Coronavirus, coronavirus, coronavirus. Últimamente no se habla de otra cosa en el planeta.  Son tiempos oscuros para el sistema mundial capitalista y su población. Pero más que la pandemia del nuevo coronavirus, un amenazante fantasma, cada vez menos silente, ha estado recorriendo el globo: el de la próxima gran recesión.

Diversos análisis han dado a entender en medios que la crisis socioeconómica actual, manifestada en la intranquilidad de los mercados financieros, la caída de los precios del petróleo, la desvalorización del peso frente al dólar y la pérdida constante de activos en las bolsas mundiales, se debe al pánico ocasionado por el nuevo coronavirus. Pero este diagnóstico sobre un sistema enfermo sólo está viendo la cara superficial y coyuntural del problema, pues el desempeño de la economía mundial ya estaba en declive desde antes del 1 de diciembre de 2019, día en que se detectó la enfermedad COVID-19 en Wuhan, China.

Bajo esa premisa habíamos analizado en Revista Hekatombe que el paro colombiano del 21-N iba a ocurrir en el marco de un capitalismo global en crisis, pues, de acuerdo con la directora del FMI Kristalina Georgieva, el crecimiento económico mundial estaba en desaceleración.  La guerra comercial entre China y Estados Unidos, también decíamos siguiendo al economista marxista Michael Roberts, era en últimas una expresión de problemas estructurales de tasa de ganancia y pérdida de rentabilidad del capital, con repercusiones diferenciadas en los centros y en las periferias o economías dependientes. La próxima recesión explotaría debido al sobreendeudamiento empresarial, fenómeno que ocurrió en respuesta a la pérdida de rentabilidad.

A la postre, el estallido social del 21-N —breve mas todavía latente en cuanto efecto sociopolítico del posacuerdo— evidenció en Colombia problemas sociales de la estructura y la superestructura capitalistas, manifestados en el cuestionamiento tanto a los efectos socioeconómicos adversos del régimen neoliberal de acumulación como al uribismo.

Tras más de tres meses del nuevo brote por el coronavirus, el medio alemán DW registró que «la economía mundial enfrenta su mayor riesgo de recesión desde la crisis financiera de 2008»; más aún, «podría crecer a su ritmo más bajo desde 2009 debido al brote». Palabras de la OCDE. Más adelante, el reporte de DW agregó que «mucho antes de la epidemia, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la recuperación mundial sería «frágil» y podría tropezar al menor riesgo». En ese sentido, las actuales repercusiones sociales del coronavirus se han de interpretar como un duro golpe, no se sabe si definitivo, a una economía-mundo ya debilitada previamente; sostiene Claudio Katz:

«En realidad, el coronavirus detonó las fuertes tensiones previas de los mercados y los enormes desequilibrios que acumula el capitalismo contemporáneo. Acentuó una desaceleración de la economía que ya había debilitado a Europa y jaqueaba a Estados Unidos».

A pesar de una baja aún mayor de tasas de interés y la compra de activos por 700 000 millones de dólares anunciadas por el gobierno Trump y la Reserva Federal para prevenir un descalabro financiero, el pasado lunes 16 de marzo el indicador bursátil Dow Jones consignó para Wall Street una caída del 12.9%, «su mayor desplome en tres décadas y el segundo mayor en sus 124 años de historia». La nota de El País se centró en la preocupación de los inversores por el coronavirus, pero tras el anuncio de nuevas políticas económicas de inyección de mayor liquidez, el martes 17 de marzo el índice Dow Jones registró una mejoría coyuntural. Las nuevas políticas anunciadas por EE. UU. incluirían un «alivio a las pequeñas empresas y a las aerolíneas, de una envergadura no vista desde la Gran Recesión, [y] el envío “inmediato” y masivo de cheques a los ciudadanos para activar el consumo. El Senado prevé [su aprobación] antes del final de esta semana».

Es aquí cuando se revela la estructuración jerárquica del sistema-mundo en términos de capacidad de contención de una crisis detonada por el nuevo coronavirus: no es lo mismo el poder de una economía central hegemónica como la estadounidense —que puede inyectar liquidez masivamente a sus ciudadanos— o la china para salvar un sistema que los beneficia y suprimir los contagios virales, que los pálidos esfuerzos de una periferia o semiperiferia, las cuales tienen que, por ejemplo, incrementar su deuda externa mediante solicitud de préstamos al FMI para hacer frente a la expansión del virus, como lo ha pedido «sorpresivamente» Venezuela. Y aún así, dado el patrón exportador de productos básicos o materias primas de las economías dependientes, el riesgo efectivo de que una potencia hegemónica siga cayendo repercutirá gravemente en sus fuentes de ingresos. La interdependencia económica es desigual.

Por eso los pronósticos para América Latina no son alentadores. Según la consultora McKinsey, dada la parálisis productiva de China —ya en desaceleración— y en caso de que el virus continúe desarrollando una tasa exponencial de contagios, «los pronósticos de crecimiento [para América Latina] se reducirían en un 38%». Los bajos precios de materias primas, de los que dependen las economías Latinoamericanas, ponen «a la región en una situación delicada, advertía UNCTAD [Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo]».

Ante los problemas de dependencia y periferialización productiva desplegados por el colonialismo europeo y después reforzados y reproducidos por las nuevas «élites criollas» de las independencias, las élites colombianas —y, en general, latinoamericanas— tuvieron dos caminos: 1) mejorar la posición de la estructura económica nacional en el sistema-mundo a través de la modernización general del aparato productivo y la socialización de sus beneficios —lo que llaman desarrollo y no mero crecimiento económico—; o 2) articularse a la economía mundial de forma dependiente y subordinada para mantener principalmente su particular posición de privilegio, como en el caso colombiano. El primer camino exigía disputar la hegemonía a Estados Unidos y cambiar así el patrón mundial de poder; el segundo, subordinarse «estratégicamente» al Coloso del Norte. Brasil optó por el «subimperialismo» sobre la región latinoamericana y la «cooperación antagónica» frente a Estados Unidos —según Ruy Mauro Marini y Raúl Zibechi—, una vía intermedia de desarrollo para su consolidación como potencia regional.

Probablemente el problema, como sostienen teóricos marxistas de la dependencia, no es sólo que el sistema histórico capitalista no ha permitido el desarrollo de ciertos países, sino que, antes bien, como se ha argumentado desde este espacio, «desarrolla el subdesarrollo» —expresión de André Gunder Frank— y los centros tienen que alimentarse de él. No es que Colombia sea feudal como cree Gustavo Petro, funciona el mismo capitalismo, pero con otro rostro, el dependiente, periférico y sobreexplotador. Y si esto es así, por el bien del planeta y la humanidad, es necesario pensar y luchar por otro mundo posible no capitalista, donde juntos podamos construir muchos otros mundos alternativos.

La propagación del coronavirus está mostrando tales diferencias estructurales, pues en Colombia jamás se alcanzó el desarrollo, por más políticas de apertura de capitales que se implementaran. Otros crearán las vacunas, otros construyen hospitales en pocos días, otros producen la ciencia y tecnologías sanitarias necesarias y suficientes para contener a tiempo la propagación del virus y «aplanar la curva» antes de que se desborde, otros pueden ejecutar eficazmente políticas de crecimiento de demanda interna, otros pueden cerrar sus aeropuertos y decretar rápidamente cuarentenas. En cambio, en el caso colombiano si se cierra el Aeropuerto El Dorado, dijo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, ahí sí se vería la crisis. En Colombia se puede parar la producción sólo hasta cierto límite, aun cuando haya riesgo de que el nuevo coronavirus merme a la mayoría de su población. Y si hay medidas de inyección de altos niveles de liquidez como reacción a la parálisis productiva, serán prioritariamente a favor de los bancos. ¡Quedémonos en casa que no habrá trabajo pero sí crédito y pago de intereses de deuda, aplazados o no, para las grandes mayorías!

El intercambio desigual de bienes y servicios, con el dólar estadounidense como divisa internacional, nos ha hecho creer que podemos aceptar este orden productivo jerárquico siempre y cuando podamos consumir bienes y servicios de alto valor agregado a cambio de materias primas, productos básicos y mano de obra barata. Menuda ilusión que se está desmoronando.

La difusión del virus asimismo ha mostrado que el recortamiento de tiempos y distancias de los procesos de globalización pueden «globalizar» un virus. Quienes han esparcido el virus a otros Estados han sido fundamentalmente personas acomodadas que se mueven en el mundo a través de viajes por avión. La propagación ha tenido un interesante componente de clase que, desde luego, ha de tener inquietas a las élites del mundo: mientras que enfermedades como el dengue, el ébola o la malaria no preocupan de forma generalizada mientras afecten principalmente a pueblos y gentes subalternizados de territorios periferializados en Latinoamérica, África o Asia, el SARS-CoV-2 ha infectado a la esposa del primer ministro canadiense, Sophie Trudeau, a la esposa del presidente de España, Begoña Gómez, a la abogada de Bolsonaro, Karina Kufa, o a viceministros y diputados iraníes. El reconocido arquitecto italiano Vittorio Gregotti ha muerto por coronavirus. Otras «celebridades» como Idris Elba, Tom Hanks o Matuidi también han contraído la pandemia.

Esto no significa que las poblaciones fundamentalmente afectadas no vayan a ser las que ocupan la menor posición en la jerarquía social, es decir, los más excluidos y subalternizados. Por eso el contexto de desigualdad social colombiano, con altos índices de informalidad y precarización laboral —que fuerzan a la gente a salir de sus casas para sobrevivir— y políticas públicas de salud deficientes, hace que el eventual crecimiento exponencial de los casos de coronavirus sea un fenómeno tan preocupante.

Respecto a la ola de protestas latinoamericanas de 2019 que se preveía iba a continuar en 2020, la crisis por el COVID-19 pareció dejar esa tendencia del proceso político en stand-bye. En Colombia, el paro nacional convocado para el 25 de marzo quedó en veremos ante los nuevos estados de excepción. Pero no se puede afirmar que el ciclo de luchas desatado tras el 21-N haya terminado: de una u otra forma, la cultura política del país está cambiando en un sentido contrahegemónico, aunque todavía no es claro en qué proporción o bajo qué orientaciones generales.

En todo caso, la profundización de problemas en la estructura económica posibilitan mayores cambios del sentido común. La suspensión o cierre de empresas por la crisis coyuntural está aumentando el desempleo, que ya estaba registrando cifras de más del 10%. Pequeñas y medianas empresas están resintiendo los efectos del autoislamiento de la «demanda» o de los toques de queda municipales y departamentales: sus mercancías se venden cada vez menos y sus locales están tendiendo a permanecer vacíos.

Los «expertos económicos» debaten si el Banco de la República debe subir la tasa de interés y priorizar el crecimiento económico, o mantener una tasa neutral para seguir controlando la inflación. Pero más allá de las discusiones técnicas sobre política monetaria, lo que hay que ver es a qué sector beneficiará las próximas políticas económicas, algo que no es tan complicado de determinar en una economía financiarizada y que favorece la acumulación de unas cuantas burguesías industriales y financieras nacionales y trasnacionales bajo la excusa del «interés general» de la economía.

Así, el Estado, en su «autonomía relativa», tiene que intervenir como «junta administrativa» de los distintos intereses de la burguesía… ¡y salvar al capitalismo de la acumulación extensiva de los propios capitalistas! La función que Marx atribuía al Estado capitalista en el Manifiesto comunista sigue vigente. El director de Portafolio, Francisco Miranda Hamburguer, ha argüido en su nota editorial que es tiempo de activar las «bazucas fiscales», como en Estados Unidos, para «inundar de recursos y de liquidez las empresas, los hogares y los bancos para que soporten el impacto de no producir, no vender, no trabajar y no generar ingresos en la coyuntura», todo ello, claro, dentro de las «limitaciones presupuestales» de Colombia, pues somos una economía dependiente. Recuérdenlo. He ahí el meollo. De repente, los sueños del libre mercado generan monstruos.

Lo que hay es un caldo de cultivo de una gran crisis socioeconómica, pero también de nuevas protestas, ya se gesten durante o después de la pandemia, es decir, durante o después de la excepcionalidad constitucional y la suspensión de libertades liberales. Un nuevo escenario de lucha por el sentido común que pueda mitigar las tendencias autoritarias, xenofóbicas, racistas y ultranacionalistas, que igualmente pueden consolidarse para escapar de la crisis y reconfigurar la dominación y la hegemonía actual. Pues en esto hay que ser claros: con o sin coronavirus, el sistema-mundo ha sido el problema.

La incertidumbre generalizada sobre el futuro reina.

Los colegios privados como buena empresa, son iguales que las grandes multinacionales buscando siempre las máximas ganancias sin pagar salarios dignos a sus empleados; incluso su propia terminología tienen empresarial, como lo diría el profesor Renán Vega: ‘’Ya no existen directores de escuela sino gerentes; los estudiantes y padres de familia ya no son agente activos del proceso educativo si no clientes; los clientes deben incidir en el manejo de la empresa porque son quienes la financian; los profesores son reducidos a simples proveedores de un servicio’’. Por esto mismo, los colegios privados como buena empresa, no pierden ni una.

Algunos colegios, prefieren estipular en su cronograma general el trabajo de las jornadas pedagógicas los días sábados o después de la jornada académica entre semana, antes que acomodar estas reuniones en los tiempos asignados laboralmente por el empleado, saben que, si cambian esto, los padres de familia van a quejarse porque es plata que ellos están pagando y que no pueden perder ni ellos, ni por supuesto, la institución y no se tiene en cuenta que las jornadas pedagógicas que realizan los docentes para proponer y organizar actividades para las y los estudiantes y en ocasiones, para buscar estrategias de solución para fortalecer y mejorar el rendimiento de otros tantos.

Esto es desde el panorama que normalizamos las y los docentes y normalizaron las instituciones (que no debería ser así), pero ya es normal trabajar hasta las cinco de la tarde como también lo es un sábado cada dos meses. Pero se preguntarán ¿Qué tiene que ver el coronavirus con esto? Pues imagínense que con las medidas que está tomando el gobierno con respecto a la situación y la alerta amarilla declarada en el país, los colegios privados tampoco van a perder; el viernes 13 del presente mes, la Secretaria de Educación de Bogotá saco la circular No. 003 de 2020 en el que: ‘’convoca a jornada pedagógica y orientaciones para la preparación de estrategias pedagógicas alternativas y de flexibilización curricular para asegurar la atención educativa en los hogares’’ un llamado a los rectores, coordinadores y docentes de las instituciones educativas públicas y privadas. Los colegios públicos tomaran las medidas y acataran la orden desde los entes mayores, pero los colegios privados quizás lo hagan, beneficiando sus intereses particulares desde lo estipulado en lo contractual.

La mayoría de instituciones privadas en sus contratos laborales estipulan: ‘’Suspensión de la vinculación. (…) Cuando por disposición del Gobierno Nacional, fenómenos de caso fortuito o fuerza mayor, cesen las actividades académicas, el término pactado se suspenderá automáticamente hasta tanto se reanuden dichas actividades’’ es así que esta medida estipulada por la SED preocupa, porque según estos contratos, si la institución se ve en la obligación de cerrar y parar sus actividades administrativas y académicas por situaciones ajenas a la institución, los días de cierre no serán pagos ni remunerados, y seguramente no contarán con la estrategia de realizar el trabajo virtual para recuperar el tiempo que no se está presente en la institución.

De igual manera, la preocupación de los docentes es evidente frente a lo dicho por la alcaldesa de cerrar completamente Bogotá si no se acatan las medidas, en su cuenta de twitter escribió: ‘’Este desafío es serio y DEBEMOS tomárnoslo en serio, cumpliendo TODAS las normas #AlertaAmarilla. De lo contrario nos exponemos a un crecimiento rápido y masivo del contagio de COVID19, lo cual nos obligaría a cerrar completamente la ciudad, como ya lo han tenido que hacer otros’’, quienes viven en Bogotá y trabajan en los municipios aledaños, si se cumple la advertencia de la alcaldesa, los días de cierre de la ciudad imposibilitaran la llegada de docentes a su trabajo y por tal motivo, serán días no pagos, y teniendo en cuenta que no serán unos cuantos días si no, la cuarentena completa. Cuarenta o más días donde no se recibirá un sueldo.

Preocupa, claro, preocupa tanto como el virus. Como docentes estamos en la obligación de maximizar el cuidado y responsabilizarnos del asunto, tenemos a cargo estudiantes, niños y jóvenes, compartimos diariamente con padres de familia, administrativos y con todos los medios donde el virus pueda estar, y como tal, debemos tener un mecanismo de prevención, responsabilidad, cuidado y enseñanza, sin entrar en pánico y más bien trabajando con la razón del asunto. Pero como bien dice el dicho: ‘’unas por otras’’ porque en el medio capitalista y neoliberal donde la explotación existe y es real de parte de las empresas a sus empleados en este país, las y los docentes que trabajan en el medio privado, se verán totalmente afectados. Si bien es cierto, el golpe económico que sufren varias economías a causa del Coronavirus es general, pues urge de parte de los gobiernos extender medidas de protección para trabajadores asalariados e independientes, desafortunadamente, aquí esas medidas no serán apoyadas por el gobierno ni mucho menos por el gobierno actual, además las empresas privadas son tan independientes que las decisiones son claras, hacer lo necesario, sin perder una.

Los recientes resultados de la encuesta Gallup Poll revelaron que Iván Duque ha superado su propio indicador de desaprobación al pasar del 70% registrado en diciembre de 2019 al 71% registrado en febrero de 2020. Una señal más de que el uribismo no se recupera del descalabro sufrido en las elecciones regionales del 27 de octubre de 2019. El pasado viernes 28 de febrero, desconozco si como parte de la «nueva» estrategia de su consejero de comunicaciones Hassan Nassar o si como un señuelo arrojado por el propio DANE, Duque destacó sin tapujos, basado en cifras del DANE, que el desempleo en las «13 ciudades principales» había disminuido ligeramente, cuando la noticia general era que había aumentado a nivel nacional al pasar del 12.8% al 13%, la más alta desde enero de 2011, cuando era del 13.6%. Ahora hay en Colombia alrededor de 3.21 millones de desempleados, pero a Duque le pareció conveniente presentar engañosamente otra cifra, en una muestra más de su desconexión con la realidad socioeconómica del país.

Podríamos llamar a este gobierno, siguiendo la terminología usada por el analista Jairo Estrada, como el gobierno de la simulación: un intento estratégico aparente de equilibrar e incluir en el sistema político a actores de poder opositores pero que esconde una práctica real y soterrada de contención y saboteo de la implementación de los Acuerdos de La Habana y, principalmente, de la manifestación política de nuevas fuerzas sociales, visibles con más fuerza luego de los hechos del 21-N como uno de los tantos efectos sociopolíticos de los Acuerdos de Paz dentro de un trasfondo de luchas históricas como las del paro de 1977.

En el juego de simular una mayor complejización del sistema político colombiano está el que Duque haya abierto una fallida «Gran Conversación Nacional», aunque conversar no es dialogar; el que, de momento, haya contenido la presentación de las reformas pensional y laboral y hecho aumentos al salario mínimo, si bien el contenido neoliberal de estas reformas camufladas se siga manteniendo como horizonte programático; el que diga que la protesta social es un derecho legítimo, pero defienda al Esmad pese a atropellos como el homicidio —o posible asesinato, como aventura la ONU— del estudiante Dilan Cruz; el que diga que hay avances en la implementación, pero se objete la ley estatutaria de la JEP o se reduzca el contenido de los acuerdos de La Habana a la ampulosa idea de «paz con legalidad». Es el gatopardismo del uribismo 2.0: todo cambia para que todo siga igual.

Este ejercicio de simulación no ha gustado ni a los sectores que buscan reformas políticas «profundas» —el Comité Nacional del Paro ya ha convocado una nueva jornada de movilizaciones para el 25 de marzo para reclamar instancias de negociación— ni a los uribistas más radicales del Centro Democrático, quienes, como Fernando Londoño, han visto con desprecio cómo Duque intentaba dar un tratamiento político-democrático —y no meramente político-militar— a la protesta del 21-N. Duque debería dedicarse a «gobernar» para proteger los derechos de los ciudadanos que ganaron las elecciones y no a «conversar» con la oposición, dijo Londoño, quien compró irregularmente acciones de Invercolsa, que pertenecían a Ecopetrol.

En medio de una crisis de legitimidad del gobierno central que ha afectado la legitimidad del mismo Álvaro Uribe, el Centro Democrático pasó de la férrea disciplina opositora en torno a la figura del caudillo Uribe y su agenda contra el proceso de paz con las FARC, a la fragmentación interna como partido de gobierno, al punto que representantes de su ala más radical como Cabal, Zuluaga o el propio Londoño han anunciado la creación de un nuevo partido: «Vox Colombia», en clara alusión al partido aliado español de corte franquista: «Vox».

El momento en que surge la idea de «Vox Colombia» —el cierre de una primera fase de la coyuntura abierta del 21-N y el preparamiento de una segunda fase— como expresión de una de las tantas tendencias del proceso político no es coincidencia: el autoritarismo fascista, dictatorial o bonapartista en cuanto regímenes del capitalismo de excepción —Borón— ha surgido como reacción contra los procesos de cambio sistémicos alternativos o antisistémicos —como se ha expuesto en este medio, esta reacción ya la ha vivido Colombia, por ejemplo, con el paro nacional de 1977 y Julio César Turbay y su «Estatuto de Seguridad», o con el exterminio sistemático de los militantes de la Unión Patriótica—. Es probable, entonces, que el migrante venezolano, tan explotado políticamente por el Centro Democrático, sea ahora construido abiertamente como otro enemigo público interno —al lado del «vándalo» y el «terrorista»—, todo con tal de desviar la atención sobre los problemas estructurales del actual régimen de acumulación neoliberal globalizado y del sistema-mundo moderno en general, los cuales sólo merecen ser atendidos mediante variados matices de doctrinas de seguridad nacional y sin el cariz de la «peligrosa» simulación.

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Y es que esa misma «excepcionalidad», ante la cual la simulación y las maromas reformistas son funcionales e impotentes, es la que ha revelado el informe de derechos humanos de la ONU, una entidad multilateral del sistema internacional que no es en absoluto antisistémica: en 2019 documentó la realización de «36 masacres que implicaron la muerte de 133 personas, la cifra más alta registrada por esta oficina desde 2014». 108 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2019, lo que implicó un aumento del 50% de asesinatos con respecto al 2018. Los asesinatos a indígenas también aumentaron —52% respecto a 2018—, así como la violencia sexual y por razones de género.

El Informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también denunció atropellos del Esmad contra manifestantes y la violación de protocolos de uso de la «fuerza», los cuales produjeron lesiones a «por lo menos 36 manifestantes» y diversas detenciones arbitrarias; así, sostiene en su resumen que «durante las protestas, algunos oficiales de policía presuntamente perpetraron actos contra los manifestantes que podrían llegar a constituir malos tratos y  tortura, tales como desnudez forzada, amenazas de muerte con matices racistas y repetidas golpizas».

El informe además registró el clima de represión que se avecinaba contra el proceso político del 21-N cuando la fuerza «legítima» allanó las instalaciones de medios como la Revista Cartel Urbano: «Cuarenta y ocho horas antes de la primera protesta, se reportó que la policía judicial efectuó al menos 36 allanamientos contra medios de comunicación alternativos, asociaciones de artistas, organizaciones no gubernamentales y residencias de estudiantes en Bogotá, Cali y Medellín».

Las recomendaciones del informe sobre la reestructuración del Esmad, ante el tratamiento político-militar de la protesta social, así sea «pacífica», fueron rechazadas por el gobierno Duque como intromisiones a la «soberanía nacional». Duque tenía que sacar la carta de la simulación para legitimarse, desprestigiar y mitigar el impacto político de las denuncias: de ese modo, según él, el informe ignora su trabajo en materia de reincorporación guerrillera —aun cuando a la fecha 190 excombatientes han sido asesinados o existan disidencias de FARC— y los presuntos avances en materia de implementación de castrados Planes de Desarrollo Territorial —PDET—, los cuales no cuentan con dotaciones de tierra, una condición necesaria para la Reforma Rural Integral. Eso pese a que al inicio del informe la institución de la ONU destacara parcialmente el éxito de la simulación: «El ACNUDH reconoce los esfuerzos realizados por el Gobierno de Colombia y las FARC-EP para avanzar en el proceso de reintegración de los excombatientes de las FARC-EP. Según el último informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, el número de antiguos miembros de las FARC-EP inscritos en actividades de formación profesional pasó de 2461 en enero a 5059 en octubre».

Duque sacó la carta de la simulación, y sin embargo, no pudo simular más: las recomendaciones de tímidas reformas al Esmad —como que se revise que sus protocolos de uso de la fuerza se ajusten al derecho internacional— o a las fuerzas de policía —que sean supervisadas por el Ministerio del Interior— o la aceleración en la implementación de la Reforma Rural Integral, le parecieron al gobierno que vulneraban la soberanía o extralimitaban las funciones de la institución de la ONU. Pero esta discusión no es tan importante como el hecho de que Duque haya marcado un límite a su programa «reformista», con lo que parece confirmar que ni el actual funcionamiento del Esmad ni la actual política de simulación de la implementación están en discusión.

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¿Cómo enfrentar la simulación del uribismo 2.0, la cual derrotó la tendencia estatal-electoral de reformas sistémicas alternativas liderada por Gustavo Petro, político que ha sufrido en los últimos días una serie de intimidaciones violentas en su contra? No hay recetas. Este tipo de uribismo de «centroderecha», con oposición hasta dentro de su propio partido, es asimismo otro de los tantos efectos sociopolíticos de los Acuerdos, los cuales el uribismo no pudo volver trizas directamente, por el contrario, la simulación los mutiló, al tiempo que vendió democracia y reconocimiento político del variado espectro de «la oposición» para contener su fuerza viva. La violencia estatal, incluso por encima de sus propios protocolos, también fue protagonista de esa simulación reactiva, confirmando el habitual cierre de la complejización del restringido sistema político colombiano, subordinado estratégicamente a los Estados Unidos y, paulatinamente, a los capitales chinos.

A la par ocurre la violencia de grupos armados, especialmente en territorios otrora ocupados por las extintas FARC, tales como las Autodefensas Gaitanistas —Clan del Golfo—, el EPL, las disidencias de las FARC o el ELN, cuya permanente disputa por el control de rutas del narcotráfico y el ejercicio de la extrema violencia han contribuido funcionalmente a la legitimación del cierre político, una violencia que se ha volcado así contra las multitudes mismas del campo popular. En reconocimiento de esta situación de degradación y desgaste de la guerra facciones del ELN han pedido pista para un proceso de paz. Ya la misma comandancia central del ELN desde tiempos de Santos II había planteado la necesidad de la «solución política del conflicto» y, con ese fin, acordado la implantación de una mesa de negociación en Cuba en 2017. Pero la elección de Duque y la nueva correlación de fuerzas, hoy en declive, echaron el proceso al traste, al menos de modo provisional, pues hay que seguir simulando.

Sin embargo, la violencia de algunos sectores subalternizados, en cuanto expresiones antisistémicas dirigidas contra la violencia estructural del orden capitalista globalizado legitimada por el Estado, y diferente a la violencia «lumpenproletarizada» —expresada en robos o saqueos— de la que advertía marxistas como Rosa Luxemburgo en textos como La revolución rusa, esa violencia antisistémica, repito, no desaparece de las prácticas políticas, mucho menos cuando a través del Esmad y la hegemónica matriz mediática liberal le dan tratamiento político-militar.

En fin, desde el propio informe de la ONU se puede colegir, pues, que un gobierno de la simulación como el de Duque está aumentando las distintas manifestaciones de violencia política —especialmente reaccionaria— tanto en el mundo rural como en las ciudades. Las causas «estructurales» del conflicto social armado tales como la alta desigualdad en la tenencia de la tierra y la inflexibilidad de las instituciones político-estatales siguen ahí, sin tratarse de fondo, perdidas en el juego de la simulación.

Pero, como preguntase Fito Páez, ¿quién dijo que todo está perdido? En medio de tantas contradicciones, aun dentro de los propios sectores que hemos participado del movimiento del 21-N, hemos venido a ofrecer nuestros corazones en esta nueva fase de luchas políticas que se avecina contra el excluyente régimen de clases vigente. Simultáneamente, se espera afianzar de ese modo la tendencia de la decadencia de la hegemonía uribista y de toda la clase política tradicional —así vista de «alternativa»—. Democracia social y política ya. Basta de simulación.

Los surcos de su piel albergan años de historias, de origen campesino y con gran capacidad para declamar poesía, la maestra Alicia Barbosa, a sus 76 años de edad llega un poco agitada a cumplir su horario de trabajo, es maestra en una unidad que ofrece el servicio Desarrollo Infantil en Medio Familiar (DIMF) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la localidad de Usme. Ha trabajado con la Institución desde 1991, es decir, casi 30 años, es un libro lleno de historias y anécdotas, tras un accidente que sufrió en el 2017 y que le ocasionó una lesión en una de sus rodillas, tiene una movilidad limitada, sumado a una enfermedad obstructiva pulmonar, la cual le impide hacer algunas labores.

Aunque se muestra cansada, la “profe Alicita”, como cariñosamente sus compañeras de trabajo le llaman, aún se ve en la obligación de trabajar, de ello dependen los ingresos con los que logra sobrevivir junto con su esposo, un hombre ya mayor, que se rebusca algo de dinero con una barbería en el barrio Tenerife. El ICBF se lava las manos diciendo que nunca hubo una relación laboral directa con la maestra, por ende, no está en la obligación de asumir cargas prestacionales, sumado a ello, ningún fondo de pensiones la quiso afiliar hace 5 años, cuando se empezó el proceso de afiliación a salud y pensión. Como Alicia hay muchas más, en muchos otros rincones del país, muchas han muerto esperando su pensión, la “solución” que eventualmente les dan, una mesada pensional mensual que oscila los $400.000. ¿Acaso pueden vivir dos personas dignamente con $400.000 al mes?

Sin embargo, la situación de la Alicia no es la única que denota irregularidades en el manejo que le viene dando el ICBF a sus programas y al personal que indirectamente contrata, a continuación, expondremos muchas otras situaciones, que generan fuertes conflictos y denotan un interés implícito de liquidar los escenarios comunitarios de educación inicial.

Lo primero a decir es que la intención del ICBF de asfixiar los escenarios comunitarios de educación inicial no es algo nuevo, ya en ocasiones previas se ha denunciado la situación.

En el año 2015 se inició el proceso de tránsito del programa FAMI  a los DIMF, ello significó que cientos de unidades de atención salieran de sus hogares, entrando a un terreno desconocido, cobijando a una mayor cantidad de población e implicando la contratación de nuevo personal, para ese momento, todo era nuevo para las “madres comunitarias”,  sin conocer a fondo las consecuencias que dicha decisión traería debieron transitar, pues  las palabras de la funcionaria que estaba a cargo en su momento del proceso fueron:  “mamás, transitan o transitan”. En la actualidad, dichas “madres comunitarias”, ahora llamadas institucionalmente “agentes educativas” llevan dos meses sin contrato, por ende, sin salario, y están ad-portas de quedar por fuera del “modelo de contratación”.

A finales del 2017 y comienzos del 2018, la traba en la rueda fue puesta por la Plataforma Cuéntame, en la cual se vinculan todos los beneficiarios y se debe disponer de las 9 atenciones al 100%, una falla allí, significaba quedar sin contrato. Para este 2020 la talanquera en el camino está ligada al “Banco Nacional de Oferentes” y la capacidad económica de los operadores. Una herramienta promovida por la directora de primera infancia, Karen Abudinen Abuchaibe, una abogada barranquillera que trabajó diez años en el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial en Washington, regresó a su ciudad en 2010 para dirigir la Fundación Nu3, dedicada a promover alimentación a la niñez a través de alianzas público-privadas, y en 2012 fue nombrada como secretaria de gestión social en la alcaldía de Elsa Noguera.

A menos de dos semanas de finalizar el mes de febrero es incierta la contratación de varios de los programas del ICBF, tan solo algunos Hogares Comunitarios están en funcionamiento, en tanto la mayoría de los Centros de Desarrollo Infantil, los Hogares Infantiles y los DIMF están en vilo. Para nadie es un secreto que estas pequeñas asociaciones comunitarias, ahora comprendidas como “operadores”, están en riesgo inminente de ser tomadas por otros más grandes, el pez grande busca comerse al más chico, empresas que se dedican a vender servicios educativos y están como lobos hambrientos tras la firma de nuevos contratos, que les signifique aumentar su rentabilidad, entre ellos: Compensar, Cafam, Fundación Carulla, desconociendo la ardua labor que han desempeñado durante estos años los modelos comunitarios.

La Asociación de Agentes Educadoras los Caracolitos de Usme, es una de ellas, precisamente donde trabaja la profe Alicia, una asociación que tras más de veinte años de funcionamiento parece estar siendo ahogada administrativa y jurídicamente por el ICBF, bajo figuras que buscan “estandarizar” los procesos de contratación. Es evidente que, ante la lógica de las grandes empresas educativas, una profe como Alicia no les será funcional, al igual que muchas otras, que entrarán al desempleo.

Sin ir muy lejos para el último trimestre del año pasado el ICBF informó a todas las asociaciones de padres de familia y operadores que debían demostrar cierta capacidad financiera para seguir operando los programas, argumentando que dicho proceso se hacía para garantizar una mejor atención a los beneficiarios de las diferentes modalidades.

En su momento la gran mayoría de dichas asociaciones y operadores salieron habilitados, pero con rangos más bajos que los requeridos por el Instituto, es decir que los grandes operadores fueron los seleccionados para firmar los contratos, quedando por fuera muchas pequeñas asociaciones que no tienen recursos propios para su funcionamiento. El Director General de Primera Infancia, Carlos Aparicio, manifestó en diferentes medios de comunicación que la atención iniciaría el 17 de febrero, sin embargo, ello aún no ocurre, hay una gran incertidumbre en el ambiente, los funcionarios de los grandes operadores ya han estado rondando los puntos de atención de las asociaciones comunitarias, como hienas que acechan su presa, en tanto las madres comunitarias no dan abasto para sortear sus gastos, sin recibir un peso de salario.

Pero esto no es lo único absurdo, las asociaciones deben contratar personal profesional del área psicosocial, con salarios determinados por la canasta de atención del ICBF, los cuales no sobrepasan el $1.400.000 mensual, teniendo que sortear enormes cargas laborales, bajo ambientes sociales altamente exigentes. En definitiva, allí trabaja el que tiene vocación, amor y corazón, porque el salario no es un determinante real. Las maestras, licenciadas en buena parte, no reciben un salario acorde al escalafón docente determinado por el Ministerio de Educación, además, la experiencia profesional no es avalada por otros centros educativos.

El modelo de contratación que adelanta el ICBF, terminando en el mes de noviembre o, en el mejor de los casos, a mediados de diciembre, hace que los procesos médicos que llevan las mujeres y sus familias queden interrumpidos, permaneciendo hasta dos meses sin afiliación al sistema de salud, algo que para personas como la Profe Alicia resulta nefasto y altamente riesgoso, así como para aquellas, que están a la espera de realizar un procedimiento médico de alta complejidad.

El panorama no es alentador, años de luchas, de constante trabajo con y por las comunidades más vulnerables, se ven amenazados por contratos cada vez más cortos, que no permiten brindar una atención constante a la población y lograr una estabilidad laboral a los miles de trabajadores de estos programas. El ICBF destina una canasta presupuestal cuyos valores son muy limitados, realizando continuos recortes en los presupuestos para complementos nutricionales y en las cantidades de productos de las minutas, sin dejar de mencionar que durante los meses en los cuales no se tiene contrato no se desembolsan dineros para pagar los arriendos, ni los servicios de las infraestructuras en las cuales se prestan los servicios, costos que son asumidos por las asociadas.

Entre lo más grave del asunto está la interrupción de los procesos pedagógicos, psicosociales y nutricionales de las familias y los niñ@s, durante el tiempo que no hay contratos. Son miles de familias que dejan de recibir el apoyo nutricional, el acompañamiento en los procesos de restablecimiento de derechos y demás herramientas que los modelos de atención ofrecen.

Evidentemente no se puede decir que todo funciona a la perfección en los modelos comunitarios de atención, se podrán presentar vacíos administrativos o algunas diferencias personales entre el talento humano. Pero hay algo que NUNCA se podrá negar y es el AMOR con que dichas mujeres atienden a las familias, dando su corazón día a día con miras a construir un mejor país.

Sí las asociaciones comunitarias no se organizan para hacer frente a los embates del ICBF y los grandes operadores, tarde que temprano “se las van a comer”, llevando a que cientos de mujeres se queden por fuera del mercado laboral, sin la posibilidad de percibir ingresos, dejando en el limbo la posibilidad de construir nuevos modelos de educación, con pertinencia y enfoque territorial local. Por otro lado, mientras el ICBF se enfrasca en sacar adelante medidas administrativas y jurídicas para la contratación, las cifras de violencia, malnutrición y muerte no ceden terreno, por el contrario, van en ascenso, al igual que los hechos de corrupción, la mayoría de ellos ligados a esos “grandes operadores” con gran musculo financiero, que solo ven en los niñ@s mercancías o equivalentes a montos de dinero a percibir, ello sin olvidar, las practicas politiqueras que han amarrado el ICBF y abundan en los diferentes rincones de la geografía nacional.

Escrito por: Cesar Suárez y Maribel Rojas- Lic. en pedagogía infantil – Madre comunitaria y actualmente coordinadora de un DIMF.