no lo sabía.

Si se equilibran ambos extremos en los cuales los estudiantes se planteen un objetivo claro desde el principio y las universidades refuercen el sentido de pertenencia hacia el país, se gesta una mejor sociedad en la cual los egresados propendan a la construcción de un mundo justo con mejores posibilidades de bienestar para las generaciones venideras. Por consiguiente, también estarán al frente de cargos importantes personas que realmente saben y conocen de fondo lo que están administrando. Para no ir lejos, desde hace ya casi dos décadas Colombia no ha tenido un ministro de educación que sea educador y no economista, abogado, publicista, administrador público o periodista. Las personas que salen del país a dejar su conocimiento en otro lado son indispensables en el nuestro. Si se van los estudiantes y los egresados ¿Qué profesionales quedarán a cargo del país en el futuro?

Cuestionan respuesta del gobierno sobre las masacres de niños y jóvenes

0

16 de agosto de 2020. Los sectores democráticos amanecen conmocionados por el asesinato sistemático de niños y jóvenes en el país.

El gobernador de Nariño Jhon Rojas denunció que el sábado en el municipio de Samaniego, fueron asesinados nueve jóvenes y varios más quedaron heridos, sumándose esta masacre, al asesinato de cinco niños en Cali, que, según declaraciones de sus amigos, les habían invitado a recoger caña. El 10 fue anunciado que dos niños de 12 y 17 años fueron asesinados cuando llevaban sus tareas al colegio, en el corregimiento Santa Lucía en Nariño.

Ante estos hechos, Iván Duque no se pronunció en redes tras el asesinato de los niños que llevaban sus tareas en el Cauca, sobre los niños de Cali, en su cuenta de twitter manifestó:

Dando a entender que, por falta de emprendimiento y creatividad, fueron asesinados, desconociendo los problemas y dinámicas del país y la promesa de recoger caña con la que fueron a trabajar, situación que se asemeja al modus operandi de las ejecuciones extrajudiciales realizadas en el marco de la Seguridad Democrática y la Directiva Ministerial Secreta 029, que incentivó los falsos positivos al interior del ejército nacional de la mano con grupos paramilitares, durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Te interesa: Guía para entender qué pasa con los mal llamados falsos positivos.

Frente a la masacre en el departamento de Nariño, anunció la presencia del General Zapateiro, que fue ascendido recientemente en el Congreso de la República, con el aval de los partidos de gobierno y el rechazo de la bancada alternativa que manifestó, se trató de una votación ilegal, por vicios de procedimiento.

Por su parte, el Senador Gustavo Petro señaló la separación de poderes difusa que existe actualmente y el silencio cómplice del Congreso de la República ante el asesinato de niños y jóvenes de la última semana.

Además, invitó a Iván Duque a que actúe y asuma su rol como presidente frente a esta lamentable situación

Otras personalidades del espectro democrático también manifestaron su voz de rechazo ante las masacres y la ausencia de interés del gobierno nacional, de la Fiscalía y demás entes que deberían garantizar el derecho a la vida y proteger a las y los niños, tal como lo señala la concejala de Bogotá Heidy Sánchez.

Paro petrolero en el Meta por la defensa del patrimonio nacional

0

15 de agosto de 2020. Desde el 11 de agosto trabajadores de Ecopetrol, pertenecientes y a fines a la Subdirectiva Meta de la Unión Sindical Obrera, junto a comunidades del departamento, iniciaron un paro que fue suspendido el día de hoy por el inicio de una mesa de negociación, la acción de protesta estuvo acompañada de distintas manifestaciones pacíficas en al menos tres municipios.

Te interesa leer: Según denuncias, el proceso privatizador de Ecopetrol afecta la economía nacional y el trabajo digno de sus empleados.

Uno de los reclamos de este paro fue la derogatoria del acuerdo 811 expedido el 4 de junio de 2020 por el presidente Iván Duque y que abre la puerta a la enajenación de acciones de empresas donde el Estado tiene participación, así como la inyección de capital público a empresas privadas, amparado bajo el decreto de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el país. 

En contexto: Sobre el Decreto 811 que se aprovecha de la pandemia para vender Ecopetrol

Al respecto hablamos con Carlos Quintero, Dirigente Sindical de la USO Meta sobre el paro de los obreros petroleros en el departamento, poniendo énfasis en las razones y el alcance de la movilización:

Hk: ¿Por qué paran? 

Carlos Quintero: porque estamos en contra de la vulneración de los derechos humanos y de los derechos fundamentales de los trabajadores de la industria en época de pandemia. Igualmente por la defensa de Ecopetrol como patrimonio público; en solidaridad de nuestros compañeros que laboran en Cenit; en contra de la liquidación de Bioenergy y Bioenergy zona franca S.A.S; por la priorización de contratación de mano de obra local que garantice que los municipios de influencia no vayan a presentar problemas producto del desempleo; en contra de la sobrecarga laboral producto de la eliminación del cargo de conductor, responsabilidad que está siendo asignada a los trabajadores no obstante del desgaste que están presentando en sus jornadas laborales, les está siendo adjudicada la responsabilidad  de la vida y la integridad de esos compañeros al tener que generar los desplazamientos desde su lugar de trabajo hasta su viviendas de descanso y de sus viviendas de descanso hasta su lugar de trabajo; también por la derogación del decreto 811 donde el gobierno pretende enajenar las empresas públicas en las cuales tiene participación.

Hk: ¿En qué municipios los trabajadores entraron en paro?

Carlos Quintero: en los de incidencia por parte del sector de hidrocarburos y la Unión Sindical Obrera Subdirectiva Meta como lo son: Castilla la nueva, Guamal, Acacias, Villavicencio y el corregimiento de Pompeya.

Hk: ¿Es un paro que también tiene relación con las comunidades, cómo participarán las comunidades en el paro?

Carlos Quintero: claro que sí, debido a que las comunidades están asociadas a través de agremiaciones que venden su fuerza laboral a la industria para así mismo dinamizar la economía de los municipios de influencia. Cuando se vulnera el derecho a un trabajo digno con todas sus prestaciones sociales y todas sus afectaciones sociales que conlleva a esto. Adicional a esto las condiciones de una sana competencia para poder acceder a un contrato por parte de las empresas locales se están viendo afectadas, ya que no cuentan con la estructura de empresas multinacionales que son las que al final del ejercicio terminan acaparando el grueso de estos contratos, dejando rezagadas a nuestras empresas locales con opciones mínimas para poder seguir forjando su estabilidad laboral y económica.

Hk: ¿Por qué razones consideran que es necesario derogar el decreto 811?

Carlos Quintero: primero, porque es una medida arbitraria tomada por el gobierno nacional valiéndose del decreto del estado de emergencia económica, social y ecológica. Para proceder a enajenar empresas donde hay participación del estado como lo es ECOPETROL. Segundo, la importancia de Ecopetrol para la nación, debido a que el aporte promedio de 23 billones entre utilidades, regalías e impuestos que  aportan al fisco nacional, donde en este primer semestre y pese a las condiciones presentadas por la pandemia y que conllevó a las dinámicas de la caída abrupta de los precios de comercialización del crudo, las utilidades de este primer semestre de año en curso están en un promedio de $158.000.000 y un EBITDA de 7.3 billones (EBITDA es el beneficio bruto de la explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros y que determinan la capacidad de la empresa para generar beneficios). Con esto se demuestra que Ecopetrol sigue siendo una empresa con un muy buen margen de utilidad  para el país. 

Entonces es más que claro los aportes que hace Ecopetrol al presupuesto de la nación, donde el 30% de esos dividendos provienen de la filial de transporte Cenit, la cual hoy está en planes del gobierno nacional para su venta a un capital privado, por precios irrisorios y que el resultado de esta mala decisión se verá reflejada en los futuros ingresos y que por ende afectará a todo el pueblo colombiano.

Hk: ¿Qué mensaje le darían a los jóvenes que les lean sobre la importancia de protestar por garantías laborales y por la derogatoria del decreto?

Carlos Quintero: definitivamente las garantías laborales que ostentamos hoy en dia son producto de las luchas dadas en el pasado, y si permitimos que estas políticas represivas y regresivas sigan tomando fuerza, esto va a repercutir en gran parte no solamente en lo que compete al ámbito laboral, sino al que compete al ámbito educativo y al sector salud. Por eso vemos con beneplácito todos los esfuerzos que adelantan los estudiantes a lo largo y ancho del país tratando de garantizar que las entidades públicas no solo mantengan su nivel de educación, sino que sea de manera gratuita como debe ser.

También, extendemos nuestra voz de apoyo a los compañeros del área de salud, quienes hoy más  comprometidos que nunca se encuentran al pie del cañón sin recibir ninguna remuneración económica a cambio. Situación por la cual hacemos un llamado al gobierno nacional para que atienda y subsane las necesidades de estas áreas vitales para el desarrollo y el sostenimiento de nuestra economía. Por todo esto vemos que es necesario que los jóvenes tomen conciencia y validen la importancia del papel que tienen que desarrollar en el territorio nacional. Es de suma urgencia que sean ellos quienes tomen los liderazgos y se apoderen de los diferente espacios para así poder cambiar de una forma clara y contundente las riendas de este país y a su vez poder lograr superar todas estas condiciones adversas que hoy nos están azotando.

Ecopetrol no sería lo mismo sin su sindicato, la USO

0

Conocer la historia de la Unión Sindical Obrera (USO), es conocer la lucha por la nacionalización del petróleo; la mejora de las condiciones laborales; la defensa de la vida y la organización colectiva; la dignidad de las/los trabajadores y la defensa de la soberanía nacional.

La USO es un sindicato de trabajadores de la industria del petróleo, creado en 1923, que tuvo, como una de sus demandas iniciales la nacionalización del crudo y la mejora de las condiciones laborales, esto teniendo en cuenta que, la explotación y comercialización del petróleo colombiano, inicio en la primera década del siglo XX, en manos de la Tropical Oil Company, empresa norteamericana.

La Tropical Oil Company llegó a Colombia, dentro del marco de la expansión del capitalismo mundial y su base energética clave: el petróleo, éste fundamental para la consolidación del modelo productivo imperante, siendo el motor de combustión del coche, el avión, las armas de guerra y básico para varias cuestiones de la vida cotidiana, entrando a ser fundamental, el control de esta fuente energética para el control del mundo capitalista[1].

Es por esto por lo que, empresas de todos los países, empezaron a buscar las formas de controlar el petróleo mundial, y poder asegurar reservas más allá de las que se encontraban en sus propios territorios, encontrándose en esta contienda Estados Unidos y su empresa clave la Standard Oil Company. Esta empresa seria la misma que llegaría a Colombia como la Tropical Oil Company (TROCO).

La llegada de la TROCO a territorio colombiano y la llegada de Estados Unidos al control de las reservas de petróleo del país. Y será en este contexto, siendo el petróleo un recurso estratégico para el capital, que los trabajadores colombianos de la industria del petróleo tendrían como demanda fundamental la defensa del petróleo nacional.

¿Qué implicaciones tenía entonces, que el sindicato de trabajadores recién fundado, tuviera como principal demanda la nacionalización del petróleo? No era de esta forma una demanda pasajera, que implaría definitivamente toda una lucha histórica que empezó en 1923 y sigue hasta el día de hoy.

En primer lugar, esta demanda de nacionalización, acompañada de la lucha por la mejora en las condiciones laborales, se libraría con la TROCO y el mismo Estado colombiano que respaldaba esta empresa. La indignación surgirá por miles de motivos, entre los que se encuentran, las luchas por la ocupación y posesión del territorio para el dominio del subsuelo, los desalojos a campesinos, los atropellos a los trabajadores por parte del Estado y la empresa. Además de lógicas implantadas desde la llegada de la nueva empresa, dentro de la llamada economía de enclave, que implicaban acelerados ritmos de tiempo y de trabajo, inserción del trabajo asalariado, construcción de grandes obras de infraestructura, así, explotación intensiva de petróleo y de mano de obra.

Estas condiciones se verían plasmadas, en situaciones reales de trabajo de las que eran víctimas los obreros por parte de la Tropical Oil Company, como mal tratos constantes, pésimo estado de los campamentos, continuas enfermedades, inexistencia de un sistema de salud, mala calidad en la alimentación y sobre explotación laboral. Todo esto sumado, sería la causa de las nacientes demandas, por sacar a los explotadores del territorio, recuperar el petróleo para las y los colombianos y las exigencias de condiciones dignas de trabajo.

De esta forma, allí, de manera clandestina y con mucha valentía, el 12 de febrero de 1923 se daría la creación de la Sociedad Unión Obrera hoy Unión Sindical Obrera, como sindicato de la industria petrolera, en contra de la Tropical Oil Company, empresa gringa, que imponía condiciones laborales y de vida paupérrimas para los trabajadores colombianos. Y se fructuaria la posterior demanda «El petróleo es de Colombia y para los colombianos».

Esta consolidación fue todo un proceso y de esta forma vale la pena recordar, a los líderes que motivaron y ayudaron a consolidar esta causa, entre ellos Raúl Eduardo Mahecha, él fue uno de los que inició la labor de organización e impulso a los trabajadores, por medio de su periódico “Vanguardia Obrera”, además se dio a la tarea de organizar a los pobladores de la región, también le dio dignidad y autoestima al obrero colombiano y reivindicó el trabajo, tanto del obrero como del campesino en la lucha contra el imperialismo norteamericano.

Realizaba miles de oficios, como periodista, curandero, abogado, con el fin de acercarse a campesinos, obreros, comerciantes y motivarlos a luchar por sus derechos, denunciando las acciones de la TROCO y las condiciones de vida a las que los tenían sometidos, y señalando la complicidad del Estado colombiano con la empresa. Siendo fundamental su aporte para las luchas emergentes, de defensa de la soberanía nacional y dignificación de los trabajadores colombianos.

De todo esto se infiere que, dentro de la lucha por preservar la dignidad de los trabajadores colombianos, la USO entró a cumplir un papel fundamental y la manera por la cual se materializarían sus luchas, será con la realización de una serie de huelgas dentro del transcurso de toda su historia.

La primera de ellas se dará en 1924 es la que se destaca la reivindicación por la naciente demanda de los tres ochos, que simbolizaban la lucha por ocho horas de trabajo, ocho horas de estudio y ocho horas de descanso. En esta década los primeros sindicatos como la USO y las primeras organizaciones de izquierda del país, se aliarán en esta sola demanda histórica.

La segunda huelga de gran importancia será la realizada en 1948, esta huelga será primordial ya que, su demanda radicaba en la reversión de la Concesión de Mares, esta concesión era la que le permitía a la TROCO la explotación del petróleo colombiano. Así tenía como mayor exigencia la nacionalización del petróleo y la creación de una empresa estatal que se encargara de la extracción y comercialización del crudo. Siendo fundamental la ganancia de esta huelga y el papel de la USO para la posterior creación en 1951 de la Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL.

Cabe recordar, que la lucha por parte de este sindicato, para lograr sacar a la TROCO del país, fue influenciada y apoyada, por las demandas y posturas del gaitanismo, dentro de su bandera por la nacionalización del petróleo y la democratización de la economía. Siendo el movimiento nacionalista en que se hallan envueltos los trabajadores del petróleo, en su gran mayoría gaitanista.

Los vínculos entre el gaitanismo con los trabajadores, permitirá entender los hechos de poder popular, sucedidos en Barrancabermeja, —la huelga y la comuna—, en 1948, sucesos que estarán amparados y sustentados ideológica y políticamente desde esta postura política. Siendo esto fundamental para la consolidación del sindicalismo petrolero y el movimiento obrero en Colombia, sus luchas y sus ganancias.

De modo que, indudablemente fue el papel del sindicato el que ocasionó la nacionalización del crudo, la creación de una empresa nacional y la expulsión de la empresa norteamericana Tropical Oil Company. De manera semejante, sus luchas continuarán después de haber logrado la consolidación de la Empresa Colombiana de Petróleos, en 1951 y sus huelgas estarán volcadas a la defensa de la estatal petrolera frente a la política de las transnacionales.

Esto hay que analizarlo, dentro de la continuación del capitalismo mundial, donde sigue siendo fundamental el control y el manejo de los yacimientos de petróleo y su refinamiento, como piedra angular del poder mundial. Por lo cual, la lucha por la defensa del patrimonio nacional, y más aún petrolero, seguirá siendo una constante y seguirá estando liderada por la USO.

De manera que, las huelgas a partir de la fundación de Ecopetrol, serán por la defensa y el fortalecimiento de la empresa, ya que, el Estado nunca ha querido dotar y consolidar a ECOPETROL, como lo que es, una empresa de valor estratégico. A su vez, las luchas por el mejoramiento de las condiciones laborales y defensa de la convención colectiva, que es la que dictamina los derechos sindicales y normas para la estabilidad social y económica de los trabajadores.

De esta forma, las huelgas que se dieron en tiempos de Ecopetrol, serán la huelga de 1963, desde el 19 de julio hasta el 30 de agosto, cuarenta y tres días luchando, por estas demandas. Posteriormente, vendrá la huelga de 1977 que tendrá mucha importancia, al unirse con el paro cívico nacional, y entroncarse la rebeldía de los trabajadores petroleros, con la de la población civil.

De esta huelga, cabe subrayar que se logró englobar reivindicaciones laborales y de defensa de la industria nacional, con exigencias en materia de vivienda, educación, servicios y salud, teniendo así el apoyo de varios sectores sociales. Y que alcanzó niveles muy altos de organización, esto debido a que la fuerte represión estatal, con actitud militarista, obligo a crear nuevas formas asamblearias y de participación, dentro de la población de Barrancabermeja, participe de la huelga y del paro. Llegando a desarrollarse las asambleas en espacios como las iglesias y los cines, con la excusa de la misa y la película, se podían reunir y tomar decisiones.[2]

Finalmente, la huelga de 1977 logró que Ecopetrol se viera obligado a reconocer públicamente las violaciones a la Convención Colectiva de Trabajo y a comprometerse a respetarla; a emplear a personal médico, agilizando la construcción de Zona Hospitalaria y a frenar la firma del Contrato para entregar la Planta de Polietileno a la Dow Chemical.[3]

Después, en la década de los 90, el sindicato tendrá que enfrentar el fortalecimiento paramilitar de fin de siglo, donde tendrá lugar una arremetida, que buscaba “acabar con todo dirigente sindical, calificado como subversivo” esto afectará directamente a la USO y a todos los sindicalistas, que defendían la autonomía de Ecopetrol y los recursos del país.

Cabe recordar, que la histórica del control del petróleo a nivel mundial, ha estado acompañada, de distintas acciones en relación con la guerra, la muerte y la tortura, a su vez que, de intervención por parte de grupos paramilitares, no aislados estos procesos de lograr la invasión e intervención en los territorios y poder controlar las economías y los recursos minerales o energéticos. “Lucha encaminada a apropiarse de recursos esenciales para el capitalismo, nacional y transnacional” [4]

Como resultado lastimosamente, se encontrarán las amenazas y un alto número de asesinatos por parte de paramilitares, a activistas, militantes o dirigentes vinculados a la USO. La toma del puerto petrolero a mano de paramilitares en el año 2000, y un sin número de violencias y represiones más ejercidas contra el movimiento sindical. Estas acciones tenían una intención estratégica y deliberada en contra del sindicato, relacionado con las luchas por la defensa de la soberanía nacional y los derechos laborales, manifestadas en paros, huelgas, negociones y organizaciones sindicalizadas.

Para terminar, las luchas que ha dado la USO en las últimas décadas, estarán relacionadas con la arremetida neoliberal y privatizadora, de los distintos gobiernos de turno, la más fuerte, la huelga de 2004, con el intento privatizador de Ecopetrol con el decreto 1760, que buscaba reducir el papel de la empresa colombiana y favorecer la inversión y explotación extranjera. Y que tuvo como reivindicaciones el manejo soberano de los hidrocarburos, la derogación del decreto 1760, la creación de una política petrolera, la defensa de la contratación colectiva y la organización de los trabajadores.

En conclusión, definitivamente ha sido toda una lucha histórica, que hasta el día de hoy sigue en pie, hoy en contra del decreto 811 y la no venta de lo público, pero que hemos ganado históricamente, y esto no se debe olvidar, y que claro después de tantas luchas ya ganadas hay que seguir con la defensa de la nacionalización del petróleo y la democratización de la economía. Y claramente la mayor conclusión Ecopetrol no sería lo mismo, sin su sindicato la USO.

[1] Vega, R. Gente muy rebelde.

[2] Protestar, organizar y festejar. La resistencia obrera en Barrancabermeja y la huelga petrolera de 1977. Helwar Hernando Figueroa Salamanca y Daniel Orlando Ramírez Galvis.

[3] “Comunicado del Comité Nacional de Huelga”, 29 de octubre de 1977

[4] Violencia y Trabajadores del Petróleo. Renan Vega,2009