Buscar
Inicio Blog Página 63

¿Perdón y reconciliación?

Por
Suramerican Rocker
-
1

Para el domingo 13 de septiembre, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, convocó una jornada de Perdón y Reconciliación luego de las jornadas de protesta contra la brutalidad policial, motivadas por el asesinato del abogado Javier Ordóñez, perpetrado por un grupo de agentes en un barrio de la localidad de Engativá. La indignación de la ciudadanía estuvo dirigida hacia la destrucción de CAI’s [Comando de Acción Inmediata] envueltos en escándalos de microtráfico, tortura, violaciones y otros delitos.

La respuesta de la fuerza pública ante las protestas contra la brutalidad policial, fue la brutalidad policial: cientos de personas desarmadas heridas de gravedad, 13 personas asesinadas y tres mujeres abusadas sexualmente en el CAI de San Diego en el centro de la ciudad. Una respuesta autoritaria y delictiva amparada en la legitimidad otorgada por el último código de policía que dio mayor poder a la fuerza pública, ya de por sí peligrosa para la democracia por su carácter militarizado.

Sintiéndome plenamente recogido en el contenido del artículo Yo no rodeo a Claudia, yo rodeo la democracia, quiero agregar lo siguiente sobre la jornada de “Perdón y Reconciliación” convocada por la alcaldía. No sin antes cuestionar primero, el firme respaldo hecho por el gobierno nacional a la Fuerza Pública, resaltando su supuesta “gallardía” y mostrando reticencia, tanto a la expulsión de la cúpula policial, —era de esperarse—, como al inicio de una reforma que sustituya la doctrina militarizada de la institución, que signifique el inicio a un tránsito como real fuerza civil, que dependa del Ministerio del Interior o de Justicia, y que sea juzgada por la justicia ordinaria.

Y segundo, la matriz noticiosa de la prensa corporativa, sobre la base de un informe de inteligencia policial que contiene básicamente el relato de guerra fría y ha venido construyendo el partido de gobierno Centro Democrático, sobre una supuesta conspiración nacional e internacional, descartando de tajo las razones objetivas de la protesta, para una vez más exaltar un enemigo “de izquierda extremista” —que para unos casos está acabado y para otros es omnipresente y poderoso—, al que se le adjudica la organización de la indignación popular. Esta matriz mediática construye noticias que apuntan a validar socialmente las prácticas delincuenciales de la Fuerza Pública y la omisión del poder ejecutivo.

El llamado al perdón de los victimarios no es nuevo. Su potencial sanador del dolor psicosocial ha sido usado de forma oportunista por el poder en distintas oportunidades. En los gobiernos post dictadura del cono sur, fue utilizado como un mecanismo pacificador para conseguir la impunidad de quienes torturaron, asesinaron y desaparecieron desde el Estado. Igual pasó en conflictos como los de Guatemala y Salvador, en donde los partidos afines al establecimiento llamaban a perdonar para evadir la verdad y la justicia exigida por las víctimas de los crímenes perpetrados por fuerzas estatales y paraestatales.

Es así que la literatura psicosocial reciente sostiene que el potencial sanador del perdón, necesita a grandes rasgos dos requisitos: de un lado, la verdad toda sobre los delitos, las cadenas de mando, los autores intelectuales y los financiadores, sumado a la justicia ordinaria o restaurativa sobre los hechos cometidos en función de la dimensión del crimen, así como un contexto político de voluntad para el inicio e implantación de grandes reformas sociales que conllevan a superar en algún grado los generadores de la violencia estructural, en términos de democratización y justicia social. Y de otro lado, la disposición de las víctimas a perdonar, sin que el perdón sea una obligación ni una coacción. Solo estos dos requisitos pueden abrir un camino para la reconciliación.

Es en este sentido que el llamado a una jornada al perdón y reconciliación parece encubrir un llamado institucional a la pacificación en un contexto de impunidad, para descargar las responsabilidades políticas o las tomas de posición desde el gobierno local, que puedan implicar los delitos cometidos por la fuerza pública.

El llamado al perdón y la reconciliación lo hizo Claudia López amparada en unas líneas argumentativas hechas en un live, ya analizadas extensamente en el artículo que cité líneas arriba: Yo no rodeo a Claudia, yo rodeo la democracia. Del mensaje se puede extraer un elemento general: la presunción de los delitos de la policía registrados en vídeos y en fotografías, y la criminalización del ataque a la infraestructura, más específicamente a los CAI’s, llevada a cabo por la ciudadanía indignada.

Para el centro político, sector al que pertenece el gobierno de Bogotá —y para cierto pacifismo— toda la violencia es igual, es equivalente el ataque a una infraestructura por parte de la ciudadanía que sufre en carne propia el peso de la injusticia y el autoritarismo institucional, y el despojo de la vida por parte de una fuerza que integra el marco institucional y que es expresión de esa injusticia y ese autoritarismo institucional.

Es equivalente el daño de una piedra y el daño de una bala.

De esta forma, se puede hacer un llamado hacia la reconciliación de dos “grupos iguales”, 1. la ciudadanía indignada y desarmada, frente a 2. un actor institucional, investido de un mandato constitucional, a saber, la protección de la vida de la ciudadanía [en una perspectiva teórica sabemos que la emergencia de la Fuerza Pública tuvo como funciones el disciplinamiento y vigilancia de la sociedad, así como la protección de la propiedad privada de los sectores privilegiados, pero es tema de otro artículo].

Es un infantilismo izquierdista poner como expresión de una misma cosa al fascismo con el centro, como tienden a hacer sectores para impugnar políticamente a esta expresión de la topografía política. Pero creer ciegamente en el marketing postpolítico del centro, esto es, el desarrollo de puestas en escena públicas que tienen propósitos publicitarios de cara a la próxima campaña electoral, desde una concepción de la política que suprime forzosamente la conflictividad social —cosa distinta del conflicto armado— dada por la pluralidad de lo social, para estar más a tono con la lógica contemporánea del mercado de consumidores pasivos, antes que con las demandas democráticas, así como con su autoritarismo manifiesto en discursos y prácticas explícitas con la satanización de la protesta hecha en otras oportunidades pero encubierta por la dinámica pendular de sus posiciones en función de lo que esté mejor visto en la opinión pública, es completamente ingenuo.

El llamado a perdón y reconciliación es una afrenta para la ciudadanía indignada por el accionar cuestionable de la fuerza pública. Es una solicitud que no considera la falta de voluntad del gobierno nacional ni de la Fuerza Pública, que ni siquiera han tomado medidas frente a los 637 homicidios denunciados por la ONG Temblores, ejecutados por la fuerzas coercitivas estatales solo entre 2017 y 2019. Es un llamado que en las actuales circunstancias solo busca el disciplinamiento de la protesta social de cara a la supresión de la movilización, y es un mecanismo que pretende desactivar la fuerza ciudadana que exija en las calles, y porque no, en asambleas populares, la renuncia del ministro de defensa, la expulsión de la cúpula policial, y el avance hacia la demanda por una reforma seria de la Fuerza Pública en su totalidad.

Desde una vela en las casas, y con el sonido de una cacerola, la impunidad y la falta de verdad solo se reirá de la ciudadanía.

Violencia Sexual desde agentes del Estado; ¿Cómo vamos a arreglar?

Por
Emma Avila Garavito
-
1

Cuándo Sandra Guzmán ingresó al baño de la Estación de Policía Germania, encontró a su hija Sandra Catalina Vásquez de 9 años, violada y estrangulada. Habían pasado apenas veinte minutos desde que la pequeña entró a buscar a su padre quien trabajaba allí, sin saber que en manos de otro agente de policía encontraría a su violador y asesino. Este relato es el de una noticia que hace 27 años sorprendió al país, y que durante años fue recordada y narrada a muchas niñas que crecimos en esa década, con el temor más grande de caer en manos de un monstruo de estos.

Desafortunadamente, este tipo de noticias ya ni siquiera son una sorpresa; la violencia se ha normalizado tanto en nuestro país, que ninguna noticia de este tipo nos sorprende: contamos ya más de 1.000 líderes sociales asesinados, muchos de ellos por buscar garantizar la implementación de los Acuerdo de Paz firmado en La Habana; o por buscar la titulación de sus tierras, esas de las cuales fueron desplazados; o liderar los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito para buscar sembrar alimentos; o por defender los territorios de la explotación de minería ilegal y otras economías criminales.

Solo durante el 2020 se han presentado cerca de 55 masacres en las cuales han sido asesinados 218 personas, cifra que no se veía desde el periodo 2000 – 2004. Y aunque las causas que se han identificado están relacionadas con la disputa territorial de las rutas del narcotráfico y la reacomodación de los actores armados en el territorio, desde ONU Colombia se ha hecho un llamado al gobierno para que se tomen las «acciones necesarias para eliminar esa violencia y no escatimar esfuerzos en investigaciones y judicializaciones de quienes atentan contra las garantías de seguridad de las comunidades«.

Pese a esto, las masacres, persecuciones y asesinatos selectivos, se mantienen en las zonas que históricamente han sido más afectadas por el conflicto armado y en cuyos territorios la violencia se recrudeció después de la tensa calma que se respiraba mientras se realizaba el Proceso de Paz. Esa violencia estructural de Colombia que obedece a las profundas desigualdades sociales, económicas y políticas que se evidencian entre los ricos y pobres, entre los mestizos y las comunidades étnicas, entre las ciudades y el campo, etc., han servido de caldo de cultivo para el estallido social que hemos visto en los últimos días, en donde producto del asesinato de un ciudadano al interior de un CAI de la policía, se produjo una protesta que a la fecha deja como saldo 10 personas asesinadas, cientos de heridos y todo tipo de vulneración de los derechos humanos por parte de agentes del Estado.

Precisamente en el marco de esta ola de violencia, la noche del viernes 10 de septiembre se conoció de la agresión a tres mujeres quienes bajo la frase “¿cómo vamos a arreglar?” fueron detenidas, abusadas y sobornadas por dos agentes de policía con la complicidad de una patrullera, esta vez en el CAI de San Diego. De nuevo aparece la historia que no es para nada desconocida sobre las violencias sexuales y de género por agentes de la fuerza pública del Estado, tal y como sucedió en el mes de febrero en Bogotá cuando un policía de la estación de Los Mártires violó a una mujer al interior de un bus de la institución. O como sucedió en Cali en el mes de abril en donde otro agente de la policía detuvo a una mujer por incumplir el aislamiento obligatorio, la llevó al CAI cercano al centro comercial Jardín Plaza y allí también abusó sexualmente de ella. O la menor violada en el mes de mayo al interior de una patrulla por un policía adscrito al CAI de Juan Rey, localidad de San Cristóbal Sur. Y como sucedió también con la niña Nukak Makú del Guaviare quien presuntamente fue violada por soldados del ejército hace un año en un caso que aún no se resuelve; un caso muy cercano a el de la niña Emberá que fue violada por 7 soldados en junio de este mismo año.

Desafortunadamente estos son algunos de los hechos que se han denunciado y visibilizado en una práctica que tiene tanta historia como el mismo conflicto armado colombiano y que ha dejado cientos o quizás miles de víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto sin la fuerza siquiera de alzar la voz para denunciar esos hechos atroces procedentes de todos los grupos armados; o peor aún, que al denunciar son re victimizadas por las instituciones del Estado que no respaldan ni siquiera a las mujeres que pertenecen a las fuerzas armadas del Estado y quienes padecen, desde dentro de las mismas, toda clase de acosos, humillaciones y abusos, como sucedió con la Teniente de la policía violada por el Capitán quien era su superior en la cadena de mando en diciembre de 2018.

Aunque el gobierno nacional se ha empeñado en señalar que todas estas prácticas son hechos aislados (como los asesinatos a líderes sociales y las masacres), no cabe duda que estas violaciones son recurrentes y obedecen a dos elementos fundamentales: por una parte, la falta de formación en el respeto a la vida digna, el cumplimiento a los derechos humanos y al Derecho internacional Humanitario al interior de estas instituciones; por otra parte, obedece a la impunidad sobre estos hechos. Un ejemplo claro de esto, es que al policía Diego Fernando Valencia Blandón violador y asesino de la niña Sandra Catalina, después de haber sido sentenciado a 45 años de cárcel tan sólo estuvo 10 años preso debido a su “buen comportamiento y a los estudios adelantados en la cárcel”.

Con todo esto, no cabe duda que se requiere no solo una reforma estructural de la policía de y todas las fuerzas armadas del Estado, sino el cumplimiento a los Acuerdos de Paz para garantizar que en los territorios cese la violencia. El respeto a los derechos humanos es una exigencia para todas las personas y aún más para las fuerzas que son pagadas con nuestros impuestos y que, como servidores públicos, deben obedecer a los mandatos de la democracia, la Constitución y la ciudadanía. En este momento que la ciudad sigue manifestándose en contra de los abusos y la brutalidad policial, es más vigente que nunca este fragmento del poema en honor a Sandra Catalina, titulado “Un jardín para la siempreviva” que acompaña una placa en su honor allí en el parque de Germania:

“Hoy en un rincón de tu ciudad,

en esta colmena humana que ha crecido

al ritmo doloroso de tu ausencia,

hemos poblado un pequeño rincón

con flores que son como tú, ‘Siemprevivas’,

con setos que esparcen la flor ‘Parasiempre’,

sembradas en el país del ‘nuncamás’”.

Porque la vida y la dignidad se respetan: manifiesto de un 9 de septiembre insurrecto

Por
Paola Lancheros Martínez
-
0

Soy de las que cree que la violencia nos ha condenado a siglos de muerte y dolor, que otras formas de construir país son posibles, que la superación de la historia sangrienta y dolorosa es necesaria para Colombia. Pero ¿Qué pasa cuando la protesta pacífica ya no es suficiente? ¿qué pasa cuando el Estado se acostumbra a esta serenidad y no hace nada para cambiar la realidad social? ¿quién o quiénes son los que velan por la justicia? ¿qué impacto tiene los abrazatones y las protestas con flores si el abuso descomunal es cada vez es más evidente?

En diferentes redes sociales he visto la indignación de aquellos ciudadanos que están a favor de estas instituciones militares y me cuestionó, exigen respeto como familiares o simpatizantes de estos personajes, pero ¿cómo autoridad ellos respetan la vida y la dignidad humana? ¿No se supone que estos mantienen el ejercicio de los derechos y libertades públicas de todos los colombianxs? ¿No se supone que estas instituciones deben proteger a todxs los ciudadanos y residentes en nuestro país? ¿No deben velar por la convivencia y la paz? ¿Y entonces la coherencia para cuándo?

El exceso de poder que los gobiernos de turno en el mundo le han dado a estas instituciones militares han hecho que a nivel colectivo se naturalice las violaciones y agresiones hacia mujeres trans, cisgénero, niñas y adolescentes, hombres, campesinos, jóvenes, indígenas, comunidades negras , al igual que la tortura y las muertes violentas, porque esta realidad nos está develando cuales cuerpos importan y cuáles no, que vidas hay que salvar y cuáles no, demostrando además que dentro de estas fuerzas armadas existe un problema a estructural, donde la formación en derechos humanos, la formación constitucional(sobre todo en derechos fundamentales), el poder y su uso, el replanteamiento a un código de policía que ratifica la violencia, la des- naturalización de la corrupción, la formación en género, son algunos de los temas que evitarían situaciones tan lamentables que terminen en sufrimiento, dolor y sangre, asimismo se hace necesario la reforma a la hora de la judicialización de estos personajes en su uso ilegitimo del poder, que no sea una destitución o simplemente un reacomodamiento en un cargo “menor” dentro de las instituciones.

Lo que pasó a nivel nacional el 9, 10, y 11 de septiembre del presente año, es solo una respuesta de indignación y al repudio en contra de la corrupción, de la complicidad del Estado colombiano contra tan “honorable” institución, ese mismo estado opresor que desea mantener el status quo a como dé lugar, porque recuerden que cambiar la realidad, es sacar de los lugares de privilegio a todos esos que se benefician económica y políticamente de mantener ese orden social.  La mayoría del pueblo colombiano nos hemos cansado de situaciones de desigualdad, de injusticia y de muerte, nos hemos cansado a respuestas tibias y procesos archivados, olvidados o desviados para que la impunidad siga siendo una constante, mientras los desmanes aumentan de manera alarmante y al final los muertos siempre los ponemos nosotros.

En ese orden de ideas, como colombianas y colombianos es momento de un despertar, de una toma de conciencia colectiva que no nos dure unas semanas o unos meses hasta que se vea otra violación, tortura o muerte, es tiempo de desmitificar que no son solo manzanas podridas las que dañan o hacen quedar mal a las tan honorables e intocables fuerzas militares, sino que aquí  se  está legitimando el asesinato cual banda criminal con licencia para matar, decidiendo como si fueran seres supremos, quien vive o quien muere, como también en que cuerpo puedo saciar mi placer, mi violencia, equivalente a una dominación total del ser. En el caso de la judicialización de ser manejada por instituciones como la procuraduría y no por la justicia penal militar, que busca la absolución de dichos delitos.

Es momento de salir del miedo, ese mismo que nos instalan y con el cual nos controlan y nos siguen controlando, es tiempo de construir instituciones que tenga como eje primordial la vida en todas sus formas, como también formas de mundo cada vez más incluyentes y pensadas  para todas y todos, asimismo de replantearnos sistemas-mundo obsoletos desde mecanismos de participación ciudadanos nuevos y más sentidos, de superar viejas formas de ver la vida y el país, dejando caer lo que tenga que ser derrumbado.

A Dilán Cruz, a Dubán Álvarez, a la niña emberá, a Anderson Arboleda, a Alejandra Monocuco, a don Ernesto Novoa, a Andrés Felipe Rodríguez, Julieth Ramírez Mesa, Jaider Alexander Fonseca, Fredy Alexander Mahecha, Germán Puentes, Julián Mauricio Gónzalez, Angie Paola Baquero, Lorwan Estiben Mendoza, Gabriel Estrada Espinoza, a Javier Ordoñez y a las decenas de personas que han sido violentadas, abusadas sexualmente y a las que han perdido la vida por los supuestos héroes de la patria, nunca las olvidamos ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!

Culpar a Petro para encubrir la violencia del sistema

Por
Camilo David Cárdenas Barreto
-
0

El 9 de septiembre Bogotá comenzó a vivir el estallido social más intenso desde los tiempos del 21-N. El cruel asesinato contra el estudiante de Derecho Javier Ordóñez a manos de policías del CAI de Villa Luz detonó espontáneamente una bomba social que ya venía explotando coyunturalmente desde 2019 y que en otros espacios habíamos interpretado como expresión de una crisis global del sistema capitalista en el plano mundial y de la hegemonía uribista en el plano nacional. Pero a la Revista Semana, en consonancia con las matrices ideológicas del uribismo, se le ocurrió decir que una de las causas ocultas era Petro.

Un panorama del 9-S

Las medidas excepcionales para afrontar la crisis por pandemia paralizaron las posibilidades de nuevas explosiones sociales, al tiempo que agudizaron las desigualdades y exclusiones del capitalismo dependiente colombiano. Eso no significa que durante la larga cuarentena no hubiera habido manifestaciones —más localizadas— contra el hambre o a favor de la reapertura del comercio, o que no hubiera existido una movilización de carácter nacional con la Marcha por la Dignidad para rechazar la ola de asesinatos contra excombatientes de FARC y líderes/as sociales. Pero tales intentos no contaron con los niveles de movilización y agitación social del 21-N. Por su parte, el Black Lives Matter estadounidense quedó en la retina de una parte de Colombia y mostró que protestar masivamente en tiempos de pandemia era posible, pero no desató en lo inmediato un efecto contagio.

No es casualidad, pues, que la nueva explosión social del 9-S que detonó el asesinato contra Ordóñez se haya dado de forma espontánea luego del fin de la cuarentena en Bogotá a medida que se difundían en medios las imágenes de él pidiendo a los policías que «por favor» no lo torturaran más. Distintos CAI de la ciudad fueron atacados o incendiados de forma espontánea en horas de la tarde y de la noche. Alrededor de 50 CAI quedaron destruidos el 9 de septiembre. En definitiva, el 9-S desarrolló de manera violenta la lucha de clases masiva y callejera —puesta entre paréntesis por el régimen estatal—, pero enfocándose contra la brutalidad policial.

En la confrontación político-bélica del 9-S y del 10-S hubo centenares de heridos y no menos de diez muertos civiles en Bogotá y Soacha por armas de fuego. Los principales afectados fueron los manifestantes provenientes de las clases populares, quienes no disponían de los medios de coerción de la policía y tuvieron que afrontar esa asimetría con gritos de indignación, barricadas y quemas. En tales condiciones, su violencia fue de la resistencia —como la ocurrida en el 21-N—, diferente en su naturaleza a la violencia insurreccional de las guerrillas. Sobre los distintos tipos de violencia política, ver el artículo de Pilar Calveiro titulado: «Acerca de la difícil relación entre violencia y resistencia».

Así pues, la violencia del 9-S no pretendió tomarse el Estado a través de una insurrección general, sino actuar directamente contra la policía nacional, la cual de modo constante excede sus límites liberal-constitucionales, actúa bajo doctrinas de seguridad nacional y da tratamiento militar a los conflictos sociales, a pesar de que debería ser un cuerpo armado de carácter civil. Esta policía militarizada, adscrita al Ministerio de Defensa, tiende a considerar que los manifestantes son enemigos y, en tiempos de dominación uribista, se siente más empoderada para golpearlos o torturarlos, tal y como ocurrió en el 21-N. La ONG Temblores denunció un caso de abuso sexual ocurrida el 10-S en contra tres mujeres en un CAI.

Este ejercicio de extrema violencia no consiste en simples «errores» o «desviaciones», sino en acciones —legitimadas pasiva o activamente por una parte de la sociedad— encaminadas a mantener el orden social vigente a través del terror cuando la hegemonía entre sectores de las clases subalternas comienza a decaer. Ya los chulavitas del Partido Conservador habían desempeñado a mediados del siglo XX estas funciones de policía para reprimir y asesinar liberales y, en general, cualquier tipo de oposición.

Lo irónico de esta situación es que los niveles de violencia de la policía colombiana son de tal magnitud que llega a torturar y a asesinar a golpes a un ciudadano como Javier Ordóñez dentro de un CAI, quien ni siquiera era en ese momento políticamente incómodo para el establecimiento. El más mínimo desafío a la autoridad policial es visto como una afrenta que se castiga con la brutalidad, dados sus graves problemas para legitimarse.

Petro: el clásico enemigo socialmente construido

Este complejo estado de cosas, en vez de suscitar reflexiones sobre la violencia estructural que lo produce, es aprovechado por algunos medios de comunicación para buscar responsables políticos individuales. La esquizoide Revista Semana es un buen ejemplo de esta matriz mediática y ha elaborado reportajes, coherentes con la retórica uribista, que, con distintos matices, buscan responsabilizar a Petro de causar o alentar el estallido social violento. Culpar a Petro de la violencia social es efectivo para encubrir la violencia del sistema. Es el enemigo socialmente construido por excelencia que unifica al bloque de poder uribista en su cruzada imaginaria contra el castrochavismo y pone a la defensiva a sectores del llamado «centro» temerosos de cambios antisistémicos que Petro realmente no representa.

Ya decía María Jimena Duzán en su columna «Uribe, el fascista» días antes del 9-S que: «Nos asustaron con el castrochavismo, pero lo que nos llegó fue el fascismo». Tiene mucho sentido hablar de fascismo, al menos como analogía para hacer referencia a un régimen capitalista de excepción que está primando en Colombia.

En un video de Semana intitulado «Las causas ocultas de la protesta» el medio hace un recuento superficial de las principales causas del «caos» del 9-S. En resumen, las causas ocultas son: 1) brutalidad policial; 2) indignación ciudadana azuzada por el oportunismo político de Gustavo Petro, senador que incita a la violencia; 3) falta de liderazgo del director de la Policía; 4) falta de pie de fuerza —que lleva a que los policías tengan más posibilidades de estrés debido a las altas jornadas de trabajo—; 5) dificultades en el reclutamiento de más policías; 6) la presencia de organizaciones criminales y de anarquistas que alientan la violencia contra la policía; 7) fractura de mando entre policía y gobierno distrital —el video no habló de cómo la brutalidad policial se autonomizó del mando distrital, probablemente por directrices nacionales—; y 8) inconformidad de jóvenes de clase media a raíz de su situación socioeconómica, la cual se había detonado en el 21-N pero fue suspendida por la pandemia —Semana asume que la gran conversación nacional que convocó Duque para aplacar las protestas falló por la crisis por pandemia y no por su política de simulación de la negociación, por la cual ya para el 25 marzo de 2020 estaba previsto un nuevo paro nacional—.

En general, según Semana el problema reside en fallas de funcionamiento de las instituciones estatales que no pueden contener la violencia social e incitan a la brutalidad policial y en el oportunismo de Petro. Muy poco se comentan los problemas del sistema económico y del sistema político. La violencia barrial y popular desde esta visión es criminalizada y se desconoce su carácter político-resistente. A duras penas, y como una causa más, se mencionó al 21-N y los problemas de desempleo juvenil en capas medias —la violencia estructural que viven las clases populares no merece ninguna atención—. La agencia política de quienes destruyeron los CAI es eliminada de tajo: todo se trata de conspiraciones organizadas por criminales y anarquistas, de infiltraciones en el movimiento popular y barrial, de políticos que azuzan la violencia. Semana tampoco menciona la peligrosa concentración del poder estatal que está emprendiendo el gobierno Duque advertida por Transparencia Internacional, el trasfondo del conflicto social armado que no termina o la simulación de la implementación del Acuerdo Final de Paz.

A Semana no se le ocurre que el 9-S se haya detonado espontáneamente, desde luego, a partir del trasfondo histórico de luchas del 21-N y redes de información y solidaridad previas.

A Semana no se le ocurre que el problema pueda ser sistémico.

Pocos días después, a pesar de explícitamente haber señalado a Petro de ser una de las causas ocultas del estallido social, Semana recula en Twitter y sostiene que: «Petro no es el responsable del incendio social que se prendió esta semana, pero sí le está echando gasolina». ¿Al fin qué? Tal contradicción muestra que Semana no está interpretando los hechos sociales, sino disfrazando su militancia antipetrista de noticia informada. Oculta así las causas estructurales del «caos». Para Semana fue mejor abandonar el análisis social y dar nombre al enemigo social que Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo no nombran directamente y gritar al unísono con el uribismo: ¡culpa de Petro!

No se puede desconocer que Petro intenta capitalizar las recientes protestas, pero él no las produjo ni es su pretensión política incitar a más violencia. Quien desde la confortable prisión de El Ubérrimo insiste en la militarización y en dar tratamiento de amigo-enemigo a la protesta social es Álvaro Uribe. El interés de Petro es más bien canalizar y conducir ese inconformismo violento en un movimiento pacífico y democrático de masas que lo catapulte a la presidencia en 2022. La diferencia es que Petro reconoce la naturaleza política de esa violencia resistente y no ve meros «vándalos» ni meros «disturbios».

El programa de Petro no es antisistémico y lo ha dicho insistentemente, pues lo que quiere es hacer más productivo el capitalismo colombiano bajo otro régimen de acumulación: el de un Estado que interviene más en la economía. Su objetivo es disminuir una violencia potencialmente antisistémica y reconfigurar el statu quo político sin alterar radicalmente la estructura de dominación de clases vigente. Pero el potencial antisistémico de una nueva correlación de fuerzas liderada por Petro es un campo en tensión y disputa. En todo caso, hay que recordar cómo en Bogotá Gustavo Petro se ufanaba de la subida de las acciones de ETB o incluso proponía que 200 000 ciudadanos comprasen acciones de Transmilenio para hacerlo más «democrático».

Petro no es el gran enemigo del sistema mundial capitalista, pero el uribismo y los sectores liberales, conservadores y de «centro» ocultos bajo su paraguas necesitan presentarlo de ese modo para perpetuar su dominación/hegemonía nacional y el régimen latifundista y autoritario-asistencialista remozado de «civismo» y «ciudadanía de bien» que encarnan. No hablemos de causas estructurales en la opinión pública, eso ha de ser cosa de marxistas y anarquistas trasnochados que aún no han entendido las maravillosas bondades de la economía de mercado en la periferia colombiana.

Yo no rodeo a Claudia, yo rodeo la democracia

Por
Juana Silva
-
1

El 11 de septiembre la alcaldesa de Bogotá anunció que se reuniría con Duque y el procurador y que en la noche le contaría a la ciudadanía el balance de estos encuentros. Después de ver el discurso y verlo nuevamente porque pensé que lo había entendido mal, me encuentro con unas cositas que no son tan chéveres, unas omisiones que dicen mucho y su típico no quedas mal con nadie. Entonces me quedé pensando en las declaraciones de Petro y en los mensajes de los sectores alternativos en redes sociales sobre la urgencia de “rodear a Claudia”, y me pregunté si no se trataría en realidad de rodear la democracia antes que rodear a Claudia López, y si dar ese respaldo personalista a la alcaldesa, no sería de alguna manera validar y justificar lo que ella dice y calla.

Frente al live que hizo el 11 de septiembre, identifiqué lo siguiente:

1. El escenario muy conveniente: usar la foto de un perrito para generar empatía y conectar con la gente.

2. Insiste en poner en el mismo nivel a la policía con las y los manifestantes, cuando habla del “despliegue de violencia”.

3. Desconoce la acción coordinada de la policía en toda la ciudad (uso de armas de fuego, tortura, uso de armas no convencionales, allanamientos ilegales, tortura) y reproduce la lógica de las manzanas podridas “unos miembros que no cumplen la Constitución”.

4. De la reunión con Iván Duque, cuenta que le pidió que ordenara la identificación de los policías que atacaron a la ciudadanía y los retire de sus funciones.

5. Le pidió al procurador que asuma el control de la investigación para garantizar verdad y justicia en el caso de los asesinatos, sin embargo, en toda la declaración no menciona los casos de tortura, ni el abuso de la detención preventiva ejercido por la policía.

6. Claudia propuso una reforma estructural a la policía: que sea un organismo civil; que no tenga formación, ni fuero militar y que responda a la justicia ordinaria. Duque dice que no y el procurador dice que lo va a examinar para convocar una mesa interinstitucional y llevarla al Congreso. Frente a esta opción, ella ve una salida.

6.1 El Congreso está controlado por los partidos de gobierno y, por supuesto, esa reforma estructural no va a pasar, así que por ahí no fue.

6.2. También es importante recordar que la policía está envalentonada porque el Código de Policía que ella apoyó, les da facultades que usan como quieren, ¿no pasó así con los comparendos por empanadas?

6.3. Claudia ha satanizado la movilización social y siempre sus declaraciones favorecen las acciones de la policía y las justifica, todo eso cuenta como un empujoncito para que la policía haga lo que quiera.

7. Dice que la policía necesita un acto de reconciliación y perdón y que será el domingo, pero en la intervención no dijo de qué se trataría.

8. En la intervención dijo: “así como nos duelen las masacres en otras ciudades, nos duelen las de acá”. En ese momento me acordé de su uso de comillas:

9. Para Claudia la culpa de lo sucedido recae en los repertorios de protesta ciudadana, por eso insiste en cerrar TM a las 8PM, en pedirle a la gente que esté en casa a las 7PM y lo ratifica con esta frase: “la acción ciudadana pacífica es la que puede recomponer la confianza en las instituciones”. Es decir, ¿nosotras y nosotros tenemos que ganar la confianza de la policía? ¿también del gobierno nacional y de la alcaldía que respondieron a la brutalidad policial con más policía? vea pues.

10. Habla de «presuntos hechos de abuso policial», continua, «las cámaras grabaron», y en una frase apeló a su ya típico, no quedas mal con nadie, a esa actitud hipócrita tan típica de ella.

11. Luego se esfuerza en quedar un poquito mejor con la policía y con la derecha, como siempre, “quiénes quemaron son criminales”, y “los policías heridos están llenos de sueños e ilusiones”, ¿será que las personas asesinadas y heridas no?

12. Insiste en que tanto policías como manifestantes son “jóvenes con sueños”, como un todo homogéneo, desconociendo que unos representan una institución que constitucionalmente está encargada de la protección de la ciudadanía (sabemos que en la práctica no es así) y que los otros son jóvenes que cotidianamente se encuentran con los efectos de la crisis social y de la arbitrariedad del poder.

13. Y no sé dónde vio la confrontación como para hablar de “confrontación inútil”. Lo que hubo fue ataques de la policía a la gente y gente atacando infraestructuras, ¿dónde está la confrontación? ¿Es equiparable un joven con palos y piedras con un joven armado, en moto, que cuenta con su manada?

La idea es que los comentarios concluyeran en este punto, pero…

14 Llega el sábado y nos enteramos de las actividades del acto de reconciliación. Una de ellas es, y cito textual:

“todas las familias colombianas a que desde las ventanas de nuestras casas usemos los dos símbolos de la ciudadanía, los que nos permiten manifestar nuestra indignación de manera pacífica, sin callar, esta no es hora de callar, ni más faltaba (…) para que honremos también con el símbolo del recogimiento, del duelo y de la esperanza, la vela y la cacerola (…). A las 6 de la tarde invito a todas las familias de Bogotá a que desde el seno de su casa, desde sus ventanas nos unamos en una velatón que honre la memoria de las víctimas, con una cacerola que honre la voz de nuestras causas”.

Veamos,

15. En esta intervención Claudia López busca institucionalizar la protesta y de esta manera disciplinar desde el discurso la protesta que está bien y la que está mal, nos da el ejemplo de cómo es que debemos hacerlo.

16. Al invitar a que la protesta sea desde la casa y las ventanas, le arrebata a la ciudadanía el espacio público como escenario de encuentro y movilización. Además el mensaje es que quien esté protestando en la calle no cuenta con el visto bueno de la alcaldía, por ende, está mal y debe ser castigado o castigada.

17. Le entrega a la policía el control absoluto de las calles. Les permite controlar quién está afuera y quién adentro y castigar a quienes no cumplen con la “manera correcta de protestar”.

18. En lugar de garantizar el derecho a la protesta, obliga a relegar la protesta en las casas. Esta invitación de entrada mina la confianza con las instituciones y culpa a la ciudadanía de las muertes, las personas heridas y las torturadas; es otra forma de decir “quién los manda a estar en la calle después de las 7”.

19. Nos dice que no debemos callar, pero coarta con esta invitación el derecho constitucional a la libertad de expresión.

20. No creo que se trate de “rodear a Claudia”, sino a la figura de una alcaldesa que fue electa por voto popular. Hablar de rodear a Claudia sin más, es aceptarla con todos sus defectos, errores y sus atropellos a la democracia, esa misma que ella dice defender.

Actualización del 17 de septiembre.

21. Primero Claudia dijo en medios y con lágrimas en los ojos que no dio la orden de disparar, luego invitó al acto de reconciliación que terminó con jóvenes detenidos y judicializados. Después en el Senado la policía dijo que la alcaldesa y el secretario de gobierno sabían lo que estaba pasando y ninguno dio la orden de NO disparar, ahora con bombos y platillos Claudia se suma al anuncio de la policía para ofrecer recompensa por las y los «vándalos». Complicado rodear a una persona así.

22. El 17 de septiembre, dijo en la localidad de Engativá que lo que pasó el #9S es porque no hay suficiente policía, entonces, ¿a la brutalidad policial, responde con más brutalidad policial? ¿en serio se le puede llamar demócrata? ¿en serio se puede decir que se está dando una pelea dura?

Seamos claras, esta alcaldía es de derechas, no es alternativa. Punto.

¿La democracia en peligro?

Por
Sharon Barón
-
0

La madrugada del miércoles 9 de septiembre, Javier Ordoñez fue asesinado por dos policías en el espacio público. Este abuso de poder hace parte de las sistemáticas acciones violentas e injustificadas cometidas por la policía en contra de civiles. Ante dicho abuso, las llamas de la ira prendieron fuego a los CAI, exigiendo justicia y no más impunidad ante estos crímenes.

Ciertamente, a los bogotanos nos sorprendió la rápida reacción ciudadana que no se concentró solamente en un punto de la ciudad, sino que se esparció por todos los rincones, desnudando lo ilegítima que resulta la policía para la ciudadanía. Desde el sur hasta el norte, el calor de la indignación se apoderó de los CAI para destruirlos y, con ello, destruir lo que representan: lugares donde niñas y mujeres han sido violadas, donde personas de todas las edades y de distinto sexo han sido torturados, desaparecidos y asesinados.

La respuesta de la policía, como era de esperarse, fue un violento abuso de autoridad que incluyó desde palizas hasta disparos contra las personas. Es decir, lo que se vivió la noche del 09 de septiembre fue una masacre: policías armados dispararon contra civiles desarmados, quienes no tenían la posibilidad de igualar su fuerza.

Hasta aquí, he sintetizado de una manera general lo ocurrido. Ahora introduzco lo que me motivó a escribir este texto, que es: ¿cuál fue la respuesta de la alcaldesa Claudia López? Hasta el momento sus respuestas se han concentrado en tres puntos: el primero consiste en publicar el número de heridos y de muertos expresando su solidaridad con las víctimas; el segundo, el llamado a la ciudadanía para que se nieguen a ejercer su legítimo derecho a la protesta y, por último, ha aclarado insistentemente que las acciones cometidas por la policía se hicieron sin su autorización.

En un vídeo publicado en su cuenta de Twitter afirma: “desde inicio de año se dio la instrucción de que Policía no usara armas de fuego en protestas sociales y ayer se violó”.  En otra publicación afirma que nadie dio la orden de usar armas de fuego y mucho menos de manera indiscriminada. También afirma: “en varios puntos hubo uso indiscriminado de armas de fuego”. Igualmente, solicita a la Procuraduría que asuma los 58 casos de heridos y 5 casos de asesinato producidos por armas de fuego. Es decir, es un hecho que la Policía usó en una sola noche armas de fuego contra mínimo más de 63 civiles en varios lugares de la ciudad.

Las preguntas que surgen son: ¿si la alcaldía no dio la orden, entonces quién?, ¿acaso los policías actuaron por voluntad propia? De ser así, ¿cómo se explica que las voluntades individuales coincidieran sin coordinación alguna en proceder del mismo modo, en distintos lugares y ante distintas circunstancias?, ¿quién puede protegernos de la policía?

No sólo tenemos una noche de masacre en toda la ciudad. No sólo se tiñeron de rojo los barrios por culpa del actuar criminal de las fuerzas represivas del Estado. También se puso en evidencia que la democracia puede estar en riesgo. Si la Policía no cumple las ordenes de la alcaldía y puede asesinar civiles sin fundamento alguno ¿qué poder tiene la alcaldía para proteger a sus ciudadanos? Lo que Claudia López está aceptando implícitamente con estas afirmaciones es que la policía puede actuar de manera autónoma negando derechos fundamentales a los ciudadanos. ¿Quién nos garantiza que podemos estar a salvo?, ¿quién nos garantiza que no se tomarán el poder?, ¿quién nos garantiza que el Estado cumplirá su supuesto deber como protector de los ciudadanos?

La afirmación de la ausencia de responsabilidad por parte de la alcaldía en esta masacre no sólo lava las manos de quienes se supone toman las decisiones. Estas declaraciones afirman también la falta de autoridad y, con ello, afirman la fragilidad de nuestra democracia y afirman la probabilidad de que lo que pasó anoche se reproduzca en el tiempo y nadie pueda detenerlo. Ante esto, ¿qué nos queda?, ¿cuidarnos entre nosotros?

Duque no es un presidente flojo

Por
Juana Silva
-
0

Tras escucharlo en los debates, en su programa de las 6 y leerlo en Twitter, nos vendimos la idea de que Iván Duque es mediocre, inepto, o como lo denomina la Senadora Angélica Lozano “flojo”, pero ¿será que sí es así?

Es cierto que Duque proyecta ser anodino, pero también es cierto que nos acostumbramos a ver la realidad por pedacitos y eso hace que se nos pierda el panorama amplio. Iván Duque fue elegido como presidente por el Centro Democrático, un partido que recoge a terratenientes, ganaderos, banqueros, personas relacionadas con paramilitarismo, corrupción, y/o violaciones a Derechos Humanos, y que es liderado por Álvaro Uribe Vélez.

Además, su candidatura fue respaldada por partidos que representan también a esas élites, como el Partido Conservador y un importante sector del Partido Liberal. También fue apoyado por los sectores más radicales de la derecha, como las iglesias católica y evangélica en sus diferentes corrientes. Por supuesto, los medios corporativos de comunicación también jugaron un papel importante a la hora de posicionarlo ante la opinión pública hasta el día de hoy, con el permanente lavado de cara, al inflarlo en encuestas y justificarlo constantemente.

Los ministerios son puertas giratorias, los ocupan representantes del sector privado, de grandes industrias y garantizan que estas se vean beneficiadas con cada medida que toma el gobierno. Ya con este panorama tan escueto, podemos revisar si Duque es un presidente flojo.

En sus dos años de gobierno consiguió las mayorías en el Congreso de la República, lo que significa, garantizar que muchos de los proyectos de ley de gobierno pasen sin mayor problema, así como sabotear la separación de poderes, como por ejemplo, con la elección del defensor del pueblo (Cámara de Representantes), de la contralora general de la nación (pleno del Congreso), del procurador (Senado de la República). A esto se le puede sumar que el Partido Conservador busca que la elección del Fiscal la haga el Congreso para “despolitizar” el mecanismo de elección y garantizar que sea “más técnica”.

El Congreso también es clave con la radicación de proyectos de ley que garantizan los privilegios de las elites que ellos representan, por ejemplo, la aprobación de las reformas tributarias del gobierno que empobrecen a la clase media y enriquece a los ricos; sabotea medidas de salud pública; deja en paz la corrupción; asciende a militares que han violado Derechos Humanos; señala y persigue a los contradictores del gobierno, y sabotea la implementación del acuerdo de paz.

Duque aprovechó la pandemia para expedir una serie de decretos que en nada se relacionan con temas de salud pública, garantía al acceso de alimentos saludables o renta básica, pero que sí afectan la calidad de vida de la mayor parte de la ciudadanía: una reforma laboral enmascarada de decreto, que elimina los derechos laborales; un decreto como el 811 que busca la venta de las empresas públicas que cotizan en la bolsa. Mientras tanto, fortalece a los bancos y le presta un dineral a la empresa panameña Avianca, en la que tiene vínculos familiares. Frente a las masacres y el asesinato selectivo a líderes y lideresas sociales, desde el principio demostró desinterés y ha cambiado la palabra “masacres” por “asesinatos colectivos”, eliminando la carga política y la responsabilidad del gobierno en estos.

Sumado a todo esto, Duque se ha valido de la brutalidad policial para consolidar 1. el control del espacio público, primero en Bogotá y ahora, en diferentes regiones del país; 2. para perseguir y vulnerar el derecho constitucional a la protesta, como sucedió en las movilizaciones estudiantiles de septiembre de 2019, en el paro nacional que inició el 21 de noviembre del año pasado y con desalojos a comunidades empobrecidas. Este panorama generalizado de violencia por parte de la policía, da cuenta de su desinterés por adelantar una reforma estructural que desmilitarice este organismo público y por el contrario, legitime sus desmanes.

Entonces, Duque no es un presidente flojo, ni inepto, ni mediocre. Duque está concretando de manera juiciosa y diligente el proyecto de país con el que sueñan las élites, un proyecto de país que se sustenta en el despojo, en el odio y desprecio a los pobres y a las clases medias. Un proyecto cuyo sustento económico está en el empobrecimiento de las mayorías para beneficiar a unos pocos.

Así que la invitación es a no seguir reproduciendo la idea de esa “ineptitud”, sino a reconocerlo como un representante de las élites. Como un funcionario que trabaja por y para el beneficio de la clase política y económica. La invitación es a tomar partido desde ya por la vida, Colombia no soporta más medias tintas, sino que necesita de manera urgente cambios que garanticen una vida tranquila y con derechos para todas y todos, no para unos pocos.

¿”Iván y sus bang bang” cumplió sus predicciones?

Por
Hekatombe
-
0

A dos años de la elección del candidato uribista Iván Duque, una importante parte de las predicciones hechas por el cantautor de pie de cuesta, Santander, Edson Velandía, en la canción que lanzó para las elecciones de 2018 “Iván y sus bang bang”, parecen cumplirse.

La letra de la canción, que utilizaba el nombre del entonces desconocido candidato para señalar lo que iba a suceder en su gobierno, en su momento fue rechazada tanto por el uribismo, como por ciertos sectores autodenominados “de centro” que sostenían que Iván Duque pertenecía a un sector moderado del uribismo, y que el contenido de la misma sólo contribuía con la “polarización”, sin embargo, las afirmaciones de la polémica interpretación, a la luz de los últimos hechos, parecen confirmarse:

Iván y sus bang, bang

Iván a romperte hasta el culo con el frackin’
Y si te opones te mandan a las Bacrim
Iván a regalarle el páramo a Minesa
Y al que proteste le van a mochar la cabeza
Iván a servirte el vaso de agua con arsénico (Iván, bang, bang)
Y te van a dejar morir en el seguro médico (Iván, bang, bang)
Iván a eximir del impuesto al millonario
Y a ti van a clavarte con el crédito bancario
Iván a encanarte si te fumas un bareto
Iván a chuzar tu teléfono secreto
Iván a perseguir los gays
Y va a gobernar el Opus Deis.

Y el presidente de la única corte, narco
Y el presidente del país, narco
Y el presidente del congreso, el patrón de los narcos.

Iván a reinar los paras
Iván a hacerle fotos a tu cara
Iván a prender la motosierra
Y no van a decir dónde te entierran
Iván a volver los guelillelos (Iván, bang, bang, bang)
Iván a secuestrar a los gomelos (Iván, bang, bang, bang)
Iván a obligar a los chinos a ser reclutas
Y vamos a pasarla muy del putas
Con

Iván, Iván y sus bang, bang
Iván, Iván y sus bang, bang

Si te gusta más la guerra que el pan
Vota por el de Uribe, vota por Iván
Bang, bang, bang

La letra de la canción se puede contrastar con los más recientes hechos de la política colombiana en los que tiene relación el gobierno de Duque y su partido de gobierno:

  1. Por medio de la Ley de Regalías, el gobierno uribista pretende volver a habilitar las posibilidades del fracking en Colombia. En el debate en el Congreso de este proyecto de ley, el proyecto pasó en Cámara de Representantes, pero no en Senado, por lo que aún se está a la espera de la conciliación de ponencias de Cámara y del Senado para conocer la decisión final. 
  2. Masacres contra jóvenes y asesinato diario de líderes sociales y de firmantes del acuerdo de paz.
  3. El acuerdo de paz se sigue cumpliendo muy parcialmente. La sustitución voluntaria es reemplazada por glifosato y erradicación forzada, sin que hayan soluciones reales para las comunidades que se ven obligadas a sembrar cultivos de uso ilícito para sobrevivir, porque no cuentan con incentivos para el fortalecimiento de la economía campesina, ni con vías ni medios para sacar su producción hacia cabeceras municipales y ciudades principales. Con este incumplimiento, la guerra se perpetúa en los campos y periferias de las ciudades.
  4. Súper préstamo a la empresa panameña Avianca por USD 370 millones, para que pague sus deudas a los banqueros, mientras el gobierno uribista rechaza la renta básica y la matrícula 0. Además, el Ministerio de Hacienda pretende poner IVA a la totalidad de la canasta básica familiar.
  5. Proyecto de Presupuesto General de la Nación va asignar el mayor porcentaje de recursos a defensa (guerra y fuerzas antidisturbios).

Te interesa leer: Nuevas denuncias y escándalos sobre el uribismo

  1. El gobierno presentó el Decreto 1174 que incentiva a las empresas a contratar por horas sin tener que dar seguridad social, apuntando a la generalización de esta forma de contratación y contribuyendo así a la agudización de la precarización laboral de las y los colombianos.
  2. Analistas y figuras públicas denuncian que Procuraduría, Fiscalía y defensoría del pueblo son «de bolsillo» del gobierno uribista.
  3. El partido de gobierno Centro Democrático, y el partido evangelista Colombia Justa-Libres, presentó un proyecto de ley para que los militares voten. Como es sabido, la doctrina militar fue elaborada en los tiempos de la guerra fría, y tiene como objetivo la reproducción de una mentalidad guerrerista y la satanización maniquea de quienes tienen contradigan las nociones conservadoras frente a la concepción de Estado, sociedad y religión. 

Otra de las canciones del mismo autor que parece seguir teniendo vigencia, es “Su madre Patria”, canción que fue censurada por un lapso de tiempo en Facebook, debido a una denuncia interpuesta por el Movimiento Político Evangelista MIRA. El contenido relata los procedimientos corruptos de los que se vale la clase política y económica colombiana para seguir gobernando y enriqueciéndose. Esta segunda canción fue estrenada cuando estalló el escándalo de Odebrecht, en diciembre de 2018.

Así Noticias Caracol intentó construir hegemonía

Por
Camilo David Cárdenas Barreto
-
0

Era la noche del 25 de agosto de 2020. Ese día una nueva masacre sacudió la región del Catatumbo: tres cuerpos sin vida fueron encontrados por el Ejército en Ábrego. Yo me hallaba distraídamente en la sala de mi casa cuando escuché a Jorge Alfredo Vargas hablar de homicidios múltiples en vez de masacres. Minutos después de presentarse el reporte, Noticias Caracol pasó fríamente a la sección de Deportes. Allí sí había ocurrido una verdadera tragedia: ¡Messi se fue del Barcelona!

En consonancia con el nuevo lenguaje inspirado en el del gobierno Duque, la cuenta de Twitter de Noticias Caracol anunció la masacre ocurrida en el Catatumbo como un «homicidio múltiple»:

Imagen tomada de Publímetro
Imagen tomada de Publímetro

Días antes, en medio de un Consejo de Seguridad en Nariño convocado como reacción a la masacre de Samaniego, el presidente Duque declaró que el «nombre preciso» para llamar a las masacres era «homicidio colectivo», como reportó el medio alemán DW. Ese mismo medio recordó el desafortunado tuit de Duque que con una gráfica mal hecha pretendió reforzar con apariencia estadística la nueva narrativa de los «homicidios colectivos» como modo de reconstruir los hechos de violencia extrema del conflicto social armado y hacer memoria sobre él. Sin inmutarse, Duque con su gráfica sin fuentes presentó la comparación de «homicidios colectivos» de los periodos Santos —2010-2018— en relación con su propio periodo —2018-2020—. De fondo, estaba la idea de que los «homicidios colectivos» no volvieron en la era Duque, sino que nunca se habían ido.

Las críticas en Twitter no se hicieron esperar ante el absurdo de comparar periodos de tiempo diferentes para dejar en el aire la engañosa impresión de que antes deberíamos agradecer por una presunta reducción de masacres y asesinatos.  La Silla Vacía compartió una gráfica de masacres y de número de víctimas por año con base en datos del Ministerio de Defensa y la conclusión fue justo la contraria: durante el gobierno Duque, de 2018 a 2020, hay una tendencia de aumento de masacres y víctimas a pesar de estar a su cargo la implementación del Acuerdo Final de Paz —AFP—. Por contraste, de 2013 a 2016 —intervalo de las negociaciones de paz con FARC—, la tendencia es de reducción respecto a los años anteriores:

La conclusión es la siguiente: Noticias Caracol intentó reproducir de una nueva forma la hegemonía del bloque uribista en el poder para, a través del discurso de los «homicidios múltiples» —semánticamente vinculado al de los «homicidios colectivos—, configurar un nuevo sentido común y constituir el consenso de la sociedad civil en torno a la minimización del aumento de los hechos de violencia extrema… atribuibles a la política de simulación del AFP del gobierno Duque. Ante la indignación mediática que desató este uso de eufemismos, Noticias Caracol decidió recular y retomar el discurso de las masacres para caracterizar a tales asesinatos. Por lo que el noticiero, de momento, no pudo reproducir los actos de poder simbólico del gobierno uribista.

Las múltiples formas de nombrar las realidades sociales tienen implicaciones sobre nuestros afectos y las maneras en que valoramos y reaccionamos políticamente ante las realidades nombradas. El modo de contar hechos de sufrimiento social influye en nuestras reacciones. Así las cosas, hablar de «homicidios colectivos» o «múltiples» posee cargas valorativas diferentes que hablar de «masacres», pues reducen el impacto político generado en el receptor de la noticia. Son mecanismos de propaganda que tratan de naturalizar una violencia extrema a todas luces repudiable y se vinculan en la sociedad colombiana a discursos de culpabilización de las víctimas tales como: «Si estuvieran en casa, nada de eso les habría pasado», «quien a hierro mata, a hierro muere», «si los mataron fue por algo», o el ya clásico de Uribe, «no estarían recogiendo café», modos diferentes de justificar/naturalizar los crímenes.

¿Qué nos dice esta fallida intentona político-discursiva sobre Noticias Caracol? ¿Qué interés tuvo el noticiero en tratar de minimizar el aumento de masacres en el gobierno Duque? ¿Qué poderes está defendiendo?

Es interesante cómo el noticiero, como típico acto de hegemonía, una y otra vez encubre sus intereses particulares y sus valores y los presenta como los intereses y valores de las masas. En ese proceso, termina por construir masivamente esos intereses y valores. Noticias Caracol constantemente difunde la idea de que «está del lado de la gente» y las comunidades y hace alarde de sus recursos, su despliegue técnico a nivel nacional y su rigurosidad periodística. Pero hay que tener cuidado con esta supuesta «objetividad», tan risible como la neutralidad periodística de Vicky Dávila. El discurso de los «homicidios múltiples» sólo hizo descaradamente patente una constante construcción y reproducción de hegemonía. Pero afortunadamente no todos/as estamos comiendo cuento.

Nuevas denuncias y escándalos sobre el uribismo

Por
Hekatombe
-
0

Sumado a los delitos por los que se viene adelantando un proceso judicial contra Alvaro Uribe, acusado por fraude procesal y soborno, La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó al exsenador y expresidente a versión libre para el día 16 de semptiembre, por las masacres paramilitares de El Aro, La Granja y el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesus María Valle, conocido por denunciar las fronteras borrosas entre los grupos de seguridad privada denominados “Las Convivir”, promovidos por Uribe cuando era gobernador de Antioquia, y el paramilitarismo.

En este contexto, el portal La Nueva Prensa, dio a conocer una exclusiva en la que se revela que el actual embajador de Colombia en los EE.UU y ex vicepresidente del gobierno de Uribe, Francisco Santos, y el actual embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordoñez, estuvieron en algunas reuniones junto al exdirector del Das José Miguel Narvaez, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, e integrantes de la jerarquía policial y militar, para la conformación de escuadrones de la muerte.

En un extracto de la denuncia formal del teniente de inteligencia militar Julio César Bustamante, a la que los periodistas Gonzalo Guillen y Julián F. Martínez tuvieron acceso, se sostiene que:

 “La octava reunión se desarrolló en el apartamento 301 de la torre C, Carrera 48 con calle 150 en el barrio Mazuren de la ciudad de Bogotá, eso fue a finales de noviembre de 2000, allí asistieron: el paramilitar Salvatore Mancuso, José Lozada o “Comandante Mauro”, que era un teniente retirado, José Miguel Narváez del DAS, el abogado Orlando Perdomo, él fue profesor mío en la Escuela de Inteligencia, el mayor César Maldonado, Francisco Santos Calderón, el ex vicepresidente y un señor gordito que decían que era magistrado de la Corte, que después identifiqué como el Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez. La reunión era con el propósito de presentar al señor Alejandro Ordóñez y a Salvatore Mancuso para conformar un grupo de limpieza acá en Bogotá y en Bucaramanga, decían algo parecido a los Doce Apóstoles, y el Bloque Capital que hacía limpieza en los barrios de Soacha y Bosa de Bogotá, además hablaron de cómo se debía realizar el atentado de Wilson Borja”

Frente a esta grave denuncia, el embajador ante la OEA lanzó falacias ad hominem hacia los periodistas para “desmentir” la información que cuenta con pruebas adjuntadas en el artículo.

Denuncias al presupuesto presentado por el actual gobierno uribista

El Senador Wilson Arias fue designado como ponente del presupuesto general de la nación, presentado al congreso por el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla.

Te interesa leer: Alberto Carrasquilla: el ministro de los banqueros

En la preparación de dicha ponencia y luego de la revisión del presupuesto, el pasado lunes 24 de agosto realizó una rueda de prensa en la que hizo una serie de denuncias sobre la desproporción en los números, ya que el gobierno está poniendo acento en la inversión en defensa antes que en salud o en agricultura, sin proyectar un fortalecimiento a la demanda para la dinamización de la crisis, en el marco de la crisis económica que anuncia recesión.

Para el senador, los 314 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación, además de tener una distribución cuestionable —y entre los que se cuenta con recursos sobre los que advierte, podrían ser producto de la privatización de empresas estatales como CENIT, filial de Ecopetrol—, no son suficientes ya que “los supuestos que manejó el Gobierno para la programación presupuestal manifiestan un optimismo que parece no tener fundamentos. Se parte de la base de un comportamiento del PIB de -5,5% en el 2020 y de 6,6% en el 2021, no obstante, cálculos como el del FMI proyectan variaciones de -7,8% en el 2020 y de 4% en el 2021. La OCDE, por su parte, estima -6,1% en el 2020 y 4,3% en el 2021 (si no se presenta un segundo brote del virus). El Banco de la República estima una contracción entre -8% y 10% para el 2020”.

En síntesis, para el Senador Arias, esta asignación presupuestal y su distribución no está calculada para hacer frente a la difícil situación económica del país, sino que está dirigida a fortalecer solamente ciertas carteras, por lo que sostuvo que tendría que implementarse una asignación de corte keynesiano, acorde con los tiempos de crisis, que financie la demanda para dinamizar la economía “Propongo una asignación directa de $100 billones, distribuida de la siguiente manera: $63,6 billones dirigidos a la renta básica de emergencia por 12 meses a nueve millones de hogares en situación de vulnerabilidad, $15 billones para cubrir el déficit en inversión a las universidades públicas, $3,2 billones para cubrir el déficit en funcionamiento de las universidades públicas, $1,4 billones para la financiación de la ‘Matrícula Cero’ a 620 mil estudiantes de universidades públicas, $12 billones para evitar usar la figura de disposición de activos y $4,8 billones de fondeo a la banca pública para otorgar créditos directos a mypimes (…) La implementación de mi propuesta es viable como factor impulsor de nuestra actual y doliente economía. Esta requiere de la integridad, el talante y la grandeza por parte del Gobierno y nuestro banco central para salir de la crisis”.

Esta denuncia sobre el uso cuestionable de los recursos del Estado por parte del actual gobierno uribista de Iván Duque, se suma a las críticas frente a la extracción de recursos del Fondo de Paz, para posicionar su imagen en redes sociales y el gasto de 7.900 millones de pesos que hizo Mindefensa para la compra de 10 tanquetas para el ESMAD, en plena pandemia.

1...626364...123Página 63 de 123

RECOMENDACIONES DEL EDITOR

ENTRADAS POPULARES

CATEGORÍA POPULAR

©