Desde que se posesionó Claudia López, su administración se ha caracterizado por ser un gobierno o de mucha zanahoria o de mucho rejo, un retrovisor de lo que fue la política de cultura ciudadana de Antanas Mockus, de la que tanto se ufana la alcaldesa de Bogotá.

La distribución de la administración ha sido un fiel reflejo de su campaña; la paz, la política social y la participación para sectores progresistas; la movilidad, la seguridad y parte de la administración de la salud para la derecha, y en el núcleo central del desarrollo local y distrital se encuentra el Partido Verde, como un gran vigilante de la contratación y marcando la pauta para la toma y ejecución de decisiones.

Su campaña y el inicio del gobierno distrital son iguales, guiños a la derecha, al “centro” y a la izquierda. El respaldo a Galán como presidente del Concejo, la decisión de continuar con el Metro elevado y con el Transmilenio por la Avenida 68, bajo la excusa de que Peñalosa dejó todo amarrado, el tratamiento a la protesta social, los procesos participativos de corto alcance y el manejo de la crisis sanitaria en razón al COVID-19, son algunas de las tensiones que han hecho parte de los primeros meses de una experiencia que en ocasiones no tiene mucho de “centro” ni de “independiente” para la ciudad. En medio de promesas incumplidas, acuerdos políticos sin alcance y aciertos parciales, nos encontramos en la discusión del Plan de Desarrollo Distrital – PDD denominado un “Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”.

El PDD se estructura en propósitos, logros, programas generales y metas por sector, que enmarcan una interpretación del gobierno distrital sobre los problemas de la ciudad, sus causas, sus estrategias de atención y los compromisos de los sectores de la administración. A partir de los siguientes cinco propósitos se organiza el PDD y se proyecta su ejecución presupuestal:

1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.
2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar el cambio climático.
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación.
4. Hacer de Bogotá-Región un modelo de movilidad, creatividad y productividad incluyente y sostenible.
5. Construir Bogotá-Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.

El PDD se compone por 30 logros, 17 programas estratégicos, 58 programas generales y 513 metas, todo con un costo total de $109.2 billones distribuidos de la siguiente manera:

52. Propósito 1: $52.7 billones
53. Propósito 2: $9.5 billones
54. Propósito 3: $2.8 billones
55. Propósito 4: $34.9 billones
56. Propósito 5: $4.9 billones

Los enfoques de género, diferencial, la cultura ciudadana, el territorial y el participativo se relacionan con unos atributos, con los cuales la administración busca lograr una ciudad cuidadora, incluyente, sostenible y consciente, esto es el cimento de una visión a corto, mediano y largo plazo de la ciudad. Para el 2024 se espera la institucionalización de la Bogotá-Región, para el 2030 se cumpliría la agenda global de los objetivos de desarrollo sostenible y para el 2038 se proyecta el goce de una ciudad para la generación del medio milenio con ciudadanos más libres y democráticos bajo una cultura ciudadana en clave de democracia, innovación y sostenibilidad.

Vale la pena reconocer positivamente varios aspectos que evidencia el PDD y que recogen un espíritu importante para Bogotá, el primero de ellos, es el ajuste estratégico del plan a partir de la emergencia del COVID-19, lo que implicó un ajuste presupuestal mayor hacia sectores como la salud y prioridades como la reducción de las brechas sociales; el segundo, refiere a la intención por priorizar la atención hacia el riesgo del cambio climático, el cuidado de la estructura ecológica y un impulso a los cambios de hábitos para hacer un proceso sostenible de la ciudad; el tercero, es la priorización de la inversión para superar las brechas de desigualdad social como los son el ingreso básico para los hogares, la reducción de la pobreza, el sistema distrital de cuidados, la inclusión productiva, los programas específicos para la equidad de género y la superación de las violencias contra las mujeres; el cuarto, tiene que ver con el Acuerdo de Paz, entendido como una dimensión estructural de la ciudad, los dos planes de desarrollo con enfoque territorial- PDTS, uno de ellos en el Sumapaz,; y el quinto elemento relevante, es la priorización de procesos de transparencia, control político y efectividad de la gestión pública, en relación con esto cobra valor el interés y la ambición por las obras de infraestructura para la ciudad, que en total serian 85 entre el sector de movilidad, salud, educación, integración social y hábitat, serán un gran medidor del trabajo de la alcaldía mayor.

No obstante, existen unas dimensiones negativas del PDD, que no pueden pasar desapercibidas sobre la retórica y el espíritu que proyecta el documento del plan y que son consecuencias de una serie de contradicciones de la administración, producto de las tensiones que se mencionaban al inicio.

El discurso del fortalecimiento democrático es limitado, no solo por el bajo alcance del diálogo con la ciudadanía en medio de la crisis, sino, porque la administración no ha logrado romper con la tradición de que los planes de desarrollo giran principalmente entorno a las discusiones del Concejo, las fuerzas políticas y la administración, lo cual causa que sea muy bajo el porcentaje de propuestas las que se integran al documento final; en relación con esto, valdría la pena trazar una ruta que replantee el Sistema de Participación Distrital con el fin de que las diferentes estrategias e instancias cumplan con un alcance real a partir de las discusiones que continuamente realizan los sectores sociales.

No hay una intención clara de dejar de lado los procesos directos con el sector privado y queda en el aire el horizonte público real del plan. La relación entre Estado, el sector privado y la ciudadanía es ambigua, y puede seguir generando consecuencias fatales para las finanzas de la ciudad. Se requiere precisión en las formas y procedimientos de la adjudicación de la contratación en los proyectos generales que plantea el PDD.

La apuesta por una Bogotá-Región no tiene especificaciones sobre la obtención de recursos para ponerla en marcha y su relación con el POT; ésta es necesaria, pero sufre de un riesgo común al incentivar grandes negocios con sectores privados y efectuar lineamientos que alteran la construcción del POT, su formulación participativa y el modelo de ciudad. Bogotá no puede seguir implementando un modelo de ciudad sin la determinación de un POT, el cual después 8 años, aún es incierto.

Bogotá es la ciudad más desigual del país, la intención de superar esta condición sufre de realidades que el plan no dimensiona, se evidencia una actitud de la alcaldesa por dejar de lado temas como la voluntad de los grandes sectores económicos que hoy tienen un alto porcentaje del control de la productividad a causa de la contratación pública, la voluntad política confusa de la administración y el sentimiento de la movilización ciudadana por un modelo de ciudad sin exclusión; estos tres campos no se han conciliado, no lo van hacer y Claudia López debe entender y asumir esto.

La concepción de ciudad cuidadora aporta un relato innovador que requiere de toda la responsabilidad política por parte del gobierno distrital para asumirlo con toda sensatez, sin embargo, el espíritu del plan no es coherente con la actitud de sectores de la administración y la fuerza pública, pareciera un documento diseñado para generar una cortina de humo que hace crecer discursos represivos, antidemocráticos y de corte autoritario, como se ha vivido en circunstancias de atención a la protesta social, la atención de la emergencia de la pandemia y en los pronunciamientos hacia sectores y liderazgos con opiniones contrarias a las de la alcaldesa.

A su vez, la falta de claridades en el actual plan entorno al enfoque público, la contratación, zonas y espacios de priorización, la especificidad de la inversión y la falta de conciliación real entre todos los actores, causa que el PDD hoy siga siendo una incógnita para Bogotá, situación que la ciudad no puede seguir soportando porque generaría agudizar realidades de exclusión, precariedad y profundización de la desigualdad.

Las contradicciones en las que se ha encontrado sumergida la ciudad en los primeros meses de la nueva administración de Claudia López por su manejo político y las medidas adoptadas hasta el momento, dejan en vilo la intensión real para la ciudad con el proyecto de acuerdo del PDD. En los últimos 8 años Bogotá ha estado envuelta en choques de visiones entre modelos progresistas y neoliberales, la alcaldesa no puede pretender dar vuelta de hoja a esto, porque el modelo de ciudad, el enfoque de lo público, lo común y lo democrático, es un campo de disputa permanente.

Debemos reconocer el campo de oportunidades que abre esta nueva administración, pero con contundencia hay que rechazar lo que evidencia unas grietas gigantes que fortalecen el modelo excluyente y que precariza la vida. Mientras tanto, la alternativa debe ser seguir ocupando espacio político, construyendo propuestas y disputando el horizonte de ciudad. Interpretar y desencadenar la ciudad que deja el sentido de las movilizaciones que se han vivido por el derecho a la misma, motivar las trasformaciones necesarias que deja la crisis global y plasmar en el diseño urbano la voluntad de los sectores emergentes, es un reto que debe evidenciarse en el PDD y en las próximas experiencias de gobierno.

La alternativa para Bogotá es un modelo de ciudad basado en la democracia y la justicia social, dirigirse hacia la seguridad de la vida digna de los sectores más excluidos. La ciudad tiene el reto principal de dejar la desigualdad atrás y esto pasa por no seguirle abriendo campo a quienes generan pobreza y precariedad.

Un contrato social ante todo es un acuerdo de voluntades, y aún, hace falta la voluntad de la ciudadanía para construir una Bogotá más justa.

La Fiscalía General de la Nación acaba de solicitar en extradición a Salvatore Mancuso, uno de los ex jefes paramilitares más temible y despiadado en la historia reciente del conflicto armado en Colombia.

Esta noticia pone en alerta a todas las víctimas de los grupos paramilitares y a quienes en vano esperaron desde el 2005 verdad, justicia y reparación de un “proceso de desmovilización” que lo único que otorgó a los victimarios fue impunidad y que re victimizó a quienes sufrieron directa o indirectamente las políticas y atentados de esto grupos.

Es inevitable recordar que mientras Salvatore Mancuso junto a otros dos jefes paramilitares visitaban el congreso y eran aplaudidos por congresistas y senadores, en los territorios se mataba, perseguía y silenciaba a quienes les pedían saber que había pasado con sus hijos, hermanos y familiares, pese al supuesto cese de hostilidades.  También recordar que ese mal llamado proceso de paz fue un fracaso, los victimarios tuvieron todos los beneficios del Estado —en su momento administrado por Álvaro Uribe Vélez— y las víctimas fueron olvidadas y casi burladas, hasta la aparición de la Ley de victimas que en la actualidad es una de las más violadas.

Los errores del proceso de desmovilización de las estructuras paramilitares fueron innumerables, no se evitó el rearme, nunca se supieron las cifras exactas de los miembros reales y activos de este grupo, narcotraficantes se hicieron pasar por miembros para acogerse a la Ley de Justicia y Paz, las versiones libres que solo fueron un prolongamiento de la omisión y la negación de los crímenes que cometieron. También continuaron operando y masacrando después de estar en la mesa de negociación, finalmente se extraditó a los principales jefes por narcotráfico, lo que evitó que declararan ante la justicia colombiana todos los hechos cometidos bajo su mando, y finalmente todo esto llevo a que las estructuras paramilitares mutaran a lo que hoy conocemos como BACRIM.

El pedido en extradición de Salvatore Mancuso —después de cumplir su condena en Estados Unidos por 15 años—, es motivado por una investigación activa por lavado de activos, sin embargo esto no es otra cosa que un llamado al silencio al ex jefe paramilitar; no podemos olvidar que solicitó ampararse ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) y su solicitud aún en estudio podría ser negada por no pertenecer a ninguno de los factores personales, como el haber sido financiador o contribuyente de manera indirecta al conflicto armado.

Esto quiere decir que Mancuso será juzgado por la justicia ordinaria colombiana, ya que no puede someterse de nuevo a la Ley de Justicia y Paz porque por esta ya pago su condena en Estados Unidos, pues mientras estaba recluido continuo con el proceso y las versiones libres.

El regreso de Mancuso a Colombia trae dos posibles caminos: el silencio y seguramente la negociación en su proceso para una libertad condicional —que sabemos las condiciones de la libertad condicional para quienes conocen la relación del Estado, políticos, militares y empresarios con los grupos al margen de la ley— o que la JEP consiga una excepción jurisprudencial y haga que Salvatore Mancuso, después de tantos años, cuente la verdad y abra un nuevo capítulo en la historia del conflicto y tal vez se dé un nuevo paso hacia la reparación y la no repetición.

Colombia amanece con la sombra y la esperanza a cuestas. Con o sin pandemia, es habitual ya que cada día un nuevo escándalo, grande o pequeño, acompañe la agenda política de la coyuntura: del clasismo viral de ciudadanos «privilegiados» como Issa Wills o María Victoria a la Ñeñepolítica o las actuales revelaciones de «carpetas secretas» de seguimientos ilegales del Ejército contra periodistas y opositores.

El Congreso, entretanto, no ha adoptado medidas para operar semipresencialmente, como si estuviera oficialmente suspendido, y en la práctica quien ha dirigido el poder central estatal ha sido el gobierno Duque, que pese a su falta de liderazgo inicial no ha desaprovechado la gestión de la crisis por el Covid-19 para legitimarse de nuevo mediante programas asistencialistas como los «bonos» o «ingresos solidarios» —con serios indicios de corrupción investigados por la Fiscalía y la Contraloría— y un fuerte dispositivo de comunicación oficialista en redes sociales y televisión. Así, la excepcionalidad constitucional se está volviendo permanente.

Ya Duque ha concretado la posibilidad de aumentar la deuda externa luego de la renovación de la Línea de Crédito Flexible con el FMI por un valor de 10 800 millones de dólares. Las políticas de disciplina fiscal —siempre en tensión— y control de la inflación, favorables al pago a los acreedores trasnacionales, fueron algunas de las cartas de renovación del crédito para Colombia. Lo importante es gestionar con deuda los efectos adversos de la pandemia dada la condición periférica de Colombia en el sistema mundial capitalista

Continúan los asesinatos y las resistencias

Al tiempo, cada día se perpetran amenazas o asesinatos políticos contra líderes sociales en zonas de alta conflictividad como el Cauca, principalmente en territorios que presentan patrones aberrantes de acumulación por desposesión de tierras o han sido vinculados a corredores de narcotráfico y otras formas de capitalismo criminal como la minería ilegal o la «gran minería» trasnacional. Un escrito de Carolina Bohórquez para El Tiempo titulado «Guerra sin cuartel en el Cauca: 10 asesinatos en las últimas semanas», publicado el pasado 29 de abril, sentencia que: «El temor es tan grande en el Cauca que líderes de Buenos Aires y El Tambo [municipios del Cauca] coinciden que no saben qué es peor: si morir por coronavirus o la persecución que va tras su exterminio […] La situación es compleja porque las víctimas ahora están en sus casas confinados y los homicidas tienen la certeza de que se encuentran allí». Cruento dilema el de morir en casa o contagiarse del nuevo coronavirus en razón a la desprotección estatal y las acciones violentas en pro de la acumulación del orden del capitalismo criminal que allí impera.

Pero una y otra vez también se teje la esperanza bajo el entramado de luchas históricas de los movimientos y organizaciones sociales del campo político popular contrahegemónico. Aunque el proceso político del 21-N haya culminado el 21 de enero y un nuevo ciclo de luchas se haya paralizado debido a la crisis global por pandemia, sus efectos sobre la cultura política comenzaron a verse tras el surgimiento entre marzo y abril de nuevos cacerolazos en barrios marginalizados de Bogotá o Medellín ante la hambruna causada —en lo inmediato— por la pérdida de ingresos diarios debido a la cuarentena. Los trapos rojos en las puertas o ventanas o el acompañamiento de las protestas locales con pañuelos rojos también han emergido como expresiones simbólicas de la alta desigualdad social del país. Ello refleja que la protesta social se ha constituido como un espacio posible para encauzar la conflictividad política pero asimismo que en el campo popular hay una preocupación por disputar lo simbólico y cuestionar a su modo el consentimiento de la dominación que legitima que unos/as y otros/as entren en determinadas relaciones jerárquicas de clase, dentro de las cuales la hambruna sólo es un efecto evidente de esas relaciones. De ahí la emergencia de nuevas demandas políticas al Estado, pues los pueblos y gentes tienen hambre y ni la cuarentena ni ninguna acción represiva del Esmad ordenada por las principales autoridades de las entidades territoriales podrá aplacarla.

Las carpetas secretas que reveló Semana

Es clave tratar de organizar las distintas coyunturas como manifestaciones de un mismo orden social capitalista para no quedarnos en una mera sucesión desorganizada de hechos concretos y singulares, como si estos no tuvieran conexión entre sí. De distintas y complejas formas el exterminio de la oposición política —hombres y mujeres—, las economías de enclave de la palma de aceite o la gran minería, el narcotráfico trasnacional —ver por ejemplo la Ñeñepolítica, la cual denunciaba vínculos entre un narcotraficante asesinado y la campaña Duque—, la desaceleración del gobierno Duque de la implementación del Acuerdo y su reinterpretación militarizada ajena a su espíritu integral—llámese paz con legalidad o Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección (PAO)—, pasando por la ideología del clasismo, la violencia por razones de género o los préstamos del FMI, confluyen en el sostenimiento de un orden de relaciones de clase trazado hoy por hoy por la evolución incierta de un conflicto social armado causado por el cierre del sistema político y la alta desigualdad socioeconómica.

En ese orden de ideas, comprendemos que las labores ilegales de interceptación y seguimiento por parte de órganos estatales cumplen una función de dominación y hegemonía en la configuración y mantenimiento del sistema social vigente, que actualmente se pretende gobernar sin reformas estructurales —y con una complejización sistémica interna simulada— bajo la égida uribista de determinadas relaciones cristalizadas de poder.

Los vínculos del viejo DAS con organizaciones paramilitares que llevaron a magnicidios como los de Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro o Jaime Garzón, a montajes judiciales para encubrirlos o al instigamiento y estigmatización de distintos actores opositores —periodistas, líderes y lideresas sociales, políticos/as y hasta magistrados— a través de chuzadas o envío de coronas fúnebres fueron claves para imponer y hacer aceptable un orden político neoliberal, cuyas fuerzas históricas concretas tendrían en el desarrollo del gobierno asistencialista y contrainsurgente de Álvaro Uribe su obra culmen. La verdad histórica sobre esa temible policía secreta del Estado colombiano aún no se ha reconstruido y su terrible actuación todavía no está tan incrustada en los imaginarios más generales de nuestra cultura política.

Lo cierto es que la disolución del DAS en 2011 por el gobierno Santos no acabó con la totalidad de sus prácticas. Más allá de una institución concreta, lo que ha existido dentro del Estado colombiano son estructuras policiales y militares de seguimiento y persecución contra la oposición política. Estas estructuras estatales se reproducen o se reconfiguran de un gobierno a otro. Por ejemplo, por revelación de la propia Revista Semana sabemos que Santos mismo sufrió en 2014 fenómenos de espionaje militar, esta vez contra negociadores del gobierno como Humberto de la Calle y actores de la oposición, hecho que nos recuerda que el Estado no es el gobierno de turno.

Con Duque vuelven a aparecer a la luz pública este tipo de prácticas. Pero no ha sido la primera vez. Ahora, bajo el título «Las carpetas secretas», en un extenso reportaje especial:

«SEMANA revela las pruebas de cómo el Ejército ejecutó un programa de seguimiento informático en el que la mayoría de sus blancos fueron periodistas, varios de ellos estadounidenses. Políticos, generales, oenegés y sindicalistas hacen parte de la lista de más de 130 víctimas». Tales víctimas eran opositores u organizaciones cuyo actuar en alguna medida había perjudicado al gobierno Duque. En la lista figura el periodista de The New York Times Nicholas Casey, quien «sacó la investigación que la revista Semana había engavetado (y que dio lugar a la primera renuncia del columnista Daniel Coronell), sobre la directiva del Ejército que crea incentivos por dar bajas de los grupos armados». También se monitorearon medios alternativos como Rutas del Conflicto, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo o políticos como Angélica Lozano.

Esta vez la trama revela más explícitamente parte del funcionamiento del sistema mundial capitalista en Colombia, periferia que ha tenido la constante injerencia, principalmente militar, de los Estados Unidos. Este hegemón imperialista ha sido uno de los grandes responsables del cruento desarrollo del conflicto social armado y del cierre del sistema político colombiano, como se puede concluir del informe de Renán Vega para la Comisión Histórica del Conflicto, que no me cansaré de citar y aconsejo leer. Como lo recuerdan Angélica Franco y Laura Franco en el artículo Managing Suffering, el conflicto armado más largo de la historia de Estados Unidos ha sido el colombiano.

Y es que la financiación del espionaje informático militar contra ciudadanos colombianos y estadounidenses y medios de comunicación alternativos provino de una agencia de inteligencia estadounidense, la cual proporcionaba a las fuerzas militares colombianas «400.000 dólares anuales para adquirir equipos y herramientas informáticas». Mas este tipo de espionaje no consistió tanto en la recolección de información como en la construcción de perfiles peligrosamente tendenciosos y estigmatizantes que en algunos casos llegaron a dibujar vínculos de sus víctimas con el ELN o el partido democrático FARC —y esto último no tendría por qué ser visto con extrañeza luego de un Acuerdo de paz—.

Pero el perfilamiento, según resume La Silla Vacía, era la primera fase de esta persecución. La segunda consistía en el «ataque», es decir, «hackear a los perfilados o en chuzarlos una vez el que pide el trabajo de perfilamiento evalúa si el ‘blanco’ vale la pena o no». ¿Pero quiénes pedían este tipo de trabajo de seguimiento y desprestigio? ¿Duque estaba al tanto de estos perfilamientos? ¿O, como dice La Silla Vacía, simplemente su «poder civil» no ejerce control sobre el «poder militar»? En definitiva, ¿estas estructuras militares de persecución operan con independencia de Duque o bajo su complicidad silenciosa?

Estas preguntas no se podrán responder con algún grado de certeza mientras la correlación de fuerzas hegemónica siga favoreciendo al uribismo. En todo caso, la inacción ignorante de Duque o su complicidad contribuyen a lo mismo: mantener el cierre del sistema político y económico mediante la persecución militar contra toda forma de pensamiento crítico o disidente antisistémico o sistémico alternativo, sin importar si ejerce o no la violencia política.

Conclusiones preliminares

Sin garantías reales, y retrasadas la mayor parte de reformas del punto de Participación política de los Acuerdos de La Habana, una parte de Colombia descubre o recuerda una y otra vez de qué calaña es el autoritarismo de sus fuerzas militares y su rol en la perpetuación de un sistema política y económicamente excluyente y financiarizado que ha favorecido los grandes privilegios de clase de unos pocos factores reales de poder. La retirada de unos cuantos militares no sirve cuando el problema es estructural.

Por su parte, asistimos a un escenario de continuación de asesinatos de líderes sociales y de emergencia de protestas populares más localizadas. Conscientes de los peligros de romper la cuarentena, estos actores tienen que enfrentar una expresión cruel y desigual de la lucha de clases: la lucha por no morir asesinados o no morir de hambre. A su vez, que el poder sea una situación estratégica compleja lo muestra el aprovechamiento de Duque de la crisis por el nuevo coronavirus para legitimarse nuevamente. Parece que la coerción estatal excepcional ofrece posibilidades de coordinación a grandes escalas para hacer frente a fenómenos como una pandemia, lo que beneficia al gobierno de turno.

Pero el Covid-19 no se ha erradicado y daños en la estructura económica, que están dejando sin empleo o sin ingresos a millares de personas, y la continuación del cierre político por parte de fuerzas que dirigen el Estado, están abriendo nuevos frentes y repertorios de lucha, que en lo inmediato continúan el legado del proceso del 21-N. Recordemos que el sistema mundial capitalista, al calor de un ciclo de protestas latinoamericanas y globales, ya mostraba signos de desgaste de su hegemonía desde antes de la pandemia y las ulteriores políticas de confinamiento obligatorio.

No hay que rendirnos.

Vamos a revisar nuestro nivel de mamertería porque sentimos orgullo de ser mamerts y lo asumimos con toda tranquilidad, y a quien no le guste, pues suerte gonorrea.

Aunque cueste reconocerlo, el gran ganador de la crisis que vivimos hasta ahora es Iván Duque y no porque la irrupción de la pandemia haya producido una transfiguración milagrosa en su mal gobierno,  sino por la gran capacidad que ha mostrado el poder y su aparato mediático de disimular las muchas cosas que hacen mal quienes mandan en la gestión de la actual coyuntura, a punta de sobre exposición mediática, alocuciones repletas de lugares comunes y anuncios que se quedan en letra muerta, el gobierno logró una cosa que parecía imposible antes de la aparición del COVID-19, mejorar su maltrecha imagen entronizando en la consciencia colectiva que el gobierno hace lo mejor que puede y eso, en un país en el que las mayorías están acostumbradas a arreglárselas como pueden, sin exigir mayor cosa de sus gobernantes, ha terminado teniendo un efecto placebo colectivo en un sector de la opinión.

La muy interiorizada y extendida idea que el gobierno no sirve para nada ha producido en medio de la situación pandémica un doble efecto paradójico, en primer lugar hace que la pose del presidente trabajador con cara de cansado, ataviado con una chaqueta marcada con su nombre -cosa absolutamente ridícula- y acompañado de un dispensador de gel antibacterial y una careta, funcione para transmitir la falsa idea que el gobierno algo está haciendo y que lo mejor que nos queda es dejarlo trabajar para que haga cualquier cosa, por mínima que sea y podamos salir de esta rápidamente.  En segundo lugar, explica por qué mucha gente protesta no para exigir que el Estado se haga cargo de resolver los problemas ciudadanos, sino para pedir el fin del confinamiento y poder salir a trabajar con todos los riesgos de salud que esto implica; para mucha gente resulta preferible contagiarse que pedir o esperar ayudas de un gobierno respecto del cual, de antemano sabe que no hará nada.  Esto es lo que sucede en un país en el que si con algo podemos contar es que, ante los problemas importantes, las instituciones o no estarán, o no escucharán, o no podrán hacer nada: ser de aquí es vivir en un permanente estar solo contra el mundo.

Pese a este déficit de confianza en las instituciones como vehículo de solución de nuestras  necesidades y como objeto de reclamo en nuestras inconformidades, en todo habitante de este país hay un indignado en potencia, en cualquier conversación cotidiana siempre salta una molestia escondida, una rabia refundida, un dolor enquistado, una historia terrible, que no ha podido volverse palabras, acciones colectivas, consignas, ideas, símbolos y propuestas para cambiar las cosas, una ira colectiva pero descoordinada y finalmente ahogada por los valores hegemónicos según los cuales los únicos culpables de nuestras desgracias somos nosotros mismos o la mala suerte.

La gran derrota de quienes hemos luchado de muchas maneras por materializar esa pulsión invisible de transformación en este país a lo largo de los tiempos, antes que electoral, política o militar, ha sido cultural. Hemos fracasado hasta ahora en la tarea de volver imágenes, símbolos, relatos, canciones, historias significantes, emociones colectivas, esa fuerza subterránea y transformadora de la gente, por eso, es en el terreno de las ideas donde los que mandan han logrado vencernos e imponernos la mala vida a la que llamamos “normalidad” y a la que tanto anhelamos volver.

Esta crisis pone de relieve que lo principal que tienen que aprender y hacer las opciones políticas alternativas, si quieren protagonizar un ciclo de cambio político ganador, más que dar vueltas enamoradas sobre el funcionamiento y la administración de los aparatos organizativos o seguir aferrados al mágico sonido de sus siglas, es disputar el relato, tejer narrativas, ayudar a empujar y cualificar corrientes de pensamiento, proveer munición política a las personas para argumentar y dotar de perspectiva sus anhelos y molestias,  fabricar contenidos, representaciones y referentes que ayuden a construir pueblo -porque este no existe como entidad socio-económica inmanente y menos como sujeto predestinado del cambio- para articular una mayoría que nos permita hacer de Colombia el país en el que al pueblo también le toca.

Un reto adicional, es dar este giro -que hemos postergado y aplazado indefinidamente- en medio de las condiciones presentes en que muchas de nuestras clásicas formas de intervenir la realidad no sirven o no servirán por un tiempo más o menos largo, tenemos que aprender a conservar lo mejor de nuestra tradición política al tiempo que nos rebelamos contra ella y sus nostalgias, se trata de ser de izquierda aprendiendo a actuar y pensar justamente al contrario de como la izquierda clásicamente entendida lo haría.

Ahora más que nunca es necesario centrar todas las fuerzas en el frente de la disputa cultural y hegemónica, de lo contrario, de esta crisis los que descuidan y maltratan a nuestra gente saldrán indemnes, incluso aplaudidos, les saldremos a deber sus mediocres intentos y sus buenas intenciones, como siempre la gente sencilla y trabajadora pagará todos los platos rotos y quienes hemos empeñado algunas de nuestras mejores horas en el propósito de cambiar las cosas seguiremos perdiendo.

Al final el problema no es un asunto de vanidades, pues un proceso de transformación trunco no es solamente una frustración para quienes creen y contribuyen con esa causa directamente, es ante todo y la pandemia lo ha evidenciado, la prolongación de un estado de cosas inicuo responsable del hambre, la desesperación y las incertidumbres de un pueblo que merece e intuitivamente añora otro destino pero que no tiene a la mano los dispositivos e instrumentos para construir el camino que lo lleve a ese horizonte. Este escrito es todo menos una oda al escepticismo, es exactamente lo contrario, la afirmación explícita de que todavía estamos a tiempo de disputar, de combatir, de encender una chispa de esperanza, de forjar los mitos nuevos y mover las fichas necesarias en el tablero para dar vuelta a la situación pertrechados con el infatigable optimismo de la voluntad cuya fecundidad se expresa en la creación, en el pensamiento, en la acción alumbrada por la reflexión que no es repetición voluntarista e interminable, en la construcción de las sendas que nos permitan asomarnos a las ciudades del futuro.

Recientemente, salió a la luz una publicación titulada “Sopa de Wuhan”, en la que diversas académicas y académicos del mundo, dan sus aportes frente al presente histórico y el COVID 19. Es un buen insumo para que nosotros desde nuestro lugar de enunciación tengamos una mirada crítica. Pues “debemos dudar de todo menos de que dudamos” diría el viejo Descartes. Pensar este momento histórico, no puede ser caer en lugares comunes de sectas seudorevolucionarias, o del poder soberano, donde al decir que todos estamos en esto, ocultan las asimetrías de género, de clase, de territorio y de vida. Queremos compartir algunos elementos muy sucintos para comprender la coyuntura en esto que llamamos Colombia:

En Colombia la Biopolítica es letal

El control sobre la población como lo muestra Castro Gómez (1998, 2000), en muchas de sus obras, ha estado marcada por la discriminación de raza, de clase, de género, de posición política. El poder soberano ha creado enfermedades letales para un proyecto de país racista, clasista y colonial. Primero los indígenas y negros eran un problema para controlar, eran la causa del atraso. Luego los comunistas y las mujeres. Hoy en día bajo el concepto de líder o lideresa social se mata impunemente a quien sea indígena, negro, mujer, o de ideas alternativas. Un HOMO SACER[1], un individuo que puede ser asesinado impunemente porque estamos en permanente estado de sitio. Por esta razón hay mas lideres asesinados que muertos por coronavirus. Ahora bien, el momento demanda salvar las vidas de todos y de todas. La alerta en Colombia es que como dice Judith Butler, debemos construir un país donde todas las vidas importen, las que mueren por una pandemia, pero también las que mueren por causas políticas, las mujeres que mueren por una cultura machista y patriarcal, y quienes mueren por no tener medios de vida. El imperativo de cuidemos de todos y todas debe extenderse para todas las esferas de nuestra cultura política.

El modelo económico es inviable

Esto es una verdad de a puño. Las clases dominantes lo saben, pero no quieren perder sus privilegios. Las pandemias siempre han acompañado el devenir histórico de la humanidad, el asunto de fondo es en el modelo económico desde donde debemos enfrentarlas. Cuando hay vidas que importan, quedarse en casa resulta una oportunidad para reflexionar, meditar y ser en familia. Siempre y cuando haya casa, alimento y buen vivir. De lo contrario es un infierno para cientos de miles de colombianos y colombianas. Acceder a un hospital de tercer nivel será una posibilidad para pocos, y morirán como siempre los nadie, los sin voz. Las organizaciones sociales y los partidos de izquierda deberán profundizar su lucha por una salud gratuita y universal.

Los avances democráticos en Colombia obedecen a una lucha histórica de las insurgencias

En el espectro político de hoy, se habla siempre del partido Alianza Verde y la Colombia Humana, y un poco antes del Polo Democrático Alternativo, como los modelos ideales de oposición, de pluralidad y de conseguir victorias para las gentes del común. Sin embargo, si observamos los aportes en política publica y en proyectos de ley, en reformas constitucionales para democratizar la sociedad son mínimos. Los avances como la Constitución del 91, con todo el componente de derechos civiles y políticos, fue producto de un acuerdo de paz con el EPL, M19 y Quintin Lame.

La posibilidad cierta de romper con el pensamiento binario de patria o terrorismo, impuesto por la ultraderecha, fue posible gracias a los acuerdos de La Habana, que de implementarse logrará mas transformaciones de las que seguramente Gustavo Petro hubiera logrado como presidente. Esas conquistas deben incorporarse en una pedagogía de paz que se sedimente en la cultura política colombiana, cosa que esta pasando pero que tendrá más éxito si todos los sectores alternativos se comprometen a defender dichas conquistas.

Programa mínimo sin sectarismos

Está claro que, para vencer al sector guerrerista de la clase dominante, se necesita de todas las fuerzas alternativas, liberales, verdes, decentes, Polo, Farc, y la insurgencia del Eln. Y por supuesto, del movimiento social, sindical y popular. La relación de fuerza con el Estado, esta determinada por la posibilidad de construir un programa mínimo que venza la guerra, y fortalezca las conquistas y avances en el marco de la lucha de clases. Quienes creemos que el modelo económico debe ser cambiado por otro, socialista o alternativo, sabemos que no es cuestión de voluntad, sino de fuerza. Desde las localidades, regiones, universidades, escuelas, organizaciones se puede ir construyendo este programa por la vida digna y la paz.

No puede volver a ocurrir lo del Paro Nacional, que perdió vigencia y fuerza por disputas partidarias. Las ciudadanías libres tienen sus limites cuando de materializar las propuestas en pliegos o políticas se trata. Son los partidos quienes lo viabilizan.

Colombia puede reafianzar su gobierno fascista

Esta pandemia puede sacar fortalecido al gobierno Duque, por medio del asistencialismo y la propaganda humanitaria. Nuestra cultura política esta marcada por el servilismo, el clientelismo y los favores. Los escándalos y la corrupción son tan altos que ya el poder soberano es inmune a ellos y son capaces de mantener la gobernabilidad. La posibilidad cierta de cortar con 20 años de gobiernos narco estatales y guerreristas, está en la radicalización de la lucha, porque la crisis va a ser la justificación para privatizar lo poco que queda y no ceder en ningún aspecto que plantee el movimiento social y los partidos políticos.

 [1] Puede consultarse el libro. Homo Sacer. De Giorgi Agamben. 1998. Pretextos.

El mundo enfrenta una crisis sin precedentes, la aparición del COVID-19 prende las alarmas en todo el planeta, ciertamente no es el primer virus que convive con lo humanos, pero sí el primero que ha generado el pánico y la crisis en todo el globo, desnudando en tan solo tres meses las desigualdades aberrantes del modelo neoliberal y acentuando aún más las formas de opresión; lejos de controvertir sobre el origen del virus, el presente artículo pretende señalar algunas tempranas consecuencias de la pandemia en el sur de Bogotá y contrastarlas con las experiencias, reivindicaciones y banderas del campo popular que se pueden tornar propuestas para salir de la crisis y de paso del capitalismo que si no las produce, si las agudiza.

Una de las caras más tristes de la pandemia se protagoniza en el sur de la ciudad donde los humildes cuelgan trapos rojos en las fachadas de las casas para pedir el auxilio del gobierno, los trapos son un símbolo del hambre y la desigualdad, que los impulsa a salir a las calles a bloquear vías y exigir garantías por parte del Estado, corriendo un doble riesgo:  contagiarse del virus y/o recibiendo la represión del estado. Las protestas por el hambre no son exclusivas de Colombia, también en grandes ciudades de Nuestra América como Santiago de chile, Ciudad de México o Río de Janeiro las chabolas reclaman por años de abandono estatal.

En las periferias de las grandes urbes sudamericanas las organizaciones populares han creado cadenas de afecto y solidaridad apoyando con donaciones y alimentos a los más necesitados, pero el hambre no da abasto; es hora de retomar las iniciativas de soberanía alimentaria, autoproducción, economía circular y cooperativismo. Se hace indispensable para el caso bogotano reactivar las plazas de mercado en las localidades, garantizando la baja del precio de los alimentos y una mejor rentabilidad para los campesinos; es urgente abrir los comedores comunitarios que redujo la administración Peñalosa e incrementar su capacidad y cobertura para mitigar el hambre en los cordones de miseria; es fundamental crear, fortalecer y ampliar las redes de huertas comunitarias y los mercados campesinos que venían funcionando y que abaratan los precios de los alimentos, tejiendo así lazos solidarios con el campesinado regional.

La pandemia deja al descubierto la precariedad de nuestro sistema de salud tras varias décadas de neoliberalismo, que ha hecho de la salud una mercancía la cual los pobres no pueden comprar; los datos no son muy alentadores, en Colombia hay dos camas de cuidados intensivos por cada mil habitantes, uno de los índices más bajos de la región, existen 2.1 de médicos cada 1000 habitantes, a esto se suma la demora en los pagos al personal de la salud, la precariedad de la infraestructura hospitalaria y la poca o nula inversión en investigación.

Una de las reivindicaciones históricas del sector popular ha sido el derecho a la salud gratuita y universal, lo cual implica reestructurar el sistema para poder avanzar hacia un modelo preventivo que mitigue los riesgos de nuevas calamidades sanitarias. Esto implica necesariamente el derrocamiento de la ley 100 que desde siempre hemos rechazado porque enriquecer a las EPS (Entidades Promotoras de Salud) a costa del deterioro de la salud de millones de personas, esta ley fue propuesta y presentada por el despreciable Álvaro Uribe y su cómplice Andrés Pastrana. Se hace urgente también el incremento en la asignación de recursos para el sector que permita mejorar la infraestructura, garantizar la seguridad y el trabajo digno de todo el personal médico (enfermeras y enfermeros, profesionales y/o especialistas) e invertir en investigación académica y científica.

El panorama en la educación pública no es muy diferente, aunque se pretende garantizar este derecho mediante la estrategia Aprende en Casa, la realidad es que en los hogares la mayoría de los estudiantes de educación básica y media no disponen de un computador, comparten éste entre tres o más personas o muchas veces la conectividad se ve reducida al plan de datos que se incorpora en el equipo celular de padres y/o acudientes, nada diferente con relación a los estudiantes universitarios que tampoco cuentan con acceso a internet ni equipos y muchos ya piensan aplazar por la falta de trabajo e ingresos para patrocinar sus estudios.

Los colectivos y colectivas de maestros y maestras han propuesto estrategias para seguir garantizando el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes de la ciudad, estas propuestas exigen la garantía en el acceso a equipos y conectividad para todos los estudiantes, para algunos este es un plan ambicioso en un país como Colombia, sin embargo en Venezuela ya se realizó una experiencia con el plan Canaima, que garantizo un equipo para todos y todas los estudiantes, aquí falta voluntad política. Además de esta exigencia tecnológica los maestros y maestras deben hacer la reflexión pedagógica de ¿qué sujetos queremos formar en la escuela de hoy?, que respondan a un mundo que sufre las nefastas consecuencias de la globalización, tal vez esta vez el sujeto emprendedor y dócil no nos servirá para sobrevivir.

El autoritarismo se asoma en el panorama político, en varios países del mundo el poder ejecutivo se atribuye poderes por encima de las otras ramas del poder público, tomando medidas draconianas impensables sin la actual pandemia. En Colombia miembros del partido de gobierno han insinuado la reducción del Congreso y el recorte de recursos para la paz, algunos hasta proponen la intervención del parlamento, destapando un verdadero plan para acabar con lo que queda del acuerdo de paz e instaurar la dictadura uribista. Aunque algunas medidas tomadas son necesarias para frenar los contagios, como el aislamiento preventivo, para salir de la crisis no hay que contraer la democracia, por el contrario, profundizar en aspectos económicos, políticos y sociales, como la renta básica que será un buen comienzo para democratizar la economía.

La violencia de género y el sobrecargo de trabajo en el hogar se acrecienta con el confinamiento, en Colombia según El Tiempo se incrementó en un 95 % las llamadas a las líneas de atención por maltrato a la mujer y se han presentado más de 12 feminicidios, demostrando las múltiples violencias que viven las mujeres al interior de las casas, producto del sistema capitalista y patriarcal. Estos hechos ya venían siendo denunciados por las organizaciones feministas, que han visibilizado la falta de inversión y de voluntad política para erradicar esta pandemia silenciosa que golpea a las, creemos que estas reivindicaciones hoy deben ser exigencias para garantizar la protección a las víctimas y la justicia a los victimarios.

Aunque se ha visto diferentes imágenes de animales salvajes recorriendo las ciudades y las disminuciones de las tasas de contaminación producto del paro de la producción mundial, las organizaciones ambientalistas estamos lejos de estar contentos con estos datos anecdóticos que contrastan con el sufrimiento, el duelo y el hambre de miles de humanos. Las organizaciones siempre han advertido de las consecuencias del modelo alimentario de la globalización, basado en transgénicos y el cruel comercio de la carne de animales en todo el mundo; en Bogotá las organizaciones y el campesinado capitalino y de Cundinamarca han tenido experiencias en torno al abastecimiento descentralizado y la producción y comercialización local, estas experiencias locales podrían responder a la crisis.

También el imperialismo demuestra su egoísmo y perversidad imponiendo bloqueos de medicina en varios países, confiscando, retrasando y robando envíos de medicamento y material médico a países en otrora aliados, como los Estados Unidos y países de la Unión Europea, además, las potencias han manejado las cifras de los muertos a su antojo y utilizado los cadáveres como armas políticas. En contraste la solidaridad antiimperialista muestra lo mejor que tiene: el ejército de médicos cubanos luchando en el mundo entero contra el nuevo enemigo invisible; estos actos de solidaridad debemos transformarlos en amor entre los pueblos y una lucha implacable contra el imperialismo, rechazando, como ha sido bandera de la organización popular desde tiempos de Tupac Amaru la intervención imperialista en Nuestra América.

El artículo no pretende hacer un devenir de la historia y nos alejamos de concepciones que contemplan el virus como el sujeto revolucionario que acabará el capitalismo con un knock out. Intentamos plantear que las banderas, reivindicaciones y apuestas desde el campo popular tienen el potencial no solo de lidiar con esta crisis y con las que han de venir – si no en forma de virus en forma de hambre-, también esconden las semillas de una nueva sociedad que cumpla con la modernidad inconclusa y nos brinde libertad, igualdad y solidaridad, contrarrestando la globalización neoliberal.

Creemos que esta crisis nos dispone a considerar cambios necesarios hacia el futuro, pero como lo dijo William Ospina, debemos erradicar esas viejas desigualdades que nos hace el país que somos y hacer frente a la globalización, esta vez con proyectos locales como lo sugiere la maestra Vandana Shiva y las organizaciones populares. Estas experiencias toman un nuevo impulso en tiempo de crisis; como lo enseñaba Gramcsi, las crisis aparecen cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer, es momento para profundizar nuestras luchas por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferente y totalmente libres.

Bibliografía

El Tiempo. (2020). ¿Cuántas camas de UCI por persona hay en Colombia? Disponible en: https://www.eltiempo.com/datos/total-de-camas-de-cuidado-intensivo-en-colombia-478076

Banco Mundial (2019). Médicos (por cada mil personas). Disponible en: https://datos.bancomundial.org/indicador/SH.MED.PHYS.ZS?end=2018&start=1960&view=chart

El Heraldo. (2020). Aumentan feminicidios en el país durante el confinamiento alerta el fiscal general. Disponible en: https://www.elheraldo.co/colombia/aumentan-feminicidios-en-el-pais-durante-el-confinamiento-alerta-el-fiscal-general-716925

El Tiempo. (2020). La casa no es un lugar seguro para las mujeres. Disponible en: https://www.eltiempo.com/mundo/mas-regiones/aumentan-las-denuncias-de-violencia-de-genero-durante-los-confinamientos-por-el-coronavirus-485864

William Ospina. (2020). El gran proyecto. El Espectador. Disponible en: https://www.elespectador.com/opinion/el-gran-proyecto-columna-915250

La pandemia por el Coronavirus, ha agudizado la crisis de la doctrina de globalización neoliberal, advirtiendo además la necesidad de imponer un modelo ético y que lleve como bandera la justicia social.

“La crisis consiste justamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer”.

Antonio Gramsci

La crisis socioeconómica actual, se expresa en la zozobra de los mercados financieros que son, por cierto, especulativos. Sumado a la caída de los precios del petróleo que incluso ha alcanzado cotizaciones negativas y por ende la pérdida de activos en las bolsas mundiales. En Colombia, por ejemplo, es cada vez más acelerada la desvalorización del peso frente al dólar, lo que desde ya supone estado de recesión. En una economía como la nuestra, mutilada de la portunidad de diversificación y obligada a ser petrolizada por nuestras oligarquías, la constante volatividad en el precio del barril advierte además, una crisis insostenible en el modelo de mercado que se nos ha impuesto.

La hegemonía del capital financiero que se le impuso, a través de presión, bloqueos y dictaduras a América Látina y malogró los modelos de bienestar en todo el mundo hoy está, pardojicamente, a la espera de que los Estados le rescaten de la debacle económica.

Lo cierto es que el sitema-mundo capitalista está en declive y la globalización neoliberal quedó una vez más al descubierto, pues ante la inminente baja productiva, sólo ha buscado reactivar la economía demostrando una vez más que la defensa de las libertades en el neoliberalismo es, exclusivamente, la defensa de la libertad de empresa. Mientras tanto, las medidas de contención de la crisis económica, en coherencia con la naturaleza mezquina tanto de la doctrina de libre mercado como la de nuestros dirigentes, se proyectan a  la garantización o incremento de sus prerrogativas.

La mercantilización de todo, incluso nuestros derechos, es además un riesgo en la contención de la pandemia, basta con ver la situación de países como Italia, España y Estados Unidos, pues ningún modelo se salud privado puede sostener una emergencia sanitaria. Los modelos sitémicos que propone la globalización neoliberal, aparte de ser intervencionistas y violentos, se han encargado de privatizar la salud, la educación, el transporte, la cultura y, básicamente todo. Lo que conlleva además a la desfinanciación estatal y por supuesto una fragilidad que le otroga todas las concesiones a privados para hacer lo que les plazca. Así, el bienestar social y la garantización de nuestros derechos está supeditada a los intereses del mercado.

La doctrina económica está en crisis, es cierto, pero esto no se debe exclusivamente a la coyuntura de la pandemia, pues evidentemente el modelo especulativo, la concentración de capitales financieros y la excesiva acumulación de la riqueza, conllevan la autodestrucción del sistema. Esto está demostrado, pues en épocas de globalización neoliberal han ocurrido recesiones económicas como nunca antes; partiendo de la crisis del petróleo en 1973, el lunes negro de 1987, la crisis de las puntocom , la gran recesión y crisis de la burbuja hipotecaria del 2007, la posterior crisis de la deuda en Europa, la guerra de divisas mundiales, etc. Así, académicos contemporaneos como Zizkek o Stigliz sugieren que el capitalismo global y neoliberal está a punto de terminar.

Sin embargo, el excesivo economicismo por si mismo no da cuenta del fin del neoliberalismo, hoy  más que nunca es preciso postular la necesidad de cambios estructurales.

Las teorías críticas sugieren que tanto la ética neoliberal como el modelo económico no soportan más, sin embargo, desestiman la capacidad de adapción a la crisis que tiene la doctrina. Así es pertinente la no sobredimensionar los efectos de la actual crisis sobre la composición económica. Más bien, concentrarse, en la capacidad de acción y transformación social y cultural que ofrece el escenario actual.

Pues las clases populares, tratando hacer frente a la emergencia sanitaria y al hambre, además de la consciencia generada en la mayoría de la población en torno a la recuperación de lo público, configurarán una relación de fuerzas importante en la adaptación  de un régimen de acumulación diferente al neoliberal.

Advierte Gramsci que los tiempos de crisis se caracterizan, principalmente por que dentro de la ruptura de un modelo las contrapartes no tienen la capacidad de consolidar la transformación real de la hegemonía y esto le permite a las clases dominantes fortalecerse.

Así, se hace pertinente una lectura más cultural que economicista de la crisis, pues las clases dominantes ante la pasividad social, encontrarán nuevas formas, reorganizativas del neoliberalismo. Allí, la participación y organización colectiva será fundamental en la búsqueda de desestructurar la globalización capitalista. La disputa es, entonces, más que por la conquista del poder político, la conquista del poder cultural. Es la búsqueda de una sociedad más justa, que distribuya las riquezas adecuadamente y donde la libertad sea premisa. Una libertad verdadera, no la depravada concepción de la libertades en el neoliberalismo. Es necesaria la voluntad y empatía de los diferentes sectores sociales pues la verdadera oportunidad de transformación está en la búsqueda de un modelo de producción ético y que lleve como bandera la justicia social.

Hoy, 23 de abril, día de su natalicio, rindo tributo al “Flaco” Jaime Bateman Cayón.

Algo se ha dicho de él, aunque no lo suficiente para descubrir la fecundidad de su pensamiento y acción, y mucho se dirá, toda vez que las nuevas generaciones se apropian con mayor soltura de su legado. Hoy quiero, a través de estas sencillas y breves líneas, hacer referencia al mayor potencial de su figura, me refiero a su profunda condición revolucionaria.

Apartado de los dogmas y sectarismos que castran la potencialidad del pensamiento crítico, El Flaco abrió la ruta para que el carácter revolucionario no fuese una pétrea condición cuadriculada del individuo, limitada a cánones preestablecidos y manuales extraños a la realidad.

Con su ejemplo empezó a forjar un estilo, después una concepción, hoy un camino, fundamentado en la valoración prioritaria de la realidad cotidiana, la idiosincrasia popular y los intereses genuinos de las mayorías. Supo percibir el espíritu nacional de nuestro país, espíritu imperceptible a los ojos de eruditos calados por prejuicios dogmáticos.

Antes de continuar, debo hacer referencia a la condición humana siempre proclive al hábito y la costumbre, porque la figura de Jaime mucho tiene que ver con la superación de ese pesado lastre. Precisamente, nada más difícil que superar esa condición, siendo menester para el revolucionario ganar esta batalla para no apegarse a ninguna verdad o práctica “inamovible”, más allá de la fidelidad absoluta a los principios éticos y morales que deben encabezar la misión transformadora. Usualmente es fácil encontrar flaquezas de principios en quienes recitan y repiten de memoria citas bibliográficas adornadas con caretas de autores extraños o reconocidos.

Esta fue la primera batalla que libró El Flaco desde su juventud, rompiendo con el espectro anquilosado del hábito, la costumbre y el dogma, rebuscando, ensayando inventando, creando. Su pensamiento libre, y por consiguiente profundamente revolucionario, se basó en la experiencia nacional e internacional aplicada con originalidad a la actualidad del momento que le tocó vivir, previendo y proyectando las necesidades y urgencias del futuro.

Por eso profetizó la necesidad de la solución dialogada al conflicto, avizorando que ninguno de los bandos en confrontación –guerrillas y Estado-, se vencería en el campo de batalla, lo que conduciría a una guerra sempiterna donde la sangre mayormente sería de pobres, corriendo el riesgo, además, de degradarse ese conflicto por el concurso de agentes sobre todo perjudiciales para la legitimidad de las organizaciones guerrilleras, de ahí que fuese su preocupación y orientación que la fuerza militar del M19 estuviese siempre combatiendo, porque “en Colombia una guerrilla quieta corre el riesgo de descomponerse”.

Entendió que el futuro se abría paso con la importancia de la comunicación como elemento trascendental dentro de la política, para llevar el mensaje de la causa justa a las mayorías, mientras otros priorizábamos la confrontación militar atrincherados en conceptos susceptibles de replantearse.

Su cuota natural de irreverencia lo llevó a confrontar a los “altos prelados” de la izquierda tradicional, mientras reclutaba con la fuerza de su verbo, la frescura de sus ideas y su audacia contagiosa, a figuras y grupos en los más diversos sectores de la sociedad colombiana, desde la clase trabajadora hasta empresarios, incluyendo, cómo no, a los artistas e intelectuales del pensamiento crítico, pero libre.

Su más potente enseñanza, a mi modo de ver, consiste en el llamamiento permanente a hacer de la revolución un servicio ejercido más con alegría que por obligación, teniendo siempre en cuenta, más que cualquier receta o dogma, la riquísima y compleja realidad del país, conociendo su historia y los sentimientos y anhelos de las mayorías populares, convocando siempre el espíritu nacional para descifrar o inventar la ruta que, en todo caso, debe ser inédita y original, aunque no perdamos de vista las experiencias ajenas.

El desarrollo de los acontecimientos de las últimas décadas da mayor relevancia a la figura de Bateman, me atrevo a decir, incluso, que mucho tiene que ver él con los ocho millones o más de votos alcanzados recientemente por los sectores alternativos y las sucesivas victorias que esperan en el futuro.